Conforme dispone el artículo 26 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el inventario de los bienes semovientes consignará: Especie, título de adquisición, destino, número de cabezas, marcas y persona encargada de la custodia. Especie, número de cabezas, marcas, y persona encargada de la custodia. Especie, número de cabezas y marcas. Especie, título de adquisición, número de cabezas y persona encargada de la custodia.
Según el punto 4 del artículo 4 de la Ordenanza Municipal para la Regulación de la Administración Electrónica, la sede electrónica municipal dispondrá del siguiente contenido mínimo (señalar la incorrecta): Identificación de la sede, así como del órgano u órganos titulares y responsables de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma. Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará accesible de forma directa y gratuita. Acceso, en su caso, a la relación de expedientes del ciudadano y a los trámites que se han iniciado de forma telemática. Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme a lo previsto en esta ordenanza, sean admitidos o utilizados en la sede.
Según el artículo 5 de la Orden EHA/3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en lo relativo a la clasificación económica: La estructura por conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios. La estructura por artículos y conceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios. La estructura por conceptos y subconceptos es cerrada. La estructura por artículos, conceptos y subconceptos es abierta, por lo que podrán crearse los que se consideren necesarios.
Según el articulo 34 TREBEP, en el ámbito de la Administración General del Estado: Es obligatorio constituir tanto una Mesa General de Negociación como Mesas Sectoriales. La constitución de cualquier Mesa de Negociación es facultativa. Es obligatorio tanto una Mesa General de Negociación como Mesas Sectoriales y es facultativa la creación de Mesas de Trabajo. Es obligatorio constituir una Mesa General de Negociación y facultativo constituir Mesas Sectoriales.
En base a lo establecido en el Real Decreto 1372/1986, en ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia por tiempo indefinido, ¿cuál es el plazo máximo de duración de las concesiones? 75 años, a no ser que por la normativa especial se señale otro menor. 50 años, a no ser que por la normativa especial se señale otro mayor. 100 años, a no ser que por la normativa especial se señale otro mayor. 99 años, a no ser que por la normativa especial se señale otro menor.
En base a lo establecido en el Real Decreto 1372/1986, ¿qué mayoría será necesaria para la cesión gratuita de un bien? Voto favorable de la tercera parte de los miembros de la Corporación, previa instrucción del expediente. Voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Corporación, previa instrucción del expediente. Voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación, previa instrucción del expediente. Voto favorable de la mayoría absoluta del número legar de miembros de la Corporación, previa instrucción del expediente.
Según lo dispuesto por el artículo 80 TREBEP, la libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de carrera consiste: En la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. En la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por el órgano competente. En la apreciación discrecional por órganos colegiados de carácter técnico de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Ninguna respuesta es correcta.
Según el artículo 50 de la Ley de expropiación forzosa del 16 de diciembre de 1954 (LEF) cuando el propietario rehusare recibir el precio o cuando existiere cualquier litigio o cuestión entre el interesado y la Administración, se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia: En la Caja General de Depósitos de la Administración expropiante. En la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente. En la entidad bancaria indicada por la Administración expropiante. No será necesaria la consignación.
Señale la opción correcta en relación con el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave regulado en el artículo 49.e) del TREBEP: El funcionario tiene derecho a percibir la prestación de la Seguridad Social establecida para este fin. El funcionario tiene derecho a la reducción de jornada percibiendo las retribuciones íntegras en todo caso. El funcionario tiene derecho a la reducción de jornada. El funcionario púbico mantendrá sus retribuciones íntegras únicamente cuando reduzca su jornada en un tercio o menos.
Según el artículo 60 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, el Sistema de Interconexión de Registros está gestionado por: El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en lo relativo a los estados de gastos, en los créditos para gastos de capital se incluirán: Los de inversiones reales, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. Los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias de capital. Los intereses, las transferencias de capital y las variaciones de activos y pasivos financieros. Los de funcionamiento de los servicios, los de intereses y las transferencias corrientes.
Según el artículo 3.2 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, los efectos de la comunicación dirigida a la Administración expresando la voluntad de relacionarse electrónicamente con ella o, en su caso, de dejar de hacerlo, se producirán: A partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. A partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. A partir del día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma. A partir del mismo día en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma.
