ADMIN II

Según la Ley de Expropiación Forzosa, procede la retasación. Transcurridos cuatro años sin haber pagado o consignado el justiprecio, a contar desde el inicio del expediente expropiatorio. Transcurridos cuatro años sin haber pagado o consignado el justiprecio, a contar desde el acuerdo de necesidad de ocupación. Transcurridos cuatro años sin haber pagado o consignado el justiprecio, a contar desde su fijación. Transcurridos cuatro años sin haber pagado o consignado el justiprecio, a contar desde el inicio del expediente de justiprecio.

Si la responsabilidad no deriva de una gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas,. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular de forma mancomunada. La cuantía de la indemnización se distribuirá entre las Administraciones públicas actuantes, cada una de las cuales responderá por la misma cantidad. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular siempre de forma solidaria.

La expresión "daño antijurídico" significa. Que el origen del daño se encuentra en una actuación antijurídica de la Administración, por lo que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo. Que quien lo sufre no tiene del deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. Que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño porque su origen se encuentra en un comportamiento administrativo irregular, aunque no sea necesariamente contrario a Derecho. Que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo porque así lo establece una ley, una disposición de carácter general u otra fuente normativa.

Fijada una indemnización por responsabilidad patrimonial en sentencia judicial firme,. Los intereses proceden de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, por lo que el interesado debe reclamarlos. Los intereses proceden de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los intereses proceden de conformidad con lo dispuesto en Ley 40/2015, sin que el interesado deba reclamarlos. Los intereses proceden de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, por lo que el interesado debe reclamarlos.

Al fijar el justiprecio en las expropiaciones de bienes inmuebles, los jurados de expropiación. Únicamente pueden aplicar el sistema de valoración previsto en la ley estatal que regula la valoración del suelo. Pueden aplicar el sistema de valoración previsto en la ley estatal que regula la valoración del suelo y, subsidiariamente, los criterios estimativos que juzguen más adecuados. Pueden aplicar cualquier criterio que permita señalar el valor de mercado de los bienes. Pueden aplicar, indistintamente, el sistema de valoración previsto en la ley estatal que regula la valoración de suelo o los criterios estimativos que juzguen más adecuados.

Si el Ayuntamiento expropiante desea impugnar en vía contencioso-administrativa el acuerdo del jurado provincial de expropiación,. Deberá hacerlo conforme a lo dispuesto con carácter general en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Deberá previamente declararlo lesivo para el interés público dentro del plazo de cuatro años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Deberá previamente declararlo lesivo para el interés público, dentro del plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo. Deberá interponer previamente recurso de alzada ante el órgano del que depende el jurado.

Indique la respuesta correcta. La anulación judicial de un acto administrativo por un vicio de nulidad absoluta presupone el derecho a la indemnización, que el interesado deberá reclamar conforme a la Ley 40/2015. La anulación judicial de un acto administrativo no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Según la Ley 40/2015, la responsabilidad se excluye si concurre causa de fuerza mayor u otra causa de exoneración prevista en la legislación sectorial. El caso fortuito excluye la responsabilidad patrimonial porque rompe el nexo causal.

En caso de mutuo acuerdo sobre el justiprecio expropiatorio,. El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos los conceptos, incrementándose después con el premio de afección y, en su caso, con los intereses de demora. El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos los conceptos. El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos los conceptos, incrementándose después con el premio de afección. El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos los conceptos, incrementándose después con el premio de afección que las partes convengan.

Indique la respuesta correcta. Según la Ley 40/2015, el plazo para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración es de prescripción, sin perjuicio de que leyes especiales dispongan otra cosa. El Reglamento de Expropiación Forzosa excluye el recurso contencioso-administrativo frente a una vía de hecho expropiatoria, pero como ello constituye una vulneración del principio de legalidad la jurisprudencia nunca ha aceptado tal exclusión. Reglamentariamente se excluye el premio de afección en caso de mutuo acuerdo. El plazo para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración varía según cuál sea el hecho material o jurídico causante del daño.

Una expropiación no plena es aquella que. Priva al expropiado de facultades parciales del dominio. Priva el expropiado de una parte de su finca, independientemente de que la conservación del resto resulte antieconómica o no. Priva al expropiado de la propiedad de sus bienes inmuebles, pero no de sus bienes muebles. Priva al expropiado de una parte de su finca, resultando antieconómica la conservación del resto.

