Admin III T4 y T5 y T6

Como regla general, la desafectación de un bien demanial: b) Implica que el bien permanecerá como bien patrimonial en la Administración titular de aquel. d) Necesariamente implica una mutación demanial a otra finalidad de uso o servicio público. a) Implica la pérdida del bien para la Administración titular de aquel. c) Implica la enajenación del bien a su antiguo titular.

¿Qué título habilitante exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para el uso privativo de los bienes demaniales por los particulares?: c) Una concesión administrativa cuando la ocupación se efectúe con instalaciones fijas. a) Una autorización administrativa cuando la ocupación se efectúe con instalaciones fijas. d) Una concesión administrativa cuando la ocupación se efectúe con instalaciones desmontables. b) Una autorización administrativa cuando la ocupación supere el plazo de 4 años.

¿Qué es el reintegro posesorio?: a) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda recuperar la posesión indebidamente perdida de sus bienes públicos. b) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda recuperar la posesión de sus bienes demaniales cuando el título que habilitaba al particular para su ocupación haya perdido su vigencia. d) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda deslindar la titularidad de sus bienes públicos. c) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda declarar la titularidad de sus bienes demaniales.

En materia de bienes públicos, ¿en qué consiste la potestad administrativa de investigación?: c. La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda indagar y en su caso declarar la titularidad de sus bienes. d. La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda indagar y en su caso deslindar la titularidad de sus bienes. b. Es la potestad que se reconoce a la Administración para que pueda indagar y en su caso recuperar la posesión de sus bienes cuando el título que habilitaba al particular para su ocupación haya perdido su vigencia. a. Es la potestad que se reconoce a la Administración para que pueda indagar y en su caso recuperar la posesión indebidamente perdida de sus bienes.

El uso especial de los bienes demaniales significa: c. Una utilización de los bienes demaniales por los particulares que implica un singular menoscabo, limitación, intensidad o exceso. d. Una utilización de los bienes demaniales por la Administración que implica un singular menoscabo, limitación, intensidad o exceso. b. Una utilización por la Administración que implica la ocupación de los bienes demaniales excluyendo una igual utilización por otros sujetos. a. Una utilización por los particulares que implica la ocupación de los bienes demaniales excluyendo una igual utilización por otros sujetos.

¿Qué es el desahucio administrativo?: b) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda recuperar la posesión de sus bienes demaniales cuando el título que habilitaba al particular para su ocupación haya perdido su vigencia. c) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda declarar la titularidad de sus bienes demaniales. d) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda deslindar la titularidad de sus bienes públicos. a) La potestad que se reconoce a la Administración para que pueda recuperar la posesión indebidamente perdida de sus bienes públicos.

La mutación demanial significa: c. El cambio de titularidad del bien en favor de otra Administración sin perder su cualidad de demanial. d. El cambio del destino del bien demanial a una finalidad distinta del uso o servicio público. b. El cambio de titularidad por el que el bien demanial se transforma en bien patrimonial de otra Administración. a. La transformación física del bien de dominio público.

En materia de bienes públicos, la inalienabilidad significa: d) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de enajenación. c) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de desafectación para el pago de deudas. b) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de prescripción adquisitiva para el pago de deudas. a) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de traba y enajenación forzosa para el pago de deudas.

En materia de bienes públicos, la inembargabilidad significa: c) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de traba y enajenación forzosa para el pago de deudas. a( Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de desafectación para el pago de deudas. b) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan destinarse al pago de deudas. d) Que los bienes demaniales de la Administración no puedan ser objeto de prescripción adquisitiva para el pago de deudas.

Como regla general, la desafectación de un bien demanial: repetida. b) Implica que el bien permanecerá como bien patrimonial en la Administración titular de aquel. d) Necesariamente implica una mutación demanial a otra finalidad de uso o servicio público. a) Implica la pérdida del bien para la Administración titular de aquel. c) Implica la enajenación del bien a su antiguo titular.

cuando el retraso del pago por parte de la administración sea superior a el contratista puede proceder a la suspensión del contrato, previa comunicación a la administración con antelación mínima de ... 4 meses-1 mes. 4 meses-15 días. 60 días-1 mes.

Según la regulación actual(relativa a la modificación de los contratos) establecida en los arts.204 y 205 LCS LEY 2017(Corregido ley nueva y artículos). La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas,ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas.( no contempladas en la documentación preparatoria del mismo,o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas o ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo.Sí podrá incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. La modificación del contrato sólo podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas,sin ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente.

La Ley 3 /2004 de 29 de diciembre…Modificada por ley 15/2010. Establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Establece el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es la ley relativa a los Contratos del Sector Público.

¿a partir de que plazo puede el contratista pedir la resolución del contrato por demora en el pago por parte de la administración. 6 meses. 8 meses. 90 días.

el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del contrato o acordarla continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. cuando las penalidades por demora del contratista alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato. cuando las penalidades por demora del contratista alcancen un múltiplo del 6% del precio del contrato. cuando las penalidades por demora del contratista alcancen un múltiplo del 10% del precio del contrato.