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A efectos de lo establecido en el artículo 83 del Real Decreto 1372/1896, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, admitida la conveniencia de la ocupación, la Corporación Local encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente o convocará concurso de proyectos. En este último caso, en las bases de concurso podrá ofrecer: Adquirir el proyecto mediante permuta. Obligar al que resultare adjudicatario de la ejecución del proyecto a pagar el importe del mismo. Derecho de retracto sobre la adjudicación. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según la Orden EHN3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en lo relativo a la clasificación económica del ingreso, las previsiones incluidas en los estados de ingreso del presupuesto de la entidad local se clasificarán separando: Las operaciones corrientes y las de capital, de acuerdo con la estructura por capítulos, artículos, programas y subprogramas. Las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Las operaciones corrientes, las de capital y las financieras, de acuerdo con la estructura por políticas de gasto, áreas de gasto, grupos de programas y programas. Las operaciones corrientes y las de capital, de acuerdo con la estructura por políticas de gasto, áreas de gasto, grupos de programas y programas.
De acuerdo con el artículo 25 del Texto Refundido de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de: Informes de calidad-precio en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Informes jurídico-financieros en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Informes técnico-jurídicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente.
Señale cual es la respuesta correcta conforme el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Pasarán a la situación de servicios especiales los funcionarios de carrera: Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo de tiempo determinado superior a tres meses en programas de cooperación internacional. Cuando obtengan cargos electivos a nivel estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas en el citado ámbito. Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, perciban o no retribuciones periódicas por la realización de su función.
Según la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cuál de las siguientes atribuciones no corresponden al Alcalde? Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno. Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas. Dictar bandos.
El artículo 32 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que la organización provincial está formada por: El Presidente, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Presidente, los Vicepresidentes, los Diputados, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Presidente, los Vicepresidentes y el Pleno El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
Según el Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿cuál de las siguientes materias no es de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma gallega? Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común. La artesanía. Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica.
20. La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia le corresponde a: Junta, al Parlamento gallego, a propuesta de las tres cuartas partes de sus miembros, o a las Cortes Generales. Junta, al Parlamento gallego, a propuesta de una quinta parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. Junta, al Parlamento gallego, a propuesta de una décima parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
¿Cuándo tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura del Parlamento de Galicia? Al día siguiente a la celebración de la sesión constitutiva. Al mes siguiente a la celebración de la sesión constitutiva. A los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva. A los cuarenta días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva.
El Valedor del Pueblo de Galicia podrá: Iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de las Administraciones públicas y sus agentes. Iniciar y proseguir, de oficio o a instancia de parte, cualquier investigación sobre los actos y
resoluciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus agentes. Iniciar y proseguir a instancia de parte cualquier investigación sobre los actos y resoluciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus agentes. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según el Reglamento Orgánico Municipal del Concello de Betanzos: Las intervenciones en el Pleno tienen una duración máxima total de 10 minutos por grupo municipal. Las intervenciones en el Pleno tienen una duración máxima de 10 minutos en un primer turno y de 5 minutos en un segundo turno de réplica por grupo municipal. Las intervenciones en el Pleno tienen una duración máxima de 5 minutos en un primer turno y de 3 minutos en un segundo turno de réplica por grupo municipal. Las intervenciones en el Pleno tienen una duración máxima total de 15 minutos por grupo municipal.
Entre la convocatoria y la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno Local, según el Reglamento Orgánico Municipal del Concello de Betanzos, no podrán transcurrir: Menos de 48 horas. Menos de 72 horas. Menos de 24 horas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia: La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías y la vicepresidencia o vicepresidencias, de existir éstas. La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías y las secretarías generales. La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías, la vicepresidencia o vicepresidencias, de existir éstas, y las secretarías generales . Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
¿Cuáles de los siguientes cargos públicos no son considerados altos cargos, según la Ley 1/2016, de transparencia y buen gobierno? Miembros del Consejo de la Xunta. El presidente o presidenta del Consejo Económico y Social. Las delegadas y delegados territoriales. El Valedor del Pueblo.
