Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios? a. Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. b. Deben considerarse las eventuales prórrogas. c. Deben considerarse las modificaciones previstas. d. Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores. ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener los criterios de adjudicación? a. El pliego de cláusulas administrativas particulares. b. El pliego de cláusulas administrativas generales. c. El pliego de prescripciones técnicas particulares. d. El pliego de prescripciones técnicas generales. Indique en cuál de los siguientes casos está permitido aplicar un único criterio de adjudicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a. Contratos en los que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución. b. Contratos de servicios en que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato. c. Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente. d. Contratos que requieran del empleo de tecnología especialmente avanzada. El valor estimado del contrato: a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada. b) No incluye el IVA. c) Incluye las prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación. d) Todas las respuestas son ciertas. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a: a) Cinco años ni ser objeto de prórroga. b) Un año con posibilidad de una prórroga. c) Seis meses con derecho a prórroga. d) Un año ni ser objeto de prórroga. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se produce una “transferencia del riesgo operacional” en los contratos de tipo: a. Obras y Servicios. b. Concesión de Obras y Concesión de Servicios. c. Suministros. d. Todas las respuestas anteriores son correctas. La publicación, por parte del órgano de contratación, de un anuncio de información previa, de conformidad con el artículo 134, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, permitirá reducir los plazos de presentación de proposiciones en: a. Los procedimientos abiertos. b. Los procedimientos restringidos. c. Son correctas las respuestas A y B. d. La publicación de un anuncio de información previa no permite, en ningún caso reducir los plazos de presentación de proposiciones. Podrán ser objeto de tramitación urgente regulada en el art. 96 de la Ley de Contratos del Sector Público: a. Los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público, previa declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada. b. Los contratos en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a La defensa nacional. c. Los contratos de obras sujetos a regulación armonizada. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto a los contratos menores, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: a. Se pueden adjudicar directamente. b. No pueden tener una duración superior a un año. c. No pueden ser objeto de prórroga. d. Su valor estimado debe ser inferior a 80.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación? a) En la tramitación de urgencia. b) En la tramitación de emergencia. c) En la tramitación plurianual. d) En la tramitación excepcional. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no es una causa de resolución de un contrato de servicios: a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. c) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor. d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a: a) Un año ni ser objeto de prórroga. b) Cinco años ni ser objeto de prórroga. c) Dos años ni ser objeto de prórroga. d) Seis meses con derecho a prórroga. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no será competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo la siguiente cuestión: a) La relativa a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. b) La que se suscite en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. c) La referida a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Según establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre los contratos menores, indique cuál de las siguientes opciones es falsa. a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. b) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, no podrán tener una duración superior a un año, aunque podrán ser objeto de prórroga. c) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar: a. Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito. b. Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea. c. Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen mínimo de negocio. d. No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de las empresas sirve para acreditar: a. El orden cuantitativo de las ofertas presentadas a una licitación. b. El orden temporal de presentación de ofertas a una licitación. c. La solvencia para contratar. d. El tipo de empresa en función del número de trabajadores que tenga. Podrán contratar con las Administraciones Públicas: a. Solo las personas jurídicas. b. Solo las personas naturales o jurídicas, españolas o miembros de la Unión Europea. c. Solo las personas naturales o jurídicas que sean españolas. d. Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.
