ADMIN I UNED

Señale la afirmación correcta: a) Basta con constatar la existencia de una administración pública para concluir que su actividad está sujeta al Derecho administrativo. b) Los particulares nunca pueden actuar sometidos a Derecho administrativo, aunque ejerzan funciones públicas. c) La actuación de las Cortes Generales, del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas relacionada con la gestión del patrimonio y el personal propios está sujeta a normas importantes del Derecho administrativo general.

¿Cuál de los siguientes fenómenos contribuyó a la crisis de la concepción estatutaria del Derecho administrativo?. a) La autonomía del Derecho de la Seguridad Social respecto al Derecho administrativo. b) La aparición del Estado autonómico. c) El proceso de contracción del concepto de Administración pública llevado a cabo por el legislador.

Si un precepto legal atribuye a los tribunales superiores de justicia la capacidad de autorizar determinadas disposiciones administrativas generales dictadas para la protección de la salud pública: a) Con ello se garantiza la protección de los derechos fundamentales. b) Con ello se actualiza la sujeción de la potestad reglamentaria al principio de legalidad. c) Con ello se vulnera el principio constitucional de separación de poderes.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. a) La iniciativa popular reconocida en el ámbito local es plasmación de la participación ciudadana en los asuntos públicos. b) El elemento personal que sustenta las formas no territoriales de corporación constituye “pueblo” en el sentido del art. 1.2 de la Constitución. c) La asignación de funciones a una entidad corporativa no territorial no puede convertirse en administración de asuntos que afectan a terceros.

Señale la afirmación correcta: a) Los principios constitucionales de la política social y económica no informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos ni pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria. b) Los principios constitucionales de la política social y económica informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. c) Los principios constitucionales de la política social y económica informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y pueden ser directamente alegados ante la jurisdicción ordinaria.

¿Cuál de los siguientes fenómenos contribuyó a la crisis de la concepción estatutaria de la Administración pública?. a) La huida de la Administración hacia el Derecho privado. b) La constitucionalización del Derecho administrativo. c) La configuración del Estado autonómico.

Señale la afirmación correcta: a) El Tribunal Constitucional ha deducido el principio de proporcionalidad y el principio non bis in idem a partir de las disposiciones constitucionales. b) El principio de Estado de Derecho se agota en una dimensión formal o “legalista”. c) La supremacía jurídica de la Administración vulnera el principio de igualdad y es incompatible con la Constitución.

El ejercicio de la potestad legislativa de urgencia: a) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto de declaración del estado de alarma. b) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto-ley. c) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto legislativo.

Señale la afirmación correcta: a) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan únicamente a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE. b) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan únicamente a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía. c) Los decretos-leyes autonómicos se sujetan a los límites que impone la Constitución en el art. 86 CE y a los límites que haya establecido el correspondiente estatuto de autonomía.

Señale la afirmación correcta (duplicada): a) Los principios constitucionales de la política social y económica no informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos ni pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria. b) Los principios constitucionales de la política social y económica informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. c) Los principios constitucionales de la política social y económica informan la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y pueden ser directamente alegados ante la jurisdicción ordinaria.

El ejercicio de la potestad legislativa de excepción en relación con el estado de alarma: a) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto de declaración del estado de alarma. b) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto-ley. c) Le corresponde al Gobierno, que la ejerce mediante un real decreto legislativo.

Señale la afirmación correcta: a) Texto articulado es el nombre que recibe una modalidad de decreto legislativo. b) Texto refundido es el nombre que recibe una modalidad de decreto-ley. c) Ley de bases es el nombre de la delegación legislativa que permite adoptar un texto refundido.

¿Cómo califica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional su concepción en torno a la ley orgánica?. a) Una concepción procedimental. b) Una concepción formal. c) Una concepción material.

Señale la afirmación incorrecta en relación con la delegación legislativa: a) El destinatario de una ley de bases es exclusivamente el Gobierno. b) Las leyes de delegación no pueden establecer fórmulas de control adicionales a las que corresponden a los tribunales. c) En la delegación legislativa se le puede autorizar al Gobierno a regular y armonizar los textos legales que debe refundir.

Señale la afirmación correcta: a) Entre las distintas normas de rango legal de un mismo ordenamiento no existe en principio una relación de jerarquía. b) Entre las distintas normas de rango reglamentario de un mismo ordenamiento no existe en principio una relación de jerarquía. c) Entre las normas de rango legal y las de rango reglamentario de un mismo ordenamiento no existe una relación de jerarquía.