Según el RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no serían órganos complementarios de los entes locales territoriales: Comisión Especial de Cuentas. Consejos Sectoriales. Comisión de Gobierno. Comisiones Informativas.
¿Cuál fue el Tratado de la Unión Europea por el que la CEE se convirtió en CE? Niza Amsterdam Maastricht Roma.
La institución de la Unión Europea que reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembro es: Consejo Europeo. Comisión Europea. Consejo de la Unión Europea. Parlamento Europeo.
La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, tal y como establece el artículo 116 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley, y contemplará, entre otros: El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 7 del artículo 99 para los contratos adjudicados por lotes. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo 1, del Título 1, del Libro 11, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, únicamente los pliegos de cláusulas administrativas serán sustituidos por el documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo. EI certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, se incorporará al expediente cuando se adjudique, momento en que la intervención procederá a la fiscalización del gasto. Todas las respuestas son correctas.
La ejecución directa de obras por la Administración Pública a través de medios propios o con la colaboración de empresas particulares, según lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9/2017 podrá realizarse cuando concurra alguna de estas circunstancias: Cuando la Administración posea elementos auxiliarles utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 5% del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso las ventajas que se siguen de la misma. Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, cuando se aplique el artículo 146.2 relativo a la valoración de las ofertas con más de un criterio de adjudicación. Cuando la Administración tenga servicios técnicos aptos para cualquier tipo de prestación, en cuyo caso deberá utilizarse este sistema de ejecución de obras, con la finalidad del aprovechamiento de recursos propios. Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la LCSP.
Con relación a las garantías exigibles en los contratos celebrados por las Administraciones Públicas
El título IV del libro 1 de la Ley 9/2017, establece con relación a las garantías exigibles en la contratación del sector público: En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de la garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que no podrá ser superior al 5% del presupuesto base de licitación del contrato. Cuando la oferta presentada por la empresa adjudicataria resultara incursa en anormalidad, el órgano de contratación podrá exigir la constitución de una garantía complementaria por un importe de un 10% del precio del contrato. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva nunca podrá hacerse por medios electrónicos. La exigencia de las garantías provisional complementaria y definitiva está regulada por lo establecido en el libro I, título IV de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en la disposición adicional tercera de "Normas específicas de contratación en las Entidades Locales", establece con relación a la actuación del órgano interventor en la recepción de un contrato: El órgano interventor, en el ejercicio de su función fiscalizadora, asistirá a la recepción material de todo tipo de contratos en el ejercicio de la función de fiscalización material de las inversiones que exige el artículo 214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales El órgano interventor tendrá que asistir al acto de recepción de un contrato, siempre acompañado por un técnico especializado en el objeto del contrato, que deberá ser diferente del director de la obra y del responsable del contrato. Los servicios de asistencia de las Diputaciones Provinciales asistirán a los pequeños municipios a estos efectos y los demás previstos en la Ley. En los contratos menores de obra la intervención podrá ir acompañada por la dirección de obra o por el/la responsable del contrato.
Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo 204 da LCSP, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla, entre otros, los siguientes requisitos, según lo establecido en el artículo 205 de la Ley 9/2017: Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA incluido. Cuando las modificaciones sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Todas las respuestas son correctas.
Las causas de resolución del contrato de concesión de obras está regulado en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) por los siguientes artículos: Libro 2°, Título 11, Capítulo 11, Sección 1ª, artículo 247 Libro 2°, Título 11, Capítulo 11, Sección 4ª, artículo 257 Libro 2°, Título 11, Capítulo 2, Sección 7ª, artículo 279 Libro 2°, Titulo 11, Capítulo 2, Sección 7ª, artículo 289.
Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente; según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, son motivos de abstención, entre otros, los siguientes: Tener interés empresarial en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener un vínculo matrimonial, parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Tener amistad íntima con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por la presidencia de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano jerárquicamente superior, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. Los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser aprobada por el órgano competente sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la adopción de disposiciones adicionales de carácter general. Las materias en que así se determine por norma con rango de Decreto-Ley.
