23. En relación con las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales: a. Se regularon por primera vez en la Constitución de 1931. b. La suspensión de garantías se regulaba en las leyes de “orden público”. c. Las Constituciones históricas españolas no contuvieron mención alguna de las situaciones de crisis que justifican la suspensión de garantías constitucionales. d. Las dos últimas opciones son correctas.
30. El artículo 50 encomienda a los poderes públicos garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad y la promoción de su bienestar. Señale la opción correcta. a. El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en España recogido en la Constitución de 1931 (art. 43), en el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo. b. No se había plasmado en ningún texto constitucional previo en España. c. El concepto de pensión adecuada ha de considerarse atendiendo a cada pensión singular
según los derechos generados por cada persona. d. Los beneficiarios del sistema de pensiones serán los residentes durante 20 años continuados en territorio español.
36. La normativa que complementa el artículo 159 está constituida por: a. La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre. b. Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. c. Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
39. Según el art. 161 el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas: a. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. b. La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo de tres meses. c. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo no superior a cinco meses. d. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
52. En relación a las administraciones locales, la Constitución: a. No permite la articulación de una vía para la defensa específica de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. b. Reconoce a los Municipios personalidad jurídica plena. c. No contiene una cláusula genérica de atribución competencial a los entes locales. d. Reconoce a los Municipios exclusivamente como entidades político-administrativas.
67. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: a. Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era competencia de las Comunidades Autónomas. b. Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada del Municipio para
la administración de núcleos de población separados. Se pueden denominar caseríos,
parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc. c. La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población interesada y al
Ayuntamiento correspondiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
73. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de autonomía y el administrativo de la descentralización: a. Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b. Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c. Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
75. La Administración Local está integrada por entes públicos de carácter territorial con personalidad jurídica. Su naturaleza es: a. Sociológica, su existencia se justifica por la existencia de un elemento concreto de interés común relacionado con una determinada materia común a todos ellos. b. Voluntaria, en las corporaciones locales no ha de suponerse el vínculo de vecindad local. c. Asociativa, el municipio es una entidad natural reconocida por la ley. d. La Administración Local tiene ante todo una naturaleza corporativa.
77. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a. En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985 b. En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c. En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985 d. En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.
84. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse: a. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 15.000 habitantes. b. Sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000
habitantes. c. Sobre la base de núcleos de población de al menos 10.000 habitantes. d. Sobre la base de núcleos de población financieramente sostenibles, de al menos 3.000
habitantes.
103. El consentimiento para tratar los datos tendrá que ser solicitado: a. Mediante una manifestación inequívoca e identificada y a través de una acción afirmativa por parte del interesado b. Mediante una explicación clara y expresa sobre el uso que se hará de los datos. c. Mediante la explicación detallada de las condiciones jurídicas que determinan el uso que podrá darse a los datos del interesado. d. Indicando con claridad qué uso se hará de los datos personales, mediante manifestación
afirmativa e inequívoca del interesado.
109. A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar con:
a. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre b. La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995. c. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. d. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
110. A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se promulgó: a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. b. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
112. En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea b. En el artículo 3 del Tratado de Niza c. En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea d. En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
113. La adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de
Protección de Datos, se ha llevado a efecto mediante: a. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. c. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. d. La Ley Orgánica 6/2019, de 19 de junio.
126. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en su artículo 1, expone que: a. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos que les conciernan b. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales. c. Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las personas físicas o jurídicas con residencia legal en los Estados miembros de la Unión Europea. d. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
128. El artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 parte de la prohibición del tratamiento de los datos considerados objeto de especial protección que sólo podrá llevarse a cabo si es aplicable alguna de las excepciones:
a. Aquellas que reglamentariamente establezca el gobierno de España. b. Que los datos personales se hayan hecho manifiestamente públicos por el interesado. c. Que los datos personales hayan sido aportados por el interesado a expedientes administrativos en los que sea parte d. Que obren en poder de medios de comunicación masivos o redes sociales al uso.
132. Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe aplicarse: a. Al tratamiento automatizado de datos personales. b. Al tratamiento automatizado o manual de datos personales. c. A los datos relacionados con las actividades personales o domésticas que figuren en las redes sociales. d. A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública.
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117. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento es: a. A los 12 años b. A los 14 años. c. A los 16 años. d. A los 14 años, refrendado por el titular de la patria potestad o tutela en caso de ser requerido por las autoridades competentes.
139. Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los menores: a. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. b. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 14 años c. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito si lo consintió o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que lo hizo d. El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si viene impuesto por obligaciones legales de la Unión o de los Estados miembros.
140. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles). El ejercicio de los mismos corresponde: a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión Europea. b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores.
138. En relación a la aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/679, la norma se aplicará al siguiente supuesto: a. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de estos últimos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de aquellos. c. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen actividades en el territorio de la Unión y tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros.
180. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679: a. Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días. b. Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el responsable de la vulneración. c. Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas. d. Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.
181. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el
tratamiento ilícito: a. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. c. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d. La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida para la adopción de las medidas necesarias para su cesación.
196. El Pacto Europeo de la Igualdad de Género tiene vigencia en el siguiente período: a. 2014-2024. b. 2015-2020. c. 2015-2025. d. 2011-2020.
197. La Comisión Europea ha elaborado su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres cuya vigencia comprendía el período: a. 2010-2020. b. 2015-2025. c. 2016-2019. d. 2018-2024. .
230. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de Andalucía comprende el siguiente período: a. 2016-2021. b. 2010-2020. c. 2015-2025. d. 2012-2020.
234. La Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa comprende el periodo: a. 2014-2020. b. 2018-2023. c. 2016-2022. d. 2010-2020.
211. El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto en la Comunidad Autónoma andaluza, según el artículo 8 de la Ley 12/2007,
corresponde:
a. A la Consejería de Economía y Hacienda b. Al Instituto Andaluz de la Mujer c. A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. A la Comisión de Impacto de Género.
212. La organización de los trabajos de las distintas Administraciones Públicas para la igualdad de género según el artículo 63 de la Ley 12/2007 corresponde a: a. La Unidad de Igualdad de Género b. La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales. c. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. El Observatorio de la igualdad de género.
194. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, ha sido modificada con la inclusión de un nuevo título V, por: a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b. La Ley 9/2018, de 8 de octubre. c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. d. La Ley 1/2014, de 24 de junio.
204. El reconocimiento jurídico de la igualdad, incluyendo la no discriminación por razón de sexo, se denomina: a. Igualdad formal. b. Igualdad material. c. Igualdad sustantiva. d. Igualdad de oficio.
228. El objetivo de lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles se establece en: a. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. b. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. c. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. d. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
229. La regulación de las Unidades de Género en la Administración de la Junta de Andalucía se contiene en: a. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. b. El Decreto 440/2010, de 14 de diciembre. c. La Ley 18/2003, de 31 de diciembre. d. El Decreto 275/2010, de 27 de abril.
231. La Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro, se transponen al ordenamiento jurídico español en: a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. b. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. c. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. d. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
232. El Comité de Ministros del Consejo de Europa proclamó la Declaración de Madrid titulada «Convirtiendo la igualdad de género en una realidad» en el año: a. 2009. b. 2007. c. 2000. d. 2004.
233. La Carta Europea de la Mujer, que recoge la declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer, es del año: a. 2012. b. 2010. c. 2009. d. 2005. .
366. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los
plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos: a. El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o
cuotas compensadas o pendientes de compensación. b. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y
autoliquidadas. c. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna
liquidación. d. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones
de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
376. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria: a. Los derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades
liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. b. Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán
subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. c. Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. d. Las dos primeras opciones son correctas.
385. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con la deuda suspendida: a. Quedará total o parcialmente extinguida en el importe que proceda de la devolución reconocida. b. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución. c. Podrán exigirse intereses de demora sobre la deuda cancelada con cargo a la devolución una vez
aprobada la liquidación por la Administración Tributaria competente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
391. Según el artículo 18 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas: a. Las que resulten de autoliquidaciones presentadas en los modelos reglamentariamente establecidos, y las realizadas por vía telemática si tienen cuentas abiertas en dichas entidades. b. Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la
Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. c. Cualesquiera otras en relación a las cuales el Ministro de Economía y Hacienda haya establecido
que el ingreso ha de realizarse con carácter obligatorio en las entidades de crédito que presten el servicio de caja. d. Todas las opciones son correctas.
416. Según el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, iniciado el período ejecutivo, la Administración Tributaria: a. Efectuará la recaudación de las deudas reconocidas por el obligado por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. b. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. c. Efectuará la recaudación de las deudas liquidadas y autoliquidadas por el procedimiento de apremio
sobre el patrimonio del obligado al pago. d. Efectuará la recaudación de las deudas liquidas, vencidas y exigibles por el procedimiento de
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.
422. Según el artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interés de demora no podrá exigirse: a. Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una deuda resultante de
una liquidación practicada por la Administración sin previa notificación al obligado b. Cuando se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las solicitudes de
compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos administrativos, siempre que, en
este último caso, se haya acordado la suspensión del acto recurrido. c. Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada incorrectamente. d. Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa.
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