A2.2004 OEP 2018 - Estabilización 2017/2019

En el articulado recogido en el título preliminar de la Constitución podemos encontrar que: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la unidad nacional, la transparencia y el pluralismo político. La forma política del Estado español es la Monarquía social y democrática de Derecho. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, amarilla, roja y amarilla, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en relación a la tramitación de quejas ante esta Institución, dispone que: Toda queja se presentará firmada por el interesado en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma. Podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo cualquier autoridad administrativa en asuntos de su competencia. El Defensor del Pueblo admitirá las quejas anónimas. Las decisiones del Defensor del Pueblo tras la tramitación de una queja son susceptibles de recurso.

Respecto a la federación de Comunidades Autónomas, dispone la Constitución que: En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. Se admitirá la federación de Comunidades Autónomas cuando esté previsto en los respectivos estatutos de autonomía. Se admitirá la federación de Comunidades Autónomas con la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Se admitirá la federación de Comunidades Autónomas con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y su posterior ratificación mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

Según el artículo 141 de la Constitución, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada: Por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Por el Congreso de los Diputados mediante ley. Por el Gobierno mediante decreto ley. Por las Cortes Generales mediante ley marco.

De conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, todos los Municipios, cualquiera que sea su número de habitantes, deberán prestar el servicio de: Medio ambiente urbano. Biblioteca pública. Pavimentación de las vías públicas. Parque público.

¿En qué título de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se regulan las competencias de la Comunidad Autónoma?. En el Título 1. En el Título It. En el Título VI. En el Título X.

Dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, respecto de los períodos ordinarios de sesiones del Parlamento que: El primero se iniciará en septiembre y el segundo en enero. El primero se iniciará en noviembre y el segundo en febrero. El primero se iniciará en octubre y el segundo en enero. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero.

El artículo 36 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone que la presidencia de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras corresponderá a: La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Presidencia. La persona titular de la Consejería competente en materia de Presidencia. La persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía. La persona que reglamentariamente se determine.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas tendrán rango de: Viceconsejero. Secretario General. Director General. Subdirector General.

¿Dónde se encuentra la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. Estrasburgo. Bruselas. Luxemburgo. Francfurt.

¿Cuál de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos permite financiar proyectos de transporte y medio ambiente en países cuya renta nacional bruta (RNB) per cápita sea menor que el 90% de la media de la UE?. Fondo de Cohesión (FC). Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Fondo Social Europeo (FSE).

¿A quién corresponde el control del sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican, según lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución?. Alas Cortes Generales. Al Gobierno. Al Consejo General del Poder Judicial. Alos Tribunales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las personas titulares de las Consejerías: Tienen potestad reglamentaria en lo relativo a la organización y materias internas de las mismas. No podrán dictar reglamentos porque el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a las Cortes Generales de acuerdo con la Constitución. No podrán dictar reglamentos porque el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. Podrán dictar reglamentos sin limitación alguna porque el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a las personas titulares de las Consejerías de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes.

El artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge el llamado principio de inderogabilidad singular del reglamento al disponer que: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las disposiciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una resolución de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la resolución. Son nulas las disposiciones reglamentarias que vulneren lo establecido en una resolución administrativa. Contra las resoluciones administrativas no cabrá recurso en vía administrativa.

Dispone el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento que: Siempre suspenderán la tramitación del procedimiento. Suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación,. En ningún caso suspenderán la tramitación del procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: En cualquier momento. De oficio, pero no a instancia de los interesados que disponen del recurso administrativo para ello. Siempre que tal rectificación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

En relación a la garantía provisional, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone en su artículo 106 que en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas: Nunca podrá ser exigida garantía provisional. No procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantía provisional será de un 5 por 100 del precio final ofertado por los licitadores, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que se preste una garantía provisional no inferior al 5 por 100 del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo dicha garantía provisional alcanzar un 10 por 100 del citado precio.

El artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa, establece que una vez determinado el justo precio se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo máximo de: Dos meses. Tres meses. Seis meses. Un año.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración: No superior a un año. No superior a dos años. No superior a tres años. No superior a cinco años.