La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:tariamente. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación en bienes de interés público. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta Ley. Cuando puedan adoptarse las medidas cautelares para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza que afecten a una pluralidad indeterminada de personas, en los términos establecidos.
Uno de los principio básicos por los que se rige el ordenamiento jurídico, según establece el artículo 9.3 de la Constitución Española, es el principio de legalidad, que se traduce jurídicamente: En la prohibición de toda actuación carente de justificación de los poderes públicos. A diferencia de los sujetos particulares, los poderes públicos solo pueden actuar en beneficio del interés público, cada uno dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con los procedimientos que la ley marca y con respeto a los principios y valores constitucionales y legales. En la primacía de la ley, mediante la cuál se expresa la voluntad del titular de la soberanía, representado por el Parlamento. Así, todos los poderes públicos se encuentran sujetos a la CE y a la ley, como establece el artículo 9.1 CE. Expresión específica de este principio es la sumisión a la ley de la actividad administrativa que proclama el artículo 103 CE. Los poderes públicos están obligados a sujetar su actuación al ordenamiento jurídico, por lo que una actuación inadecuada en este sentido genera responsabilidad. Como manifestaciones singulares de este principio, la Constitución señala las siguientes: a) responsabilidad por las lesiones patrimoniales a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos -artículo 106.2-; b) daños causados por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (artículo 121). En que las normas que integran nuestro ordenamiento jurídico tienen una estructura jerarquizada (o piramidal), en la cúspide de la cual se sitúa la CE, como norma suprema que se impone a todas las demás, e implica que las normas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior. El respeto de este principio es condición de validez de las normas jurídicas.
Respecto de los derechos fundamentales a la libertad sindical y de huelga, sancionados por el artículo 28 de la Constitución Española: El derecho de sindicación por ley se podrá limitar o exceptuar su ejercicio a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos la disciplina militar; y en cuanto al reconocimiento del derecho de huelga, se indica que, para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas (artículo 28). El derecho de sindicación no se puede limitar ni exceptuar su ejercicio; y en cuanto al reconocimiento del derecho de huelga, se indica que, para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas (artículo 28). El derecho de sindicación por ley se podrá limitar o exceptuar su ejercicio a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos la disciplina militar; y en cuanto al reconocimiento del derecho de huelga, está exceptuado en los servicios esenciales de la comunidad. Ninguna de las respuestas es correcta.
El artículo 53 de la Constitución Española, que lleva por título "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales", diferencia tres niveles de protección que, de mayor a menor medida, pueden ser clasificados de la siguiente manera:
a)
b)
1°. Protección máxima: respecto a todos los derechos del capítulo II del mismo título ("De los derechos y libertades"); 2° Protección media: para los derechos reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I, el principio de igualdad del artículo 14 CE y, con un régimen particular, el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la CE; y 3°. Protección mínima: para los derechos proclamados como principios e incluidos en el capítulo III del título I ("Principios rectores de la política
social y económica") 1°. Protección máxima: para los derechos reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I, el principio de igualdad del artículo 14 CE y, con un régimen particular, el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la CE; 2° Protección media: para los derechos proclamados como principios e incluidos en el capítulo III del título I ("Principios rectores de la política social y económica"); y 3°. Protección mínima: respecto a todos los derechos del capítulo II del mismo título
("De los derechos y libertades"). 1º. Protección máxima: para los derechos reconocidos en la sección 1ª del capítulo II del título I, el principio de igualdad del artículo 14 CE y, con un régimen particular, el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2 de la CE; 2° Protección media: respecto a todos los derechos del capítulo II del mismo título ("De los derechos y libertades"); y 3°. Protección mínima: para los derechos proclamados como principios e incluidos en el capítulo III del título I ("Principios rectores de la política social y económica"). Ninguna es correcta.
Los principios rectores de la política social y económica regulados en el Capítulo III del Título I de la Constitución Española: No son derechos subjetivos directamente alegables ante los tribunales, no tienen el amparo judicial especial, no están reservados a la ley orgánica, ni existe un "contenido esencial" que el legislador deba cumplir. Son derechos subjetivos directamente alegables ante los tribunales. Son derechos subjetivos directamente alegables ante los tribunales, y tienen amparo judicial especial. Son derechos subjetivos directamente alegables ante los tribunales, teniendo amparo judicial especial, estando reservados algunos de ellos a la ley orgánica.
