33. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre: a. Magistrados, Fiscales y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. b. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. c. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. d. Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
34. Según el artículo 159 de la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de: a. Seis años y se renovarán la mitad de sus miembros a los tres años. b. Seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. c. Cinco años con posibilidad de renovar el mandato una sola vez. d. Nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
35. Los precedentes históricos constitucionales del artículo 159 relativo al control de constitucionalidad los encontramos en: a. El artículo 122 de la Constitución de 1931, que establecía el Tribunal de Garantías Constitucionales. b. La primera aparición la encontramos en el texto constitucional de 1873, en su artículo 77. c. En la Constitución de la Monarquía Española de 1929, que regulaba un recurso de inconstitucionalidad contra leyes y reglamentos, que debía resolverse en la Sección de Justicia del Consejo del Reino. d. En el artículo 95 de la Constitución de 1869.
36. La normativa que complementa el artículo 159 está constituida por: a. La Ley Orgánica 8/2010, de 4 de noviembre. b. Los arts. 16 a 26 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre. c. Los arts. 23 y 24 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
37. Según el art. 160 el Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de: a. Cuatro años. b. Seis años. c. Tres años con posibilidad de una reelección. d. Dos años renovables con posibilidad de tres mandatos.
38. Según el art. 161 el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer: a. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, los conflictos de competencia y las materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. b. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y los conflictos de competencia. c. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 y las cuestiones de inconstitucionalidad. d. El recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el Título I, las cuestiones de competencia y las cuestiones de inconstitucionalidad.
39. Según el art. 161 el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas: a. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. b. La impugnación gubernamental producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo de tres meses. c. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal deberá ratificarla en un plazo no superior a cinco meses. d. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
40. Según el artículo 162 están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad: a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los Presidentes de la Comunidades Autónomas. b. El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. d. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.
41. El artículo 163 permite plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional a los siguientes legitimados: a. Los órganos judiciales ordinarios, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución. b. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución. c. Los órganos judiciales y administrativos, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, de cuya validez depende la resolución, puede ser contraria a la Constitución. d. Los órganos judiciales, de oficio o a instancia de parte, cuando consideren, en algún proceso, que una norma con rango de Ley, anterior a la Constitución, de cuya validez depende el fallo, puede ser contraria a la Constitución.
42. La iniciativa para la reforma constitucional, según el artículo 166 queda en manos de: a. El Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. b. El Gobierno, el Congreso, el Senado y las Comunidades Autónomas. c. El Gobierno, el Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y la iniciativa legislativa popular. d. El Gobierno, el Congreso, el Senado y la iniciativa legislativa popular.
43. Los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución, se tramitarán: a. Conforme a las normas establecidas para proyectos y proposiciones de ley. b. Conforme al procedimiento seguido con los proyectos de ley. c. Conforme al procedimiento seguido con las proposiciones de ley. d. Conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
50. Los estados de alarma, de sitio o de excepción se regularán: a. Por ley orgánica. b. Por ley ordinaria. c. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma. d. Por ley orgánica los estados de sitio y excepción y por ley ordinaria el estado de alarma o por Real Decreto en casos de urgencia.
51. En virtud del artículo 137 del texto constitucional de 1978, el Estado: a. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. b. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía política para la gestión de sus respectivos intereses. c. Se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas que gozan de autonomía administrativa para la gestión de sus respectivos intereses. d. Se organiza territorialmente en municipios que gozan de autonomía administrativa y en Comunidades Autónomas dotadas de autonomía política.
55. La Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional introdujo el art. 75 ter de la LOTC. Señale la
opción que considere correcta: a. Creó el procedimiento llamado Conflicto en Defensa de la Autonomía Local. b. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas con rango de ley que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. c. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las disposiciones del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. d. Las dos primeras opciones son correctas.
58. La Carta Europea de la Autonomía Local es un tratado internacional firmado en el seno de: a. La Unión Europea. b. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. c. El Consejo de Europa. d. Asociación Europea de Libre Comercio.
59. Según el artículo 4 de la Carta Europea de la Autonomía Local, en relación al alcance de la autonomía local: a. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia expresamente delegada por cualquier autoridad central o regional constitucionalmente b. Las Entidades Locales tienen, dentro del ámbito de la ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad. c. Las competencias encomendadas a las Entidades Locales serán en todo caso plenas y completas. d. Las competencias básicas de las Entidades Locales vendrán fijadas por la Constitución de cada Estado firmante.