Señale la afirmación correcta: a) La elaboración de una ley de presupuestos generales corresponde en exclusiva al Gobierno y su examen, enmienda y aprobación a las Cortes Generales. b) La ley de presupuestos generales puede crear tributos. c) El Gobierno no puede oponerse a cualquier proposición o enmienda que suponga disminución de los ingresos presupuestarios.

De acuerdo con la doctrina ultra vires elaborada con relación a los decretos legislativos: a) El Tribunal Constitucional puede controlar el contenido de los decretos legislativos que exceden los límites de la delegación conferida. b) Los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo pueden controlar el contenido de los decretos legislativos que excedan los límites de la delegación conferida. c) Las Cortes Generales pueden controlar el contenido de los decretos legislativos que excedan los límites de la delegación conferida.

La diferencia entre reglamento y acto administrativo consiste en que: a) El reglamento tiene vigencia prolongada, y el acto administrativo no. b) El reglamento se aplica a una pluralidad indeterminada de personas, y el acto administrativo no. c) El reglamento se aplica a un número indefinido de situaciones, y el acto administrativo a una situación concreta.

Señale la afirmación correcta: a) El reglamento ejecutivo presupone la existencia de una ley, un artículo de una ley o un conjunto de leyes. b) El reglamento ejecutivo requiere la previa habilitación de una ley para ser dictado. c) El reglamento ejecutivo presupone la inexistencia de una reserva de ley.

Señale la afirmación correcta: a) Como consecuencia de una deslegalización se dicta siempre un reglamento ejecutivo. b) Se puede dictar un reglamento independiente siempre que cuente con una habilitación legal. c) El reglamento ejecutivo no se limita a ejecutar la ley, también la complementa.

¿Qué normas no restringen derechos individuales, según la jurisprudencia, y por ello pueden tener eficacia retroactiva?. a) Las normas que afectan al ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas. b) Las normas tributarias. c) Las normas que afectan al ámbito de libertad general de los particulares.

Las disposiciones reglamentarias que adopte el presidente del Gobierno revestirán la forma de: a) Real decreto del presidente. b) Orden del ministro de la Presidencia. c) Orden del presidente.

¿Qué rango tienen las disposiciones aprobadas por real decreto del presidente del Gobierno?. a) Rango superior a los reales decretos acordados en el Consejo de Ministros. b) Mismo rango que los reales decretos acordados en el Consejo de Ministros. c) Rango inferior a los reales decretos acordados en el Consejo de Ministros.

Señale la afirmación correcta: a) Las entidades locales distintas de los municipios, las provincias y las islas de los archipiélagos canario y balear carecen de potestad normativa. b) Las entidades locales distintas de los municipios, las provincias y las islas de los archipiélagos canario y balear pueden tener potestad normativa de acuerdo con lo que establezcan los respectivos estatutos de autonomía. c) Por decisión del legislador estatal las mancomunidades de municipios carecen de potestad normativa.

¿Cuáles son los trámites principales del procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales?. a) Información pública y audiencia a los interesados, resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el pleno. b) Debate en comisión municipal y aprobación definitiva por el pleno. c) Aprobación provisional, informe preceptivo de la administración general del Estado o de la comunidad autónoma y aprobación definitiva por el pleno.

Señale la afirmación correcta: a) Las entidades locales no pueden ejercer su potestad normativa si previamente la legislación sectorial no precisa los términos de su intervención en la correspondiente materia. b) La norma local no puede limitar la libertad de los particulares si no cuenta con una autorización legal. c) La función de la norma local es ejecutar la regulación legal.

Señale la afirmación correcta: a) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es igual que el que dispone la normativa reglamentaria estatal. b) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es mayor que el que tiene la normativa reglamentaria estatal. c) El ámbito de la colaboración normativa de los municipios con la ley, en relación con los tributos locales, es inferior al que dispone la normativa reglamentaria estatal.

Tienen rango reglamentario: a) Los estatutos de los colegios profesionales. b) Los reglamentos de las cámaras legislativas. c) Los reales decretos de declaración del estado de alarma.

¿Los estatutos de las universidades públicas de las comunidades autónomas necesitan una aprobación administrativa?. a) No, basta su aprobación por el claustro de la universidad. b) Sí, por la comunidad autónoma correspondiente. c) Sí, por el Consejo de Ministros.

¿Los estatutos de las comunidades de regantes necesitan una aprobación administrativa?. a) No, basta su aprobación por las comunidades de regantes. b) Sí, por los organismos de cuenca o confederación hidrográfica correspondiente. c) Sí, por el consejo de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente.

¿Qué norma(s) tiene(n) rango reglamentario?. a) El Reglamento de Organización y Personal del Defensor del Pueblo. b) Los Reglamentos del Congreso y del Senado. c) El Estatuto de Personal de las Cortes Generales.