Las formas de establecer la regencia pueden ser: 1º. Por llamamiento de la propia Constitución, que le encomienda la regencia, en el caso de la minoría de edad, al padre o a la madre del rey y, en su defecto , al pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona; y, en el supuesto de incapacidad reconocida por las Cortes, al príncipe heredero si fuera mayor de edad, y, si no lo fuera, al padre del rey o a su madre y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo en la orden de sucesión. 2°. Por elección por las Cortes Generales, para el caso de que no hubiera ninguna persona llamada a ejercer la regencia conforme las reglas anteriores. Por llamamiento de la propia Constitución exclusivamente , que le encomienda la regencia, en el caso de la minoría de edad, al padre o a la madre del rey y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona; y, en el supuesto de incapacidad reconocida por las Cortes, al príncipe heredero si fuera mayor de edad, y, si no lo fuera, al padre del rey o a su madre y, en su defecto, al pariente mayor de edad más próximo en la orden de sucesión. Por elección por el Congreso de los Diputados, para el caso de que no hubiera ninguna persona llamada a ejercer la regencia conforme las reglas anteriores. Las respuestas b) y c) son correctas.
Las mociones son: Acuerdos sin carácter normativo, consistentes en la expresión de un mandato o de una aspiración de una cámara para que el Gobierno actúe en un determinado sentido. Tienen la fuerza de obligar de las leyes y pueden invocarse ante terceros. Preguntas e interpelaciones que los parlamentarios le formulan al Gobierno. Acuerdos con carácter normativo para que el Gobierno actúe en un determinado sentido.
Conforme se establece en la Constitución Española y en la Ley 50/1997, del 27 de noviembre, del Gobierno, este cuenta con los siguientes órganos de colaboración y apoyo: La Comisión General de Subsecretarios de Estado, presidida por un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el ministro de la Presidencia; y el secretario del Gobierno. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el ministro de la Presidencia; el secretariado del Gobierno; y los gabinetes. La Comisión General de Subsecretarios de Estado, presidida por un vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, el ministro de la Presidencia; el secretario del Gobierno; y los gabinetes de los Ministerios. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por el presidente del Gobierno o, en su defecto, un vicepresidente o en su defecto el ministro de la Presidencia; el secretario del Gobierno; y el gabinete de la Presidencia.
La función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, se ejerce: Respeto de las cuentas que deban rendir los que recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. Este se extiende a los alcances de caudales o efectos públicos, así como a los deberes accesorios constituidas en garantía de su gestión. Respeto de las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, y de las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas al conocimiento de los órganos del poder judicial. Respeto de los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional; de las cuestiones sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa; de los hechos constitutivos de delito o falta ; de las cuestiones de índole civil, laboral o de otra-naturaleza encomendadas al conocimiento de los órganos del poder judicial. Respeto de las cuentas que deba rendir el Gobierno.
La Constitución Española exige para ser magistrado del Tribunal Constitucional el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º. Una calificación profesional: ser jurista, de las categorías de magistrados y fiscales; 2°. Una antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional; y 3°. Se exige «reconocida competencia». 1º. Una calificación profesional: ser jurista, de las categorías de magistrados, fiscales y profesores de universidad; 2°. Una antigüedad mínima de 10 años de ejercicio profesional; y 3°. Se exige «reconocida competencia». 1º. Una calificación profesional: ser jurista, de las categorías de magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados; 2°. Una antigüedad mínima de 15 años de ejercicio profesional; y 3°. Se exige «reconocida competencia». 1°. Una calificación profesional: ser jurista, de las categorías de magistrados, fiscales, profesores de universidad y abogados; 2°. Una antigüedad mínima de 1O años de ejercicio profesional; y 3°. Se exige «reconocida competencia».