El artículo 35 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, dispone que los correspondientes anteproyectos de estado de gastos serán remitidos a la Consejería competente en materia de Hacienda: Antes del día 1 de junio de cada año. Antes del día 1 de julio de cada año. Antes del día 1 de agosto de cada año. Antes del día 1 de septiembre de cada año.

El artículo 178 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía, recoge que se cede a la Comunidad Autónoma de Andalucía con carácter parcial el rendimiento de: El Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. El Impuesto sobre el Patrimonio. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los Tributos sobre el Juego.

¿Qué órgano administrativo de la Junta de Andalucía tiene actualmente atribuidas las funciones relacionadas con la estrategia y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en las administraciones públicas de la Junta de Andalucía?. La Dirección General de Política Digital. La Dirección General de Administración Electrónica. La Dirección General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto. La Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, preceptúa que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las entidades locales, formulará y aprobará un Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, ¿con qué periodicidad?. Con una periodicidad de dos años. Con una periodicidad que no será inferior a tres años. Con una periodicidad que no será inferior a cuatro años. Con una periodicidad de cinco años.

De acuerdo con el artículo 1 bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, el concepto de víctima de violencia de género NO incluye a: Las personas mayores que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados. La mujer que, por el hecho de serlo y siempre que no sea menor de edad, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución en el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública será de: 10 días hábiles. 15 días hábiles. 20 días hábiles. 1 mes.

De acuerdo con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, cuando la competencia de supervisión y control no sea estatal y se detecte incumplimiento de normas de producción o requisitos del producto, qué autoridad adoptará medidas sancionadoras: La autoridad de destino. La autoridad de origen. La autoridad que detecte el incumplimiento. Tanto la autoridad de origen como de destino podrán adoptarlas.

El Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, establece como infraestructura común para la calidad y seguridad industrial a las entidades u organismos que se encuadren en la categoría de: Organismos de control. Entidades de certificación. Laboratorios de ensayo. Entidades de normalización.

29, Según la normativa reguladora del registro integrado industrial, las personas físicas o jurídicas que realicen actividades no sujetas a autorización, declaración responsable o comunicación: Podrán aportar datos sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, una vez iniciada la actividad. Deberán aportar una memoria sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, una vez iniciada la actividad. Deberán aportar modelo de formulario sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de un mes una vez iniciada la actividad. No se inscribirán aunque aporten los datos.

Según el Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (reglamento CLP), las Frases "H" sobre indicaciones de peligro codificadas como H3XX, siendo XX dos números que corresponden a la numeración consecutiva de los peligros, corresponden a: Peligros físicos. Peligros para la salud. Peligros para el medio ambiente acuático. Peligros para el medio ambiente.

De acuerdo con el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10, una instalación que no pueda cumplir las prescripciones establecidas en las ITCs: No podrá ejecutarse. Se podrá autorizar por el Ministerio competente en materia de industria. Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, si dispone de informe favorable de un organismo de contro! habilitado. Se podrá autorizar por el órgano competente en materia de industria de la Comunidad Autónoma, si dispone de informe favorable de un técnico competente.

Según la ¡TC MIE APQ-10 «Almacenamiento en recipientes móviles» del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, para la prevención de derrames en el caso de productos químicos líquidos, la capacidad mínima del sistema de retención será la mayor entre: El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 20 % de la capacidad total almacenada. El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 15 % de la capacidad total almacenada. El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 10 % de la capacidad total almacenada. El 100 % de la capacidad del recipiente mayor y el 5 % de la capacidad total almacenada.

El Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores, establece en su Anexo V, Inspección final de los ascensores, que entre otros se efectuará un ensayo estático con una carga de: 1,1 veces la nominal. 1,2 veces la nominal. 1,25 veces la nominal. 1,35 veces la nominal.

Según la Instrucción Técnica Complementaria AEM 4 "Ascensores", las empresas conservadoras de ascensores deben garantizar la corrección de las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como de las consecuencias que de ellas se deriven, durante un periodo de: 2 años. 1 año. 6 meses. 3 años.