Conforme a lo dispuesto en la Constitución,. Corresponde al Estado dictar la legislación sobre expropiación forzosa. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Corresponde al Estado dictar la legislación básica en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y a las comunidades autónomas su desarrollo y ejecución. Corresponde al Estado dictar la legislación básica sobre expropiación forzosa y a las comunidades autónomas su desarrollo y ejecución.

Frente al acto administrativo que declara la necesidad de ocupación. Procede siempre recurso de alzada, por indicarlo así la Ley de Expropiación Forzosa. Procede recurso potestativo de reposición o de alzada, según que ponga o no fin a la vía administrativa. Proceden tanto las acciones civiles en defensa de la propiedad como el recurso de alzada, a elección del interesado. Procede el ejercicio de acciones civiles para la defensa de la propiedad.

La acción de regreso de la Administración frente a las autoridades y personal a su servicio. Debe ejercerse, independientemente de que los lesionados hayan reclamado o no responsabilidad patrimonial, si las autoridades y personal al servicio de la Administración han incurrido en dolo. Debe ejercerse cuando la Administración ha indemnizado a los lesionados pero únicamente si las autoridades y personal al servicio de la Administración han incurrido en dolo. Debe ejercerse, una vez que la Administración ha indemnizado a los lesionados, si las autoridades y personal al servicio de aquella han incurrido en dolo, culpa o negligencia graves. Debe ejercerse, independientemente de que los lesionados hayan reclamado o no responsabilidad patrimonial, si las autoridades y personal al servicio de la Administración han incurrido en dolo, culpa o negligencia graves.

El procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad patrimonial. Puede iniciarse por reclamación del interesado, pero nunca de oficio. Puede iniciarse de oficio, por reclamación del interesado o por denuncia. Puede iniciarse de oficio o por reclamación del interesado. Puede iniciarse de oficio, por reclamación del interesado, por denuncia o como consecuencia de orden superior.

Según el Tribunal Constitucional, la Constitución. No exige que la indemnización se abone necesariamente antes de ocupar los bienes objeto de expropiación. Exige que la indemnización se abone necesariamente antes de ocupar los bienes objeto de expropiación. Exige que la indemnización se abone antes de ocupar los bienes objeto de expropiación, salvo que la ley disponga, motivadamente, otra cosa. Exige que la indemnización se abone antes de ocupar los bienes objeto de expropiación, salvo que el interés público demande otra cosa.

Según la Ley de Expropiación Forzosa, la utilidad pública se entiende implícita, en relación con la expropiación de bienes inmuebles,. En el acuerdo de necesidad de ocupación, siempre que contenga una relación detallada de los bienes a expropiar. En la ley en cuya aplicación se declara la urgente ocupación. Siempre que se expropia para la ejecución de una obra pública de interés general. En los planes de obras y servicios.

Si la responsabilidad deriva de una gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas,. La cuantía de la indemnización se distribuirá entre las Administraciones públicas actuantes, cada una de las cuales responderá por la misma cantidad. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular de forma mancomunada. Las Administraciones públicas actuantes responderán frente al particular de forma solidaria.

Según la Ley 40/2015, para calcular la indemnización en caso de muerte o lesiones corporales. Es necesario tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La Administración y los tribunales utilizarán el criterio estimativo que consideren más conveniente, motivando su decisión. La Administración y los tribunales utilizarán el criterio estimativo que consideren más conveniente, siempre que ello resulte más beneficioso para la víctima que la aplicación de los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social, que es prioritaria. Se puede tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

Según la Constitución, los particulares, en los términos establecidos por la ley, tienen derecho a ser indemnizados. Por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. Por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

Según la Ley 40/2015, la indemnización por responsabilidad patrimonial. Puede compensarse, total o parcialmente, con las deudas tributarias del interesado, si así lo acuerda la Administración previo consentimiento del interesado. Puede consistir en una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos, pero se requiere el acuerdo del interesado. Puede abonarse en especie o hacerse efectiva mediante pagos periódicos si así lo acuerda el órgano jurisdiccional que ha conocido del recurso contencioso-administrativo. Puede sustituirse por una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos si así lo acuerda motivadamente la Administración.

