AAA12

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Título del test:
AAA12

Descripción:
A12 - Viol

Autor:
roxa
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Fecha de Creación:
13/09/2018

Categoría:
Arte
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Temario:
En materia de políticas de igualdad de género, hay que excluir la siguiente normativa reguladora: Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Orden APU/526/05, de 7 de marzo, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 4-3- 2005, por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado. LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. LO 4/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 4-3-2005, aprobó un Acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, en virtud del cual se establecen una serie de ellas, entre las cuales hay que excluir la siguiente: Todas las convocatorias de los procesos selectivos para el acceso al empleo público incluirán, en su caso, la mención a la infrarrepresentación de personas de alguno de los dos sexos. Se reservará al menos un 50 % de las plazas en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado para adjudicarlas a las mujeres que reúnan los requisitos exigidos en las convocatorias. Todos los temarios aprobados para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público incluirán temas relativos a la normativa vigente en materia de igualdad de género. En la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación, se procurará guardar la proporcionalidad con la representación que cada género tenga en el grupo de titulación correspondiente.
El Consejo de Ministros en su reunión de 4-3-2005 adoptó, a propuesta del MAP (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública), un Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, en virtud del cual se establecen un conjunto de medidas para eliminar los obstáculos que todavía se constatan para garantizar en la práctica la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño del servicio público. Tales medidas afectan a una serie de ámbitos, entre de los que hay que excluir uno: Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas que trabajen en la Administración General del Estado. Medidas contra la violencia de género en la Administración General del Estado. Iniciativas para promover el valor de la igualdad de género en la Administración General del Estado. Medidas de estudio, evaluación e impacto de la trayectoria profesional, familiar y social por sexo de los empleados públicos y desarrollo del principio de igualdad de género y familiar.
Las medidas de protección integral contra la violencia de género están recogidas en: LO 1/2004, de 28 de diciembre. RD 1095/2005, de 18 de diciembre. LO 1/2005, 8 de diciembre. RD 1885/2004, de 9 de octubre.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar una serie de fines, entre los que hay que excluir el siguiente: Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil y militar actúan contra la violencia de género. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
De manera inmediata a la entrada en vigor de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género se pondrá en marcha un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención y Prevención de la Violencia de Género que como mínimo recoja una serie de elementos, del que hay que excluir uno. Señálelo: Que introduzca en el escenario social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva de las relaciones de género. Dirigido exclusivamente a mujeres, desde un trabajo comunitario e intercultural. Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones. Controlado por una Comisión de amplia participación, que se creará en un plazo máximo de un mes, en la que se ha de asegurar la presencia de los afectados, las instituciones, los profesionales y de personas de reconocido prestigio social relacionado con el tratamiento de estos temas.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género recoge una serie de derechos de las mujeres víctimas de tal violencia, entre los que se encuentran los relativos a: Derecho a la información, asistencia social integral y asistencia jurídica. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. Derechos de las funcionarias públicas y derechos económicos. Todas las respuestas son correctas.
Entre los derechos de las funcionarias públicas contemplados por la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género no se encuentra el siguiente: Derecho de la funcionaria víctima de violencia de genero a una reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo. Derecho de la funcionaria víctima de violencia de género a la movilidad geográfica de centro de trabajo. Derecho de la funcionaria víctima de violencia de género a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica. Derecho de la funcionaria víctima de violencia de género a ausentarse, de manera total o parcial, del trabajo durante dos meses por cada año efectivo de prestación de servicios, siempre que se derive de la situación física o psicológica sufrida.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se compone de: 78 artículos (distribuidos a lo largo de 1 título preliminar y 8 títulos), 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 8 disposiciones finales y 1 disposición derogatoria. 78 artículos, distribuidos a lo largo de 1 título preliminar y 8 títulos. El principio de igualdad en el empleo público es desarrollado en el título VI. 80 artículos (distribuidos a lo largo de 1 título preliminar y 8 títulos), 31 disposiciones adicionales, 11 disposiciones transitorias, 8 disposiciones finales y 1 disposición derogatoria. 78 artículos, habiendo entrado en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, el 29-3-07.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género establece que la Administración penitenciaria realizará: Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Programas específicos para internos procesados por delitos relacionados con la violencia de género. Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, debiendo las Juntas de Tratamiento valorar, en las progresiones de grado, concesión de permisos, salidas programadas y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos referidos. Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, debiendo las Juntas de Tratamiento valorar, en las clasificaciones iniciales, concesión de cualquier tipo de salida y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos referidos.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define el concepto de discriminación directa del siguiente modo: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Situación que conlleva un comportamiento que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Situación que conlleva un comportamiento realizando en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 4-3-2005, aprobó un Acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, en virtud del cual se establecen una serie de ellas relacionadas con la lucha contra la violencia de género en la Administración, entre las cuales hay que excluir la siguiente: Se modificará el Reglamento de Situaciones Administrativas para introducir una modalidad de excedencia con reserva de plaza por violencia de género Se tipificará en el Reglamento de Régimen Disciplinario el acoso sexual en las relaciones profesionales de los funcionarios públicos. Se adoptarán las medidas correspondientes para hacer efectivo el derecho preferente en la provisión de puestos de trabajo de las empleadas públicas que hayan sido víctimas de violencia de género. Se modificará la Ley 30/1984, de 2 de agosto, para introducir un supuesto específico de concesión de permiso a las mujeres víctimas de violencia de género, consistente en cuatro meses por cada año efectivo de ejercicio profesional.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece una serie de afirmaciones entre las que hay que excluir una. Señálela: El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Tal regla no admite excepción alguna. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella designarán a sus representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, nacionales o internacionales, de acuerdo con el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella observarán el principio de presencia equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los consejos de administración de las empresas en cuyo capital participe.
Por Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, creándose el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que depende como órgano superior la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, de la que, a su vez, depende la: Delegación del Gobierno para la Violencia contra la mujer. Delegación del Gobierno para la Violencia contra la discriminación de género. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ninguna respuesta es correcta.
La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género establece en su disposición final quinta que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la aprobación de la citada Ley Orgánica, procederá a la modificación del un artículo del Reglamento Penitenciario. Respecto a tal previsión señale la afirmación correcta: Tal previsión se ha hecho efectiva, al ser modificado el artículo 116.4 del Reglamento penitenciario, en el sentido de establecer la obligatoriedad para la Administración Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento para internos referidos en la LO 1/2004. Tal previsión no se ha hecho efectiva, por lo que está pendiente de ser modificado el artículo 117.4 del Reglamento penitenciario, en el sentido de establecer la voluntariedad para la Administración Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento para internos referidos en la LO 1/2004. Tal previsión se ha hecho efectiva, al ser modificado el artículo 116.4 del Reglamento penitenciario, en el sentido de establecer la obligatoriedad para la Administración Penitenciaria de realizar los programas específicos de tratamiento para internos referidos en la LO 1/2004, aunque se ha incumplido el plazo de seis meses a que se alude en la pregunta. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
A la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género le competen especialmente una serie de funciones, de entre las que hay que señalar la/s siguiente/s: El impulso de la coordinación en el ámbito de la Administración General del Estado en materia de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la cooperación con las instituciones y Administraciones 'competentes para la atención y protección de las víctimas. El impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia de género velando para que, en su aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las victimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El fomento de la formación y especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de prevención, información, atención y protección a Ias víctimas. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece una serie de afirmaciones entre las que hay que excluir una. Señálela: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstas en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de Ja funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación especifica. Tal regla no será de aplicación durante el período de lactancia natural. Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando de permiso de paternidad. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de Ja Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres contempla una serie de acciones positivas en las actividades de formación. Excluya una de ellas: Otorgar preferencia, durante un año, en la adjudicación de plaz.as para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos. Otorgar preferencia, durante dos años, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad (se excluye el de paternidad), o hayan reingresado desde la situación de excedencia por agrupación familiar. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
El Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado establece una serie de medidas para promover la igualdad de género en el acceso al empleo público, de entre las cuales hay que destacar El Centro de Información Administrativa del MAP (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública) dispondrá de una unidad de información, asesoramiento y asistencia a través de la cual se facilitará a quienes estén interesadas en acceder a un empleo público información acerca de los requisitos exigidos en las correspondientes convocatorias, formación o ayudas y becas disponibles para facilitar el acceso de las mujeres al empleo público. Todas las convocatorias de procesos selectivos que realice la Administración General del Estado para el acceso al empleo público, tanto en cuerpos generales como especiales, incluirán un párrafo que señale si existe en el correspondiente cuerpo infrarrepresentación de, personas de alguno de los dos sexos. Las bases de las convocatorias de procesos selectivos que realice la Administración General del Estado para el acceso al empleo público, recogerán una referencia al deber de los tribunales o comisiones de selección de velar, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Todas las respuestas son correctas.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define como órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad, a: El Consejo Interministerial de Igualdad entre hombres y mujeres. La Comisión Ministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género tiene varios objetivos, entre los cuales se encuentra, entre otros, el "actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres Sobre los mujeres o viceversa, se ejerce sobre uno u otro sexo". Lo anterior es una afirmación: Correcta. Incorrecta. Ajustada al artículo 1 de la citada Ley. Ninguna respuesta es correcta.