Las botellas de equipos respiratorios autónomos reguladas por la ITC EP-5 del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (REP), deberán ser inspeccionadas en un centro de inspección periódica de botellas: Cada año. Cada dos años. Cada tres años. Cada cinco años.

Para la comunicación de la puesta en servicio en Andalucía de la instalación de un depósito criogénico de oxígeno líquido de 2.000 litros, de acuerdo con la ITC EP-4 del REP y la Orden de 5 de marzo de 2013, por la que se dictan normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, la documentación a presentar será: Proyecto, certificado de dirección técnica, certificado de empresa instaladora, documentos de los equipos a presión y certificado de inspección inicial por organismo de control si PxV>25.000. Proyecto, certificado de dirección técnica, certificado de empresa instaladora, documentos de los equipos a presión y certificado de inspección inicial por organismo de control si PxV>10,000. Esquema de principio, certificado de empresa instaladora y documentos de los equipos a presión. Proyecto, certificado de dirección técnica, certificado de empresa instaladora, documentos de los equipos a presión y certificado de prueba de estanqueidad o vacío según proceda.

Según el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, y en relación al cambio del refrigerante en una instalación existente, si la presión máxima de servicio del nuevo refrigerante es igual o inferior a la presión máxima admisible (PS) del sistema y el fluido pertenece al mismo grupo de riesgo, indicar la respuesta correcta: Se considerará modificación y requerirá presentar memoria/proyecto. Se considerará modificación y requerirá presentar certificado de instalación. No se considerará modificación y requerirá presentar certificado de instalación. No se considerará modificación y no requerirá presentar certificado de instalación.

Según el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobado por el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, con carácter general, la cuantía mínima del seguro de responsabilidad civil que deberá contratar el titular para cubrir los riesgos de una instalación frigorífica de Nivel 2 que utilice refrigerantes de media y baja seguridad (L2 o L3), será: 500.000 €. 600.000 €. 300.000 €. 900.000 €.

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, no se incluyen: Motores eléctricos. Accesorios de elevación. Sistema de accionamiento. Componentes de seguridad.

Según el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, respecto al marcado de las máquinas del punto 1.7.3 del Anexo l, indicar qué información no será obligatoria que figure en el mismo: El número de serie, si existe. Designación de la máquina. Año de fabricación. Potencia en kW.

De acuerdo con Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, el fabricante de una cuasi máquina deberá, antes de la comercialización: Redactar la declaración CE de conformidad. Elaborar instrucciones de montaje. Colocar el marcado CE. Facilitar las instrucciones.

Cuando en el desarrollo reglamentario de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, se establece por parte de la misma, una vida útil para un determinado instrumento de medida, estaremos hablando de: Fase de control metrológico de instrumentos en servicio. Verificación periódica. Fase de puesta en servicio. Fase de evaluación de la conformidad.

De acuerdo con la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida, el plazo de verificación periódica de los manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor es de: No está regulado dicho plazo. 1 año. 2 años. 3 años.

Indicar la respuesta correcta respeto a la “evaluación técnica europea” contemplada en el Reglamento (UE) n* 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo: Documento adoptado por la organización de los organismos de evaluación técnica. Es aprobada por la Comisión Europea previa consulta al Comité Permanente de la Construcción,. Permite colocar el marcado CE a un producto que no tenga norma armonizada. Evaluación de las prestaciones de un producto respecto una norma armonizada.

En relación al “nuevo enfoque” sobre la armonización de la legislación europea de los productos, encontramos como uno de sus elementos principales la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, actualmente basada en la serie de normas armonizadas: EN ISO/IEC 17000. EN ISO/IEC 45000. EN ISO/IEC 9000. EN ISO/IEC 18000.

Según el Informe 2019 del sistema eléctrico español que realiza Red Eléctrica de España (REE), ¿qué tecnología de generación es la que contribuyó con más energía al balance del sistema peninsular?. Ciclo combinado. Nuclear. Cogeneración. Eólica.