64. Según el artículo 5 de la Carta Europea de la Autonomía Local: a. La modificación de los límites territoriales locales habrá de ser sometida a referéndum en las colectividades locales afectadas. b. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser consultada previamente a las colectividades locales afectadas, mediante la celebración de referéndum si la legislación lo permite. c. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en las entidades afectadas por mayoría de dos tercios de sus representantes electos. d. La modificación de los límites territoriales locales deberá ser sometida a dictamen conforme del máximo órgano consultivo del Estado concernido y aprobarse en referéndum por mayoría de dos tercios de los votantes.
66. Según el artículo 141 de la Constitución, cualquier alteración de los límites provinciales: a. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente. b. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. c. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria y votada por las Corporaciones Locales concernidas. d. Habrá de ser aprobada por la Comunidad Autónoma correspondiente y votada por las Corporaciones Locales afectadas.
67. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 24 bis, reguló los entes de ámbito territorial inferior al Municipio: a. Tenían la condición de Entidades Locales y su regulación era competencia de las Comunidades Autónomas. b. Con personalidad jurídica, permiten la organización desconcentrada del Municipio para la administración de núcleos de población separados. Se pueden denominar caseríos, parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, etc. c. La iniciativa para su creación implicaba conjuntamente a la población interesada y al Ayuntamiento correspondiente. d. Las dos primeras opciones son correctas.
73. Según el preámbulo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la actividad de las Entidades que integran la Administración Local, ha de someterse al principio constitucional de
autonomía y el administrativo de la descentralización: a. Estos principios implican las diversificaciones de los centros del poder público administrativo. b. Implican la actuación de cada Entidad integrante de la Administración Local, en su ámbito propio, con plena capacidad y bajo la propia responsabilidad. c. Se permite la atribución a un órgano de facultades de control que recaigan sobre la actividad en general de los otros y que supongan una limitación de la capacidad de éstos. d. Las dos primeras opciones son correctas.
74. Según el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la responsabilidad de hacer efectiva la autonomía que la Constitución reconoce a las Entidades Locales, la relaciona con: a. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. b. La legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. c. La legislación de las Comunidades Autónomas que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses. d. La legislación del Estado que regula los sectores de la acción pública deberá asegurar a los Municipios y a las Comunidades Autónomas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses.
77. La primera aproximación legal a la definición del Municipio la encontramos: a. En el artículo 3.1 de la Ley 7/1985. b. En los artículos 137 y 140 del texto constitucional. c. En la Carta Europea de la Autonomía Local de octubre de 1985. d. En la Ley 41/1975, de 19 de noviembre, de Bases del Estatuto de Régimen Local.
80. Respecto a los consorcios en el ámbito local, podemos decir: a. Son una entidad local de las enumeradas en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril. b. Son una forma de cooperación económica, técnica y administrativa entre la
Administración Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas para la prestación de servicios locales y para asuntos de interés común, prevista en el artículo 57 de la Ley 7/1985. c. Son entes instrumentales de carácter local institucional o corporativo formado por administraciones locales, entidad sui generis equiparable a una simple modalidad de gestión que ha quedado al margen de la regulación de la Ley 7/1985, de 2 abril. d. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia adscritos a la Entidad Local de conformidad con la Ley 40/2015, forman parte del sector público local, según el artículo 2.2 g del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
81. Según el artículo 10 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Administración Local y las demás Administraciones públicas: a. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de lealtad institucional, información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. b. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, eficacia, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. c. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, transparencia y respeto a los ámbitos competenciales respectivos. d. Ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
82. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local: a. La creación o supresión de municipios se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, si la alteración de términos municipales supone modificación de los límites provinciales se requerirá siempre la aprobación por norma con rango de ley adoptada por mayoría absoluta. b. La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. c. La unión de municipios y la alteración de términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. d. La alteración de términos municipales, se regulará por las pertinentes ordenanzas municipales de las entidades afectadas, que será convalidada por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma afectada.
83. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la creación o supresión de municipios o su alteración requerirán: a. Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. b. Audiencia de los municipios interesados en todo caso y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de las Comunidad Autónoma concernida. c. El Dictamen conforme del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de
Administración Territorial o de aquel que ejerza sus competencias. d. Son correctas las dos primeras opciones.
87. Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 abril, la organización municipal responde a las siguientes reglas: a. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga reglamentariamente la normativa de su Comunidad Autónoma. c. El Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. d. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, los Concejales y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
89. Según el artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 abril, en relación a la Junta de Gobierno Local: a. Es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce funciones ejecutivas y administrativas. b. La Junta de Gobierno Local es uno de los órganos municipales necesarios de los municipios de gran población. c. El número de sus miembros será fijado por acuerdo del Pleno de la corporación Municipal. d. Las dos primeras opciones son correctas.
93. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad: a. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. b. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. c. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sindicales, sociales y profesionales más representativas. d. Estará integrado por representantes de las organizaciones económicas, empresariales, sindicales, sociales, movimientos ciudadanos y colegios profesionales más representativos.
95. Según el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 abril, el Consejo Social de la Ciudad se constituirá: a. En los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. b. En los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas si lo deciden las Asambleas Legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos. c. En los municipios fronterizos cuya población supere los 75.000 habitantes. d. Las dos primeras opciones son correctas.
104. La reforma de la regulación de la protección de datos en la Unión Europea tuvo lugar: a. El 25 de mayo de 2018. b. El 7 abril de 2017. c. El 9 de mayo de 2009. d. El 6 de abril de 2016.
105. Respecto al Reglamento General de Protección de Datos: a. El Reglamento está en vigor desde el 25 de mayo de 2018. b. El Reglamento está en vigor desde el 24 de mayo de 2016 y se aplica a partir del 25 de mayo de 2018. c. Hasta la adopción y entrada en vigor del Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones, se aplicaba la Directiva 2002/58/CE como lex specialis con respecto al
Reglamento. d. Ha sido transpuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
107. Según señaló el Tribunal Constitucional en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, el derecho a la protección de datos: a. Se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. b. Es un derecho fundamental por el que se garantiza a personas físicas y jurídicas el control sobre sus datos, su origen y destino. c. Tiene por objeto evitar el tráfico ilícito o lesivo de los mismos para la dignidad y los derechos de las personas y entidades afectados. d. Permite que la ley ordinaria limite el uso de la informática para garantizar el honor de los ciudadanos.
109. A nivel legislativo, la primera concreción y desarrollo del derecho de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar con: a. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 46/1995, de 24 de octubre de 1995. c. La Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre. d. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre.
110. A fin de transponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se promulgó: a. La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre. b. La Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre. c. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero. d. La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
111. El derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. b. En el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. c. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. d. En el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
112. En relación a los Tratados Comunitarios vigentes, el derecho a la protección de datos se recoge: a. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. b. En el artículo 3 del Tratado de Niza. c. En el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. d. En el artículo 1.2 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
113. La adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento General de
Protección de Datos, se ha llevado a efecto mediante: a. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. La Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre. c. La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. d. La Ley Orgánica 6/2019, de 19 de junio.
117. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento es: a. A los 12 años b. A los 14 años. c. A los 16 años. d. A los 14 años, refrendado por el titular de la patria potestad o tutela en caso de ser requerido por las autoridades competentes.
122. El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, se encuentra: a. Derogado por la Ley Orgánica 3/2018. b. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley. c. En vigor salvo en las disposiciones que contravengan las disposiciones de la ley Orgánica 3/2018. d. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la Ley Orgánica 3/2018.
123. Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2018, la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se encuentra: a. Transitoriamente en vigor hasta la implementación de la Ley 3/2018. b. Expresamente derogada por la Ley Orgánica 3/2018. c. La mayor parte de su articulado se ha incorporado a la nueva Ley 3/2018. d. Sus artículos 23 y 24 seguirán vigentes en tanto no sean expresamente modificados, sustituidos o derogados.
126. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en su artículo 1, expone que: a. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas o jurídicas en lo que respecta al tratamiento de los datos que les conciernan. b. Establece normas relativas a la protección de las personas físicas en relación al tratamiento de los datos personales. c. Establece normas relativas a la libre circulación de los datos de las personas físicas o jurídicas con residencia legal en los Estados miembros de la Unión Europea. d. Establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.