¿Con que criterio se relaciona el que determinados tipos de leyes tengan una finalidad reguladora específica, que no pueden desarrollar otras leyes, pese a su rango?. a) El principio de jerarquía. b) El criterio de la función constitucional. c) El criterio de especialidad.

Señale la afirmación correcta: a) La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de jerarquía normativa. b) La norma local se relaciona con la ley con arreglo al principio de competencia. c) El principio de jerarquía normativa y el de competencia confluyen por igual en la relación de la norma local con la ley.

Señale la afirmación incorrecta: a) La mera ausencia de regulación autonómica en una materia no es un presupuesto suficiente para la aplicación supletoria del Derecho estatal. b) El principio de supletoriedad no interviene en las materias de competencia legislativa plena del Estado. c) El legislador estatal no puede dictar normas meramente supletorias, aunque cuente con título competencial en la materia.

Señale la afirmación incorrecta: a) Según el Tribunal de Justicia, el principio de primacía tiene su fundamento en la autonomía del Derecho de la Unión, el carácter definitivo de la cesión de competencias y la naturaleza vinculante de las obligaciones contraídas mediante los tratados. b) Según el Tribunal Constitucional, la primacía del Derecho de la Unión Europea constituye un principio de naturaleza aplicativa, no jerárquica. c) Según el Tribunal Constitucional, las condiciones de aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión están recogidas en la Constitución.

La expresión que utiliza el legislador español sobre la relación de los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente con las normas internas infraconstitucionales que estén en conflicto es la de: a) “Primacía” de los tratados internacionales. b) “Prevalencia” de los tratados internacionales. c) “Inaplicación” de los tratados internacionales.

¿Quién puede dejar sin aplicar una disposición o un acto administrativo nacional que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea, sin necesidad de esperar a que el órgano competente declare formalmente esa incompatibilidad?. b) Solo una autoridad administrativa. c) Cualquier órgano judicial y cualquier autoridad administrativa. a) Solo un órgano judicial.

¿Qué implica la inaplicación de una norma interna por una autoridad interna debida a su incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea?. a) Su declaración de invalidez y consiguiente nulidad. b) Su expulsión del ordenamiento jurídico interno. c) La pérdida del atributo de la aplicabilidad en el procedimiento o litigio de que se trate.

La personalidad jurídica: a) Se predica del Estado. b) Se predica de la administración en su conjunto como poder ejecutivo distinto del poder judicial y del poder legislativo. c) Cada administración territorial y cada entidad pública o privada del sector público tiene personalidad jurídica única.

Los colegios profesionales: a) Además de asumir la representación de la profesión tienen encomendadas las funciones públicas de regulación de la profesión y el ejercicio de la disciplina sobre sus colegiados. c) Pueden ser creados por una ley del Estado o por leyes autonómicas y ambos tipos de leyes pueden decidir libremente cuándo la adscripción a los mismos es obligatoria. b) Aprueban el Estatuto general de la profesión.

El derecho fundamental de asociación: a) No supone ningún límite para la regulación de las corporaciones porque son entidades públicas y no son asociaciones privadas. b) Solo permite la adscripción forzosa cuando está prevista en la Constitución o cuando existe un interés público lo suficientemente relevante que lo justifica y no es posible conseguirlo por otra vía menos restrictiva. c) No permite que se entreguen a las corporaciones el ejercicio de funciones públicas en monopolio porque existe un derecho a crear asociaciones constituidas por personas que realizan la misma actividad para ejercer las mismas funciones públicas que tienen atribuidas las corporaciones.

La colaboración de los particulares en el ejercicio de las funciones públicas: a) Se ha producido por la alta complejidad técnica de algunas de las funciones de la administración y por la influencia del derecho europeo y la apertura a la competencia de actividades que antes eran monopolio del Estado por considerarse funciones públicas. b) Solo se permite en aquellas actividades de prestación de servicios públicos, técnicamente complejas, que no conllevan el ejercicio de autoridad. c) Las dos otras dos respuestas son correctas.

La personalidad jurídica de las Administraciones y entidades del sector público: a) Sirve como título de imputación de derechos y obligaciones. b) Permite a su titular actuar con una caja separada de la administración matriz, tanto para ingresos como para gastos. c) Las otras dos respuestas son correctas.

Señale la afirmación correcta: a) Los estatutos de los colegios profesionales pueden exigir con carácter obligatorio el visado de los trabajos de sus profesionales para así garantizar que cumplen con los requisitos técnicos. b) Los visados profesionales dan fe de la identidad y habilitación del profesional, de la corrección formal e integridad de la documentación y de la adecuación a la legalidad del trabajo profesional. c) Los visados profesionales pueden ser obligatorios y voluntarios y en ninguno de los dos casos controlan la adecuación técnica del trabajo, motivo por el que los colegios no responden por los daños derivados de los defectos técnicos.

