Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para la solicitud de inicio de un procedimiento de reclamación patrimonial,
el derecho a reclamar respecto del hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo, prescribirá: A los tres meses. A los seis meses. Al año. A los cuatro años.
De conformidad con el artículo 84.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrá fin al procedimiento administrativo: La resolución, el desistimiento, la renuncia y la caducidad. La resolución, el desistimiento y la declaración de lesividad. La resolución, la renuncia y la caducidad. La resolución, renuncia y declaración de lesividad.
En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el vencimiento del plazo
máximo sin haberse notificado, legitima al interesado para entenderla: Siempre estimada por silencio administrativo. Siempre desestimada por silencio administrativo. Desestimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley establezca lo contrario. Estimada por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la
Unión Europea o de Derecho Internacional establezca lo contrario.
Contra una resolución o acto que no ponga fin a la vía administrativa, según la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá
interponerse: Recurso potestativo de reposición. Recurso de revisión. Recurso de alzada. Recurso de suplicación.
Las Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo (artículo 106 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas): Hasta dos meses después de poner fin a la vía administrativa. En cualquier momento. Hasta un años después de poner fin a la vía administrativa. Nunca.
El Decreto canario, 36/2009, de 31 de marzo, dispone que para la concesión de una subvención en
la que se acrediten razones de interés público, económico, humanitario u otras que dificulten su
convocatoria y cuyo importe exceda del que determine anualmente la Ley de Presupuestos, requerirá: Autorización del Parlamento de Canarias. Autorización del Gobierno de Canarias. Autorización de la Intervención General. Autorización del titular de la Consejería competente.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que, si una
lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional
procederá la indemnización de los daños producidos en el plazo: 5 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. 10 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. 2 años anteriores a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma. 1 año anterior a la fecha de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma.
De acuerdo con el artículo 4, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿a cuál de los
siguientes grupos de funcionarios se les aplicará directamente las previsiones de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, si así lo dispone su legislación específica de aplicación? De las Universidades Públicas. De las Administraciones de las Entidades Locales. De la Administración General del Estado. De las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
En relación con el personal directivo profesional que regula el artículo 13 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas. Está sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y
control de resultados en relación a los objetivos fijados. Su nombramiento se hará en base al principio de capacidad, por designación del cargo del que vaya a
depender. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la consideración de materia
objeto de negociación colectiva.
De conformidad con lo regulado en el artículo 87 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando
un funcionario de carrera acceda a la condición de Diputado de las Cortes Generales le corresponderá
quedar en la situación administrativa de: Servicios especiales. Servicio activo. Servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia.
Respecto de la pérdida de la relación de servicios regulada en Capítulo II del Título IV del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Se perderá la condición de funcionario cuando esté presente, por escrito, la renuncia voluntaria. La rehabilitación sólo podrá solicitarse en los casos de la extinción de la relación de servicios por la pérdida
de la nacionalidad española. Se perderá la condición de funcionario por la jubilación total. Se perderá la condición de funcionario con la sanción disciplinaria de separación del servicio tenga carácter
firme.
¿Cuántos títulos tiene la Constitución española de 1978 (en adelante CE), incluido el Título
Preliminar? 10. 11. 13. Ninguna de las anteriores es cierta.
¿Cuántas disposiciones transitorias tiene la CE? 13. 15. 9. 14.
Según el Estatuto de Autonomía de Canarias (en adelante EAC), ¿qué significa el principio de
prevalencia, en materia de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma? Que el derecho propio de Canarias es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro. Que el derecho del Estado es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro. Que el derecho del Estado no se aplica en Canarias. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según el EAC, ¿qué significa el principio de territorialidad? El ejercicio de las competencias del Estado desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin perjuicio,
en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera de su
territorio. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin
perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera
de su territorio. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de Canarias, sin
perjuicio, en su caso, de los eventuales efectos que por razón de la competencia ejercida pueda tener fuera
de su territorio, salvo la materia sobre aguas. Ninguna de las anteriores es cierta.
El Parlamento Europeo tiene tres competencias básicas: Legislativa, presupuestaria y de control. Legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Legislativa, jurisdiccional y de control. Legislativa, de control y ejecutiva.
El presidente del Parlamento Europeo es elegido: Para un periodo renovable de dos años y medio. Para un periodo renovable de cuatro años. Para un periodo no renovable de dos años y medio. Para un periodo no renovable de cuatro años.
La regulación de la transparencia y de acceso a la información pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias, está recogida en: Ley (canaria) 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Ley (estatal) 12/2014, de 25 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. Ley (canaria) 12/2014, de 27 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública. Ninguna de las anteriores es cierta.
