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Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señala la incorrecta). A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, excepto la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Cualesquiera que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las Administraciones Públicas. No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las Administraciones Públicas. Ninguna es correcta.

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (señala la incorrecta). Las entidades con personalidad jurídica. Las personas jurídicas. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

Las Administraciones: Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos. Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para ciertos colectivos de personas físicas. No podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos ni para ciertos colectivos de personas físicas. Podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas.

La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será: El castellano. El castellano o cualquier otra lengua oficial en algún territorio del Estado. Preferiblemente el castellano. Ninguna es correcta.

Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma: Únicamente podrán utilizar el castellano. Únicamente podrán utilizar la lengua que sea cooficial en ella. Podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Ninguna es correcta.

El procedimiento dirigido a órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma: Se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Se tramitará en la lengua elegida por la Administración. Se tramitará en castellano. Se tramitará en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.

Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua: Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en castellano. Tanto el procedimiento como los documentos o testimonios que requieran los interesados se tramitarán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por los mismos, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en castellano.

En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La presente Ley. En la legislación autonómica correspondiente. La presente Ley o, en su defecto, en la legislación autonómica correspondiente. La legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente Ley.

Deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente: La Administración Pública que inicie el proveimiento. La Administración Pública instructora del procedimiento. La Administración Pública encargada de resolver el procedimiento. El propio interesado.

Dispondrá/n de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos: La Administración General del Estado. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. Cada Administración.

Respecto a los registros no es correcto: Se podrán anotar en el Registro Electrónico General, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico. Los registros electrónicos de cada Organismo funcionarán como un portal que facilitará el acceso al Registro Electrónico General de cada Administración. En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en: El diario oficial correspondiente y su índice deberán estar disponibles para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. La sede electrónica de acceso al registro y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente. El diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberán estar disponibles para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. La sede electrónica de acceso al registro y su índice deberá estar disponible para consulta en el diario oficial correspondiente.

En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: (señala la incorrecta). El órgano o unidad responsable de su gestión. La fecha y hora oficial. Los días declarados como hábiles. Todas son incorrectas.

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de: Recepción de los documentos, e indicarán la fecha del día siguiente al día en que se produzcan. Recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día siguiente al día en que se produzcan. Recepción de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.

Concluido el trámite de registro, los documentos: Serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados en el plazo de un mes a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. Serán cursados sin dilación a sus destinatarios o a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: (señala la incorrecta). En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros.

Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados: Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración. Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la Administración.

Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si una conducta infractora hubiere causado daños y perjuicios a una administración. La cuantía destinada a indemnizar esos daños deberá fijarse en el procedimiento sancionador que se tramite y la aceptación por el infractor de la resolución del procedimiento sancionador que pudiera recaer implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad y pondrá fin a la vía administrativa. La cuantía destinada a indemnizar daños deberá fijarse mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva y pondrá fin a la vía administrativa. Si la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el procedimiento sancionador, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Este procedimiento será susceptible de terminación convencional, pero ni ésta ni la aceptación por el infractor de la resolución que pudiera recaer implicarán el reconocimiento voluntario de su responsabilidad. La cuantía destinada a indemnizar esos daños se añadirá a la cuantía por la sanción impuesta por la conducta infractora y pondrá fin a la vía administrativa.

De conformidad con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición general. Salvo que procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Salvo que así lo prevea expresamente una disposición con rango de ley. Aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Salvo que así lo prevea expresamente la propia disposición general.

Según el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado se entenderá rechazada cuando. Hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido dos días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

¿Cuál de estas afirmaciones es válida según el art. 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?. La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija una disposición con rango de ley. La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros. La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros, previa autorización juidical.

¿Cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa según el art. 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas?. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución hipotecaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas.

Las relaciones electrónicas con la Administración es un derecho. De las personas jurídicas. De los empleados públicos en su relación con la Administración por razones de su condición de empleados. De las personas físicas. De quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria.

¿Qué establece y regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. Las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. El procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El sistema de responsabilidad de las administraciones públicas. Son correctas las respuestas anteriores b) y c).

La entrada en vigor de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se produjo. Al día siguiente de su publicación en el BOE. A los dos años de su publicación. El día 2 de octubre de 2016. En el plazo de veinte días desde su promulgación.

¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento administrativo?. El fijado por la norma reguladora del mismo. No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario. No podrá exceder de seis meses, salvo que venga prevista en la normativa europea una duración mayor. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿En cuál de los siguientes casos puede suspenderse el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento administrativo?. Cuando una Administración pública requiera a otra que anule o revise un acto que entiende es ilegal. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando el órgano instructor competente para resolver decida la realización de alguna de las actuaciones complementarias de las previstas en el art. 87 de la Ley 39/2015. Todas las respuestas son correctas.

Un plazo de un día que se cuenta a partir del viernes 31 de octubre de 2017 termina... El 3 de noviembre si no se indica otra cosa. Ese mismo día 31 de octubre. Ese mismo día 31 de octubre salvo que se indique otra cosa. El 1 de noviembre.

