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Título del test:
Admin

Descripción:
jurisdiccion

Autor:
juanjo
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Fecha de Creación:
22/05/2023

Categoría:
Letras

Número preguntas: 87
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Temario:
La administración tiene la facultad de exigir autorizaciones administrativas por razones de interés general, estén o no previstas en la normativa V F.
. La expropiación forzosa afecta al propietario, pero deja intactos los derechos reales que terceros puedan tener sobre el bien expropiado v f.
La orden de derribo de un inmueble en estado de ruina no es un acto administrativo v f.
Una sociedad mercantil con fines de lucro no puede ser beneficiaria de una expropiación forzosa. v f.
El rector de la Universidad de Valladolid no puede expropiar terrenos, ni siquiera para fines directamente relacionados con la actividad educativa v f.
En las expropiaciones urgentes también cabe la valoración del bien expropiado por mutuo acuerdo v f.
La sanción administrativa no es un acto administrativo propiamente dicho, sino que sus efectos son los propios de una sentencia judicial v f.
. Las actas extendidas por la inspección tributaria tienen naturaleza de documentos públicos y constituyen un elemento probatorio, salvo que se acredite lo contrario v f.
. No se considera ayuda estatal la aportación de capital para garantizar la as supervivencia de una empresa que atraviesa dificultades, pero que -una vez restructurada- pueda ser rentable, siempre que un inversor privado se hubiera comportado del mismo modo. v f.
El hecho de que una empresa pública preste apoyo logístico y comercial a sus filiales que ejercen una actividad económica puede constituir una ayuda, si la retribución percibida como contrapartida es inferior a la que se habría exigido en condiciones normales de mercado. v f.
. Según la jurisprudencia europea, la fijación de precios mínimos para la comercialización de determinados productos por empresas privadas (bebidas destiladas) es constitutiva de una ayuda estata v f.
Una campaña de promoción de los productos autonómicos por parte de la Junta de Castilla y León no es constitutiva de ayudas públicas, por tratarse de una medida de alcance general v f.
Si la empresa beneficiaria de ayudas estatales no vende sus productos en algún otro país europeo, en ningún caso resulta de aplicación la normativa comunitaria europea. f v.
. El régimen jurídico europeo de las ayudas estatales también puede aplicarse cuando el falseamiento de la competencia se produce entre productores pertenecientes al mismo Estado miembro v f.
La carga de la prueba de la compatibilidad de las ayudas estatales corresponde al Estado miembro otorgante v f.
El Estado otorgante no puede oponer disposiciones o situaciones internas para no cumplir con su deber de recuperar la ayuda legal. v f.
La motivación del otorgamiento de la ayuda no condiciona su validez f v.
La incapacidad del mercado para hacer llegar prestaciones esenciales a todo el territorio no necesariamente requiere el establecimiento de un régimen de derechos exclusivos. v f.
Los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas pueden ser expropiados v f.
El art.33.3 CE exige el previo pago del precio como condición para la ocupación del bien expropiado v f.
. La autorización para la apertura de una oficina de farmacia es un acto administrativo v f.
La creación de una empresa pública local a la que no se reserven derechos exclusivos para el ejercicio de la actividad puede ser decidida autónomamente por la corporación municipal. v f.
La directiva sobre transparencia en las relaciones financieras entre los Estados y las empresas públicas exige la previa autorización por parte de la Comisión Europea de la puesta a disposición de fondos públicos a favor de empresas públicas v f.
La licencia de obras (autorización reglada) no puede ser denegada por razones de oportunidad v f.
Desde que la LRJPAC ha regulado las comunicaciones previas, la Administración puede válidamente optar por resolver expresamente la solicitud de licencia o dejar que actúe el silencio administrativo. f v.
Las actividades de policía no son indemnizables, no conllevan remuneración económica v f.
Las empresas a las que se les reconoce derechos especiales o exclusivos, o que tengan encomendada la gestión de servicios de interés económico general, se sujetan a especifico deber contable de información v f.
. Las actividades sujetas a un régimen de derechos exclusivos no necesariamente tienen que ser prestadas directamente por las Administraciones Públicas. v f.
El tratamiento y aprovechamiento de residuos en el ámbito local es una actividad sujeta a un régimen de derechos exclusivos. v f.
. El coste neto de la prestación del servicio universal debe ser económicamente compensado al operados al que se imponga su prestación. v f.
No todas las autorizaciones administrativas tienen que ser otorgadas sujetas a plazo. v f.
Las Agencias Estatales tienen personalidad jurídica propia v f.
El acceso al mercado en actividades sujetas a restricciones cuantitativas no puede controlarse mediante técnicas de comunicación previa v f.
. Las sociedades mercantiles estatales se rigen por la legislación de patrimonio v f.
Las actividades sujetas a declaración responsable pueden ser iniciadas desde el mismo día de su presentación. v f.
Una operación de concentración parcelaria no es una privación, ya que se entregan terrenos equivalentes a cambio f v.
Si el interesado discrepa de la resolución que ponga término al acuerdo de necesidad de la ocupación, no podrá reaccionar jurídicamente hasta que haya culminado el proceso expropiatorio. v f.
Los acuerdos del jurado provincial de Expropiación no son susceptibles de recurso judicial. f v.
La normativa vigente califica las obligaciones especiales para la promoción de la competencia impuestas a los operadores dominantes (acceso de terceros a infraestructuras esenciales) como medidas expropiatorias f v.
. Las entidades públicas empresariales se rigen íntegramente por el Derecho Privado v f.
La expropiación forzosa constituye una privación singular, por lo que en ningún os caso puede tener por objeto el arrendamiento forzoso f v.
