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Durante la 2.ª mitad del siglo XIX, los Cuerpos Generales o administrativos se caracterizaban por: La existencia de un régimen de ingreso, mediante pruebas objetivas. La previsión de un conjunto de carreras civiles jerarquizadas. La atribución en exclusiva de un haz de funciones públicas a desempeñar. La amovilidad o posibilidad de ser cesados por el superior de manera discrecional.

La mención que hace el Art. 25 CE al régimen disciplinario de los funcionarios públicos: Exige la previa tipificación de las infracciones y sanciones. La vigencia en todo caso del principio de legalidad. La prohibición de la imposición de penas privativas de libertad. La distinción entre la fase instructora y resolutoria del expediente.

Entre las consecuencias derivadas de la pertenencia a un Cuerpo o Escala, se encuentran: La determinación del nivel de las retribuciones complementarias. El acceso automático a los puestos adscritos al correspondiente Cuerpo o Escala. La adquisición de inmunidad jurídica en su actuación profesional. El ascenso de su consideración social y profesional en la actividad privada.

Dentro del esquema de los derechos económicos de los funcionarios públicos, los trienios forman parte de: Las retribuciones complementarias. Las retribuciones básicas. Las pagas extraordinarias. Las indemnizaciones por razón del servicio.

El acceso a la condición de Senador por un funcionario de carrera de una Comunidad Autónoma motiva su pase a la situación administrativa de: Suspensión de funciones. Servicios en otra Administración pública. Servicios especiales. Excedencia por interés particular.

El régimen de compatibilidad de un puesto público y privado tiene como finalidad: La eficacia en el trabajo del funcionario. La mejora de la productividad del funcionario. Evitar conflictos de interés en el desempeño de su puesto de trabajo. Lograr un reparto equitativo del trabajo público entre los ciudadanos.

Los bienes muebles que decoran las dependencias de las oficinas públicas, en la legislación vigente, son considerados como bienes integrantes de: El tesoro público de la AGE. La Hacienda pública de la AGE. El dominio público de uso público. El dominio público con servicios públicos.

Cuando la herencia fuere otorgada para la realización de fines de competencia administrativa sin designar beneficiario, se entenderá hecha a favor de: La Administración competente de ámbito inferior. La Administración competente de ámbito superior. La Administración General del Estado. La Comunidad Autónoma del causahabiente.

En el caso de que no se haya presupuestado la venta de un bien público, el dinero obtenido (art. 53.4 LGP): Se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales pudiendo dedicarse al conjunto del estado de gastos del presupuesto. Se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales destinada a gasto corriente. Se limita el destino del dinero al mismo concepto patrimonial del que proviene. Se limita el destino del precio a inversiones financieras y de obra pública.

El “interdictum proprium”, del art. 55 LPAP, se refiere a: La acción para la defensa de las servidumbres demaniales. La acción para la defensa frente a agresiones ilegítimas que causan daño y perjuicio en los bienes de dominio público. El procedimiento de inscripción de los bienes públicos en los registros o inventarios correspondientes. El procedimiento para la recuperación de la posesión indebidamente perdida de los bienes públicos.

No forman parte del Patrimonio Nacional: Los fondos públicos. Los bienes muebles. Los bienes inmuebles. Los derechos de patronato.

El ejercicio del uso común general se encuentra sometido, entre otros, al principio básico de: Proporcionalidad. Rentabilidad. Prioridad temporal. Responsabilidad patrimonial.

El rodaje de una película por una productora durante un día en un tramo de vía pública constituye un ejemplo de uso de bienes de uso público: Especial. General. Particular. Normal.

Con la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 son declaradas públicas: Todas las aguas continuas y discontinuas que no nacen en fundo privado. Todas las aguas corrientes que puedan destinarse al riego. Las aguas terrestres superficiales y subterráneas renovables. Las aguas continentales superficiales y las subterráneas sin distinción alguna.

El deslinde aprobado en materia de aguas continentales: Declara la posesión y la propiedad a favor del Estado. Declara la posesión a favor del Estado. Cede frente a los títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. Cede frente a los titulares inscritos que hayan participado en el deslinde.

Las Disposiciones Transitorias 1.ª y 2.ª de la Ley de Aguas de 1985 atribuyen al propietario de aguas subterráneas renovables: El mantenimiento de la propiedad con plenas garantías. El mantenimiento de una propiedad degradada en cuanto a su protección. La conversión automática de su propiedad en una concesión perpetua de aprovechamiento. La conversión de su propiedad en una autorización de investigación de aguas públicas.

Entre los usos comunes generales, se encuentra: La siembra. La pesca. La plantación y poda de árboles. El abrevar de ganado.