Es un día hábil conforme la Ley 39/2015 ... Un domingo. Un festivo. Un viernes. Una de las novedades de la Ley 39/2015 es precisamente la de que desaparece la diferencia entre días naturales y días hábiles.

A efectos del término se hace constar si los días son... Hábiles. Naturales. Laborables. Cualquiera de los anteriores.

La Ley 39/2015 no contempla en forma específica los plazos señalados por... Días. Semanas. Meses. Años.

Es cierto que... Si en la fecha de comienzo no hubiera día equivalente a aquel en que termina el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes. Si en la fecha de comienzo no hubiera día equivalente a aquel en que termina el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que termina el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Se considera inhábil... Un día inhábil en el municipio en que reside el interesado pero hábil en la sede del órgano administrativo. Un día inhábil en el municipio en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo. Un día hábil en el municipio en que reside el interesado pero inhábil en la sede del órgano administrativo. Todos se consideran inhábiles.

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de ... La duración de los mismos. La mitad de dichos plazos. El doble de dichos plazos. Ninguna es correcta.

Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual ... Se duplican los plazos establecidos. Se reducen a la mitad todos los plazos establecidos en el procedimiento ordinario. Se anulan los plazos establecidos. Ninguna es correcta.

Sería un término... 1 de abril. Quince días. Cinco días. Un año.

Sería un plazo... Un año. Quince días. Un mes. Todos ellos.

Conforme la Ley 39/2015 si un ciudadano presenta una solicitud tiene derecho ... A conocer el estado de la tramitación del procedimiento a que dicha solicitud pudiera dar origen. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento en todo caso. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento salvo si se desestima su solicitud por falta de legitimación como interesado. Simplemente a obtener copia de la solicitud y de la documentación aneja.

Conforme la Ley 39/2015 el interesado tiene derecho a conocer la identidad ... Del personal que trabaja en la Administración. De las autoridades y del personal que prestan servicio en las Administraciones Públicas. De todos los que actúen ante él como interlocutores de la Administración. De las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

La obligación de fechar y sellar las solicitudes a efectos del cómputo de plazos constituye... Un derecho cuyo ejercicio es potestativo por los interesados. No hay tal. Simplemente se trata del derecho y de la respectiva obligación de las Administraciones Públicas a la copia sellada de la documentación presentada. Una exigencia legalmente establecida por la Ley 39/2015 distinta del derecho a la copia sellada. La obligación a la que se refiere el enunciado de la pregunta sólo existe en los procedimientos iniciados de oficio.

¿Puede ser atendido por un auxiliar administrativo del Servicio Extremeño de Salud una persona que se dirige a éste hablándole en catalán?. Por supuesto. Si, siempre que sea catalán catalanoparlante y no castellanoparlante. Si constituyendo un caso de eficacia extraterritorial de la normativa reguladora del uso de la lengua fuera del ámbito de dicha Comunidad Autónoma. En modo alguno.

Conforme la Ley 39/2015 el ciudadano tiene derecho a formular alegaciones... Una vez dictada la resolución que ponga fin al procedimiento. En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia. A través de la solicitud decayendo después de este derecho. A través de la solicitud decayendo después de este derecho salvo que se trate de un procedimiento iniciado de oficio en cuyo caso tendrá derecho a formular alegaciones en cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

De acuerdo con la Ley 39/2015 ¿cuántas veces se debe aportar copia del DNI?. Una única vez puesto que a partir de ésta el mismo ya está en posesión de la Administración actuante. Tantas veces como procedimientos aún cuando se trate de una misma Administración actuante. Tantas veces como dicha copia fuera requerida por la Administración actuante. Tantas veces como dicha copia fuera requerida reglamentariamente por la Administración actuante aun cuando se trate de un mismo procedimiento.

Conforme la Ley 39/2015 las autoridades y funcionarios deberán tratar a los ciudadanos con... Respeto y consideración. Respeto y deferencia. Respeto y equidad. Respecto, mérito y capacidad.

La exigencia de responsabilidad a la que se refiere la Ley 39/2015 lo es de... Autoridades. Funcionarios. Autoridades y Funcionarios. Las Administraciones Públicas.

Los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, demás leyes que resulten de aplicación y singularmente en la llamada... Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley de transparencia, registros y archivos. Ley de acceso a archivos y registros administrativos. Ley de Colaboración Ciudadana en la Defensa Nacional y la Seguridad del Estado.

Es cierto que... La comparecencia de los ciudadanos en las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando así lo disponga la autoridad con competencia legalmente establecida. Las Administraciones Públicas se abstendrán de entregar certificación de la comparecencia del ciudadano para garantizar la eficacia en la instrucción del procedimiento. También para garantizar la eficacia en la instrucción del procedimiento la citación evitará indicar el objeto de la comparecencia. Ninguna es correcta.

No son de aplicación las disposiciones generales de la Ley 39/2015 en materia de potestad sancionadora a... Contratos del sector público. Infracciones de tráfico. Ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de los funcionarios. No son de aplicación en ninguno de los casos anteriores.