130. El “Considerando” 19 del Reglamento (UE) 2016/679 excluye de su aplicación el tratamiento de datos de carácter personal por parte de las autoridades competentes: a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones financieras y tributarias. b. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones relacionadas con la competencia y la propiedad industrial e intelectual. c. A efectos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de la ejecución de las sanciones derivadas de las mismas. d. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos de obligaciones aduaneras.
132. Según se refiere en el “Considerando” 15 del Reglamento (UE) 2016/679, la protección de las personas físicas debe ser tecnológicamente neutra, debe aplicarse: a. Al tratamiento automatizado de datos personales. b. Al tratamiento automatizado o manual de datos personales. c. A los datos relacionados con las actividades personales o domésticas que figuren en las redes sociales. d. A los datos relacionados con la protección frente a las amenazas contra la seguridad pública.
136. Cuando se recaban datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe cumplir con el derecho de información, que implica: a. En el supuesto de que los datos personales no hayan sido obtenidos directamente del interesado, el derecho a conocer el origen y categoría de los datos, a excepción de la información en poder de los registros públicos oficiales. b. La remisión al interesado de toda la documentación que solicite en el improrrogable plazo de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. c. Facilitar una información básica resumida en el mismo momento y en el mismo medio en que se recojan los datos personales y remisión del resto de la información, en un medio más adecuado para su presentación, compresión y archivo. d. La posibilidad de dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos para recurrir la resolución del responsable de los datos afectados y solicitar la pertinente compensación.
138. En relación a la aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/679, la norma se aplicará al siguiente supuesto: a. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de estos últimos. b. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión previo consentimiento expreso de aquellos. c. El tratamiento de datos personales de los interesados que residen en la Unión por un
responsable o encargado no establecido en la Unión. d. El tratamiento de datos personales de los interesados que realicen actividades en el territorio de la Unión y tengan la nacionalidad de uno de sus Estados miembros.
139. Según establece el artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679, en relación a los menores: a. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. b. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 14 años. c. El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito si lo consintió o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que lo hizo. d. El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si viene impuesto por obligaciones legales de la Unión o de los Estados miembros.
140. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los interesados pueden ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento y derecho de oposición a las decisiones automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles). El ejercicio de los mismos corresponde: a. A todas aquellas personas físicas o jurídicas con residencia en la Unión Europea. b. A todos los mayores de 16 años con residencia en la Unión Europea. c. En el caso de los menores de 16 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores. d. En el caso de los menores de 14 años el ejercicio de estos derechos se realizará siempre por quien ostente la patria potestad o por sus tutores.
143. En virtud del “Considerando” 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos): a. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión Europea. b. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el
responsable del tratamiento, se regula por la normativa de la Unión Europea y por el Derecho interno de los Estados miembros. c. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos por el
responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa específica de los Estados miembros. d. El tratamiento de datos personales para el cumplimiento de una obligación legal o de protección de la seguridad nacional, orden público y control de fronteras por el responsable del tratamiento, se regula exclusivamente por la normativa de la Unión Europea.
145. Según el Reglamento (UE) 2016/679, los criterios para nombrar al responsable de tratamiento habrán de establecerse en: a. La normativa de la Unión y la de los Estados miembros. b. Una norma con rango legal de cada Estado miembro. c. Un reglamento de la Unión Europea elaborado a tal efecto en el marco de la libertad de establecimiento en el mercado interior. d. Mediante reglamentos de ejecución de la Unión Europea.
147. Según el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/679, para la aplicación de dicha norma al tratamiento de datos personales de los interesados que residan en la Unión habrá de verificarse: a. El lugar concreto donde se traten los datos es la Unión. b. Que los interesados poseen la nacionalidad de uno de los Estados de la Unión. c. Que la nacionalidad del responsable del tratamiento de los datos es la de uno de los Estados de la Unión. d. La ubicación en la Unión del establecimiento del responsable o del encargado del tratamiento.
154. Según el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/3018, los responsables y encargados del tratamiento comunicarán a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos: a. En el plazo de diez días. b. De forma inmediata tras el nombramiento. c. Cuando sean requeridos por la Agencia. d. En los treinta días siguientes a la aceptación del nombramiento por el Delegado.