De acuerdo con el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, con carácter general, los promotores de las instalaciones de generación de electricidad que han obtenido los permisos de acceso y de conexión, ¿qué plazo tienen para obtener la autorización de explotación antes de que se produzca la caducidad de estos permisos?. 5 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología hidráulica de bombeo. 4 años, pudiendo extenderse dos más para proyectos de tecnología eólica ubicados en el mar. 3 años, pudiendo extenderse uno más para proyectos de tecnología novedosa. Los permisos de acceso y de conexión tienen una vigencia indefinida.

Los puntos de entrada de gas natural canalizado por los que llega el gas directamente desde los yacimientos internacionales a la península situados en Andalucía son: Planta de Huelva y Magreb-Europa en Tarifa. MEDGAZ en Cádiz y ENAGAS en Almería. Poseidón en Cádiz y El Romeral en Almería. Magreb-Europa en Tarifa y MEDGAZ en Almería.

Los Proveedores de Servicios Energéticos, regulados mediante el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía: Deberán tener seguro de responsabilidad civil por una cuantía mínima de 150.000 euros. Se darán de alta en el Registro Administrativo de Proveedores de Servicios Energéticos de la Junta de Andalucía. Requieren autorización administrativa previa al inicio de su actividad. Deberán solicitar su renovación cada 5 años.

La Estrategia Energética de Andalucía 2020 aprobada por el Acuerdo de 27 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, NO fija como uno de sus objetivos: Reducir un 25% el consumo tendencial de energía primaria. Aportar con energías renovables el 20% del consumo final bruto de energía. Autoconsumir el 5% de la energía eléctrica generada con fuentes renovables. Mejorar en un 15% la calidad de suministro energético.

El operador del mercado eléctrico, conforme se establece en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: Gestiona la red de transporte primario constituida por instalaciones eléctricas con tensiones nominales iguales o superiores a 380 kV. Tiene como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico,. Realiza la casación de las ofertas de venta y de adquisición partiendo de la oferta más barata hasta igualar la demanda en cada período de programación. Es la sociedad mercantil Red Eléctrica de España (REB).

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos, indica que las instalaciones que únicamente utilicen la radiación solar como energía primaria mediante la tecnología fotovoltaica pertenecen a la siguiente categoría, grupo o subgrupo: Grupo c.2. Subgrupo b.1.1. Categoría fv.1. Subgrupo b.2.1.

Según la ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión aprobado por Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, los valores admisibles de la tensión de paso aplicada entre los dos pies de una persona, considerando únicamente la propia impedancia del cuerpo humano, se define como: 2,5 veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 2,5 Uca). 10 veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 10 Uca). 30 veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 30 Uca). 40 veces el valor admisible de la tensión de contacto aplicada, (Upa = 40 Uca).

El titular de una línea de alta tensión que da servicio a un solo abonado y no es propiedad de empresa distribuidora o transporte, con tensión nominal menor o igual a 30 kV, deberá presentar para su puesta en servicio: Memoria técnica de diseño y certificado de instalación. Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y certificado de inspección inicial. Memoria técnica de diseño, certificado de instalación y contrato de mantenimiento. Proyecto, certificado de instalación, certificado final de obra y contrato de mantenimiento,.

Según define la ITC-BT-23 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (REBT/2002), ¿qué categoría se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija?. Categoría |. Tipo 3. Categoría 111. Categoría IV.

Conforme a la ITC-BT-28 del REBT/2002, se consideran locales de pública concurrencia: Los locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y BD4, según la norma UNE 20.460-3. Las oficinas con presencia de público si la ocupación prevista es de más de 25 personas. Las guarderías solo si la ocupación prevista es de más de 50 personas. Los gimnasios cualquiera que sea la ocupación prevista.

Según la ITC-BT-52 del REBT/2002, en aparcamientos o estacionamientos colectivos de edificios en régimen de propiedad horizontal de nueva construcción: Se instalará un circuito exclusivo para la recarga de vehículo eléctrico. Se dejará efectuada como minimo la preinstalación eléctrica para la recarga de vehículo eléctrico. Se instalará una acometida exclusiva para la recarga de vehículo eléctrico. Las instalaciones eléctricas para la recarga de vehículos eléctricos deben seguir el esquema de instalación 4a descrito en dicha ITC.

El Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, se aplicará a las instalaciones incluidas en la instrucción técnica complementaria del Reglamento electrotécnico para baja tensión de: Alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC-BT-09, siempre y cuando su potencia instalada sea superior a 25 kW. Alumbrado público, a las que se refiere la ITC-BT-09, siempre y cuando su potencia contratada sea superior a 25 kW. Las de fuentes, objeto de la |TC-BT 31, siempre y cuando produzcan deslumbramientos. Alumbrados festivos y navideños, contempladas en la ITC-BT-34, siempre y cuando su potencia instalada sea superior a 1 kW.

Las existencias mínimas que tienen la obligación de mantener los sujetos que intervienen en el sector de gas natural, respecto a los días de sus ventas o consumos de carácter firme, se fija en: 100 días. 92 días. 90 días. 20 días.

De acuerdo con el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para suministro a vehículos", las instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos requieren: Un extintor de eficacia extintora mínima 144B a menos de 15 m de cada surtidor en instalaciones en el interior de edificios. Disponer de un extintor de polvo sobre carro de 40 Kg a menos de 10 m durante la operación de descarga del camión cisterna. La instalación de un hidrante en instalaciones mixtas con GLP. Sistema fijo de detección y extinción de incendios en la parte de las instalaciones que funcionen en algún momento en régimen desatendido.

La inspección técnica periódica de los vehículos de categoría M2 y M3, en función de la antigúedad, deberá efectuarse con la siguiente frecuencia: Hasta 3 años, exento; y de más de 3 años, bienal. Hasta 4 años, exento; de más de 4 años, bienal; y de más de 10 años, anual. Hasta 5 años, anual; y de más de 5 años, semestral. Hasta 6 años, anual; y de más de 6 años, semestral.

Conforme se establece en el Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), la definición de "unidad cuya caja esté construida con paredes aislantes rígidas, con inclusión de puertas, piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja", corresponde a: Unidad calorífica. Unidad isoterma. Unidad refrigerante. Unidad frigorífica.

Según el Real Decreto 1085/2009, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, son de tipo 2 las instalaciones: Con equipos de diagnóstico dental intraoral o podológico y de densitometría ósea. Con equipos de TC, radiología intervencionista, mamografía, equipos quirúrgicos y equipos móviles. Con equipos de diagnóstico general, veterinario y dental no intraoral,. De tipo 1 o 3 que tengan algún equipo incluido en la definición de tipo 2.

Según el artículo 6 del Decreto 10/2020, de 3 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, corresponde a la Comisión Permanente el ejercicio de una de las siguientes funciones: Homologar los planes especiales de emergencia. Homologar los planes específicos de emergencia. Homologar los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal, sin perjuicio de las funciones atribuidas a las Subcomisiones Provinciales, en su caso. Homologar los planes territoriales de emergencia de ámbito supramunicipal, sin perjuicio de las funciones atribuidas a las Subcomisiones Provinciales, en su caso.

Según establece el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los industriales de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto: Tan pronto como se origine un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave, deben informar de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de industria. Deberán elaborar un Plan de Emergencia Exterior, sea un establecimiento de nivel inferior o de nivel superior. Deberán elaborar un Plan de Emergencia Exterior, si se trata de un establecimiento de nivel superior. Deberán definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves así como plasmarla en un documento escrito.

El Informe de seguridad al que se hace referencia en el artículo 4 del Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, contendrá: Información básica para la elaboración de planes de emergencia interior. Evaluación de los sistemas inspeccionados existentes en el establecimiento. Información sobre la política de prevención de accidentes graves y el sistema de gestión de seguridad. Información básica para la elaboración del plan de autoprotección.

El Real Decreto 2267/2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en Establecimientos Industriales, ¿contempla la posibilidad de sustituir el proyecto por una memoria técnica?. Sí, en caso de establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2,. Sí, en las ampliaciones o reformas a las que les sea de aplicación el reglamento citado, siempre que no impliquen un aumento de la superficie ocupada. Sí, en el caso de actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 20 Mcal/m? y superficie Útil igual o inferior a 60 m2,. No, siempre se requerirá la presentación de un proyecto.