Puede ser objeto de expropiación: A. Todas las respuestas son correctas. C. Un bien inmueble. B. Un bien incorporal. D. Un bien mueble.

El expediente expropiatorio se inicia con: B. El acuerdo de necesidad de ocupación. A. La declaración de utilidad pública. C. La ocupación del bien. D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

El justiprecio expropiatorio: D. La fijación del precio por mutuo acuerdo impide al propietario recurrir el justiprecio ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero no le priva de su derecho a la retasación en los supuestos legalmente establecidos. A. Los trámites procedimentales para determinar el justiprecio varían según que la expropiación se haya tramitado con declaración de urgencia o no. B. En las expropiaciones por tasación conjunta el justiprecio se aprueba de forma conjunta para todos los propietarios lo que impide que estos puedan obtener un pronunciamiento singularizado del Jurado de expropiación fijando la valoración de cada una de bienes y derechos que son objeto de expropiación. C. En caso de discrepancia entre la valoración ofrecida por la administración expropiante y la hoja de aprecio presentada por el interesado, éste podrá recurrir potestativamente al Jurado de expropiación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo contra la valoración realizada por la administración.

En la Ley de Expropiación Forzosa NO se reconoce potestad expropiatoria: D. A los organismos autónomos. B. A las Provincias. A. A las Comunidades Autónomas. C. A los Municipios.

El Jurado provincial de expropiación, que se constituirá en cada capital de provincia, estará formado por un Presidente, que lo será el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia correspondiente, y cuatro vocales, entre los que NO se encuentra: C. Un magistrado de lo contencioso-administrativo. A. Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación Hacienda. D. Un Notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente. B. Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar.

La potestad expropiatoria sólo se reconoce a: B. Los Entes territoriales. C. Las Administraciones Públicas y a los beneficiarios. A. Las Administraciones Públicas. D. Todas las respuestas son correctas.

En España, el pago del justiprecio debe realizarse antes de la ocupación del bien expropiado: C. En el procedimiento de urgencia no se exige el previo pago del justiprecio. A. La Constitución así lo exige en el artículo 33. B. No es una exigencia constitucional, pero es la práctica habitual. D. Todas las respuestas son incorrectas.

No son objeto de la potestad expropiatoria: A. Los bienes de dominio público. C. Los meros intereses patrimoniales legítimos. D. Todas las respuestas son verdaderas. B. Los bienes patrimoniales (de dominio privado) de una administración pública .

En relación con los criterios de valoración a efectos de fijación del justiprecio, señale la única afirmación que es cierta: A. El valor real no es sin más el valor de mercado, sino más bien el valor objetivo del bien, establecido en términos de equidad y mediante el empleo de criterios estimativos no excluyentes. D. El único criterio de valoración admitido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo es el de valor de mercado. B. El principal criterio de valoración en la jurisprudencia del Tribunal Supremo es el valor de sustitución. C. El valor real a efectos de determinación del justiprecio es la media ponderada del valor de mercado, el valor de sustitución y el valor catastral.

No goza de potestad expropiatoria: C. El Estado fuera de su territorio. B. Una Comunidad Autónoma. A. La Provincia. D. Un ente no territorial autorizado expresamente por la Ley.

El justiprecio (señalar la respuesta correcta). C. Es una indemnización de daños y perjuicios a posteriori de la lesión que comporta la pérdida de la cosa o del derecho. D. Debe pagarse tras la ocupación del bien expropiado y nunca con anterioridad. A. Debe pagarse en todo caso antes de la ocupación del bien expropiado. B. Debe pagarse siempre antes de la ocupación en caso de expropiación de bienes inmuebles.

La hoja de aprecio ... (completar). C. La puede formular el expropiado y la Administración. A. La fórmula exclusivamente el expropiado. D. No la formula ni el expropiado ni la Administración. B. La fórmula exclusivamente la Administración.

A efectos de la reversión expropiatoria, se entiende que la obra no se ha ejecutado cuando la obra no se ha iniciado transcurridos: A. Cinco años desde la toma de posesión del bien. D. Diez años desde el pago del justiprecio. B. Cinco años desde el pago del justiprecio. C. Diez años desde la toma de posesión del bien.

La potestad expropiatoria queda limitada. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. C. Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en el pliego. B. Exclusivamente al Estado, las CCAA y los municipios. A. Constitucionalmente a los Entes territoriales.

El Tribunal Constitucional, en relación con la expropiación legislativa singular, ha dictaminado: A. Que siendo admisible en principio, requiere ciertas garantías, como la posibilidad de recurso, aunque sea indirecto. B. Que se admitiría para el Caso Rumasa, pero no en otros en el futuro. C. Que es radicalmente inconstitucional. D. Que no presenta problema constitucional alguno y es admisible en todo caso.