157. Según el artículo 39 de la Ley 3/2018, los códigos de conducta regulados por la Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos: a. Los códigos de conducta serán aprobados por el Delegado de Protección de Datos. b. Los códigos de conducta serán aprobados por la Comisión. c. Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente. d. Los códigos de conducta serán aprobados por los colegios profesionales del ámbito de la actividad relacionada con los datos a proteger.
159. El Reglamento (UE) 2016/679 introduce en su ámbito de aplicación a responsables y encargados no establecidos en la Unión Europea siempre que: a. Realicen tratamientos derivados de servicios efectivamente prestados en territorio de la Unión. b. Realicen tratamientos derivados de ofertas de bienes o servicios producidos en la Unión. c. Realicen tratamientos derivados de una oferta de bienes o servicios destinados a ciudadanos de la Unión o como consecuencia de una monitorización y seguimiento de su
comportamiento. d. Realicen tratamientos sobre categorías de datos especialmente protegidos.
162. En relación a la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección sobre datos personales y libre circulación de estos datos: a. A efectos de la prevención, investigación y sanción de incumplimientos siguen vigentes sus disposiciones. b. Se aplica transitoriamente hasta la implementación definitiva del Reglamento (UE) 2016/679. c. Quedó derogada con efecto desde el 25 de mayo de 2018. d. Su contenido se ha incorporado al Reglamento (UE) 2016/679.
164. La existencia de una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la normativa de protección de datos se contempla por primera vez en un texto internacional: a. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. b. En el Convenio 108 del Consejo de Europa, de 1981. c. En el Acta Única Europea, de 1986. d. En el Tratado de la Unión Europea, de 1992.
165. El Supervisor Europeo de Protección de Datos fue creado en el año: a. 2002. b. 2004. c. 1999. d. 2000.
166. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Supervisor adjunto son elegidos para un mandato renovable de: a. 4 años. b. 5 años. c. 3 años. d. 8 años.
168. La Agencia Española de Protección de Datos: a. Se creó en 1994. b. Se creó en 1992. c. Se creó en 1986. d. Se creó en 1989.
170. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a sus funciones y potestades se establece en: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre. d. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679 y las reconocidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
172. El Reglamento (UE) 2016/679 otorga a la Agencia Española de Protección de Datos: a. Poderes de investigación, poderes de reglamentación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. b. Poderes de investigación, poderes de autorización y poderes consultivos. c. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de autorización y consultivos. d. Poderes de investigación, poderes correctivos, poderes de certificación académica y consultivos.
173. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al ejercicio de competencias, se rige por: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre.
174. Al régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos, en cuanto al régimen patrimonial, le resulta aplicable: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
176. El régimen jurídico interno aplicable a la Agencia Española de Protección de Datos en cuanto a la contratación está sujeto a: a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. b. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre. c. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre. d. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.
177. Las competencias de las autoridades autonómicas de protección de datos personales derivan de las estipulaciones contenidas en: a. El artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. b. Los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679. c. El artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. d. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
179. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica 3/2018, en relación a la cooperación institucional, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos convocará a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y de dicha Ley: a. Por iniciativa propia o cuando lo solicite otra autoridad, en todo caso se celebrarán reuniones semestrales de cooperación. b. Por iniciativa propia, en todo caso se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. c. A instancia de las autoridades que traten datos o sean responsables de los mismos. En todo caso, se celebrarán reuniones trimestrales de cooperación. d. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Justicia se convocarán reuniones mensuales de los responsables de tratamiento de datos coordinados por la Agencia.
180. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, cuando la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos considere que un tratamiento llevado a cabo en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679: a. Podrá amonestar al responsable del organismo y ordenar las medidas necesarias para su cesación en el plazo de quince días. b. Podrá iniciar el oportuno procedimiento disciplinario contra el responsable de la vulneración. c. Comunicará la vulneración del tratamiento al Comité Europeo de Protección de Datos que tomará en un mes las medidas oportunas. d. Podrá requerirlas a que adopten, en el plazo de un mes, las medidas necesarias para su cesación.
181. Según el artículo 59 de la Ley 3/2018, si la autoridad autonómica no atendiere en plazo el requerimiento o las medidas adoptadas no supusiesen la cesación en el tratamiento ilícito: a. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. b. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos. c. La Agencia Española de Protección de Datos podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d. La Agencia Española de Protección de Datos podrá instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma concernida para la adopción de las medidas necesarias para su cesación.