Las bases del sistema electoral son: La circunscripción provincial (art. 68. 2 CE), la distribución inicial de escaños por provincia (fijada por el legislador en dos, aun cuando la Constitución se refiere solo a un mínimo inicial), el número total de diputados que forman la Cámara (que el art. 68.1 fija entre 300 y 400 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sitúa en 350) y la fórmula electoral (respeto de la cual el constituyente señala que se atenderá «a criterios de representación proporcional» y que concreta la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en el método de d'Hondt o del mayor ratio). La circunscripción provincial (art. 68. 2 CE), la distribución inicial de escaños por provincia (fijada por el legislador en uno, aun cuando la Constitución se refiere solo a un mínimo inicial), el número total de diputados que forman la Cámara (que el art. 68.1 fija entre 300 y 350 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sitúa en 300) y la fórmula electoral respeto de la cual lo constituyente opta por el método de d'Hondt o del mayor ratio. La circunscripción provincial (art. 68. 2 CE), la distribución inicial de escaños por provincia (fijada por la Constitución Española en dos), el número total de diputados que forman la Cámara (que el art. 68.1 fija entre 300 y 400 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sitúa en 325) y la fórmula electoral. La circunscripción provincial (art. 68. 2 CE), la distribución inicial de escaños por provincia (fijada por el legislador en un como mínimo inicial), el número total de diputados que forman la Cámara (que el art. 68.1 fija entre 300 y 350 y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sitúa en 325) y la fórmula electoral (respeto de la cual lo constituyente señala que se atenderá «a criterios de representación proporcional».
El Tribunal Constitucional conceptúa a los estatutos de autonomía como: Disposiciones normativas que son expresión de un poder soberano. Normas subordinadas a la Constitución, expresión de un poder soberano. Normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que son expresión de un poder soberano, y fundamentado en la Constitución. Normas subordinadas a la Constitución, como corresponde a disposiciones normativas que no son expresión de un poder soberano, sino de una autonomía fundamentada en la Constitución, y por ella garantizada, para el ejercicio de la potestad legislativa en el marco de la Constitución misma.
Conforme con el artículo 147.2 de la Constitución Española, cada estatuto de autonomía debe tener un contenido material mínimo: La denominación de Comunidad Autónoma que mejor se corresponda con su identidad histórica; la delimitación de su territorio; la denominación, sede y organización de sus instituciones de autogobierno; y las competencias a asumir y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas. La denominación de Comunidad Autónoma que mejor se corresponda con su identidad histórica; la delimitación de su territorio; y la denominación, sede y organización de sus instituciones de autogobierno. La denominación de Comunidad Autónoma que mejor se corresponda con su identidad histórica; la delimitación de su territorio; y las competencias a asumir y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas. La denominación de Comunidad Autónoma que mejor se corresponda con su identidad histórica; la denominación, sede y organización de sus instituciones de autogobierno; y las competencias a asumir y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas.
La delimitación de competencias autonómicas que, en general, realizan los distintos estatutos de autonomía responde a la clásica distinción entre competencias exclusivas y competencias compartidas. Un ejemplo de competencias compartidas... Es el establecido por el artículo 148.1.4 de la Constitución Española, que les atribuye como competencia a las comunidades autónoma la de "obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio", mientras que, por su parte, el artículo 149.1.24 le atribuye al Estado la competencia sobre obras públicas de interés general o cuya realización le afecte a más de una Comunidad Autónoma. Es el establecido por los artículos 38, 131 y 149.1, 11 y 13, de la Constitución Española. Son las actividades relacionadas con la economía y los diversos sectores que la componen, como el fomento y planificación de la actividad económica general, la industria, la agricultura, la ganadería, el comercio interior, etc. Ninguna es correcta.
El reparto de competencias en materia de educación figura en el artículo 149.1.3 de la Constitución Española, que le reserva para el Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poder públicos en esta materia; y para las comunidades autónomas, el artículo 148.1.17 de la Constitución Española reserva el fomento de la cultura, de la investigación y, si fuere el caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. Y la Ley 7/1985, artículo 25.2, recoge como competencia propia municipal: Garantizar la educación infantil, construcción de nuevos centros docentes, conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros educativos. La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos de educación. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas corresponsales en la obtención de los predios necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Ninguna respuesta es correcta.
