Admin III 2018

NO es una causa de prohibición de contratar: Haber incurrido en quiebra. Incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social. Haber incurrido en delito de violencia de género. Haber incurrido en delito de falsedad.

En el procedimiento negociado, siempre que sea posible, será necesario solicitar ofertas al menos al siguiente número de empresas: Cuatro. Cinco. Tres. Dos.

¿Cuál es la fecha de referencia para el cálculo de la cuantía de la indemnización en caso de responsabilidad administrativa?. El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actuación a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad y de los intereses que procedan por demora. El día en que un perito hizo la primera tasación de los daños. El día en que se pone fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se abone. El día en que se interpuso la reclamación por responsabilidad ante la Administración responsable, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad.

En lo que respecta al ámbito personal de la responsabilidad administrativa,. La responsabilidad surge por la actuación no sólo de empleados públicos sino también de autoridades públicas. Ésta sólo se origina por la actuación de los empleados públicos, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación. Sólo la actuación de funcionarios de carrera determina la responsabilidad de la Administración. Sólo la actuación de la autoridades públicas hace surgir la responsabilidad de la Administración así como la de los empleados públicos que ocupan cargos que realizan actos que producen efectos frente a terceros.

En relación con la Función Pública local, si hubiese una contradicción entre la Ley de Bases de Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público. Se aplica preferentemente la Ley de Bases de Régimen Local. Se aplica preferentemente el Estatuto Básico del Empleado Público. Se descartarían ambas leyes y se recurriría a la legislación de Función Pública de la Comunidad Autónoma en cuestión. Se aplicaría preferentemente la Ley de Bases de Régimen Local para las cuestiones relativas a la organización administrativa de la Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público para las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de los empleados públicos.

Las relaciones de puestos de trabajo son. Meros documentos de gestión sin eficacia jurídica. Actos administrativos. Reglamentos generales. Reglamentos generales a efectos de impugnación en sede administrativa.

En la oferta de Empleo Público. Se incluyen las necesidades de personal que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso. Se incluyen las necesidades de personal que deban cubrirse con personal que ya se encuentra al servicio de la Administración mediante los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. Se incluyen necesidades de funcionarios de carrera que deban cubrirse con personal de nuevo ingreso, pero no plazas que deban cubrirse con personal laboral. Se incluyen las necesidades de personal que deban cubrirse tanto con personal de nuevo ingreso como con personal que ya se encuentra al servicio de la Administración.

El elenco de sanciones recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público. No es exhaustivo, pues puede ser ampliado por leyes estatales y autonómicas. Es exhaustivo, pues no puede ser ampliado por ninguna otra Ley, sea estatal o autonómica. No es exhaustivo, pues puede ser ampliado por leyes estatales, para la Administración del Estado, por leyes autonómicas, para la respectiva Administración autonómica, y por ordenanza municipal, para el correspondiente ayuntamiento. No es exhaustivo, pues puede ser ampliado, para el personal funcionario, por leyes estatales, autonómicas o por Pactos y Acuerdos Colectivos, mientras que para el personal laboral puede ser apliado por convenios colectivos.

¿Cuánto puede durar la suspensión provisional de un empleado público?. Durante el tiempo que se extienda la prisión provisional si aparece como imputado en un procedimiento judicial. Mientras dura el procedimiento disciplinario, pero con un máximo de tres meses. Un empleado público no puede ser suspendido provisionalmente. Mientras dure el procedimiento judicial en el que aparezca como imputado, pero con un máximo de tres meses.

La resolución del recurso especial en materia contractual en el ámbito de la Administración General del Estado corresponde: Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Al Tribunal Administrativo Estatal en Materia de Contratación. Al superior jerárquico del órgano de contratación. Al Tribunal Central Estatal de Contratación del Sector Público.

Los contratos cuyo objeto es el arrendamiento de bienes muebles son: Contratos de servicios. Contratos de concesión de servicios. Contratos de suministros. Contratos de obras.

Los contratos menores: Pueden prorrogarse pero sólo hasta 6 meses. Pueden prorrogarse, pero sólo hasta 18 meses. Pueden prorrogarse, pero sólo hasta un año. No pueden prorrogarse.

No puede ser objeto de expropiación. Un bien mueble. Un inmueble. Un bien de dominio público. Un interés patrimonial legítimo.

No goza de potestad expropiatoria: Una Comunidad Autónoma. Un ente no territorial autorizado expresamente por la Ley. El Estado fuera de su territorio. La Provincia.

El justiprecio puede determinarse por acuerdo entre la Administración y el expropiado (señalar la respuesta correcta): Sólo en el plazo de 15 días tras la incoación del procedimiento expropiatorio. En cualquier momento antes de que se ponga fin al procedimiento expropiatorio. Nunca, es resultado siempre de la decisión del Jurado de Expropiación. Sólo cuando se constituya el Jurado de Expropiación y bajo su tutela.