El principio de jerarquía: a) Es un principio de organización que exige que existan varios órganos con una competencia material coincidente y que el superior jerárquico tenga facultades que garanticen que su criterio va a prevalecer sobre el del órgano inferior. c) Las dos anteriores son correctas. b) Todos los órganos administrativos, sin excepción y sea cual sea su función, están relacionados entre sí por el principio de jerarquía.

El principio de jerarquía: a) Se manifiesta en procedimientos formalizados como el recurso de alzada o la convalidación de los actos viciados de incompetencia jerárquica. b) Se manifiesta en la obligación de obediencia de los empleados públicos que garantiza una potestad disciplinaria para la que no rigen ninguna de las garantías del derecho sancionador administrativo y menos aún las del derecho penal. c) Se manifiesta en la relación entre administraciones territoriales en tanto en cuanto el Estado es titular de un interés general superior al que representan el resto de las administraciones territoriales.

Los tipos de competencia que tiene en cuenta la ley de procedimiento a la hora de regular los vicios de los actos son: a) La competencia funcional y la competencia jerárquica. Su falta en ambos casos produce siempre la anulabilidad del acto. b) La competencia material, la competencia territorial y la competencia jerárquica. La falta de cualquiera de estas tres competencias, produce el vicio más grave o vicio de nulidad de pleno derecho. c) La competencia material, la competencia territorial y la competencia jerárquica. La falta de competencia jerárquica da lugar a la anulabilidad del acto, si bien aquella puede ser subsanada por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que lo dictó.

La Constitución española: a) En su art. 103 enumera una serie de principios de naturaleza organizativa que declara expresamente aplicables a todas las administraciones públicas y no solo a la del Estado. b) Su art. 103 hace alusión a una serie de principios de naturaleza organizativa y a algunos otros que determinan cómo la administración debe realizar su actividad. c) No establece principios de organización ni de actuación que quedan en manos de lo que regule el legislador estatal y autonómico.

En el caso de la suplencia puede afirmarse que: a) La competencia se ejerce en todos los casos de ausencia del titular y con carácter temporal por otro órgano distinto. Por ello el acto se entenderá dictado por el órgano que actúa en sustitución del que está vacante. b) La competencia se ejerce por el órgano que la tiene atribuida y lo que cambia es su titular. c) En el acto dictado por el suplente se debe indicar que la competencia se ejerce “por delegación”.

En relación con la potestad de autoorganización puede afirmarse que: a) Sus límites se encuentran en las leyes del Estado en el caso de la autoorganización del Estado, en las leyes autonómicas en el caso de la potestad de autoorganización de las Comunidades Autónomas y en las leyes tanto estatales como autonómicas cuando se trata de la autoorganización de las entidades locales. b) Está condicionada por limites en ocasiones de naturaleza económica, como es la exigencia de estabilidad presupuestaria o la imposibilidad de crecimiento del personal por encima de la tasa de reposición que se aprueba anualmente. c) Como las leyes de organización no tienen carácter imperativo, cada administración tiene competencia para autoorganizarse.

17. La regulación que contiene la Ley de régimen jurídico del sector público sobre los órganos colegiados: a) Es aplicable por igual a los órganos del Estado y de las Comunidades Autónomas. b) Solo los preceptos de los que se afirma su carácter básico son aplicables a las Comunidades Autónomas. c) Establece una reserva material de ley para la creación de órganos colegiados debiendo la ley incluir las reglas de funcionamiento.

La negociación previa a la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica: a) Se lleva a cabo en las conferencias sectoriales. b) Se lleva a cabo en las comisiones bilaterales de cooperación. c) No se encomienda a ningún órgano en concreto.

En relación con la delegación de competencias y la delegación de firma puede afirmarse que: a) La delegación de competencias conlleva que la competencia se ejerce por un órgano distinto del que la tiene atribuida, de ahí que el acto se entienda dictado por el órgano delegado. Por el contrario, la delegación de firma solo afecta a quien firma y no a quien adopta la decisión, por ello el acto se entiende dictado por el delegante. b) Las dos delegaciones tienen que publicarse en el Boletín oficial de modo que a falta de este requisito el acto dictado en ambos casos es inválido. c) Las dos delegaciones deben constar en el pie de firma (FDO por). Cuando es delegación de competencias se utiliza la expresión “Por delegación” junto con la referencia al acto de delegación y el Boletín en que se ha publicado. Cuando es delegación de firma se utiliza “Por orden”.