El Consejo de Ministros en su reunión de 4-3-2005 adoptó, a propuesta del MAP (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública), un Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado, en virtud del cual se establecen un conjunto de grupos de medidas y actuaciones. Señálese su número: Seis. Siete. Ocho. Está aún por determinar.
A los efectos de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se entenderá por composición equilibrada: La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. La composición no discriminatoria respecto a ambos sexos, de modo que cuenten todos los órganos correspondientes un mínimo del 50 % de cada uno de los sexos. La presencia ecuánime de mujeres y hombres en el nombramiento de personas titulares de órganos directivos, órganos de selección y valoración, así como en los consejos de administración. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 55% ni sean menos del 45%.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres prevé realizar una evaluación sobre la igualdad en el empleo público. De ahí que todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales (actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e. Igualdad) y Ministerio de Administraciones Públicas (actual Ministerio de Hacienda y Función Pública), información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por sexo de: Los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal. El número de empleadas públicas respecto a empleados públicos, nivel de complemento de destino y descripción de funciones. Los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino, específico y retribuciones promediadas de su personal. Ninguna respuesta es correcta.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone, dentro de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, que éstas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, deberán: Facilitar la conciliación de la vida personal, social, familiar, laboral e íntima, sin menoscabo de la promoción profesional. Fomentar la formación en igualdad, preferentemente en el acceso al empleo público y, en la medida de lo posible, en el desarrollo de la carrera profesional. Evaluar mensualmente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, así como medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
Respecto a la elaboración y aplicación de los planes de igualdad, la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece que: A) Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad referidas en la respuesta a) deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral. Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo Todas las respuestas anteriores son correctas.
Las funciones que a continuación se relacionan corresponden, entre otras, a un órgano determinado. Señálelo: - La sensibilización ciudadana y la prevención de todas las formas de violencia contra la mujer. - La realización, promoción y difusión de informes, estudios e investigaciones sobre cuestiones relacionadas con las distintas formas de violencia de género. - El impulso de la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia de género, velando para que, en su aplicación, se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Delegación Especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer. Delegación Central del Gobierno contra la violencia sobre la mujer. Dirección General Especial, dependiente de la Secretaría Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ninguna respuesta es correcta.
A la luz de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale la afirmación correcta en todos sus términos: El principio de igualdad de trato entre mujeres/hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. En los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad realizados por los Poderes Públicos, se atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo razones de fuerza mayor o imposibilidad manifiesta. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales y Defensor del Pueblo. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado y Comunidades autónomas, aprobará anualmente el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo.
La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres modifica numerosas leyes. Una de ellas es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, disponiendo que las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso y al Parlamento. Europeo, deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo el: 55 %. 60 %. 40 %. 50 %.
El Consejo de Ministros, en su reunión de 4-3-2005 aprobó un Acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, el cual consta de: Nueve puntos referentes a las siguientes materias: empleo, empresa, conciliación de la vida laboral y familiar, investigación, solidaridad, deporte, otras medidas para la igualdad, lucha contra la violencia de género y seguimiento. Ocho puntos referentes a las siguientes materias: empleo, empresa, conciliación de la vida laboral y familiar, investigación, solidaridad, deporte, otras medidas para la igualdad y lucha contra la violencia de género. Nueve puntos referentes a las siguientes materias: empleo, actividades sociales, conciliación de la vida laboral y familiar, educación, solidaridad, deporte, otras medidas para la igualdad, lucha contra la violencia de género y seguimiento. Siete puntos referentes a las siguientes materias: empleo, empresa, conciliación de la vida laboral, familiar y social, solidaridad, otras medidas para la igualdad, lucha contra la violencia de género y seguimiento.
La norma básica en materia de discapacidad es la: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Ley 1/2003, de 29 de diciembre, de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 3/2013, de 29 de diciembre.
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social se inspira en los siguientes principios: Concentración, normalización, diálogo civil, diseño para todos, accesibilidad universal, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad e igualdad de oportunidades. Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño para discapacitados, accesibilidad universal, concentración y respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Vida dependiente, actuación, diálogo social, diseño para todos, accesibilidad universal y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Vida independiente, normalización, diálogo civil, diseño universal o diseño para todas las personas, accesibilidad universal, transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.
A la luz de la norma básica reguladora de la discapacidad señale la afirmación correcta en todos sus términos: Por discapacidad se entiende la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes o transitorias y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La citada norma contiene 125 artículos, repartidos en 1 Título preliminar (desarrollado en 3 capítulos) y cuatro Títulos más. Tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o inferior al 33%. Presentan esta discapacidad los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, los poderes públicos establecerán las siguientes medidas, a saber, medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva. Estas últimas consistirán en la adopción por los poderes públicos de medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o de un menor grado de igualdad de oportunidades.
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades, la Ley básica en materia de discapacidad prevé que los poderes públicos establecerán medidas de acción positiva y contra la discriminación. Éstas últimas podrán consistir, entre otras, en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso. Por conducta de acoso se entiende: Aquella conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Aquella conducta punible conforme el Código penal, relacionada con la capacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad como persona. Aquella conducta o trato degradante que provoca un atentado a la dignidad del que la sufre por ser ofensiva y hostil. Aquella conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.
En materia de dependencia, hay que destacar la siguiente Ley: Ley 49/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Ley 39/2006, de 24 de diciembre, de Promoción y Autonomía del Paciente. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Ley 39/2007, de 4 de diciembre, de Autonomía del Dependiente.
Conforme la Ley reguladora de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones públicas competentes, por alguna de las siguientes causas: A) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. B) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Son correctas las respuestas a) y b). Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
La situación de dependencia se clasifica en tres grados. El grado II se refiere a la: Dependencia moderada. Dependencia severa. Gran Dependencia Dependencia mínima.
A la luz de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, ¿qué se entiende por dependencia severa?: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria 2 o 3 veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Cuando la persona necesita ayuda para realiz.ar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos 1 vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
Conforme la Ley reguladora de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante: Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y tendrá validez en el territorio de la Comunidad autónoma donde radique la persona solicitante. Real Decreto del Consejo de Ministros y tendrá validez en todo el territorio del Estado. Resolución expedida por la Administración Local correspondiente al lugar del nacimiento del solicitante y tendrá validez en la ciudad correspondiente. Resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a Ja residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
Conforme la Ley reguladora de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se crea un órgano asesor, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuya composición tendrá carácter tripartito, en tanto que integrado por las Administraciones públicas, las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y paritario entre Administraciones Públicas, por una parte, y organizaciones sindicales y empresariales, por otra. Tal órgano se denomina: Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Comité Sectorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Junta Consultiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
La Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) cuando establece la expresión "punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente", está definiendo el concepto de: Sede electrónica. Certificado electrónico. Sello electrónico. Portal de internet.
