¿Cuál es el rango o jerarquía normativa estricto y correcto, en orden de mayor a menor, que se produce entre estos tipos de conjuntos normativos o de disposiciones normativas?
Ley orgánica, ley ordinaria y ley autonómica. Constitución y Tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, y reglamentos.
Reglamentos estatales, reglamentos autonómicos y Directivas comunitarias.
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Una norma jurídica de la Unión Europea (UE) denominada “Directiva” es:
Una norma elaborada por el Parlamento de la UE en materias propias y exclusivas de tal institución (UE) y, por lo tanto, diferente de la Directiva, que aprueba la Comisión europea.
Una norma jurídica de Derecho derivado de la UE que obliga a los Estados a conseguir un resultado en un plazo, dándoles libertad para implementarla del modo que crean conveniente.
Una norma de la UE obligatoria, por tanto de directo e inmediato cumplimiento por todos los Estado miembros.
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¿A qué Administración corresponde el establecimiento de las bases normativas sobre las cuales podrá elaborarse legislación de desarrollo y/o ampliativa y la gestión o ejecución en materia de protección ambiental?
Toda la acción de protección ambiental –y por tanto su legislación básica- es una competencia propia y exclusiva de las CCAA, sin participación de ninguna otra Administración.
La legislación básica es de carácter estatal, tal y como establece la Constitución, aunque su desarrollo posterior y la gestión corresponde a las CCAA.
Se trata de una materia compartida entre los municipios y las Comunidades Autónomas, estas últimas tienen la legislación básica que los municipios desarrollan posteriormente.
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La “medida de capacidad de cada órgano administrativo”, que puede dividirse, en términos conceptuales y de organización de estas tres formas: territorial, jerárquica y material,
Es la delegación interorgánica de competencias.
Es la avocación interorgánica de competencias.
Es lo que se denomina estrictamente ‘competencia’.
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Según el art. 45 de la Constitución, el medio ambiente (señale la opción más correcta): Es un derecho fundamental de pretación, invocable por vía de recurso de Amparo ante el TC.
Es un principio rector del ordenamiento jurídico, tutelado en beneficio de todos.
Es un derecho inalienable cuya protección y salvaguarda solo corresponde a los poderes públicos.
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¿Existía originariamente una competencia en materia de protección ambiental en los Tratados de la UE? ¿Cuándo se incluyó si no existía?
No existió en un principio, pero se empezó a incorporar de manera clara y completa en el TUE firmado en Maastrich (1992).
Si existía como tal de manera clara desde un principio, pero no llegó su desarrolló hasta el Tratado de Amsterdam de 1997.
No ha existido nunca. De hecho se trata de una política, pero no de una competencia, desarrollada desde Niza (2001).
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El adoptar “medidas de protección del medio ambiente aun antes de que se haya producido una lesión al mismo por la constatación científica de la existencia de un peligro real de deterioro ambiental”, es:
El principio de necesidad de lograr un ‘nivel de protección elevado’ propio de la acción comunitaria de protección ambiental.
El principio de acción preventiva o de cautela o precaución, típico del Derecho de la UE.
El principio ‘quien contamina paga’, también un principio propio del Derecho ambiental de la UE.
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Según la regulación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la Administración pública general y el órgano competente para realizar los procesos de autorización de dicha AAI son:
El que establezca la norma prevista en cada Comunidad autonómica pues, en todo caso, es una competencia autonómica.
El Ayuntamiento de la localidad correspondiente, siempre y en todo caso.
El Ministerio de Medioambiente o equivalente, del Gobierno central o Administración General del Estado.
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Sí puede considerarse una razón para la utilización de los llamados impuestos ecológicos como medios para la protección indirecta del ambiente, la siguiente:
Que es el sistema más gravoso, y por lo tanto más eficaz, para las empresas a la hora de imponerles medidas protectivas.
Que ayuda a la internalización de los costos ambientales en los procesos industriales y productivos y, así, fomenta indirectamente una mejora ambiental de tales procesos.
Es una manera de hacer partícipe al Estado de los gastos que se producen por la inadecuación en las por producciones contaminantes de las empresas.
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Una de estas respuestas no recoge, de manera clara, el entramado institucional básico de la organización de la Unión Europea:
El Consejo de la UE, el Consejo europeo, la Comisión y el Parlamento.
El Consejo Regional Económico y Social de la UE, La Comisión o Consejo europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Consejo de la UE, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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¿Cuál de estos elementos sí es constitutivo -o resulta crucial- para que pueda decirse que exista o concurra la responsabilidad civil, de acuerdo con una consolidada jurisprudencia en esta materia?: La existencia de una motivación subjetiva dolosa o, al menos culposa
La existencia, probada, de una relación de causalidad entre la acción u omisión culposa o negligente y el daño causado.
La intencionalidad directa y objetiva de provocar un daño ambiental, aunque no resulte probada.