Según el artículo 3, de la Ley de Ley de la transparencia y de acceso a la información pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, se establecen como sujetos obligados: Los partidos políticos que formen parte de las comisiones correspondientes, organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que
perciban ayudas o subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la
financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario. Los partidos políticos, que formen parte de las comisiones correspondientes, organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales y entidades públicas no privadas que perciban ayudas o subvenciones con
cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para la financiación de sus actividades y funcionamiento
ordinario. Dos de las anteriores son ciertas.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (indique la afirmación
correcta): Es de aplicación en el Servicio del hogar familiar. No será de aplicación en la Policía, seguridad y resguardo aduanero, en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impiden en el ámbito de sus funciones. No será de aplicación en las Administraciones Públicas. Ninguna de las anteriores es cierta.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece su
artículo 2, tiene por objeto: Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Promover la prevención de los riesgos ergonómicos y sociales. Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.
La Constitución española de 1978 (en adelante CE) está compuesta por: 1 preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos y 170 artículos. 1 preámbulo, 1 título preliminar, 11 títulos y 169 artículos. 1 preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos y 169 artículos. 1 preámbulo, 1 título preliminar, 10 títulos y 189 artículos.
Según el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril, sobre el derecho de acceso del interesado: El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando
datos personales que le conciernen. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si no se están
tratando datos personales que le conciernen. El interesado no tendrá derecho a obtener copia del responsable del tratamiento confirmando su
participación de si se están tratando datos personales que le conciernen. Dos de las anteriores son ciertas.
Según el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril, sobre el derecho de acceso del interesado, en lo que se refiere a los datos personales, ¿a qué
información, entre otras, tiene derecho?: Los fines del tratamiento. Las categorías de datos personales de que se trate. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos
personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales. Todas las anteriores son ciertas.
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la asistencia en el uso de medios electrónicos a los
interesados, las Administraciones Públicas deberán garantizar: Que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo
que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones
que en cada caso se determinen. Que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo
que pondrán a su disposición la documentación necesaria en los tablones de anuncio de cada una de sus
oficinas. Que los interesados pueden relacionarse con la Administración a través de medios solo-físicos, para lo que
pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones
que en cada caso se determinen. Ninguna de las anteriores son ciertas.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a
través de medios electrónicos: Sí, siempre No, nunca Sí, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas Dos de las anteriores son ciertas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica al sector público
que comprende: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración Local. El sector público institucional. Todas las anteriores son ciertas.
Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas; Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas. Las Universidades públicas. La Administración General del Estado; Las Administraciones de las Comunidades Autónomas; Las
Entidades que integran la Administración Local. Dos de las anteriores son ciertas.
En la Ley 39/1995, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen
derecho a comunicarse con la Administración Pública a través de: Obligatoriamente mediante la presencia física en las oficinas. Un Punto de Acceso General electrónico Obligatoriamente a través de burofax. Ninguna de las anteriores es cierta.
En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen
derecho: A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en
esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos
que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación
esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela
o curatela. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas las anteriores son ciertas.
Se consideran interesados, entre otros, en el procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus
Estatutos. Dos de las anteriores son ciertas Ninguna de las anteriores es cierta.
Según el artículo 4 del del Reglamento (UE) 2016/679, ¿qué se entiende por tercero?: La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento. La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos
personales Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u organismo distinto del interesado, del responsable
del tratamiento, del encargado del tratamiento y de las personas autorizadas para tratar los datos personales
bajo la autoridad directa del responsable o del encargado La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros,
determine los fines y medios del tratamiento.
En la ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
corresponde al Gobierno de Canarias: La dirección política de su Administración. La dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las anteriores es cierta.
En la ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,
corresponde al Gobierno de Canarias: La planificación de la política económica de la Comunidad Autónoma de Canarias y su coordinación con
las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla y el interés general. La planificación territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias y su coordinación con las políticas
insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán: A instancia de parte. Siempre de oficio. Mediante el correspondiente procedimiento. Dos de las anteriores son ciertas.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se iniciarán por acuerdo de: Las partes interesadas y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que
se encomendará a órganos distintos. Del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
que se encomendará a órganos distintos. Del órgano que se encargue de dictar la resolución correspondiente, y establecerán la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos superiores. Ninguna de las anteriores son ciertas.
