TEST ADMIN TEMAS 1,7,8,9

En el caso de los procedimientos sancionadores, se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que existen elementos suficientes para: Calificar la infracción como leve. Adoptar la decisión sancionadora sin necesidad de audiencia. Archivar el expediente por falta de pruebas. Deducir claramente la responsabilidad del infractor.

Los intereses para pagar el justiprecio comienzan a contarse…. A partir del momento en el que se inician las negociaciones para su fijación. Una vez transcurridos seis meses a partir del día en que se fijó el justiprecio. Desde el momento de la ocupación. A partir del día en que se dicte la resolución del Jurado expropiatorio.

Los principios del ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se regulan: En la Ley reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público. En la Ley Orgánica reguladora de la Seguridad Ciudadana. En la Ley de Gobierno. En la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

¿Puede revisar la administracion sus reglamentos?. Puede revisarlos por causas de nulidad y anulabilidad. Puede revisarlos sin seguir ningún procedimiento. Solo puede derogarlos. Solo puede derogarlos, por causas de nulidad.

Los daños que la Administración produzca al particular y que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el procedimiento de producción de aquellos: No serán indemnizables. Solo podrán repararse mediante las prestaciones asistenciales que las leyes reconozcan. Son indemnizables, siempre que se hubieran producido en los cinco años siguientes a la constatación externa de los hechos que los produjeron. Son daños que los particulares no tienen la obligación jurídica de soportar.

En un procedimiento ordinario en vía contenciosa, el demandante pedirá el recibimiento del proceso a prueba: En la vista, justo antes de su inicio. En su escrito de demanda, mediante Otrosí. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. En el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo.

El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración por daños de carácter físico o psíquico producidos a las personas: Prescribe en el plazo de un año, plazo que empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Prescribe en el plazo de un año, plazo que empezará a computarse desde que se produjo el hecho o la circunstancia causante del daño. Es imprescriptible. Prescribe en el plazo de cuatro años, plazo que empezará a computarse desde que se produjo el hecho o la circunstancia causante del daño.

Si la Administración pretende impugnar la resolución del Jurado expropiatorio: Ha de presentarse directamente como demanda en el proceso contencioso-administrativo. Será suficiente la revocación de la resolución por tratarse de una Administración pública. Debe declarar lesivo el acto conforme a la LPAC. Las anteriores respuestas no son correctas.

La resolución que dicta el Jurado de Expropiación…. Es recurrible ante el órgano superior jerárquico de aquel que la dictó. Puede recurrirse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación. Puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa por parte de la Administración, previa declaración de lesividad. Se considera acto de trámite y, por tanto, no puede recurrirse.

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA: El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán incompatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.

Un juez de lo contencioso-administrativo debe presentar la cuestión de ilegalidad: Al haberse anulado un previo acto por ilegalidad del reglamento. Previamente a anularse un acto administrativo por poder ser el reglamento ilegal. En el caso de se inaplique un reglamento por la Administración. En el caso de que se anule el reglamento por un tribunal de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el infractor reconoce su responsabilidad en cualquier momento anterior a la resolución, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de: Al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta. Al menos el 50% sobre el importe de la sanción propuesta. No tiene obligación alguna de aplicar reducciones. El 100% sobre el importe de la sanción propuesta.

Las ordenanzas municipales. Regulan la actividad municipal con efectos para los ciudadanos. Son reglamentos ejecutivos de las leyes del Estado. Regulan las funciones institucionales de la Alcaldía. Regulan la estructura interna del municipio.

El plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra una disposición reglamentaria de carácter general es de: 6 meses contados desde el mismo día de la publicación de la disposición impugnada. 2 meses contados desde el mismo día de la publicación de la disposición impugnada. 6 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada.

Negativo. Los defectos de tramitación de un reglamento: Pueden alegarse en un recurso directo o indirecto contra el Reglamento. Solo pueden alegarse en un recurso directo contra el Reglamento. Solo son alegables si se trata de la infracción del trámite de audiencia. Solo pueden alegarse en el caso de presentarse una revisión por nulidad del Reglamento.