Dentro de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se regulan en su artículo 9 los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, estableciendo que serán admitidos 3 sistemas. Señale cuál de ellos no se contempla: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas encriptados con clave electrónica sostenible. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las AAPP consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
En el marco de la Administración electrónica, la ' capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos ·y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos se denomina Interoperabilidad. Comunicabilidad. Movilidad. Racionalización.
El Centro de Transferencia de Tecnología (CTT) tiene por objeto favorecer la reutilización de soluciones por todas las Administraciones Públicas. Cuenta con 2 entornos tecnológicos en los que trabajar en función de diferentes necesidades. Son: Entorno HPP-PAe o directorio de soluciones del CIT y Entorno de la electrónica-CIT. Entorno CTT-PAe o directorio de soluciones del CIT y Entorno de la forja-CIT. Entorno CPP-PAe o directorio de soluciones del CTT y Entorno de la seguridad-CIT. Entorno ENI-PAe o directorio de soluciones del CTT y Entorno de la firma-CTT.
El conjunto de datos electrónicos que acompañan o que están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son identificar al firmante de manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado (coincidencia con el original sin alteración o manipulación) se denomina: Firma electrónica. Sede electrónica. Seguridad electrónica Documento electrónico.
En materia de administración electrónica Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) ha supuesto una serie de novedades entre las que cabe destacar una o varias de las siguientes: Dispone la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos. Dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. En materia de archivos se establece la obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados, así como la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Señale de entre los siguientes aquél o aquellos principios a los que se encuentra sujeto cada Administración Pública a efectos de determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas: Transparencia, publicidad, responsabilidad y calidad. Seguridad, disponibilidad y accesibilidad. Neutralidad e interoperabilidad. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: A) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». B) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Son correctas las respuestas A y B. Únicamente sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a. través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: A) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. B) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Son correctas las respuestas A y B. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
A la luz de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), señale la respuesta correcta respecto la sede electrónica: Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de no transparencia, reserva, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, no accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad de los usuarios respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La reserva de las plazas en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado para adjudicarlas a las empleadas públicas, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, asciende a un porcentaje de, al menos, un: 50% 5% 40% 20%.
Dentro de las medidas previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres y al que da publicidad la ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, se establece un porcentaje de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, que se cifra en: Al menos un 3%. Al menos un 25%. Al menos un 5% Al menos un 10%.
Por Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, del Ministerio de la Presidencia -actual Ministerio de Ja Presidencia y para las Administraciones Territoriales- queda aprobado el acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer Ja igualdad entre hombres y mujeres. Dentro del mismo se establece un porcentaje mínimo de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, quedando establecida en al menos un (adaptada a legislación vigente): Tres por ciento. Diez por ciento. Cinco por ciento. Siete por ciento.
Se establece como medida a adoptar en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado la reserva, a las mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, de un porcentaje al menos de un: 50 por ciento de las plazas convocados. 40 por ciento de las plazas convocadas. 60 por ciento de las plazas convocadas. No se establecen porcentajes de reserva en los cursos de formación.
A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicia activo procedentes de: Excedencia por razón de violencia de género. Permiso de maternidad o paternidad. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Excedencia voluntaria por interés particular.
¿Quién determinará anualmente qué contratos de la Administración General del Estado deberán incluir entre sus condiciones medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo? (adaptada a legislación vigente) El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Ministros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Comisión Interministerial de Igualdad entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece una serie de medidas de igualdad en el ámbito del empleo público. Indique cuál de las siguientes medidas es incorrecta: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. Los empleados públicos que se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad tendrán preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género. En las convocatorias de los cursos de formación se reservará al menos un 50% de las plaz.as para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.
Indique la proposición correcta en relación con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: (adaptada a legislación actual) Depende de la Subsecretaría de Igualdad. Es un órgano independiente. Depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Depende del Instituto de la Mujer.
A tenor de las previsiones de la Ley Orgánica 3/2007, en aquellos procedimientos no penales en los que las alegaciones de la parte actora se fundamentan en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, ¿a quién corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad?: A la parte actora. A la persona demandada. Al Órgano Judicial. Al Ministerio Fiscal.
Según establece la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, las funcionarias públicas: Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten las circunstancias que dan Jugar al reconocimiento de este derecho en los términos que establece la propia ley. Para acceder al derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo que reconoce la Ley, deberán contar, en todo caso, con una orden de protección a favor de la víctima. Tendrán derecho a la excedencia con reserva del puesto de trabajo por tiempo indeterminado, siempre que exista sentencia condenatoria firme del autor de la violencia de la que sean víctimas. Tendrán derecho a la movilidad geográfica de centro de trabajo, siempre que se acrediten las circunstancias que den lugar al reconocimiento de este derecho mediante un informe policial que indique la existencia de indicios de que la demandante es 'víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considera "discriminación indirecta por razón de sexo": La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de los criterios de actuación de las Administraciones públicas, impone una serie de deberes a estas en su artículo 51. No se encuentra entre los mismos: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Reservar en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación al menos un 35% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a personas de un sexo en desventaja respecto a personas de otro sexo, nos encontramos ante un supuesto de: Discriminación indirecta, sin excepciones. Discriminación relativa. Discriminación directa porque persigue un fin adecuado. Discriminación indirecta, salvo que se justifique objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de Ja parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, la carga de la prueba: Recae en la parte actora al ser la encargada de demostrar la veracidad de los hechos con los elementos de prueba necesarios. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas y su proporcionalidad, en todos los procesos. Recae en la parte actora demostrar que no es proporcional el trato recibido. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, salvo en los procesos penales.
Según la Ley 3/2007, 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombre y mujeres, en relación a las medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: · El Gobierno aprobara anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. El Gobierno aprobara, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y ·en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobara, anualmente, un Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobara, cada dos años, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿con qué periodicidad el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe sobre la evolución de la violencia. ejercida sobre la mujer?: Anual. Semestral. Trimestral. Cuatrimestral.
Señale la respuesta correcta. El Artículo 38.1 de la Ley 40/2015, del de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, define la sede electrónica: Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una operadora de servicios de comunicaciones electrónicas. Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
El principio de igualdad ante la ley, sin que puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, se encuentra constitucionalmente reconocido en el: Art. 10 de la Constitución. Art. 12 de la Constitución. Art. 14 de la Constitución. Art. 16 de la Constitución.
El art. 32.1 de nuestro texto constitucional reconoce el derecho de hombre y mujer a contraer matrimonio con plena: Igualdad civil. Igualdad económica. Igualdad social. Igualdad jurídica.
La Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976, alude a la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a: La retribución por el trabajo realizado. El acceso al empleo, a la formación, promoción profesional y condiciones de trabajo. Igualdad de trato en materia de Seguridad Social. Igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma.
¿Cuál de las siguientes Directivas del Consejo de la Unión Europea se refiere a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia? La Directiva 86/613/CEE, de 11 de diciembre de 1986. La Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992. La Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975. La Directiva 97/870/CEE, de 15 de diciembre de 1997.
La Directiva Comunitaria relativa a la carga de la prueba en casos de discriminación por razón de sexo, determina que tanto en los casos de discriminación directa como indirecta, dicha carga revierta sobre: El demandado. El demandante. Indistintamente sobre el demandante o sobre el demandado. Sobre el órgano jurisdiccional competente.
La Decisión de la Comisión Europea de 9 de diciembre de 1981 (modificada por Decisión de 19 de julio de 1995), crea un Comité Consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, compuesto por: 12 miembros. 25 miembros. 40 miembros. 50 miembros.
La Cuarta Conferencia Mundial sobre la mujer se celebró en el año: 1995. 1998. 2004. 2005.
