Admin III 2016-2017

Se puede prescindir de la garantía definitiva en: Los contratos de obras. Los contratos de concesión de obras públicas. Los contratos de suministro. No se puede prescindir en ningún contrato del sector público.

Es obligatorio publicar en el DOUE los anuncios de los procedimientos de adjudicación de: Los contratos in house. Los contratos menores. Los contratos sujetos a regulación armonizada. Los contratos de gestión de servicios públicos.

El objeto de la expropiación forzosa puede ser: Exclusivamente un bien inmueble. Exclusivamente un bien mueble. Exclusivamente un derecho de propiedad de suelo. Un derecho o interés patrimonial legítimo.

En el caso de la responsabilidad por actos de la Administración de Justicia, ¿ante quién se deberá presentar la reclamación?. Ante el propio Juez o Tribunal que ha causado el daño. Ante el Ministerio de Justicia. Ante el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior de aquel que ha causado el daño. No existe responsabilidad por actos de la Administración de Justicia.

¿Cuál de las siguientes circunstancias NO ampara el nombramiento de funcionarios interinos?. La existencia de plazas vacantes mientras no se provea por funcionarios de carrera. El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. La sustitución permanente de los titulares. La ejecución de programas de carácter temporal.

Conforme al EBEP, el directivo público: Constituye una clase de empleado público. No constituye una clase de empleado público, sino que los puestos directivos serán ocupados exclusivamente por funcionarios. No constituye una clase de empleado público, sino que los puestos directivos serán ocupados exclusivamente por personal laboral. No constituye una clase de empleado público, sino que los puestos directivos serán ocupados tanto por funcionarios como por personal laboral.

¿Quién aprueba cada año la Oferta de Empleo Público?. El legislador estatal a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El legislador estatal, para la Administración del Estado, y el legislador autonómico, para la Administración autonómica y las Administraciones locales ubicadas en su territorio. El legislador estatal, para la Administración del Estado y para las Administraciones locales, y el legislador autonómico para su Administración autonómica. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.

La compraventa de bienes inmuebles: Es un contrato de obras. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. No está incluida en el objeto del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Es un contrato de suministro.

El contrato de suministro: Siempre tiene por objeto bienes inmateriales, como programas de ordenador. Siempre tiene por objeto bienes inmuebles. Siempre tiene por objeto bienes muebles. Puede tener por objeto bienes muebles e inmuebles, indistintamente.

NO es una prerrogativa de la Administración, en materia de contratación: Modificar los contratos administrativos por razones de interés público. Confirmar la legalidad del clausulado de los contratos administrativos. Acordar la resolución de los contratos administrativos. Interpretar los contratos administrativos.

Una modificación de un contrato administrativo se entiende que altera las condiciones esenciales de licitación cuando: Iguale o exceda, en más o en menos, el 10% del precio de adjudicación del contrato. Iguale o exceda, en más o en menos, el 20% del precio de adjudicación del contrato. Iguale o exceda, en más pero no en menos, el 10% del precio de adjudicación del contrato. Iguale o exceda, en más pero no en menos, el 20% del precio de adjudicación del contrato.

En el caso de la responsabilidad del Estado por actos del Poder legislativo, el daño se debe derivar: Directamente de la ley. De la aplicación de una norma con rango de ley. De un acto de las Cortes Generales o de una Asamblea legislativa autonómica. No existe responsabilidad del Estado por actos del Poder legislativo.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el personal directivo: Es el que desempeña funciones de confianza y asesoramiento especial. Es el que desempeña funciones directivas. Es el que desempeña funciones de autoridad. Es el que desempeña funciones públicas.

Los entes del sector público que no tienen la consideración de Administraciones Públicas ni de poderes adjudicadores ... Se sujetan en cuanto a las reglas de fondo al Derecho privado. Celebran contratos de naturaleza administrativa. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. No quedan nunca sujetos a regulación armonizada.

La clasificación de los contratistas tiene naturaleza jurídica de: Autorización. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Concesión. Comunicación previa.

En el procedimiento de dialogo competitivo hay: Tres fases: una de dialogo, otra de determinación y la final de competencia. Una fase: dialogo. Dos fases: una de dialogo y otra de competencia. Cuatro fases: unas de diálogo, otra de competencia, otra de determinación y otra de subsanación.

La modificación de los contratos administrativos (ius variandi): Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en el pliego. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en las especificaciones técnicas. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en el propio contrato.