El art. 33.3 de la Constitución: B. Son válidos cualesquiera métodos de valoración que establezca el legislador siempre que guarden un proporcional equilibrio con valores de mercado o valores en venta. A. Garantiza un valor de mercado hallado por comparación con los valores en venta de bienes análogos y sólo en el caso de que no existan valores de mercado permite valorar por el valor en renta del bien expropiado. C. La ley de expropiación forzosa establece los métodos de valoración de los bienes inmuebles, incluido el suelo, aplicables a las expropiaciones no urbanísticas, mientras que es la ley del suelo la que establece el método de valoración del suelo cuando se trata de expropiaciones urbanísticas. D. Deja libertad al legislador para establecer cualquier método de valoración aunque no guarde un proporcional equilibrio con los valores de mercado bastando que alegue que concurre una causa de interés público excepcional.

No forma parte del Jurado de Expropiación: C. Un Procurador. B. Un Abogado del Estado. A. Un Magistrado. D. Un Notario.

El pago del justiprecio expropiatorio: A. El justiprecio debe pagarse en metálico, pero en las expropiaciones urbanísticas puede sustituirse por el pago con terrenos por valor equivalente. D. La administración, no estando conforme con el justiprecio fijado por el Jurado que estima además lesivo para sus intereses y cuando tenga dudas de la solvencia del expropiado, puede elegir entre consignar el pago del justiprecio fijado por el Jurado o hacerlo efectivo al propietario. C. El pago del justiprecio es siempre previo a la transmisión de la propiedad, de manera que la firma de las actas previas de ocupación en una expropiación urgente no es título suficiente para la inscripción de la finca en el registro de la Propiedad, debiendo la administración esperar para ello a que por el Jurado se fije el justiprecio y se proceda a su pago. B. La ley establece un plazo máximo de seis meses entre el inicio del expediente expropiatorio y la fijación del justiprecio. Cuando este plazo se exceda el expropiado puede optar entre recibir el justiprecio junto con los intereses de demora desde el momento de inicio del procedimiento expropiatorio o que se declare la caducidad del procedimiento expropiatorio.

El procedimiento de expropiación urgente se inicia: A) Con la declaración de urgente ocupación. C) La declaración de interés público. D) La consignación del depósito previo. B) El levantamiento del acta previa de ocupación.

Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión: A. La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión. D. La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación. C. La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación. B. La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión.

La potestad expropiatoria sólo se reconoce a: repetida. B. Los Entes territoriales. C. Las Administraciones Públicas y a los beneficiarios. A. Las Administraciones Públicas. D. Todas las respuestas son correctas.

En la expropiación forzosa ¿cuándo se produce la transferencia de la propiedad al beneficiario de la expropiación?. B. Cuando se lleva a cabo la ocupación de los bienes expropiados. A. Cuando se produce la inscripción en el Registro de la Propiedad. D. Cuando se declara la necesidad de ocupación de los bienes. C. Cuando se abona el justiprecio.

El Derecho de reversión expropiatoria NO tiene lugar: D. Transcurridos veinte años desde el establecimiento del servicio que motivó la expropiación. B. En caso de no establecerse el servicio que motivo la expropiación. C. En caso de que hubiera una parte sobrante de los bienes expropiados. A. En caso de no ejecutarse la obra que motivo la expropiación.

El expediente expropiatorio debe tramitarse con: C. Con el Ministerio Fiscal cuando publicada la necesidad de ocupación no compareciesen los titulares. B. Quienes figuran como propietarios o titulares de derechos cuando se publica el acuerdo de necesidad de ocupación sin perjuicio de que en caso de transmisión deban ceder el justiprecio que se les reconozca a los adquirentes del bien expropiado. A. Quienes figuran como propietarios o titulares de derechos o bien en el registro de la propiedad o bien en el Catastro a libre elección del órgano expropiante. D. Con el Ministerio Fiscal cuando se presenten títulos contradictorios sobre la finca que se trata de expropiar.

El justiprecio expropiatorio: repetida. D. La fijación del precio por mutuo acuerdo impide al propietario recurrir el justiprecio ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero no le priva de su derecho a la retasación en los supuestos legalmente establecidos. A. Los trámites procedimentales para determinar el justiprecio varían según que la expropiación se haya tramitado con declaración de urgencia o no. B. En las expropiaciones por tasación conjunta el justiprecio se aprueba de forma conjunta para todos los propietarios lo que impide que estos puedan obtener un pronunciamiento singularizado del Jurado de expropiación fijando la valoración de cada una de bienes y derechos que son objeto de expropiación. C. En caso de discrepancia entre la valoración ofrecida por la administración expropiante y la hoja de aprecio presentada por el interesado, éste podrá recurrir potestativamente al Jurado de expropiación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo contra la valoración realizada por la administración.