Una de las primeras normas que aparecen en nuestro ordenamiento jurídico en materia de igualdad de género, es la llamada Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral. Se trata de: La Ley Orgánica de 28 de diciembre. La Ley 30/2003, de 13 de octubre. La Ley 39/1999, de 5 de noviembre. La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
La emisión, con carácter preceptivo, de un informe de impacto por razón de sexo para todos los anteproyectos de ley y reglamentos que pretendan formularse, se establece en nuestra legislación a través de: La Ley 39/1999, de 5 de noviembre. La Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. La Ley 30/2003, de 13 de octubre. Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo.
¿Cuál de las siguientes es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? La Ley Orgánica 7/2007, de 12 de abril. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. La Ley Orgánica 1/2007, de 12 de abril. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
¿Cuál es la estructura de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? Un Titulo Preliminar, 6 Títulos, 31 Disp. Adicionales, 11 Disp. Transitorias, 1 Disp. Derogatoria y 8 Disp. Finales. Un Titulo Preliminar, 8 Títulos, 31 Disp. Adicionales, 11 Disp. Transitorias, 1 Disp. Derogatoria y 6 Disp. Finales. Un Título Preliminar, 6 Títulos, 31 Disp. Adicionales, 11 Disp. Transitorias, 1 Disp. Derogatoria y 6 Disp. Finales. Un Título Preliminar, 8 Títulos, 31 Disp. Adicionales, 11 Disp. Transitorias, 1 Disp. Derogatoria y 8 Disp. Finales.
De los Títulos que contiene la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ¿cuál de ellos regula el principio de igualdad en el empleo público? El Tercero. El Cuarto. El Quinto. El Séptimo.
Las obligaciones que establece la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres son de aplicación: A toda persona física de nacionalidad española. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. A toda persona física o jurídica, de nacionalidad española, que se encuentre o actúe en el territorio nacional. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que tenga domicilio o residencia en España.
No constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya: Un requisito personal esencial y determinante. Un requisito jurídico esencial. Un requisito profesional esencial y determinante. Un requisito jurídico concreto y determinante.
A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: Discriminación indirecta por razón de sexo. Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo. Acoso sexual.
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, es considerado en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Discriminación indirecta. Acoso por razón de sexo. Acoso sexual. Todas las anteriores respuestas son correctas.
En los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Este criterio no será de aplicación: En los procedimientos civiles. En los procedimientos laborales. En los procedimientos contencioso-administrativos. En los procesos penales.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres. De dicho informe se dará cuenta: Al Congreso de los Diputados. Al Consejo de participación de la mujer. Al Consejo de Estado. A las Cortes Generales.
En el ámbito de la educación superior, las Administraciones Públicas promoverán la inclusión, en los planes de estudios que proceda de: Enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La creación de postgrados especificas. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia. Todas las anteriores respuestas son correctas.
El Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. ¿Con qué periodicidad? Bianual. Al menos cada cinco años. Semestral. Anual.
La obligatoriedad de elaborar y aplicar un Plan de Igualdad, objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral, se establece para las empresas que cuenten: Con más de 500 trabajadores. Con más de 300 trabajadores. Con más de 250 trabajadores. Con más de 200 trabajadores.
¿En cuál de los siguientes supuestos la elaboración e implantación de un Plan de Igualdad no será obligatorio para una empresa? Cuando se establezca en el convenio colectivo que le sea de aplicación. Cuando la autoridad laboral haya acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias impuestas a la empresa por la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. Cuando la empresa cuente con más de 200 trabajadores. En todos los supuestos anteriores tendrá carácter voluntario.
Cuando, en el ámbito de la Administración General del Estado, el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, la empleada pública tendrá derecho: A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, siempre que sea dentro del año natural a que correspondan. A prolongar la incapacidad temporal por el tiempo que corresponda a las vacaciones anuales. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
A los empleados y empleadas que se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, en la adjudicación de plazas para participar en cursos de formación: Tendrán preferencia, durante el primer mes. Tendrán preferencia, durante un año. Tendrán preferencia con carácter indefinido. Ninguna respuesta es correcta, ya que la preferencia se otorgará únicamente a quienes reingresen desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los cursos de formación que se celebren en el ámbito de la Administración General del Estado, se reservarán para las empleadas públicas que reúnan los requisitos: El 50% de las plazas. Al menos el 50% de las plazas. El 40% de las plazas. Al menos el 40% de las plazas.
Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres ¿a qué órgano u órganos deben remitirla? A las Cortes Generales. Al Congreso de los Diputados. Al Consejo de Ministros. A los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Hacienda y Función Pública.
El Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: Anualmente. Cada cinco años. Al inicio de cada legislatura. Al inicio de cada periodo de sesiones de las Cortes Generales.
Serán admisibles las diferencias de trato por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios: Cuando se fundamenten en una resolución motivada. Cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios. Siempre, en virtud del principio de libertad de contratación. En ningún caso.
Por lo que respecta a la participación de las mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles, y de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las sociedades procurarán alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo, a partir de la entrada en vigor de la ley, de: Cuatro años. Cinco años. Seis años. Ocho años.
El órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la Igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: El Instituto de la Mujer. La Comisión interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. El Consejo de Participación de la Mujer. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, crea un órgano colegiado de consulta y asesoramiento con el fin de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución del principio de igualdad de trato y de oportunidades y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Dicho órgano se denomina: Consejo de Participación de la Mujer. Unidad de Igualdad. Comisión interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. Observatorio Estatal de Violencia sobre la mujer.
A los efectos de la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entiende por composición equilibrada, la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera: Las personas de cada sexo estén representadas paritariamente. Las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Las personas de cada sexo estén representadas al cincuenta por ciento. Las personas de cada sexo no superen el sesenta y cinco por ciento.
La composición equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas para elecciones a diputados al Congreso, de forma que en el conjunto de la lista supongan como mínimo el cuarenta por ciento, se mantendrá también: En cada tramo de cuatro puestos. En cada tramo de cinco puestos. En cada tramo de seis puestos. En cada tramo de ocho puestos.
El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado aprobado por Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, contiene una serie de medidas entre las que debe excluirse una de las siguientes: Todas las convocatorias de los procesos selectivos para el acceso al empleo público incluirán, en su caso, la mención a la infrarrepresentación de personas de alguno de los dos sexos. Se reservará al menos un 50% de las plazas en los cursos de formación del personal directivo adscrito a la Administración General del Estado para adjudicarlas a las mujeres que reúnan los requisitos exigidos en las convocatorias. Todos los temarios aprobados para la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo público incluirán temas relativos a la normativa vigente en materia de igualdad de género. En la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación, se procurará guardar la proporcionalidad con la representación que cada género tenga en el grupo de titulación correspondiente.
El Título VIII de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, establece una serie de disposiciones organizativas, entre ellas, la creación de Unidades de Igualdad: En las distintas Comunidades Autónomas. En cada Ministerio. En Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En el seno del Consejo Fiscal y en el Consejo General del Poder Judicial.
¿A través de qué disposición de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, quedan extinguidas las Escalas Masculina y Femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias? Disposición Adicional Trigésimo Primera. Disposición Final Sexta. Disposición Adicional Trigésima. Disposición Final Octava.
Los preceptos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que resultan modificados por la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Serán de aplicación a los hechos causantes que se produzcan con posterioridad a su entrada en vigor. Tendrán carácter retroactivo únicamente respecto de los nacimientos, adopciones o acogimientos originados a partir del 1 de enero de 2006. Tendrán carácter retroactivo respecto de los hechos causantes originados a partir del 1 de enero de 2006. Tendrán carácter retroactivo respeto de los hechos causantes originados y vigentes a 1 de enero de 2006.
Según lo establecido en la Disposición Transitoria 10º de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno ampliará de forma progresiva y gradual la duración de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad hasta alcanzar el objetivo de: 6 semanas, a los 4 años de entrada en vigor de la ley. 4 semanas, a los 4 años de entrada en vigor de la ley. 16 semanas, a los 6 años de entrada en vigor de la ley. 4 semanas, a los 6 años de entrada en vigor de la ley.