183. El tratamiento de los datos personales de los que sean responsables los servicios públicos autonómicos y locales lo lleva a efecto: a. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. b. La Autoridad andaluza de Protección de Datos. c. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos. d. La Autoridad Supervisora de Protección de Datos de Andalucía.
184. La base legal para el tratamiento de los datos en la Comunidad Autónoma de Andalucía la podemos encontrar en: a. El artículo 64.9 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. b. Los principios rectores que orientan la actuación de los poderes públicos, según el artículo 37.1.15 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. c. El artículo 43 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
186. Los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía fueron aprobados por el Decreto de 29 de septiembre, del año: a. 2014. b. 2011. c. 2009. d. 2015.
188. En relación con el tratamiento de datos por las Entidades Locales, señale la opción que no considera cierta: a. Cuando un Ayuntamiento encarga a un tercero la gestión del cobro de impuestos, la relación entre responsable y encargado deberá estar regulada en un contrato o instrumento
jurídico. b. La responsabilidad proactiva hace referencia a la capacidad de la entidad administrativa de demostrar y proporcionar evidencias del cumplimiento de las obligaciones de la
legislación vigente. c. La base jurídica que legitima los tratamientos de datos de los impuestos municipales será el cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos, así como el cumplimiento de una obligación legal prevista en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. d. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones no tienen carácter reservado por están vinculados con la
obligación constitucional de colaborar al sostenimiento de los gastos públicos.
189. En relación a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, señale la opción incorrecta: a. La Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados comprensivos de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias. b. Tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada. c. En el ámbito de la Administración Local la base jurídica que legitima los tratamientos y transmisión de datos únicamente será el consentimiento expreso del interesado. d. Podrán ser utilizados para la colaboración con las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios.
192. Uno de los avances impulsado por la Constitución para la igualdad efectiva de las mujeres fue la Ley Orgánica 22 de marzo, que se promulgó en el año: a. 2004. b. 2006. c. 2007. d. 2002.
193. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se denomina: a. Ley para la protección jurídica y social de las mujeres en Andalucía b. Ley para la promoción de los derechos de igualdad de género en Andalucía. c. Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. d. Ley para la promoción de la igualdad en Andalucía.
194. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, ha sido modificada con la inclusión de un nuevo título V, por: a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. b. La Ley 9/2018, de 8 de octubre. c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. d. La Ley 1/2014, de 24 de junio.
195. Según el Preámbulo de la Ley 9/2018, de 8 de octubre, sigue siendo un reto la implementación de los objetivos formulados en la Declaración sobre la igualdad de mujeres y hombres elaborada en el seno del Consejo de Europa en el año: a. 1992. b. 1999. c. 1988. d. 2004.
196. El Pacto Europeo de la Igualdad de Género tiene vigencia en el siguiente período: a. 2014-2024. b. 2015-2020. c. 2015-2025. d. 2011-2020.
197. La Comisión Europea ha elaborado su Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres cuya vigencia comprendía el período: a. 2010-2020. b. 2015-2025. c. 2016-2019. d. 2018-2024.
199. Según el artículo 7 de la Ley 12/2007, el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres se formulará y aprobará con una periodicidad: a. Que no será inferior a seis años. b. Que no será inferior a cuatro años. c. Que no será inferior a cinco años. d. Que no será inferior a ocho años.
200. En el artículo 10.1 la Ley 12/2007 dice que "Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán...”: a. Excluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. b. Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen. c. Analizar los resultados desde una perspectiva de neutralidad. d. Realizar análisis e investigaciones sobre la situación excluyendo los datos relativos al género.
206. En el artículo 3.3 de la Ley 12/2007 se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que: a. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el setenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. b. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento. c. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo no se supere el cincuenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento. d. En el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
207. En el artículo 3.1 de la Ley 12/2007 se entiende por discriminación directa por razón de sexo: a. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un trato diferente en base a su pertenencia a un grupo concreto, al margen de sus capacidades personales. b. La situación en que se encuentra una persona a la que se haya dado o se pueda dar un trato legal discriminatorio. La situación en que se encuentra una mujer a la que se haya dado o se pueda dar un trato diferente en base a su género. d. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
209. Según el artículo 6 de la Ley 12/2007, en relación a la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, los poderes públicos de Andalucía incorporarán un
informe sobre la evaluación del impacto de género: a. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que indique la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. b. A todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno. c. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno si así lo estima necesario la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. A los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno si así lo estiman necesario las Unidades de Igualdad de Género de las consejerías concernidas.