La cesión del contrato: Sólo es posible previa autorización del órgano de contratación. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en las especificaciones técnicas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Sólo se sujeta a la condición de que esté ejecutado al menos el 20% del importe del contrato.

La potestad expropiatoria queda limitada... Constitucionalmente a los Entes territoriales. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en el pliego. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Exclusivamente al Estado, las CCAA y los municipios.

El justiprecio expropiatorio: Los trámites procedimentales para determinar el justiprecio varían según que la expropiación se haya tramitado con declaración de urgencia o no. La fijación del precio por mutuo acuerdo impide al propietario recurrir el justiprecio ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero no le priva de su derecho a la retasación en los supuestos legalmente establecidos. En las expropiaciones por tasación conjunta el justiprecio se aprueba de forma conjunta para todos los propietarios lo que impide que estos puedan obtener un pronunciamiento singularizado del Jurado de expropiación fijando la valoración de cada una de bienes y derechos que son objeto de expropiación. En caso de discrepancia entre la valoración ofrecida por la administración expropiante y la hoja de aprecio presentada por el interesado, éste podrá recurrir potestativamente al Jurado de expropiación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo contra la valoración realizada por la administración.

El expediente expropiatorio debe tramitarse con: Con el Ministerio Fiscal cuando publicada la necesidad de ocupación no compareciesen los titulares. Quienes figuran como propietarios o titulares de derechos cuando se publica el acuerdo de necesidad de ocupación sin perjuicio de que en caso de transmisión deban ceder el justiprecio que se les reconozca a los adquirentes del bien expropiado. Con el Ministerio Fiscal cuando se presenten títulos contradictorios sobre la finca que se trata de expropiar. Quienes figuran como propietarios o titulares de derechos o bien en el registro de la propiedad o bien en el Catastro a libre elección del órgano expropiante.

¿Qué instrumento, fruto de la negociación colectiva, tiene por objeto materias que se corresponden con el ámbito competencia! de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas?. Los reglamentos colectivos. Los Convenios colectivos. Los Acuerdos. Los Pactos.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: Tiene naturaleza administrativa. Es un órgano jurisdiccional. Ninguna da las anteriores respuestas es correcta. Es un organismo autónomo.

Debe tramitarse un procedimiento expropiatorio conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa: Para la privación de la propiedad o de los derechos o de algunas de las facultades que estos comprenden. Sólo y únicamente para la privación de la propiedad de bienes inmuebles (suelos y edificios) sin que sea necesario para otros derechos que ostenten los terceros sobre ellos. Para la privación de cualquier tipo de propiedad ya sea de Administraciones o particulares. Sólo para la privación de la propiedad mueble o inmueble o cualesquiera otros derechos legítimos de los particulares.

En materia de responsabilidad de la Administración, cuando el daño se produce como consecuencia de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas: Responden solidariamente las Administraciones intervinientes. Responde exclusivamente la Administración en cuyo territorio tenga su domicilio el particular que ha sufrido el daño. Responde exclusivamente la Administración que ostente una posición de supremacía en la formula conjunta de actuación. Responde exclusivamente la Administración en cuyo territorio se ha producido el daño.

Cabe la adjudicación directa de contratos menores a una empresa mixta: Si el socio privado se ha efectuado de conformidad con las normas establecidas en la ley para la adjudicación del contrato cuya ejecución constituya su objeto. En ningún caso. En todo caso. Si el socio público dispone de más del 50% del capital de la empresa mixta.

No estando prevista la modificación del contrato en el mismo, NO cabe el ius variandi: Por fuerza mayor. Por necesidades presupuestarias. Por inadecuación del proyecto de la prestación por circunstancias de tipo arqueológico. Por la conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos.

El principio de mérito y capacidad en la Función Pública ¿en qué precepto se encuentra recogido en la CE?. en el art. 103.3. el principio de mérito y capacidad no se menciona en la CE, sino en el Estatuto Básico del Empleado Público. en el art. 23.2, junto con el derecho de acceso en condiciones de igual a los cargos y puestos públicos. en el art. 149.1.18ª.

La garantía definitiva: su importe asciende ordinariamente al 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. se impone obligatoriamente en todo tipo de contratos. puede prescindirse de ella en los contratos de obras. puede prescindirse de ella en todo tipo de contratos.

La cesión del contrato NO queda sujeta a la ss. condición: que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato. que las cualidades técnicas del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación. que se hay ejecutado un 60% del importe de la adjudicación. que el cesionario tenga capacidad de contratar con la Admón.