Señale la afirmación correcta en relación con la naturaleza de los preceptos de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Únicamente las normas contenidas en los Títulos I, II y III tienen carácter orgánico. Únicamente las Disposiciones Adicionales de la ley tienen carácter orgánico. Únicamente las normas contenidas en las Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Tercera tienen carácter orgánico. Todas las normas contenidas en la ley tienen carácter orgánico, excepto las Disposiciones Transitorias, la Disposición Derogatoria Única y las Disposiciones Finales.
Entre las medidas que el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado introduce para promover dicha igualdad en el acceso al empleo público, se encuentra la creación de una unidad de información y asesoramiento en: El Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El Centro de Información Administrativa. En cada Departamento Ministerial. En cada Departamento Ministerial u Organismo Público dependiente.
El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado introduce como medida para promover dicha igualdad, el establecimiento de un porcentaje de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina ¿Cuál es ese porcentaje?: El 5%. El 10%. Al menos el 5%. Al menos el 10%.
Entre las medidas que incluye el Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado se encuentra el criterio de presencia equilibrada de ambos sexos en la composición: De los Tribunales y Comisiones Permanentes de Selección. De sus órganos colegiados. De los Comités de Expertos. De todos los anteriores.
Señale la afirmación correcta en relación con las medidas introducidas por el Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas: Las propuestas de la Dirección General de la Función Pública de candidatos a puestos directivos o predirectivos para cubrir por el sistema de libre designación, incluirán 4 posibles aspirantes, de los cuales, 2 deberán ser mujeres. Las propuestas de la Dirección General de la Función Pública de candidatos a puestos directivos o predirectivos para cubrir por el sistema de libre designación, incluirán 4 posibles aspirantes, de los cuales, 2 al menos deberán ser mujeres. Las propuestas de la Dirección General de la Función Pública de candidatos a puestos directivos o predirectivos para cubrir por el sistema de libre designación, incluirán el mismo número de aspirantes hombres que mujeres. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
Entre las medidas que introduce el Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas, se encuentra la creación de una Sección de Igualdad de Género: En el In Instituto Nacional de la Administración Pública. En el Centro de Información Administrativa. En el Observatorio de Empleo Público. En cada Departamento Ministerial.
De acuerdo con lo previsto en el Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado, en las convocatorias de cursos de formación de directivos impartidos en el Instituto Nacional de la Administración Pública u otros centros de formación ¿Qué porcentaje de plazas se reservará para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos en dichas convocatorias? El 50%. Al menos el 50%. El 40%. Al menos el 40%.
La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género: Salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Salvo que sea previsible la concurrencia de un elevado número de aspirantes y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Salvo en el ámbito del poder judicial y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. En todos los casos.
El Plan para la Igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público y su cumplimiento será evaluado por el Consejo de Ministros: Al inicio de cada legislatura. Al final de cada legislatura. Anualmente. Cada dos años.
En todos los Ministerios, el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias propias de sus competencias se encomendará: A uno de sus órganos superiores. A uno de sus órganos directivos. A la Secretaría General Técnica. A la Jefatura de Gabinete del Ministro.
En los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad, los poderes públicos procurarán atender: Al principio de paridad entre mujeres y hombres. Al principio de empoderamiento de las mujeres. Al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Al principio de indemnidad frente a represalias.
La norma reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica es: La Ley 27/2003, de 31 de julio. La LO. 1/2004, de 28 de diciembre. La LO. 11/2003, de 29 de septiembre. La LO. 15/2003, de 25 de noviembre.
En la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se enfoca ésta de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de: Atención a las víctimas. Socialización y educación. Respuesta punitiva a las manifestaciones de violencia. Todas las respuestas son correctas.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género tiene la siguiente estructura: Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Un título preliminar, siete títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Un título preliminar, siete títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.
En el Titulo I de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se determinan: Las medidas de sensibilización, prevención, detección e intervención en diferentes ámbitos. Los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Las normas de naturaleza penal. Las disposiciones generales de la ley que se refieren a su objeto y principios rectores.
¿A qué órgano atribuye la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género las funciones de servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer así como elaborar y colaborar en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia? A la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Al Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Al Centro de Información Administrativa.
¿A qué órgano atribuye la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género la función de proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia? A la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Al Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. A la Vicepresidencia del Gobierno.
¿De qué Departamento Ministerial depende la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género? Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, tiene rango de: Secretaría de Estado. Subsecretaria. Dirección General. Subdirección General.
Las Unidades de Violencia sobre la Mujer, integradas orgánicamente en las Subdelegaciones del Gobierno, dependen funcionalmente: Del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De la Vicepresidencia del Gobierno. Del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en materia de tutela judicial opta por una fórmula de especialización dentro del orden penal de los Jueces de Instrucción, creando los denominados: Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Juzgados de Violencia de Género. Juzgados de Violencia Doméstica. Juzgados de Instrucción de Género.
¿A través de qué órgano se establecerá un sistema de indicadores homogéneo que permita evaluar en todos los Departamentos Ministeriales y organismos públicos la calidad de las políticas que se desarrollen en la Administración General del Estado para promover la igualdad de género? Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Secretaría de Estado de Función Pública. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Secretaría General de Políticas de Igualdad.
En la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Título en el que se desarrolla la tutela judicial es el: Sexto. Tercero. Quinto. Cuarto.
¿Cuál de las siguientes no es una función de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género? Impulsar y desarrollar las medidas de sensibilización ciudadana, a través de la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. El diseño, elaboración y seguimiento de los planes de acción contra las diversas formas de violencia de género. La coordinación con el Instituto Nacional de Estadística en la difusión de estadísticas adecuadas para el conocimiento del fenómeno de la violencia de género. Favorecer la aplicación del principio de transversalidad.
¿A cuál de los siguientes conceptos corresponde la siguiente definición "la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas de otro sexo"? Discriminación directa. Acoso por razón de sexo. Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Discriminación indirecta.
¿De qué fecha es la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres? 23 de marzo de 2007. 22 de marzo de 2007. 18 de febrero de 2007. 22 de mayo de 2007.
Los cursos orientados a la promoción interna de los empleados y empleadas de los Departamentos Ministeriales, establecidos dentro de su plan anual de formación: Deberán impartirse dentro de la jornada ordinaria. Podrán impartirse, en parte, dentro de la jornada ordinaria. Podrán impartirse dentro de la jornada ordinaria, en casos determinados. No podrán impartirse dentro de la jornada ordinaria.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, ¿cuál de las siguientes no es una medida de igualdad en el ámbito del empleo público? Al menos el 50 por ciento del personal directivo tiene que estar compuesto por mujeres. Los funcionarios que se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de paternidad tendrán preferencia durante un año en la adjudicación de plazas para participar en cursos de formación. En la Administración General del Estado se impartirán cursos de formación dirigidos a todo el personal en materia de igualdad de trato y prevención de la violencia de género. Las convocatorias de pruebas selectivas deberán acompañarse de un informe de impacto de género.
La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, corresponderá dentro de su jornada ordinaria: Al trabajador. Al empresario. Deberán ponerse de acuerdo. Todas son falsas.
El Gobierno aprobará un Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos vinculados o dependientes de ella: Semestralmente. Anualmente. Cada dos años. Al inicio de cada legislatura.
La Constitución Española, tras afirmar que los españoles son iguales ante la ley, señala que: Puede prevalecer discriminación basada en "hechos o circunstancias naturales de tal fácil y obvia comprensión que resulta redundante o inútil su justificación en detalle". No se impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos representado. No puede prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Se permite que la ley pueda establecer diferencias por razón de sexo siempre y cuando la finalidad de las mismas sea objetiva y razonable.
Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo. Constituye discriminación indirecta por razón de sexo. Constituye discriminación directa por acoso sexual. No se contempla en la ley.
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) se articula ¿en cuántos ejes de actuación? Cuatro. Cinco. Seis. Siete.