210. Evaluar el impacto en función del género implica: a. Comparación de los datos en función de la participación de hombres y mujeres. b. Contrastar y analizar los datos en función de los recursos a los que se accede. c. Valorar y comparar los datos en función de los derechos que se protegen o vulneran. d. Son válidas las tres respuestas.
211. El informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto en la Comunidad Autónoma andaluza, según el artículo 8 de la Ley 12/2007, corresponde: a. A la Consejería de Economía y Hacienda. b. Al Instituto Andaluz de la Mujer. c. A la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres d. A la Comisión de Impacto de Género.
212. La organización de los trabajos de las distintas administraciones Públicas para la igualdad de género según el artículo 63 de la Ley 12/2007 corresponde a: a. La Unidad de Igualdad de Género. b. La Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales. c. La Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. d. El Observatorio de la igualdad de género.
214. Según el artículo 60 de la Ley 12/2007, las Unidades de Igualdad de Género se crean: a. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía. b. Con la finalidad de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación. c. Con poder de decisión propio y competencias de asesoramiento técnico de los poderes públicos de Andalucía. d. Las dos primeras opciones son correctas.
220. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones muy graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015: a. Prescribirán a los cinco años. b. Prescribirán a los seis años. c. Prescribirán a los tres años. d. Prescribirán a los cuatro años.
221. Según el artículo 79 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones graves, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015: a. Prescribirán a los cinco años. b. Prescribirán a los tres años. c. Prescribirán a los cuatro años. d. Prescribirán al año.
222. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones leves serán sancionadas: a. Con apercibimiento y multa de hasta 6.000 euros. b. Con apercibimiento e inhabilitación para cargo público. c. Con multa de hasta 6.000 euros. d. Con apercibimiento o con multa de hasta 6.000 euros.
223. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones graves serán sancionadas: a. Con prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Junta de Andalucía por un periodo de hasta tres años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. b. Con inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos. c. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta tres años. d. Con multa de 6.001 hasta 60.000 euros, y, además, podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las señaladas en las opciones anteriores.
224. Según el artículo 80 añadido a la Ley 12/2007 en su reforma por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, las infracciones muy graves serán sancionadas: a. Con multa de 60.001 hasta 120.000 euros, y además podrá imponerse cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta cinco años. b. Con multa de 100.001 hasta 200.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier ayuda pública de la Junta de Andalucía por un periodo de tres a cinco años o la pérdida automática de cualquier ayuda concedida. c. Con inhabilitación temporal, por un periodo de tres a cinco años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios público y multa de 100.001 hasta 200.000 euros. d. Con el cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de cinco años.
225. La Ley Orgánica de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es del año: a. 2007. b. 2004. c. 2000. d. 2003.
227. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, fue ratificada por España en: a. 1980. b. 1986. c. 1992. d. 1983.
228. El objetivo de lograr la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles se establece en: a. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. b. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. c. La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. d. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
229. La regulación de las Unidades de Género en la Administración de la Junta de Andalucía se contiene en: a. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. b. El Decreto 440/2010, de 14 de diciembre. c. La Ley 18/2003, de 31 de diciembre. d. El Decreto 275/2010, de 27 de abril.
230. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de Andalucía comprende el siguiente período: a. 2016-2021. b. 2010-2020. c. 2015-2025. d. 2012-2020.
231. La Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro, se transponen al ordenamiento jurídico español en: a. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. b. El Decreto 17/2012, de 7 de febrero. c. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre. d. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre.
232. El Comité de Ministros del Consejo de Europa proclamó la Declaración de Madrid titulada «Convirtiendo la igualdad de género en una realidad» en el año: a. 2009. b. 2007. c. 2000. d. 2004.
233. La Carta Europea de la Mujer, que recoge la declaración de la Comisión Europea con motivo del Día Internacional de la Mujer, es del año: a. 2012. b. 2010. c. 2009. d. 2005.
234. La Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa comprende el periodo: a. 2014-2020. b. 2018-2023. c. 2016-2022. d. 2010-2020.
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