El principio de coordinación intraadministrativa: a) Solo se manifiesta en las relaciones que no están basadas en el principio de jerarquía. b) Se manifiesta en la creación de órganos que tienen esa función o en actuaciones no formalizadas como las reuniones periódicas, la emisión de informes y la actividad de planificación. c) La LRJSP regula expresamente tanto el principio de coordinación entre órganos como entre administraciones públicas.

El órgano: a) Es el elemento organizativo básico integrado por un conjunto de puestos de trabajo que se agrupan bajo una jefatura común. b) Cuando la LRJSP se refiere al órgano, debe entenderse que hace alusión tanto a las funciones como a la persona física que es su titular, que ejerce las funciones que el órgano tiene atribuidas. c) En cada administración territorial pueden existir varios órganos con las mismas funciones, para un mismo territorio y una misma población, aunque ello debe anunciarse en el acuerdo de creación de los órganos para evitar confusiones.

En cuanto a los principios de relación entre administraciones: a) El papel de coordinador que corresponde al Estado en sus relaciones con las Comunidades Autónomas está implícito en la distribución de competencias, de modo que puede ejercitarlo siempre que sea necesario, aunque ello implique limitar la forma en que las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias exclusivas. b) Aunque se suelen identificar los principios de cooperación y colaboración, la LRJSP los ha distinguido relacionando la cooperación con el principio que se manifiesta en la creación de órganos en los que están representadas distintas administraciones y en la firma de convenios, y la colaboración con la lealtad institucional. c) El principio de colaboración entre el Estado y las entidades locales contempla la obligación recíproca de informar a la otra administración de los actos que cada una adopta.

Señale la afirmación correcta: a) El Consejo de Ministros y las comisiones delegadas del gobierno son órganos colegiados que se rigen por lo establecido por la LRJSP para el funcionamiento de este tipo de órganos. b) El ministerio es un órgano colegiado ya que está compuesto de numerosos órganos simples como las direcciones generales, las Secretarias de Estado, los secretarios generales, etc. c) Los órganos colegiados pueden tener atribuidas todo tipo de funciones: resolutorias, de informe y propuesta, fiscalización y control de la actividad administrativa.

El control sobre las entidades locales: a) Cualquier tipo de control vulnera la autonomía local; así que, si el Estado considera que la actividad o inactividad de las entidades locales es ilegal, debe limitarse a impugnarla ante los tribunales. Esta impugnación tendrá automáticamente efectos suspensivos del acto ilegal. b) Caben controles genéricos de legalidad y puntuales de oportunidad, que pueden ejercer indistintamente el Estado y las Comunidades Autónomas. c) Existen algunos controles administrativos excepcionales que permiten a las Comunidades Autónomas y al Estado adoptar las medidas necesarias para cumplir sustitutoriamente una obligación con cobertura presupuestaria que la entidad local ha incumplido, o al Estado disolver los órganos de gobierno de la entidad local cuando el incumplimiento sea cualificado y consista en una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga, además, el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

En relación con el control sobre las entidades locales puede afirmarse que: a) Cualquier tipo de control vulnera la autonomía local, así que si el Estado considera que la actividad o inactividad de las entidades locales es ilegal debe limitarse a impugnarla ante los tribunales. Esta impugnación tendrá automáticamente efectos suspensivos del acto ilegal. b) Caben controles genéricos de legalidad y puntuales de oportunidad sobre las entidades locales, que pueden ejercer indistintamente el Estado y las Comunidades Autónomas. c) Existen algunos controles administrativos excepcionales que permiten a las Comunidades Autónomas y al Estado adoptar las medidas necesarias para cumplir sustitutoriamente una obligación con cobertura presupuestaria que la entidad local ha incumplido, o al Estado disolver los órganos de gobierno de la entidad local cuando el incumplimiento sea cualificado y consista en una gestión gravemente dañosa para los intereses generales.

En relación con los requisitos de idoneidad de los altos cargos de la administración del Estado puede afirmarse que: a) Para ser miembro del gobierno es necesario ser diputado y no estar inhabilitado para el ejercicio de cargo público, así como reunir los requisitos recogidos en la Ley de altos cargos de la administración general del Estado (LACAGE). b) Para ser Secretario de Estado, Subsecretario, Secretario General técnico, director general y Subdelegado de Gobierno se exige ser funcionario de un cuerpo del grupo superior de la administración general del Estado con una antigüedad de al menos diez años, aunque este requisito puede ser excluido puntualmente para un caso concreto. c) La LACAGE establece los requisitos de idoneidad y honorabilidad que deben reunir los órganos superiores y directivos de la administración general del Estado sin perjuicio de los específicos que se exijan además para cada uno de ellos.