Según establece el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se considera que una Sociedad Anónima adquirirá personalidad jurídica: Con la inscripción en el Registro Mercantil. Desde el momento en que haya sido otorgada la escritura pública de constitución correspondiente ante notario. Una vez que la escritura de constitución de la sociedad sea otorgada por todos los socios fundadores, de por sí o por medio de representante. Cuando haya quedado válidamente constituida la junta general de accionistas.

Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, indique cuáles de los instrumentos de planeamiento o de gestión urbanística que se relacionan deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica: Planes Especiales que tengan por objeto la creación y reserva de suelo dotacional destinado a infraestructuras de saneamiento. Estudios de Detalle. Proyectos de Urbanización. Planes Parciales que desarrollen determinaciones de instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece un plazo máximo de dos años para la aprobación del plan o programa o para comenzar la ejecución del proyecto o iniciar la actividad, contados desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tras los cuales perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, para una de las resoluciones o informes siguientes: Autorización Ambiental Integrada. Autorización Ambiental Unificada. Declaración Ambiental Estratégica. Informe Ambiental Estratégico.

Conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, cada uno de los Documentos de Conclusiones sobre las Mejores Técnicas Disponibles (MTD), que se extraen de los Documentos de Referencia Europeos sobre las Mejores Técnicas Disponibles (BREFs): Se aprueba mediante Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo y es de obligado cumplimiento por las instalaciones en un plazo de 4 años desde su entrada en vigor. Es aprobado mediante Directiva del Consejo Europeo y es de obligado cumplimiento por las instalaciones en un plazo de 2 años desde su entrada en vigor. Se aprueba mediante Directiva de la Comisión Europea, y es de obligado cumplimiento por las instalaciones en un plazo de 4 años desde su entrada en vigor. Se aprueba mediante Decisión de Ejecución de la Comisión Europea y es de obligado cumplimiento por las instalaciones en un plazo de 4 años desde su entrada en vigor.

Según el Artículo 13 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, un ciudadano español ¿podrá solicitar información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas?. Sí puede solicitarla, pero, si se trata de información que forma parte de un expediente, esta le puede ser denegada. No puede solicitarla si no demuestra ser parte interesada en el expediente administrativo en el que se encuentra la información correspondiente solicitada. Sí puede solicitarla, aunque, si el acceso a la información solicitada supone la localización de especies amenazadas que pudieran ponerse en peligro, le puede ser denegada. Si puede, ya que la solicitud de acceso a la información no puede denegarse en ningún caso pues ello supondría una vulneración del derecho de acceso a la información ambiental reconocidos en la citada Ley.

El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, establece en su artículo 42.1 que es exigible un Estudio Acústico: A los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones cuyos niveles de potencia sonora sean iguales o superiores a 65 dBA. A los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 65 dBA. A los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones cuyos niveles de potencia sonora sean iguales o superiores a 70 dBA. A los proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y vibraciones que generen niveles de presión sonora iguales o superiores a 70 dBA.

La técnica de espectroscopía infrarroja no dispersiva que se establece en el Anexo VII del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, es el método de referencia: Que permite la determinación directa de metales y metaloides en partículas atmosféricas. Empleado para la monitorización del dióxido de azufre. Empleado para la toma de muestras y análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente. Empleado para la medición de monóxido de carbono.

En virtud del artículo 6 del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, el órgano competente podrá eximir a las instalaciones de la realización total o parcial de controles de emisiones: En focos de emisiones canalizados. En focos de emisiones no canalizados. En focos de emisiones sistemáticas. En focos de emisiones no sistemáticas.

Según el del artículo 47 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, que aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, las personas físicas o jurídicas que actúen por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidas aquellas que no tomen posesión física de los mismos, para poder operar requieren una de las siguientes figuras administrativas: Comunicación previa como negociante de residuos. Comunicación previa como agente de residuos. Notificación previa como negociante de residuos. Notificación previa como agente de residuos.