Conforme con el Reglamento (UE) nº 1303/2013, del 17 de diciembre, que establece los principios generales comunes a los Fondos Estructurales y de Inversión, la finalidad principal de los mismos es:
a)
b)
c)
d)
La coherencia, complementariedad y coordinación de la ayuda de los Fondos EIE con las corresponsales políticas, principios horizontales y prioridades de la Unión. El crecimiento inteligente, sostenible e integrador, así como las misiones específicas de los Fondos conforme sus objetivos basados en los Tratados, incluyendo la cohesión económica, social y territorial. La responsabilidad de los Estados miembros de elaborar y ejecutar los programas y realizar las tareas de los Fondos. La rjecución del presupuesto de la Unión asignado a los Fondos EIE en el marco de la gestión compartida entre los Estados miembros y la Comisión.
El Fondo de Cohesión de la Unión Europea: Invierte en crecimiento ecológico y desarrollo sostenible, y mejora la conectividad en los Estados miembros con un PIB por debajo del 90 % del promedio de la UE-27. Su objetivo es reducir las disparidades socioeconómicas y promover el desarrollo sostenible. Aspira a reforzar la cohesión económica y social regional a través de la inversión en sectores que fomentan el crecimiento para mejorar la competitividad y la creación de empleo. Se centra en la resolución de problemas específicos de las zonas rurales de la Unión Europea y contribuye a que las dichas zonas puedan hacer frente a los retos económicos, medioambientales y sociales. Invierte en las personas y se centra en mejorar las oportunidades de empleo y educación. También intenta ayudar a las personas desfavorecidas que están al bordo de la pobreza o la exclusión social.
El silencio administrativo tendrá efectos desestimatorios en los siguientes supuestos:
a) Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Española; aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas; que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar la salud pública; y en los procedimientos de sancionadores de las Administraciones Públicas: Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Española; aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas; que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar la salud pública; y en los procedimientos de sancionadores de las Administraciones Públicas. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el artículo 24.3 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre. Procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española; aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público; que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente; en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones; y en los procedimientos de revisión de oficio iniciados la solicitud de los interesados. Ninguna de las respuestas es correcta.
Conforme al dispuesto en el párrafo tercero del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, cuando el recurso de alzada se interpuso contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo: Se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictara y notificara resolución expresa, siempre que no se refiera a las siguientes materias: el ejercicio del derecho de petición, aquellos que tengan como consecuencia la transferencia de facultades relativas al dominio o al servicio público, actividades cuyo ejercicio pueda dañar el medio ambiente, y responsabilidad patrimonial de la Administración. Se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictara y notificara resolución expresa. Se entenderá desestimado el mismo sí, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictara y notificara resolución expresa, excepto que se refiera a las siguientes materias: el ejercicio del derecho de petición, aquellos que tengan como consecuencia la transferencia de facultades relativas al dominio o al servicio público, actividades cuyo ejercicio pueda dañar el medio ambiente, y responsabilidad patrimonial de la Administración. El artículo 24.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, no regula ese aspecto del silencio administrativo.
Conforme con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a uno solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada. Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a uno solo interesado no es suficiente. Cuando se trate de normas reglamentarias. Cuando la Administración así lo considere oportuno.
¿Puede la Administración no publicar el acto administrativo con los elementos previstos en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre? Sí, cuando se trate de notificaciones de actos derivados del ejercicio por parte del interesado de sus derechos fundamentales. Sí, cuando el órgano competente apreciara que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una superficial indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. No. El órgano competente siempre tiene que publicar en su integridad el acto administrativo. Ninguna de las respuestas es correcta.