Si un puesto de trabajo en una Administración Pública implica la participación en la salvaguardia de los intereses del Estado o de una Administración Pública, dicha Administración podrá: Única y exclusivamente reservar ese puesto a funcionarios de carrera. Única y exclusivamente prohibir que personas que no ostenten la nacionalidad española accedan a dicho puesto. Reservar ese puesto no sólo a funcionarios de carrera, pero también prohibir que lo ocupen personas que no ostenten la nacionalidad española. El hecho de que un puesto de trabajo en una Administración implique la participación en la salvaguarda de los intereses del Estado o de una Administración no tiene transcendencia alguna en la Función Pública, sin que la Administración pueda realizar ninguna actuación teniendo en cuenta tal circunstancia.

En la Oferta de Empleo Público. En la oferta de Empleo Público no se incluye necesidad de recursos humanos de ningún tipo, constituyendo simplemente una planificación general de recursos humanos. Sólo se pueden incluir necesidades de recursos humanos que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso sin asignación presupuestaria, pues las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestarias se articulan a través de las relaciones de puestos de trabajo. Sólo se pueden incluir necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso. Se pueden incluir necesidades de recursos humanos, tanto con asignación presupuestaria como sin ella, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.

La sanción de separación del servicio: Sólo puede aplicarse a los funcionarios de carrera. Puede aplicarse a los funcionarios de carrera y a los funcionarios interinos. Puede aplicarse a cualquier empleado público. Puede aplicarse a los funcionarios de carrera, a los funcionarios interinos y al personal laboral al servicio de la Administración Pública.

En caso de un funcionario sea incriminado por su actuación administrativa,. El Tribunal contencioso-administrativo se encuentra vinculado por el pronunciamiento previo del Tribunal penal al considerar legal o ilegal dicha actuación administrativa. El Tribunal penal no se encuentra vinculado por el pronunciamiento previo de la Jurisdicción contencioso-administrativa al considerar legal o ilegal dicha actuación administrativa. El Tribunal penal se encuentra vinculado por el pronunciamiento previo de la Jurisdicción contencioso-administrativa al considerar legal o ilegal dicha actuación administrativa. Tanto el Tribunal penal como el Tribunal contencioso-administrativo no se encuentran ni vinculados ni condicionados por los pronunciamientos previos o posteriores de uno u otro.

Son objeto de la jurisdicción civil: Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la preparación de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la adjudicación de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la resolución de los recursos especiales en materia de contratación relativos a los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. Las controversias que se susciten entre las partes en relación con la extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan carácter de poderes adjudicadores.

No puede ser objeto de expropiación forzosa. Todas las respuestas anteriores son incorrectas. Los bienes muebles. Los derechos e intereses patrimoniales legítimos. Los bienes privados de un ente público.

La legalidad de una expropiación puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo cuando se adopte. La resolución administrativa que ponga fin al expediente de expropiación. La declaración de interés público. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La incoación del expediente.

En el caso del procedimiento para declarar la responsabilidad de la Administración, si éste se iniciare de oficio. Deberá instituirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido si bien, en tal caso, si se declara la responsabilidad de la Administración, los interesados no personados no podrán percibir la indemnización que se declare, pues se entiende, al no personarse, que ha renunciado tácitamente a la misma. Deberá dejar de instituirse si los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido. Deberá instituirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento en el plazo establecido si bien, en tal caso, si se declara la responsabilidad de la Administración, dicha declaración no irá seguida de indemnización alguna. Deberá instruirse aunque los interesados presuntamente lesionados no se personaran en el procedimiento establecido.

En el caso de daños producidos por concesionarios de servicios públicos. La reclamación se debe dirigir ante los Tribunales ordinarios, pues la responsabilidad se rige por el Derecho civil. La reclamación siempre se debe dirigir ante la Administración, pues los concesionarios actúan en nombre de la Administración. La reclamación se puede dirigir ante la Administración o ante el concesionario, aunque la responsabilidad se rija por el Derecho civil. La reclamación se debe dirigir ante los Tribunales contencioso-administrativo, pues la responsabilidad se rige por el Derecho administrativo.

Señale la afirmación correcta. El directivo o personal directivo de la Función Pública es una clase de empleado público. El directivo o personal directivo de la Función Pública sólo puede ser funcionario de carrera. El directivo o personal directivo de la Función Pública estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. El directivo o personal directivo es una figura que debe ser implantada obligatoriamente en todas las Administraciones Públicas a través de las Leyes de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.

El sueldo de los funcionarios públicos. Se asigna a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional. Incluye todas las retribuciones que percibe un funcionario. Es un concepto retributivo complementario de entre los distintos concepto retributivos que percibe un funcionario. Se asigna a cada funcionario en función de sus méritos y necesidades.

El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y al respectivo Estatuto de Autonomía por parte de un funcionario. Constituye una infracción muy grave que prescribe a los tres años. No constituye ninguna infracción que haya sido tipificada como tal por el Estatuto Básico del Empleado Público. Constituye una infracción muy grave que al año de haberse cometido. Constituye una infracción muy grave que no prescribe nunca.