El gobierno: a) Según la Constitución (art. 97) solo puede estar formado por el Presidente, el vicepresidente/s y ministros. b) Según la Ley del gobierno, éste se encuentra formado por el Presidente, Vicepresidente/s y ministros por lo que los secretarios de Estado no pueden formar parte de las comisiones delegadas que son órganos del gobierno. c) Según la Ley del gobierno, éste se reúne en Consejo de Ministros y en Comisiones delegadas, creadas estas últimas con la finalidad de coordinar a los distintos ministerios afectados por una misma materia sin tener que reunir a todos ellos.

Las reuniones del Consejo de Ministros: a) Son secretas, por ello no existe orden del día ni se levanta acta de las intervenciones de sus miembros ni de los acuerdos adoptados y su motivación. b) Solo se discuten los asuntos que no han obtenido informe favorable de la Comisión de Secretarios de Estado y subsecretarios porque en otro caso, es esta Comisión la que los aprueba sin necesidad de la intervención del Gobierno. c) Pueden estar presentes los Secretarios de Estado y otros altos cargos que sean convocados por el Presidente del Gobierno aunque no tendrán voto.

Según la Ley del Gobierno, ¿cuál de los siguientes órganos del Gobierno carece de potestad reglamentaria?. a) El presidente del Gobierno. b) Los ministros y ministras. c) Las comisiones delegadas del Gobierno.

El Ministro: a) Su retribución se fija anualmente por la Ley de presupuestos del Estado, aunque no todos los ministros cobran lo mismo porque también se tiene en cuenta su antigüedad como funcionario, si es que lo son. Esta retribución se ve disminuida si compatibiliza su cargo con otras actividades profesionales o mercantiles. b) Tiene potestad reglamentaria incluido el dictado de los reglamentos generales de desarrollo y ejecución de las leyes siempre que se trate de competencias propias de su departamento y siempre que el Consejo de Ministros no lo haya hecho antes. c) Salvo los ministros sin cartera, los ministros asumen la función de máxima dirección del ministerio: fijan objetivos políticos, aprueban planes de actuación, y controlan su ejecución por los órganos de su ministerio.

En la administración periférica del Estado: a) Todos los servicios periféricos están integrados como servicios en la delegación del gobierno con la finalidad de ahorrar los costes que conlleva el compartir medios personales y materiales para todas las áreas de actividad. b) No todos los servicios periféricos están integrados en la delegación del gobierno, y los que lo están dependen orgánicamente de la delegación, pero funcionalmente de su ministerio, del que reciben las instrucciones precisas dando cuenta al delegado del Gobierno. c) El delegado del gobierno es un cargo directivo de la Administración general del Estado, equiparado al subsecretario cuyas competencias se limitan a la seguridad ciudadana.

Los subdelegados del Gobierno: a) Herederos de los gobernadores civiles, son órganos políticos equiparados a las direcciones generales que se nombran por el Consejo de Ministros a propuesta de su presidente entre quienes reúnen los requisitos establecidos en la LACAGE. b) En las Comunidades Autónomas uniprovinciales no existe la subdelegación del gobierno cuyas competencias son asumidas por la delegación del gobierno salvo en los casos excepcionales en que se considere necesario crearla en atención de la población, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas. c) Se nombran por el delegado del gobierno por el procedimiento de libre designación entre funcionarios de cualquier cuerpo funcionarial que estén en situación de servicio activo.

La personalidad jurídica de las Administraciones y entidades del sector público: a) Sirve como título de imputación de derechos y obligaciones. b) Permite a su titular actuar con una caja separada de la administración matriz, tanto para ingresos como para gastos. c) Las otras dos respuestas son correctas.

Son entidades del sector público con personalidad jurídico-privada: a) Las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles y las fundaciones públicas. b) Todas aquellas que se rigen por el derecho privado. c) Las que adoptan fórmulas organizativas que pueden utilizar los particulares.

En relación con los organismos públicos del sector público estatal puede afirmarse que: a) Se incluyen en esta categoría los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales porque las agencias públicas fueron suprimidas en 2015 por la LRJSP. b) Todos ellos ejercen en mayor o menor medida funciones administrativas pero carecen de potestades administrativas que están reservadas a la administración territorial. c) Para su creación hace falta una ley. Es el Consejo de Ministros el que aprueba el proyecto de ley de creación que va acompañado de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda que es el que controla el gasto. Después, los estatutos se aprueban por real decreto del Consejo de Ministros.

Las autoridades independientes: a) Se rigen en primer lugar por su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión. b) Se les aplica en primer lugar la regulación que contiene la Ley de régimen jurídico del sector público sobre los organismos autónomos y supletoriamente la legislación especial del sector sometido a supervisión. c) Se denominan independientes porque, aunque sean administración institucional del Estado, no dependen del Gobierno sino del Congreso de los Diputados o, en su caso, del Rey.