La revisión de oficio de los actos administrativos se puede acordar por la Administración: Cuando los actos administrativos están incursos en nulidad radical, absoluta o de pleno solo pueden ser anulados por la Administración, si el Consejo de Estado dictamina que la infracción de la Ley es manifiesta. Sin límites: cuando los actos administrativos fueron dictados con infracción manifiesta de la ley; en los demás supuestos, para conseguir la anulación de los estos actos, la Administración deberá impugnarlos delante de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando los actos administrativos fueron dictados con infracción manifiesta de la ley deberá impugnarlos delante de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Sin límites: cuando los actos administrativos están incursos en nulidad radical, absoluta o de pleno derecho; cuando los actos administrativos fueron dictados con infracción manifiesta de la ley: solo pueden ser anulados por la Administración, si el Consejo de Estado o órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, dictamina que la infracción de la Ley es manifiesta, y dentro del plazo de caducidad de cuatro años; en los demás supuestos, para conseguir la anulación de los estos actos, la Administración deberá previamente declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos delante de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
En el procedimiento para la declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho de una disposición administrativa (artículo 106.2 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre): Se reconoce la legitimación para iniciar el procedimiento a los interesados. Se reconoce la legitimación para iniciar el procedimiento a los interesados, y también puede iniciarse de oficio. No se reconoce la legitimación para iniciar el procedimiento a los interesados. Una disposición administrativa no puede ser objeto de un procedimiento de revisión de oficio. .
El presupuesto de ingresos adopta una estructura denominada económica, mientras que el presupuesto de gastos debe adoptar además otra denominada por programa y opcionalmente una tercera llamada orgánica. De estas tres estructuras posibles del presupuesto de gastos, la económica es la más importante, pudiendo servirse, cada vez con mayor detalle, de hasta cinco dígitos que, leídos de izquierda a derecha, nos facilitan la siguiente información: Los tres primeros dígitos expresan el Artículo. Los dos primeros dígitos indican el Capítulo al que pertenece el gasto o ingreso. Los tres últimos dígitos representan el Concepto. Los cinco primeros dígitos nos indican el Subconcepto.
La Junta de Gobierno Local, según la Ley de Bases de Régimen Local, se integra por: El Alcalde y todos los Concejales. El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos. El Alcalde y un número de Concejales no superior a la mitad del número legal de los mismos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según la Ley 16/2010 de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, ¿cuáles de los siguientes principios no se observa en su organización? Jerarquía Concentración Coordinación Descentralización.
El texto constitucional de 1978: Fue aprobado por las Cortes, fue ratificado por el pueblo español mediante referéndum el día 6 de diciembre de 1978, posteriormente fue sancionado por el rey el día 27 del mismo mes y, finalmente, publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Fue aprobado por las Cortes el día 6 de diciembre de 1978, sancionado por el rey el día 26 del mismo mes y, finalmente, publicado en el BOE el 29 de diciembre de 1978. Fue sometido a referéndum del pueblo español el día 6 de diciembre de 1978, posteriormente fue sancionado por el rey el día 27 del mismo mes y, finalmente, publicado en el BOE el 30 de diciembre de 1978. Fue aprobado por las Cortes, fue ratificado por el pueblo español mediante referéndum el día 6 de diciembre de 1978, posteriormente fue sancionado por el rey el día 27 del mismo mes y, finalmente, publicado en el BOE el 30 de diciembre de 1978.
El título I de la CE ("De los derechos y deberes fundamentales") se estructura en los siguientes capítulos: Capítulo 1: "De los españoles y extranjeros"; Capítulo II: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales"; Capítulo III: "De los principios rectores de fa política social y económica"; Capítulo IV: "De los derechos y libertades"; Capítulo V: "De la suspensión de los derechos y libertades". Capítulo I: "De los españoles y extranjeros"; Capítulo II: "De los derechos y libertades"; Capítulo III: "De la suspensión de los derechos y libertades"; Capítulo IV: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales"; Capítulo V: "De los principios rectores de la política social y económica". Capítulo I: "De los españoles y extranjeros"; Capítulo II: "De los derechos y libertades"; Capítulo III: "De los principios rectores de la política social y económica"; Capítulo IV: "De la suspensión de los derechos y libertades"; Capítulo V: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales".
derechos y libertades". Capítulo I: "De los españoles y extranjeros"; Capítulo II: "De los derechos y libertades"; Capítulo III: "De los principios rectores de la política social y económica"; Capítulo IV: "De las garantías de las libertades y derechos fundamentales"; Capítulo V: "De la suspensión de los .
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