Entre los objetivos estratégicos de carácter prioritario que persigue el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2014-2016) no se encuentra uno de los siguientes: Erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Incrementar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social. Apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. Reducir las desigualdades que aún existen en el ámbito del empleo y la economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas.
Podemos decir que la primera norma básica en nuestra legislación que desarrolló lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución en aras de conseguir la integración de las personas con discapacidad fue: La Ley 51/2003, de 2 de diciembre. La Ley 41/2003, de 19 de noviembre. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre. La Ley 13/1982, de 7 de abril.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece que son personas con discapacidad: Aquellas que, por sus limitaciones físicas o psíquicas tiene dificultades para integrarse en nuestro modelo de sociedad. Aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Aquellas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallan disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, en sus capacidades físicas, psíquicas, intelectuales o sensoriales. Aquellas personas que son incapaces de llevar a cabo una vida independiente, ejerciendo su poder de decisión sobre su propia existencia.
A efectos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior: 25 por ciento. 33 por ciento. 50 por ciento. 66 por ciento.
La situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de la comunidad, conforme al libre desarrollo de la personalidad, es lo que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social entiende por: Normalización. Accesibilidad universal. Vida independiente. Transversalidad.
El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona; es lo que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social denomina: Vida independiente. Normalización. Accesibilidad universal. Diseño para todos.
Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, estamos ante lo que la ley considera: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Conducta de acoso. Transversalidad negativa.
En los proyectos de viviendas protegidas ¿qué porcentaje de viviendas se reservará con las características constructivas y de diseño adecuadas que garanticen el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad? El 2% El 4%. El 6%. El 8%.
Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, ¿en qué plazo, desde la entrada en vigor de dicha ley, deberá el Gobierno realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de transporte en lo que considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal? Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años.
El instrumento técnico de la Administración General del Estado que se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad es: El Consejo Nacional de la Discapacidad. El Observatorio Estatal de la Discapacidad. La Oficina de Atención a la Discapacidad. La Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
La transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, quiere decir que: El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará parcialmente la actuación de las Administraciones Públicas. Los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad. Las Administraciones Públicas integrarán el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres de forma activa, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo conjunto de todas sus actividades. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Las empresas públicas y privadas que empleen a un número determinado de trabajadores vendrán obligadas a que, entre ellos, un determinado porcentaje sean trabajadores con discapacidad. ¿Cuáles son ese número y ese porcentaje? 100 o más trabajadores; al menos el 3%. 60 o más trabajadores; al menos el 2%. 50 o más trabajadores; al menos el 2%. 40 o más trabajadores; al menos el 3%.
La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece una serie de afirmaciones entre las que hay que excluir una. Señálela: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Cuando las condiciones del puesto de trabajo de una funcionaria incluida en el ámbito de aplicación del mutualismo administrativo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer, del hijo e hija, podrá concederse licencia por riesgo durante el embarazo, en los mismos términos y condiciones previstos en la normativa aplicable. En estos casos, se garantizará la plenitud de los derechos económicos de la funcionaria durante toda la duración de la licencia, de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Tal regla no será de aplicación durante el periodo de lactancia natural. Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad o con su ampliación por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminados el año natural al que correspondan. Gozarán de este mismo derecho quienes estén disfrutando del permiso de paternidad. Sin perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.
El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas un informe sobre la evolución de la violencia de género, con determinación de los tipos penales aplicados y de la efectividad de las medidas acordadas, ¿con qué periodicidad? Anualmente. Cada seis meses. Cada dos años. Al finalizar la legislatura.
La Vicepresidencia Primera del Consejo de Participación de la Mujer es ejercida: Por la persona que ostente la Dirección General del Instituto de la Mujer. Por una persona que ejerza vocalía en representación de las organizaciones y asociaciones de mujeres. Por la titular de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Por la titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
¿Quién preside la Comisión interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres? El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. El delegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La plantilla de los centros especiales de empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo, y, en todo caso, ¿por qué porcentaje de aquélla? 40%. 50%. 60%. 70%.
Las personas con discapacidad pueden ejercer su derecho al trabajo a través de diferentes tipos de empleo. ¿Cómo se denomina el que tiene lugar en centros especiales de empleo y en enclaves laborales? Empleo ordinario. Empleo autónomo. Empleo protegido. Servicio de empleo con apoyo.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia consta de: 1 Título Preliminar y 5 Títulos. 1 Título Preliminar y 4 Títulos. 1 Título Preliminar y 3 Títulos. 1 Preámbulo, 1 Título Preliminar y 4 Títulos.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia se inspira en una serie de principios que se relacionan en el artículo 3. Señale el que no corresponde de los siguientes: La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible y con carácter preferente, en centros de atención especializada. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar Ja igualdad real.
Uno de los principios en los que se inspira la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, consiste en la promoción de las condiciones precisas para que las personas en situación de dependencia puedan llevar a cabo una vida: Con el mayor grado de libertad posible. Con las menores dificultades y económicas y sociales. Con el mayor grado de autonomía posible. Con el mayor grado de reconocimiento social posible.
Uno de los derechos que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconoce a las personas en situación de dependencia es el de: El pleno ejercicio de sus derechos jurisdiccionales en el caso de ingresos voluntarios, garantizándose un proceso contradictorio. Decidir sobre la tutela de su persona y bienes en Jos supuestos de pérdida de su capacidad de autogobierne. A participar en la formulación y aplicación de las políticas que afecten a su bienestar, ya sea a título individual o mediante asociación. Todas las anteriores respuestas son correctas.
El nivel mínimo de protección que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, es definido y garantizado financieramente: Por las Administraciones Públicas. Por Ja Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las prestaciones y servicios. Por las Comunidades Autónomas. Por la Administración General del Estado.
El segundo nivel de protección que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: Puede ser desarrollado por las Comunidades Autónomas, si así lo estiman oportuno. Se contempla como un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios. Es definido y garantizado por la Administración General del Estado. Es definido y garantizado por las Comunidades Autónomas, en Jos términos que se establezcan por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, el grado de dependencia será revisable, a instancia del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, por alguna de las siguientes causas: A) Mejoría o empeoramiento de la situación de dependencia. B) Error de diagnóstico o en la aplicación del correspondiente baremo. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Son titulares de los derechos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos y residan en territorio español y lo hayan hecho durante cinco años: Inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. De los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. De los cuales tres deberán ser inmediatamente anteriores a Ja fecha de presentación de la solicitud. No se establece como requisito residir en territorio español.
Dentro de las prestaciones de atención a la dependencia, tienen carácter prioritario: Los servicios. Los servicios de prevención. Las prestaciones económicas. Las prestaciones no contributivas.
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal, la situación de dependencia se clasifica: En el Grado l. En el Grado II. En el Grado III. En el Grado IV.
De acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la situación de dependencia se clasifica en: Dos grados. Cuatro grados. Tres grados. Dos grados y cuatro niveles.
La dependencia moderada se corresponde con la situación clasificada: En el grado l. En el grado II. En el grado I o II. En el grado III.
Señale la afirmación correcta de las que se proponen a continuación: El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se iniciará a instancia de los ciudadanos. El reconocimiento de la situación de dependencia y determinación del grado y nivel se efectuará mediante resolución motivada del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El reconocimiento de la situación de dependencia determinará que, en el plazo máximo de tres meses, se elabore el programa individual de atención en el que se determinarán los servicios o prestaciones que el beneficiario va a recibir del sistema. Todas las anteriores respuestas son correctas.
Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los servicios del catálogo, salvo: Salvo con los servicios de prevención de las situaciones de dependencia. de promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. Salvo con los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio. Salvo con los servicios de atención residencial. Salvo con los servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio y de atención residencial.
El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quién ostente su representación. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante: Resolución del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y tendrá validez en el territorio de la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante. Acuerdo del Consejo de Ministros y tendrá validez en todo el territorio del Estado. Resolución expedida por la Administración Local correspondiente al lugar de nacimiento del solicitante y tendrá validez en el municipio correspondiente. Resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal, será clasificada en: Grado I, dependencia moderada. Grado III, gran dependencia. Grado II, dependencia severa. Grado II, dependencia moderada.