El artículo 13 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, establece que la utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado (en lugar de utilizar para ese fin recursos naturales) podrá ser considerada: Una operación de valorización, siendo solamente necesario que así lo haya declarado el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. Una operación de eliminación, siendo solamente necesario que así lo haya declarado el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. Una operación de valorización, siendo necesario tanto la declaración del órgano competente en materia medioambiental como que la operación se realice por un gestor de residuos. Una operación de eliminación de residuos en vertedero, siendo necesario tanto la declaración del órgano competente en materia medioambiental como que la operación se realice por un gestor de residuos.

El Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, establece en su artículo 3 que en todos los traslados de residuos que dicho Real Decreto regula siempre se debe disponer, sin excepción alguna, de: El contrato de tratamiento. El documento de identificación. El contrato de tratamiento y el documento de identificación. El contrato de tratamiento, el documento de identificación y la notificación previa al traslado.

El artículo 5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, señala que los criterios específicos que deberán cumplir determinados tipos de residuos, que hayan sido sometidos a una operación de valorización, incluido el reciclado, para que puedan dejar de ser considerados como tales, se podrán establecer: Por orden del Ministro para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Mediante disposiciones normativas con fuerza de Ley, aprobadas por las Comunidades Autónomas. Mediante reglamento dictado por la administración autonómica, aprobado por decreto. Por orden del Ministro de Industria, Comercio y Turismo, previa consulta a la Comisión de coordinación en materia de residuos.

El artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación con el otorgamiento de concesiones de ocupación en el dominio público maritimo-terrestre adscrito, establece: Que dicho otorgamiento es una competencia de la Comunidad Autónoma. Que dicho otorgamiento es una competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y del Mar. Que dicho otorgamiento es una competencia de cada uno de los Ayuntamientos afectados. La prohibición de otorgar concesiones en el dominio público marítimo-terrestre adscrito.

El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, establece en su artículo 105 que, cuando la autorización de vertido en cuencas intercomunitarias se hubiera integrado en la autorización ambiental integrada, el Organismo de cuenca podrá acordar la iniciación del procedimiento de revocación de la autorización de vertido, en caso de incumplimiento de alguna de sus condiciones, comunicándolo a la Comunidad Autónoma mediante un informe de carácter: Informativo. Preceptivo y vinculante. Preceptivo y no vinculante. No vinculante.

El plazo previsto en el Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, para tramitar una autorización de vertido, desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, es: Un año, cualquiera que sea el procedimiento. Un año para el procedimiento general y seis meses en el procedimiento simplificado. Un año para el procedimiento general y seis meses en el procedimiento simplificado, pero el cómputo de los plazos se interrumpe durante los requerimientos de información al solicitante. Seis meses en el procedimiento general y cuatro meses en el simplificado.

El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, será de: 3 meses para las leves y 6 meses para las graves y muy graves. 6 meses para las leves y 12 meses para las graves y muy graves. 2 meses para las leves y 4 meses para las graves y muy graves. 1 mes para las leves y 3 meses para las graves y muy graves.

A efectos del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, se considera “vehículo de movilidad personal”: Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior a 75 emS, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg, y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Bicicletas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia máxima inferior o igual a 250 W, que disminuye progresivamente y que finalmente se interrumpe antes de que la velocidad del vehículo alcance los 20 km/h.

Conforme con el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las asociaciones de consumidores no podrán: Ser declaradas de utilidad pública. Percibir ayudas y subvenciones públicas. Incluir como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro. Integrarse en el Consejo de Consumidores y Usuarios.

Según el artículo 38 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, son órganos consultivos, de participación, de mediación, de diálogo y de concertación en materia de defensa de los consumidores, recibiendo para ello el apoyo necesario de la Administración de la Junta de Andalucía: Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Las Juntas Arbitrales de Consumo. El Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Provinciales de Consumo. Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

En el marco de las disposiciones del capítulo 4 del Título IV del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales: Solo entre Estados miembros. Solo entre Estados miembros y terceros países. Solo entre terceros países. Entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países.

Según el artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el asunto a: La Comisión. El Consejo Europeo. El Parlamento Europeo. El Consejo de la Unión Europea.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como “riesgo laboral”: Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. La situación prolongada en el tiempo que influya en la magnitud de los daños a los que pueda estar expuesto el trabajador. Cualquier actividad, operación o proceso que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origine riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de: Un plan de información, consulta y participación de los trabajadores. La planificación de las actividades de seguridad y salud laboral. Un plan de prevención de riesgos laborales. Un programa de organización de los recursos preventivos.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 156.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán la consideración de accidentes de trabajo: Los acaecidos en actos de salvamento aún cuando no tengan conexión con el trabajo. Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical.