El justiprecio comprenderá las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación y las previsibles para el futuro f v.
La jurisdicción contencioso-administrativa es una jurisdicción especializada pero no especial. v f.
La realización de una inspección administrativa en una empresa industrial de fabricación de fertilizantes no requiere la existencia de una resolución administrativa que le sirva de fundamento jurídico, por tratarse de una actuación material de policía especial. f v.
El acto mediante el cual la administración permite a un particular instalar una zona de recreo en una playa constituye una licencia. En consecuencia, como se desprende de la ley 30/1992, las solicitudes correspondientes deben entenderse estimadas en caso de silencio del órgano competente para resolverlo v f.
En ningún caso, la revocación-sanción de una autorización es indemnizabl v f.
La revocación de una autorización administrativa de vertidos por mi incumplimiento de sus condiciones ambientales puede dar lugar a una indemnización, en cuanto supone una traba al ejercicio por el empresario de su derecho a la libertad de empresa f v.
El acto por el que la autoridad pública prohíbe a una asociación de víctimas del terrorismo manifestarse por las calles de Madrid en las condiciones de tiempo y forma previamente comunicadas en una típica manifestación de la actividad de policía administrativa f v.
. Las sociedades mercantiles publicas pueden ser consideradas como auténticas administraciones públicas f v.
En España, según la constitución, las empresas públicas no pueden actuar en régimen de competencia con las privadas. f v.
Solo los actos administrativos definitivos son susceptibles de control contencioso administrativo f v.
En la práctica judicial, no existe plazo para impugnar los supuestos de silencio negativo. v f.
. Las concesiones de dominio público no son y propiedades porque los bienes demaniales son inhalables f v.
La licencia de obras obtenida por una empresa constructora para la edificación de un establecimiento comercial podrá ser transmitida a otro constructor cuando su obtención no haya dependido de las casualidades personales del solicitante. v f.
7. Si el transporte regular de pasajeros por carretera es servicio público, las empresas que lo prestan deben ser públicas v f.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, la representación por procurador y la asistencia por abogado son obligatorias en todos los procesos f v.
Si no resulta contraria de buena fe, la revisión de un bien expropiado no implica la devolución del justiprecio. v f.
Una autorización nunca puede otorgarse por silencio administrativo. f v.
La actividad de vigilancia y sancionadora de un guardia urbano de tráfico en Valladolid es una actividad típicamente prestacional. f v.
En los planes de obras y servicios, se entiende implícita la declaración de utilidad pública o interés social de la expropiación de los bienes inmuebles necesarios para realizar las obras o los servicios correspondientes. v f.
No cabe interponer recurso contencioso-administrativo contra disposiciones generales de la administración v f.
La comisión europea puede declarar contrarias al derecho comunitario determinadas ayudas del estado a empresas por afectar a los intercambios entre Estado y ser, por ello, contrarias el mercado común v f.
Mediante la noción de "obligación de servicio público", el ordenamiento español define los deberes y cargas de policía especial que gravan a los usuarios de los servicios públicos v f.
En principio, en la jurisdicción contencioso-administrativa, el proceso se inicia por un simple escrito de interposición v f.
En el orden contencioso-administrativo, la determinación de las tasas judiciales se hace en función de los ingresos del demandante v f.
El plazo para interponer el recuro contencioso-administrativo es de 4 meses para los recursos contra actos expresos. v f.
. En el orden contencioso-administrativo, el recurso ordinario de apelación tiene doble efecto devolutivo y suspensivo f v.
. El recurso ordinario de apelación se interpone ante el mismo juzgado que hubiese dictado la sentencia v f.
En los asuntos de personal, debe seguirse el procedimiento abreviado v f.
La empresa pública, según el derecho comunitario, es aquella sobre la que el poder público ejerce una influencia dominante. v f.
El recurso de lesividad es el recurso interpuesto por los particulares contra los actos administrativos que lesionan sus derechos fundamentales. f v.
Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley que pierden este efecto por exceder límites constitucionales deben impugnarse ante el tribunal constitucional v f.
Salvo regulación contraria, el plazo de prescripción de las infracciones muy graves es 5 años f v.
25 CE permite a la Admin imponer sanciones privativas de libertad con el requisito de respeto al principio de legalidad y proporcionalidad v f.
Planes de ordenación urbanística aprobados por la Admin= técnicas de policía de carácter normativo v f.
COncesiones de dominió público no son expropiables por que los bienes públicos son inalienables v f.
Según el derecho comunitario existe un principio de incompatibilidad absoluta de ayudas estatales a empresas públicas v f.
Una licencia de edificación puede ser transmitida si su obtención no depende de cualidades personales v f.
Una reparcelación urbanística= actividad ablatoria de la Admi v f.
El ejercicio del derecho de reversión puede implicar la devolución del justiprecio en caso que se produzca tras 25 años v f.
Las requisas militares son una expropiación urgente y hay q hacer valoración previa Las sanciones administrativas no pueden tener efectos retroactivos v f.
Las ordenanzas locales no pueden establecer sanciones al tener rango reglamentario v f.
Autorización administrativa= naturaleza declarativa v f.
Las sanciones privativas de libertad son un campo reservado al poder judicial v f.
La prestación de un servicio público mediante una empresa pública municipal= prestación directa v f.
Establecimiento de servidumbres administrativas = actividad ablatoria de la Admin v f.
Planes de ordenación aprobados por la Admin = técnica de policía de carácter normativo f v.
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