El directorio de sedes electrónicas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos lo gestiona: El Ministerio del Interior, en asuntos de materia de seguridad del Estado. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, en asuntos en materia de extranjería e inmigración.
Dentro de los planes que, en los últimos años, ha puesto en marcha la Administración General del Estado en materia de Administración Electrónica, ¿cómo se denomina aquél que se orienta a conseguir la adecuada utilización de las TIC para contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico basado en el aumento de la competitividad y la productividad? EXPERIMENTA. MODERNIZA. CONECTA. AVANZA.
El periodo temporal del Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (Estrategia TIC) abarca: Del 2015 al 2018. Del 2014 al 2018. Del 2015 al 2020. Del 2015 al 2025.
La creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia, es la finalidad que persigue: El Esquema Nacional de interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad. La Estrategia TIC. El Registro Electrónico Común.
Las sedes electrónicas se crearán mediante: Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública. Orden conjunta del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y del Ministro de Hacienda y Función Pública. Orden del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público.
La creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios, es la finalidad que persigue: El Esquema Nacional de interoperabilidad. El Esquema Nacional de Seguridad. El Tablón Edictal Único. La Estrategia TIC.
El órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones Públicas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica es: El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica. La Comisión interministerial de Administración Electrónica. La Conferencia Sectorial de Administración Pública.
¿Quién preside el Pleno de la Comisión de Estrategia TIC? El Ministro de Hacienda y Función Pública. El Secretario General de Administración Digital. El Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. El Secretario de Estado de Función Pública.
La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponden a una Administración, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias, es lo que se conoce por: Registro electrónico. Documento administrativo electrónico. Sede electrónica. Comunicación electrónica.
La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil en un registro electrónico, para este registro, y salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil: Se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. Se entenderá efectuada en la última hora del día inhábil en que tenga entrada. Se entenderá efectuada en la primera hora del día inhábil en que tenga entrada. Se tendrá por no realizada.
El centro de referencia que es puerta de entrada para toda la información sobre situación, desarrollo, análisis, novedades e iniciativas que surgen en torno a la Administración electrónica es: El Centro de Transferencia de Tecnología. La Comisión Sectorial de Administración Electrónica. El Portal de Administración Electrónica. El Registro Electrónico Común.
El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan, constituye: El archivo electrónico. La sede electrónica. El expediente electrónico. El registro electrónico.
Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones: Todos los días hábiles del año, durante las veinticuatro horas. Todos los días hábiles del año, durante las veinticuatro horas, teniendo tal carácter a estos efectos, los sábados. De lunes a viernes, durante las veinticuatro horas. Todos los días del año, durante las veinticuatro horas.
En el ámbito de la Administración electrónica, la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos, se denomina: Racionalidad de las estructuras administrativas. Interoperabilidad. Seguridad electrónica. Accesibilidad.
El conjunto de datos electrónicos que acompañan o están asociados a un documento electrónico y cuyas funciones básicas son identificar al firmante de manera inequívoca y asegurar la integridad del documento firmado, constituyen: El Centro de Transferencia de Tecnología (CIT). La firma electrónica. El registro electrónico común. La prestación de certificación de servicios.
Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital están presididas: Por el Secretario de Estado de Función Pública. Por el Secretario General de Administración Digital. Por el Subsecretario del Departamento Ministerial. Por el Ministro de Hacienda y Función Pública.
La Secretaría General de Administración Digital tiene rango de: Subsecretaría. Dirección General. Subdirección General. Secretaría de Estado.
¿Qué circunstancias deberán garantizarse en el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas? El acceso electrónico de los ciudadanos y el establecimiento de comunicaciones seguras. La publicación de las sedes electrónicas y la identificación del órgano titular de la sede. La seguridad del entorno cerrado y la protección de los datos que se transmitan. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El órgano colegiado encargado de la definición y supervisión de la aplicación de la Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, es: La Secretaría General de Administración Digital. La Comisión de Estrategia TIC. El Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El Observatorio de Administración Electrónica.
Los interesados podrán Identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de alguno de los sistemas que recoge el artículo 9 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Señale cuál de los siguientes no está contemplado: Sistemas de clave concertada. Sistemas de contraseña administrativa alfanumérica. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico.
Cuando en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los interesados opten por utilizar un sistema de firma de los previstos en el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. Deberán acreditar su identidad a través de cualquiera de los sistemas admitidos en el art. 9 LPACAP. Deberán acreditar su identidad a través del sistema de clave concertada. Deberán acreditar su identidad a través del sistema de clave concertada o de cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido.
Las sedes electrónicas se crearán: Por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública. Por Orden del Ministro de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Por Orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público. Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permita el acceso a través de Internet de la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente, se denomina: Registro electrónico general. Metadato. Directorio electrónico. Portal de internet.
Para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, las sedes electrónicas utilizarán: Cualquiera de los sistemas de firma reconocidos. Certificados reconocidos o cualificados o autenticación de sitio web o medio equivalente. Sistema de código de verificación que estará permanente visible en el portal de acceso a la sede. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Las oficinas de asistencia en materia de registros son unidades administrativas: Que tienen la consideración de órganos administrativos, pero sus funciones no tienen efectos jurídicos frente a terceros. Que tienen la consideración de órgano administrativo por tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros. Que tienen la consideración de órgano administrativo cuando éstas sean de Registro General, teniendo sus funciones efectos jurídicos frente a terceros. Que en ningún caso podrán tener la consideración de órgano administrativo, por no tener atribuidas funciones con efectos jurídicos frente a terceros.
La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias, es lo que se conoce por: Registro electrónico. Documento administrativo electrónico Sede electrónica. Comunicación electrónica.
Se entiende por actuación administrativa automatizada: Aquella que se realiza íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo. Aquella que permite convertir documentos en soporte papel o en soporte no electrónico en formato electrónico. Aquella que tiene por objeto únicamente el suministro de información a través de una sede electrónica. Aquella que se realiza íntegramente a través de medios electrónicos y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
Señale la afirmación incorrecta: Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal. Uno de los sistemas de firma electrónica autorizados en la actuación administrativa automatizada por parte de las Administraciones Públicas es el de clave concertada. Los sistemas de firma electrónica que debe utilizar el personal al servicio de las Administraciones Públicas podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá referirse sólo al número de identificación personal del empleado público.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Estos certificados deberán incluir determinados datos. Señale el que no corresponde: La identidad de la persona titular en el caso de sellos electrónicos de órganos administrativos. La denominación correspondiente del órgano administrativo. La dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones. El número de identificación fiscal.
¿En qué consiste la transferencia de tecnología entre las Administraciones Públicas? En la cesión de aparatos informáticos que puedan interconectarse en red. En el mantenimiento de directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización. En el establecimiento de unos principios básicos y requisitos mínimos que garanticen la seguridad de la información que se transfiere. En facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder.
En las transmisiones electrónicas de datos entre Administraciones Públicas, la disponibilidad de tales datos: Alcanza a cualquier tipo de dato siempre que se especifiquen las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. Se limita a los que se incorporen en un procedimiento administrativo en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada. Se limita a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones Públicas para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. Dependerá, en cuanto a su alcance, a lo que se establezca en los respectivos convenios.
La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública, incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden: Deberá ser pública y accesible por medios electrónicos. Será confidencial y accesible por medios electrónicos mediante identificación y firma electrónica. Podrá ser accesible por medios electrónicos. Se publicará en el directorio general de aplicaciones de la Administración General del Estado para su reutilización parcial o total.
Cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente: Podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. Podrá sustituir la firma electrónica por otro procedimiento que no requiera el empleo de medios electrónicos. Podrá exigir que la documentación sea también firmada electrónicamente por el órgano o Administración destinataria. La situación descrita no puede plantearse, dado que todas las Administraciones Pública deben utilizar los mismos sistemas de firma electrónica.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas de interoperabilidad y seguridad: La Administración General del Estado. Cada Administración Pública. El Observatorio de Administración Electrónica. El Centro de Transferencia de Tecnología.
En la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se considera "discriminación indirecta por razón de sexo": La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de los criterios de actuación de las Administraciones públicas, impone una serle de deberes a estas en su artículo 51 . No se encuentra entre los mismos: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Reservar en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación al menos un 35% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
Discriminación indirecta, salvo que se justifique objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, la carga de la prueba: . Recae en la parte actora al ser la encargada de demostrar la veracidad de los hechos con los elementos de prueba necesarios. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas y su proporcionalidad, en todos los procesos. Recae en la parte actora demostrar que no es proporcional el trato recibido. Recae en la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, salvo en los procesos penales.
Según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en relación a las medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella: El Gobierno aprobará anualmente, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobará anualmente, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Consejo de Ministros. El Gobierno aprobará cada dos años, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Su cumplimiento será evaluado al finalizar la legislatura por el Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
¿Quién determinará anualmente qué contratos de la Administración General del Estado deberán incluir entre sus condiciones medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo?: El Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Consejo de Ministros. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La Comisión interministerial de Igualdad entre hombres y mujeres.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece una serie de medidas de igualdad en el ámbito del empleo público. Indique cuál de las siguientes medidas es incorrecta: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. Los empleados públicos que se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad tendrán preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género. En las convocatorias de los cursos de formación se reservará, al menos, un 50% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.
Indique la proposición correcta en relación con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Depende de la Subsecretaría de Igualdad. Es un órgano independiente. Depende de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Depende del Instituto de la Mujer.
Dentro de las medidas previstas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se adopta medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres y al que da publicidad la ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, se establece un porcentaje de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, que se cifra en: Al menos un 3%. Al menos un 25%. Al menos un 5%. Al menos un 10%.
Por Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo, del Ministerio de la Presidencia queda aprobado el acuerdo por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres. Dentro del mismo se establece un porcentaje mínimo de reserva para el acceso a aquellas ocupaciones de carácter público con baja representación femenina, quedando establecida en al menos un: Tres por ciento. Diez por ciento. Cinco por ciento. Siete por ciento.
Las obligaciones que establece la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres son de aplicación: A toda persona física de nacionalidad española. A toda persona, física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. A toda persona física o jurídica, de nacionalidad española, que se encuentre o actúe en el territorio nacional. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que tenga domicilio o residencia en España.
La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género: Salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de Ja prohibición de discriminación por razón de sexo. Salvo que sea previsible la concurrencia de un elevado número de aspirantes y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Salvo en el ámbito del poder judicial y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo. En todos los casos anteriormente mencionados.
El principio de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, se encuentra constitucionalmente reconocido en el: Artículo 10 de la Constitución española. Artículo 12 de la Constitución española. Artículo 14 de la Constitución española. Artículo 16 de la Constitución española.
¿En cuál de los siguientes supuestos la elaboración e implantación de un Plan de Igualdad no será obligatorio para una empresa?: Cuando se establezca en el convenio colectivo qué lesea de aplicación. Cuando la autoridad laboral haya acordado en un procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias impuestas a la empresa por la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad. Cuando la empresa cuente con más de 200 trabajadores. En todos los supuestos anteriores tendrá carácter voluntario.
Cuando, en el ámbito de la Administración General del Estado, el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, la empleada pública tendrá derecho: A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural a que correspondan. A disfrutar las vacaciones en fecha distinta, siempre que sea dentro del año natural a que correspondan. A prolongar la incapacidad temporal por el tiempo que corresponda a las vacaciones anuales. No tendrá derecho a vacaciones, ya que se encuentra en una situación de baja que no permite disfrutarlas con posterioridad.
La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuando se refiere a "cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo", está estableciendo el concepto de: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Discriminación sexual. Discriminación directa por razón de sexo.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establece una serie de medidas de igualdad en el ámbito del empleo público. Indique cuál de las siguientes medidas es incorrecta: La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género. Los empleados públicos que se incorporen al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad tendrán preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación. La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género. En las convocatorias de los cursos de formación se reservará al menos un 50% de las plazas para su adjudicación a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos.
¿A qué órgano atribuye la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género las funciones de servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer así como elaborar y colaborar en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia?: A la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Al Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. Al Centro de Información Administrativa.
A qué órgano atribuye la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género formular las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinar e impulsar cuantas acciones se realicen. en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la materia: A la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Al Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer. A la Vicepresidencia Primera del Gobierno.
La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuando se refiere a la "situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados", está estableciendo el concepto de: Acoso discriminatorio por razón de sexo. Acoso por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar una serie de fines, entre los que hay que excluir el siguiente: Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno para la Violencia de Género, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil y militar actúan contra la violencia de género. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género desarrollará, en el ámbito de las competencias estatales en esta materia, una serié de funciones, de entre las que hay que señalar la/s siguiente/s: Desarrollar las labores de asesoramiento, de coordinación y de colaboración institucional, en el seno de la Administración General del Estado, en materia de violencia de género. Favorecer la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia y discriminación de género; de manera que, en su aplicación, se tenga en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de esta violencia. Fomentar la formación y especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección de las victimas para que adquieran las capacidades necesarias para la detección, asistencia y recuperación integral de las víctimas de la violencia de género. Todas las respuestas anteriores son correctas.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que la Administración Penitenciaria realizará: Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. Programas específicos para internos procesados por delitos relacionados con la violencia de género. Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, debiendo las Juntas de Tratamiento valorar, en las progresiones de grado, concesión de permisos, salidas programadas y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos referidos. Programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género, debiendo las Juntas de Tratamiento valorar, en las clasificaciones iniciales, concesión de cualquier tipo de salida y concesión de la libertad condicional, el seguimiento y aprovechamiento de dichos programas específicos por parte de los internos referidos.
La Ley para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres define el concepto de discriminación directa del siguiente modo: Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Situación que conlleva un comportamiento que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Situación que conlleva un comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
La Ley para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres dispone, dentro de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas, que éstas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, deberán: Facilitar la conciliación de la vida personal, social, familiar, laboral e íntima, sin menoscabo de la promoción profesional. Fomentar la formación en igualdad, preferentemente en el acceso al empleo público y, en la medida de Jo posible, en el desarrollo de la carrera profesional: Evaluar mensualmente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación. Establecer medidas efectivas para· eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.
No constituirá discriminación en el acceso al empleo una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya: Un requisito personal esencial y determinante. Un requisito jurídico esencial. Un requisito profesional esencial y determinante. Un requisito jurídico concreto y determinante.
La Administración de Justicia en relación con la violencia sobre la mujer puede llevar a cabo una serie de actuaciones, cuál de las siguientes no puede decretarla el Juez: El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. El Juez deberá de manera inmediata decidir si procede, en las 24 horas siguientes, a denunciar los actos de violencia de género. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él.
Señale la respuesta correcta en relación con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: En realidad por Real-Decreto 438/2008, de 14 de abril, pasó a denominarse Delegación Especial del Gobierno contra las Actitudes Violentas sobre la Mujer. Constituye un órgano directivo con rango de Secretaría General, dependiente de Ja Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Una de sus funciones fundamentales es favorecer la aplicación del principio de transversalidad de las medidas destinadas a luchar contra las distintas formas de violencia y discriminación de género. En coordinación con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Ministerio Fiscal, las Administraciones Públicas a través de sus órganos competentes, están facultadas para ejercitar la acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de las mujeres.
¿Cuáles son los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos para lograr hacer efectiva l.a igualdad de mujeres y hombres: Participación equilibrada de mujeres/hombres en candidaturas electorales y toma de decisiones. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad como son las niñas, las mujeres con discapacidad, mujeres mayores, etc. Implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Todas las respuestas anteriores son fórmulas para lograr la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.
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