Para la reclamación de la responsabilidad del Estado por error judicial: es necesario que ese error haya sido declarado de forma expresa y previa por un Tribunal. no es necesario que ese error haya sido declarado de forma expresa y previa por un Tribunal. las reclamaciones se dirigirán directamente al Juez o Tribunal que cometió ese error judicial causante del daño. no es necesario que el daño sea efectivo, invaluable económicamente e individualizado.

El objeto de la expropiación puede ser: sólo la privación parcial de un derecho patrimonial. sólo la privación de un bien mueble. la privación de los bienes de dominio público. ninguna de los anteriores.

La prerrogativa de interpretar los contratos del sector público corresponde: al contratista. al órgano de contratación. al contratista y al órgano de contratación, de mutuo acuerdo. a ninguno de los anteriores.

La condición de expropiante solo se reconoce, con carácter general: a los Entes territoriales, es decir al Estado, las CC.AA, la Provincia y el Municipio. a los Entes territoriales y a los Entes institucionales. a los Entes territoriales, a los Entes institucionales cuando una Ley así lo establezca y al Legislador. a los Entes territoriales, a los Entes institucionales cuando una Ley así lo establezca y a los Jueces y Tribunales.

NO es un procedimiento de adjudicación de contratos: el procedimiento restringido. el procedimiento urgente. el procedimiento abierto. el procedimiento negociado.

El pago del justiprecio expropiatorio: el justiprecio debe pagarse en metálico, pero en las expropiaciones urbanísticas puede sustituirse por el pago con terrenos por valor equivalente. el pago del justiprecio es siempre previo a la transmisión de la propiedad, de manera que la firma de las actas previas de ocupación en una expropiación urgente no es título suficiente para la inscripción de la finca en el registro de la Propiedad, debiendo la administración esperar para ello a que por el Jurado se fije el justiprecio y se proceda a su pago. la administración, no estando conforme con el justiprecio fijado por el Jurado que estima además lesivo para sus intereses y cuando tenga dudas de la solvencia del expropiado, puede elegir entre consignar el pago del justiprecio fijado por el Jurado o hacerlo efectivo al propietario. la ley establece un plazo máximo de 6 meses entre el inicio del expediente expropiatorio y la fijación del justiprecio. Cuando este plazo se exceda el expropiado puede optar entre recibir el justiprecio junto con los intereses de demora desde el momento de inicio del procedimiento expropiatorio o que se declare la caducidad del procedimiento expropiatorio.

En la expropiación forzosa ¿cuándo se produce la transferencia de la propiedad al beneficiario de la expropiación?. cuando se produce la inscripción en el Registro de la Propiedad. cuando se lleva a cabo la ocupación de los bienes expropiados. cuando se declara la necesidad de ocupación de los bienes. cuando se abona el justiprecio.

Los contratos administrativos: deben obligatoriamente elevarse a escritura pública. nunca se elevan a escritura pública. se elevan a escritura pública si lo solicita el contratista. ninguna de las anteriores.

sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza y asesoramiento especial?. personal directivo. funcionarios interinos. personal eventual. personal laboral.

La Ley de Contratos del Sector Público: prohíbe la cesión del contrato. prohíbe la subcontratación. prohíbe la cesión del crédito derivado del contrato. ninguna de las anteriores.

La declaración de la causa de utilidad pública o interés social: debe aprobarse por ley que incluirá, además, la declaración de necesidad de ocupación. debe realizarse mediante la aprobación de una ley para cada procedimiento expropiatorio, de ahí que los municipios no puedan iniciar ningún procedimiento expropiatorio y su actuación comience con el trámite de necesidad de ocupación una vez declarada la utilidad pública o interés social por ley del Estado o la Comunidad Autónoma. es el primer trámite del procedimiento expropiatorio que puede ser recurrido por los interesados: ya sea por el beneficiario de la expropiación o por los afectados por la expropiación. puede ser implícita en relación con la expropiación de determinadas categorías de inmuebles para la ejecución de determinados planes y proyectos de obras, como es el caso de carreteras, ferrocarriles, planes urbanísticos, etc.

¿Cómo se denomina el derecho de los causahabientes del expropiado de recobrar los bienes expropiados si no se ejecutare la obra pública que fue causa de la expropiación?. derecho de retracto. los causahabientes de la persona expropiada nunca heredan los derechos derivados del negocio jurídico expropiatorio. derecho de reversión. derecho de tanteo.