Las autoridades independientes: a) Pueden tener competencia normativa, de control y supervisión y sancionadora, de resolución de conflictos o pueden otorgar títulos habilitantes para el ejercicio de una determinada actividad. b) Suponen un desafío para el art. 97 de la Constitución, que atribuye al Gobierno la dirección de la administración a la que pertenecen las autoridades independientes, en la medida en que el Gobierno no puede impartirles instrucciones. c) Las otras dos respuestas son correctas.

En relación con las sociedades mercantiles estatales puede afirmarse que: a) El criterio para adscribirlas al sector público es el criterio del control que solo viene dado por la titularidad de la mayoría de las acciones. b) Sólo cuando se trata de sociedades de capital íntegramente público la tutela que se realiza sobre ellas es especialmente intensa y ello justifica que sus consejeros, que siguen las instrucciones de la administración, no respondan personalmente frente a terceros por los daños ocasionados por los actos contrarios a la ley dictados sin la diligencia debida. Sí lo hacen, sin embargo, los consejeros de las sociedades mixtas que son aquellas en las que hay parte de capital privado. c) El personal es laboral, pero ha de seleccionarse conforme a los principios generales de igualdad, mérito y capacidad.

Los consorcios: a) son fórmulas organizativas propias única y exclusivamente del ámbito local. b) son creados por varias administraciones o entidades integrantes del sector público institucional sin que puedan participar en ellos los particulares. c) las dos anteriores son incorrectas.

Señale la afirmación correcta: a) La competencia para la configuración de sus estructuras administrativas es exclusiva de la Comunidad Autónoma, por cuanto la Administración es una institución de autogobierno. b) La competencia para la configuración de las estructuras administrativas autonómicas está compartida entre la Comunidad Autónoma y el legislador estatal, por cuanto esas estructuras deben respetar la regulación básica estatal sobre el régimen jurídico de las Administraciones públicas. c) La competencia autonómica para la configuración de las estructuras administrativas propias es inexistente, por cuanto solo al legislador estatal corresponde regular la potestad de organización administrativa.

Señale la afirmación correcta: a) La regulación básica estatal puede ser más amplia e intensa en las cuestiones que inciden directamente en la actividad externa de las Administraciones autonómicas que en las cuestiones que se refieren primordialmente a la organización y al funcionamiento interno de sus órganos. b) La regulación básica estatal puede ser más amplia e intensa en las cuestiones que inciden primordialmente en la organización y al funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones autonómicas que en las cuestiones que se refieren directamente a su actividad externa. c) La regulación básica estatal no puede afectar a la organización y al funcionamiento interno de los órganos de las Administraciones autonómicas.

Entre las características comunes de la organización administrativa de las distintas comunidades autónomas no se incluye: a) La fragmentación y rigidez de las estructuras departamentales. b) El peso desproporcionado de la confianza política en las estructuras directivas. c) La escasez de entes instrumentales.

Por regla general, la estructura de la administración autonómica se encuentra: b) En una ley de la comunidad autónoma correspondiente. c) En el conjunto de decretos que regulan la estructura orgánica de los distintos departamentos. a) En una ley estatal.

Señale la afirmación correcta: a) Según la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, las comunicades autónomas necesitan la autorización del Gobierno estatal para abrir oficinas para su promoción exterior. b) Según la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, las comunicades autónomas deben comunicar previamente al Gobierno estatal la apertura de oficinas para su promoción exterior. c) Según la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, las comunicades autónomas no deben comunicar previamente al Gobierno estatal la apertura de oficinas para su promoción exterior.

Señale la afirmación correcta: a) Los cabildos y los consejos insulares son entidades locales ordinarias. b) Los cabildos y los consejos insulares son órganos periféricos de la administración autonómica. c) Los cabildos y los consejos insulares son instituciones propiamente autonómicas y no solo entidades locales.

Señale la afirmación correcta: a) En las comunidades autónomas uniprovinciales pueden crearse órganos periféricos con carácter singular. b) En las comunidades autónomas pluriprovinciales es obligatorio que exista una organización administrativa periférica. c) En las comunidades autónomas pluriprovinciales la organización administrativa periférica tiene que utilizar la provincia como división territorial.

Señale la afirmación correcta: a) Los órganos consultivos jurídicos autonómicos son órganos de existencia necesaria en todas las comunidades autónomas. b) Los órganos consultivos jurídicos autonómicos son competentes únicamente para cuestiones jurídico-administrativas. c) En la composición de los órganos consultivos jurídicos autonómicos se pueden integrar miembros natos, electivos y permanentes.