Según el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la
Administración Autonómica de Canarias, los reglamentos orgánicos de los Departamentos
determinarán: Las estructuras centrales y territoriales de los mismos, asignando a cada órgano las atribuciones
específicas que les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería. Solo las estructuras territoriales de los mismos, asignando a cada órgano las atribuciones específicas que
les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería Solo las estructuras centrales de los mismos, asignando a cada órgano las atribuciones específicas que
les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería Las estructuras centrales y territoriales de los mismos, asignando a cada representante colegiado, las
atribuciones específicas que les correspondan dentro del área de funciones de la Consejería.
Los proyectos de reglamentos orgánicos, según el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de
organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias se acompañarán,
de la siguiente documentación, entre otras: El análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, con expresión de la cobertura estatutaria y
legal. El análisis coyuntural general de las áreas funcionales afectadas, con expresión de la cobertura estatutaria. Las dos anteriores son válidas. Ninguna de las anteriores es correcta.
¿En qué ley autonómica se encuentra regulado el sector público empresarial de la Comunidad
Autónoma de Canarias? De conformidad con el artículo 2.c) y 2.e) de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública de Canarias, las
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas están reguladas en el Título IV de la
Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. De conformidad con el artículo 2.c) y 2.e) de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública de Canarias, las
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas están reguladas en el Título IV de la
Ley de Hacienda de Canarias. De conformidad con el artículo 2.c) y 2.e) de la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública de Canarias, las
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles públicas están reguladas en el Título IV de la
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Ninguna de las anteriores.
¿Qué norma rige la creación, modificación y supresión de organismos autónomos y entidades
públicas empresariales de la Comunidad Autónoma de Canarias? Se rige por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, además de la Ley 1/1983 del Gobierno
de Canarias y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 212/1991 de
organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias Hasta tanto se proceda a actualizar su normativa reguladora, la creación, modificación y supresión de
organismos autónomos y entidades públicas empresariales, así como su régimen jurídico en lo no previsto en
la Ley 6/2006 de Patrimonio de Canarias y en la Ley 11/2006, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se regirá por lo dispuesto en la normativa estatal, esto es, la Ley 40/2015 del Régimen
Jurídico de Sector Público. Todas las anteriores son ciertas. Ninguna de las anteriores es cierta.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: La ausencia de toda discriminación, directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación, indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Las dos respuestas anteriores son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, al presidente del Gobierno de Canarias como el más alto representante de la
Comunidad Autónoma le corresponde: Nombrar los altos cargos del Tribunal Supremo de la Comunidad Autónoma que las Leyes determinen. Solo podrá nombrar a los presidentes y vicepresidentes, de los correspondientes Cabildos. Nombrar los altos cargos de la Comunidad Autónoma que las Leyes determinen Todas son correctas.
¿La CE considera el derecho al trabajo como un derecho fundamental? Si. No. No es un derecho, es un deber. Ninguna de las anteriores es cierta.
De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una
Universidad Pública es considerada: Una administración pública. Un poder adjudicador. Una entidad del sector público. Todas son correctas.
La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los
órganos de contratación, unipersonales o colegiados que tengan atribuida la facultad de celebrar
contratos en su nombre en virtud de: Norma legal. Norma reglamentaria. Disposición estatutaria. Todas son correctas.
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales: Quedarán obligados solidariamente. Quedarán obligados subsidiariamente. Quedarán obligados patrimonialmente. No quedarán obligados en modo alguno.
Los contratos menores podrán adjudicarse: Utilizando el procedimiento abierto. Directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación Recurriendo al diálogo competitivo Siguiendo el procedimiento negociado.
En relación a las normas generales que rigen la preparación de contratos por las Administraciones
Públicas, indique cuál de las siguientes soluciones no es correcta: La ejecución de una obra de emergencia podrá ordenarse sin tramitar expediente administrativo previo La ejecución de una obra de emergencia podrá ordenarse aún sin la existencia de crédito suficiente En una tramitación de urgencia, el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes
contado desde la adjudicación En la tramitación de urgencia, los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos
órganos que intervengan en la tramitación.
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de
concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 2.548.000 euros. 3.548.000 euros. 4.548.000 euros. 5.382.000 euros.
De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del
sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores será el competente para resolver: El orden jurisdiccional civil. El orden jurisdiccional social. El orden jurisdiccional penal. El orden jurisdiccional administrativo.
En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y
de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones
de carácter intelectual, se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado, en el cual: Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 1% del importe de adjudicación del contrato. Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del precio del contrato. Se exigirá a los licitadores el requisito de la clasificación Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Son causas de resolución del contrato administrativo (señala la incorrecta): La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de
la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista La declaración de concurso o la declaración de insolvencia únicamente cuando suceda en el mismo
procedimiento El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad: No se podrá delegar Se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar Se podrá delegar si así se establece en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares Ninguna es correcta.
|