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Solamente uno de estos elementos es parte del proceso de aprobación de una ecoetiqueta en un producto y concesión, conforme al modelo establecido en el Reglamentos 66/2010 de ecoetiquetas (europeas):
La realización de un test de idoneidad personal de los productores conforme al Tratado de Maastrich. La publicación del listado de ecoetiquetas vigente.
El pago del canon y contrato con el solicitante.
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El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de un espacio natural y, en cierta medida, también el Plan Rector de Uso y Gestión de tal espacio (PRUG), son actuaciones jurídico-administrativas que:
Ordenan básica y principalmente a utilización de recursos naturales, así como los usos y licencias dentro de un espacio natural protegido.
Se dirigen, respectivamente, a la concesión de licencias de uso y explotación únicamente; y al régimen sancionador sobre las actividades en tal espacio.
Desarrollan lo que la norma general establece, pero para un ámbito regional/autonómico y local, respectivamente.
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Uno de estos instrumentos de protección de especies no está previsto en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (LPNyB):
El catálogo de especies exóticas invasoras.
El listado de territorios protectivos especiales para especies en peligro de extinción
El catálogo español de especies amenazadas.
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Qué caracteres debe tener un daño para ser considerado “daño ambiental” conforme a lo que establece la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental (LRMA):
Que sea un cambio adverso y mensurable, directo o indirecto, y significativo.
Que sea evaluable en términos económicos, según unas tablas que aparecen en la ley.
Que sea directo, mensurable -leve o grave-, pero no necesita ser adverso.
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Cuando la autoridad competente no actúa en un caso claro de daño ambiental de los que aparecen entre, en sus elementos generales, bajo la LRMA de 2006, ¿Qué o cómo puede instar las actuaciones que correspondan?
Nadie, uno de los vacíos legales de la responsabilidad extracontractual es la ausencia de cualquier otro tipo de legitimidad fuera de la autoridad o los interesados directos.
Precisamente por ello, la ley permite y subsana este hecho descrito en a) con la posibilidad de que las Asociaciones ambientales sean interesados, pero únicamente ellos.
Si bien es cierto lo expuesto en a), la ley permite también otros interesados (quienes tienen derechos o intereses legítimos por los daños o la amenaza inminente de que ocurran) y al Ministerio Fiscal.
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¿Cuál de estos organismos ayuda, a modo de asesoramiento, a la UE durante la fase de elaboración y establecimiento de los criterios de la etiqueta ecológica y quién inicia tal procedimiento?
La Comisión europea a propuesta de los países, de modo directo.
El Comité de Etiqueta Ecológica de la UE; el procedimiento lo inicia la propia Comisión, los Estados miembros y otros partes interesadas y organismos competentes.
El Comité de revisión del ecoetiquetado, formado por los países miembros se lo presenta a la Comisión para su aprobación.
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¿Qué ‘limitación’ puede existir a la competencia de la autoridad – y qué autoridad es- en materia de licencias o informes previos municipales?
Siendo el Alcalde, o por delegación el Concejal correspondiente, su licencia puede venir muy delimitada por el informe previo, normalmente de carácter autonómico y vinculante.
Se trata de una competencia autonómica, aunque puede depender del informe previo municipal.
Será el Ayuntamiento correspondiente, previo informe de la Agencia Española para el medioambiente.
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No es una causa justificable para la denegación de información ambiental conforme a la Ley 27/2006 LAIA:
Carecer de dicha información por parte de la Administración a la que se solicita.
La protección del carácter sensible o confidencial de un determinado dato por causas justificadas en la norma.
La absoluta indiscriminación en lo solicitado en cuanto a la cantidad, concreción y/o irrazonabilidad de lo solicitado (previo, e su caso, oportunidad de concreción abierta posteriormente).
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El procedimiento sancionador, en este caso en materia ambiental, que puede abrir la UE a un Estado por incumplir las obligaciones derivadas de una Directiva no traspuesta y aplicada correctamente, se sustancia (indique la opción más completa y correcta):
Se inicia por la Comisión mediante una carta de emplazamiento y, en su caso, se impone la sanción tras un procedimiento contencioso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
El procedimiento se inicia y sigue por la Comisión, aunque existe una vía de apelación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Se trata de un proceso judicial contencioso que se sustancia, íntegramente, ante el TJUE, oído, en su caso, el Consejo y la Comisión de la UE.
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Desde el punto de vista de su caracterización tributaria, los impuestos ecológicos se consideran…
Tributos de incentivo negativo o disuasorios.
Tributos com fines extrafiscales o de ordenación.
Tributos recuperatorios de costes públicos.
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¿Cuál de estas medidas accesorias a la sanción principal sí está prevista en nuestro ordenamiento sancionador administrativo en materia de protección ambiental?
La multa o sanción pecuniaria como medida ordinaria.
La prisión preventiva o privación de libertad durante las actuaciones.
La prohibición absoluta de contratación pública desde que la sanción es firme y para siempre.
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