Señale la afirmación incorrecta: a) La existencia de un distinto nivel de autonomía local o una autonomía local de diferente intensidad en los municipios, por un lado, y las provincias, por otro lado, se justifica en que el gobierno municipal tiene una mayor legitimación democrática que le reconoce el art. 140 CE, porque tanto el alcalde como los concejales tienen que ser elegidos por sufragio directo de los vecinos mientras que para las provincias solo se reconoce que su gobierno ha de tener carácter representativo. b) Es incompatible con la legitimación democrática exigida por el art. 140 CE que formen parte de la Junta de gobierno local individuos que no tengan la condición de concejales, aunque sean minoría en este órgano. c) La especial legitimación democrática del gobierno municipal ha justificado que la doctrina constitucional haya relativizado el principio de reserva de ley para que los municipios puedan aprobar ordenanzas fiscales y sancionadoras.

El conflicto en defensa de la autonomía local: a) Responde a la exigencia de la Carta europea de la autonomía local de dotar a las entidades locales de un recurso jurisdiccional que les permita impugnar las leyes que vulneran su autonomía. b) Legitima a cualquier entidad local para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. c) Las dos anteriores son correctas.

La tesis de la autonomía institucional provincial como mantenimiento de la institución en términos recognoscibles: a) No impidió que se considerara plenamente constitucional la Ley catalana que, en su deseo de impulsar la comarca como entidad local supramunicipal, ordenó la transferencia de todas las competencias de las diputaciones provinciales a la Generalidad de Cataluña. b) No impidió que se considerara plenamente constitucional la asunción por las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra de todas las competencias que en el régimen ordinario correspondían a las diputaciones provinciales. c) Permitió la declaración de inconstitucionalidad del precepto del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminó a las provincias de la organización territorial de la Comunidad Autónoma porque, según el Tribunal Constitucional, el hecho de tener las Islas como entidades locales no permitía eliminar a la provincia como entidad local.

Las competencias municipales: a) Se atribuyen por el legislador estatal y autonómico, cada uno dentro de sus competencias, conforme al principio, entre otros, de subsidiariedad que implica que deben ejercer las competencias los niveles inferiores y las administraciones superiores solo pueden intervenir cuando se acredite que las entidades locales no pueden dar satisfacción a la tarea requerida. b) El art. 25 de la ley de bases de régimen local enumera las materias para las que el legislador básico estatal ha identificado que existe un interés prioritariamente municipal. Pero la intensidad y el alcance de la competencia municipal habrá de definirse de acuerdo con los principios de eficiencia, sostenibilidad y estabilidad presupuestaria. c) Los municipios solo pueden ejercer las competencias atribuidas por el legislador estatal o autonómico ya que se ha eliminado la habilitación que contenía la ley de bases de régimen local para ejercer otras competencias complementarias.

En relación con el Padrón municipal: a) constituye prueba del domicilio habitual y el lugar donde el Ayuntamiento debe realizar todas las notificaciones sin que el vecino pueda designar otra distinta a estos efectos. b) sólo los españoles y extranjeros comunitarios pueden inscribirse en el padrón por cuanto son los únicos que pueden votar en las elecciones municipales. c) las dos anteriores son incorrectas.

En relación con los municipios de gran población puede afirmarse que: a) El criterio a tener en cuenta para su creación es exclusivamente el de la población. b) Cuando un municipio, que se ha convertido en municipio de gran población porque tiene más de 250.000 habitantes, disminuye su población por debajo de esta cifra, deja de tener la consideración de municipio de gran población. c) La aplicación del régimen de municipio de gran población en algunos casos es automática, pero en otros hace falta un acuerdo de los parlamentos autonómicos.

Diga cuál de las tres afirmaciones es correcta: a) El criterio para definir a los municipios de gran población es exclusivamente poblacional de manera que cuando alcanzan la población exigida se les aplica obligatoriamente este régimen y cuando la pierden vuelven al régimen común. b) La aplicación del régimen de municipio de gran población es siempre voluntaria: pueden solicitarlo los municipios que reúnen las condiciones legalmente establecidas. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

Sobre las entidades locales de ámbito inferior al municipal: a) El legislador ha prohibido la creación de nuevas entidades locales supramunicipales con personalidad jurídica, pero permite que se mantengan las ya creadas. b) El vigente art. 3 de la Ley de bases de régimen local dice que son entidades locales las entidades de ámbito inferior al municipal que reconozcan las Comunidades autónomas. c) El legislador estatal ha prohibido la existencia de entidades locales menores con personalidad jurídica por lo que todas las que existían han tenido que extinguirse.