El mutuo acuerdo consiste en que las partes convienen. El montante del justiprecio expropiatorio y los bienes de necesaria ocupación. La transmisión onerosa, mediante un contrato de compraventa, de los bienes de necesaria ocupación. El montante del justiprecio expropiatorio y el destino que debe darse a los bienes de necesaria ocupación. El montante del justiprecio expropiatorio.

Según la Ley de Expropiación Forzosa, en caso de nulidad del expediente expropiatorio el derecho del expropiado a ser indemnizado por esta causa. Se rige por la legislación reguladora de la responsabilidad patrimonial de la Administración o por el Código Civil, según que el beneficiario sea una Administración o un particular. Surge cuando la nulidad del expediente deriva de la comisión de una vía de hecho expropiatoria. Se rige por la legislación reguladora de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cualquiera que sea la causa que ha motivado la nulidad. Depende de la entidad del vicio determinante de la nulidad del expediente.

Si una ley declara genéricamente la utilidad pública,. Ya puede procederse a la ocupación de los bienes necesarios para cumplir la causa de expropiar. Su reconocimiento en cada caso concreto deberá hacerse por acuerdo de la Administración expropiante. Su reconocimiento en cada caso concreto requiere la aprobación de un reglamento de ejecución de la ley. Ya puede procederse a declarar la necesidad de ocupación de los bienes necesarios para cumplir la causa de expropiar.

Indique la respuesta correcta. Ninguno de los titulares de derechos reales sobre un inmueble ajeno tiene derecho a un justiprecio independiente en caso de expropiación del mismo. Según la Ley, la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa si es expresa. Según la Ley, la resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa cualquiera que sea el tipo de relación, pública o privada, de que derive. La declaración de la causa de expropiar constituye el inicio del expediente expropiatorio y su fecha es el dies a quo del plazo de que disponen los jurados para señalar el justiprecio en vía administrativa.

Indique la respuesta correcta. Frente a los acuerdos de los jurados municipales de expropiación únicamente puede interponerse recurso de reposición potestativo o recurso contencioso. La cuantía de la indemnización por responsabilidad patrimonial se calculará por referencia a la fecha de presentación de la reclamación por el interesado. Según la Ley de Expropiación Forzosa, el caso de nulidad del expediente expropiatorio, el derecho del expropiado a ser indemnizado está justificado si acredita haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable conforme a lo dispuesto en el régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Aunque los jurados de expropiación están vinculados por las hojas de aprecio, tienen libertad para señalar el porcentaje del premio de afección.

¿Cuál es el régimen de los recursos frente a los acuerdos de los jurados municipales de expropiación?. El mismo que frente a los acuerdos de los demás jurados de expropiación. Cabe recurso de alzada si no agotan la vía administrativa y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo. Cabe recurso contencioso-administrativo previa declaración de lesividad, en su caso. No existen jurados municipales de expropiación.

El conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Corresponde siempre a la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque la acción se dirija únicamente contra la compañía aseguradora de la Administración. Corresponde siempre a la jurisdicción contencioso-administrativa, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deriven. Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa o a la jurisdicción civil, según cual sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deriven. Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que deriven, salvo que la acción se dirija contra la Administración y la compañía aseguradora de ésta.

Según la Ley de Expropiación Forzosa, puede ser objeto de expropiación forzosa la propiedad y. Cualquier derecho o interés protegido por el ordenamiento jurídico. Cualquier derecho o interés patrimonial legítimo, incluidos los derechos fundamentales que sean susceptibles de conversión patrimonial. Cualquier derecho o interés patrimonial legítimo. Cualquier derecho o interés legítimo y todo bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico.

Según la Ley de Expropiación Forzosa,. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor de los bienes al momento de dictarse el acuerdo de necesidad de ocupación. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor de los bienes al inicio del expediente de justiprecio. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor de los bienes al momento de pronunciarse el jurado de expropiación. Las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor de los bienes al inicio del expediente expropiatorio.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, ¿cuál de las siguientes infracciones no da lugar a una vía de hecho expropiatoria?. Falta de declaración de la causa de expropiar. Falta de declaración de la necesidad de ocupación. Falta acreditada de urgencia en una expropiación declarada urgente. Falta de previo pago o depósito, según proceda.