Conforme a lo establecido en el Anexo | del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos se engloban dentro del: Grupo 1. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4.

94, Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan de seguridad y salud en el trabajo: Se elevará para su aprobación, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, a la Autoridad laboral competente. Deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Se elevará para su aprobación, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, a la Administración pública que haya adjudicado la obra. Deberá ser aprobado por el contratista principal, previo informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

En relación con las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales incluidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la alteración o el falseamiento, por las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, del contenido del informe de la empresa auditada, se considera: Infracción leve. Infracción grave. Infracción muy grave. No está calificado como infracción.

El artículo 2 del Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos, relaciona entre los efectos biofísicos directos: Efectos térmicos, efectos no térmicos y corrientes en las extremidades. Interferencias con dispositivos médicos electrónicos implantados en el cuerpo. Activación de dispositivos electro-explosivos. Riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos en campos magnéticos estáticos.

A efectos del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, referidos a los niveles de exposición diaria y a los niveles de pico, se fijan respectivamente en: 80 dB (A) y 135 dB. 85 dB (A) y 137 dB. 87 dB (A) y 140 dB. 90 dB (A) y 143 dB.

Según el Anexo IV del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el nivel mínimo de iluminación en vías de circulación será: 25 lux en las de uso ocasional. 75 lux en las de uso habitual. 100 lux en las de uso ocasional. 175 lux en las de uso habitual.

A efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se clasifica como agente biológico del grupo 1 aquel que: Causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad. Puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad. Resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre. Puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo: Dentro de los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la evaluación inicial de riesgos laborales. Dentro de los 24 meses siguientes al momento en que se disponga de la evaluación inicial de riesgos laborales. Dentro de los 12 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva. Dentro de los 24 meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.

Señale la opción CORRECTA en relación con los Servicios de Prevención Propios, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: Constituirán una unidad organizativa especifica y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. Deberán constituirse cuando se trate de empresas que cuenten con más de 200 trabajadores. Deberán ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria. Habrán de contar, como mínimo, con tres de las especialidades o disciplinas preventivas.

En el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, indique cuál de los siguientes actúa como centro de referencia nacional ante las instituciones europeas, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.

De acuerdo con el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, la admisión de residuos en un vertedero (en caso de residuos de producción regular) debe seguir un procedimiento jerarquizado desglosado en tres niveles de control con el siguiente orden: Verificación in situ, Pruebas de Cumplimiento y Caracterización Básica. Caracterización Básica, Verificación in situ y Pruebas de Cumplimiento. Pruebas de Cumplimiento, Verificación in situ y Caracterización Básica. Caracterización Básica, Pruebas de Cumplimiento y Verificación in situ.

Según el Anexo lll, inspecciones periódicas, del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (REP), las tuberías con fluidos del grupo 1 se someterán a las siguientes inspecciones: Nivel B cada 6 años y nivel C cada 12 años. Nivel B cada 6 años y nivel C no obligatoria. Nivel B cada 12 años y nivel C no obligatoria. Solo nivel C cada 12 años.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, los interesados solo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Antes de que transcurra un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Antes de que transcurra un año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

A los valores obtenidos por equipos de medición en continuo a los que se les ha restado la incertidumbre o intervalo de confianza, y que son los valores empleados para determinar los valores medios diarios, la IT-ATM-13 de la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas, los denomina: Valores validados. Valores válidos. Valores corregidos. Valores calibrados,.

Entre las competencias de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, recogidas en el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, NO se encuentra: Las autorizaciones, registros y acreditaciones de entidades y personas en materia de prevención de riesgos laborales. La investigación de las causas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Las competencias sancionadoras por infracciones en materia de seguridad y salud laboral, sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos por razón de su cuantía. La gestión y mantenimiento del Registro de Certificados de Profesionalidad.