Las aguas incluidas dentro del límite interior de las “líneas de base” se denominan: Interiores. Terrestres. Continentales. Superficiales.

La Administración General del Estado ostenta competencias sobre el DPMT y lo relativo a: Puertos deportivos. Señalización marítima e iluminación de costas. Ordenación litoral. Ordenación territorial.

La integración en el DPMT de propiedades colindantes como consecuencia de la revisión de deslindes anteriores conlleva, para sus antiguos propietarios: El derecho de ser indemnizados por el valor de los bienes. El derecho de mantenimiento de su titularidad durante 50 años. La obtención de una autorización para uso especial del bien con instalaciones desmontables por 4 años. La obtención de una concesión de hasta 75 años de uso y aprovechamiento del bien.

Los recursos mineros de la Sección B) incluyen: Los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Los minerales radiactivos. Los productos de cantera. Los yacimientos de origen no naturales.

Los recursos mineros de la Sección C) requieren para su explotación. Autorización. Permiso. Licencia. Concesión.

Como regla general, el aprovechamiento de los recursos de la Sección A): Pertenece al propietario. Pertenece al peticionario. Es de dominio público. Es de patrimonio del Estado.

La concesión minera debe tener, como mínimo, una extensión de: 20 hectáreas. 30 hectáreas. 50 hectáreas. 70 hectáreas.

El llamado «espacio ferroviario europeo único» arranca con: La Directiva 2012/19/UE, del Parlamento y el Consejo, de 25 de abril de 2012. La Directiva 2012/34/UE, del Parlamento y el Consejo, de 21 de noviembre de 2012. El Reglamento 2010/8 del Parlamento y el Consejo, de 4 de abril de 2010. El Reglamento 2010/14/UE del Parlamento y el Consejo, de 2 de diciembre de 2010.

El límite exterior de la denominada «Zona de Protección» (arts. 14 a 18 LSF) se ubica a: 70 metros de las aristas exteriores de la explotación. 60 metros de las aristas exteriores de la explotación. 30 metros del borde exterior de la zona de dominio público. 20 metros del borde exterior de la zona de dominio público.

En la actualidad, la provisión de los servicios de ayuda a la navegación se encuentra encomendada a: AENA, S.A. Ente público AENA. Ente público ENAIRE. La Dirección General de Aviación Civil.

En relación con la planificación y construcción de aeropuertos de interés general, no se exige como instrumento obligatorio: Los actos de control preventivo municipal. El plan director de carácter económico y espacial. El plan especial de carácter urbanístico. La evaluación ambiental estratégica.

Entre las causas de exoneración legal de la responsabilidad patrimonial, no se encuentra: El caso fortuito. La fuerza mayor. Daño que el particular tiene el deber jurídico de soportar. Daño imprevisible o inevitable.

La responsabilidad patrimonial no ampara: Los daños fortuitos. Los daños diferidos. Los daños generales. Los daños morales.

La imputación de la lesión a una Administración pública alcanza a la actividad administrativa desarrollada por: Los contratados laborales. Los concesionarios. Los contratistas. Los «funcionarios privados».

En relación con la responsabilidad por daños causados por el Estado legislador, conforme al art. 32 LRJSP, la responsabilidad por daños causados por leyes estatales declaradas contrarias al Derecho de la Unión Europea debe ser fijada por: La Sala competente del Tribunal Supremo. La Sala competente de la Audiencia Nacional. El Consejo de Ministros. El Ministerio de Justicia.

En relación con la responsabilidad del Estado juez, de acuerdo con el art. 295 LOPJ, la conducta culposa del perjudicado: Exime de responsabilidad a la Administración pública. Disminuye la responsabilidad de la Administración pública. Obliga a examinar la totalidad de las circunstancias concurrentes. No altera la responsabilidad en virtud de la teoría de la causalidad eficiente.

En la responsabilidad patrimonial derivada de error judicial, de acuerdo con el art. 293.2 LOPJ, la petición de indemnización debe dirigirse a: El órgano judicial que esté conociendo del asunto en vía de recurso. El órgano judicial que agote los recursos hábiles en la vía judicial. La Sala del Tribunal Supremo correspondiente al mismo orden judicial. El Ministerio de Justicia.

El recurso de alzada o recurso ordinario se interpone contra: Los actos y disposiciones generales que no agotan la vía administrativa. Los actos y reglamentos que ponen fin a la vía administrativa. Las resoluciones dictadas por órganos jerárquicamente subordinados. Las resoluciones adoptadas por órganos funcionalmente autónomos.

En el recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos por error manifiesto que se deduzca de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo para interponer el recurso es de: Dos años. Cuatro años. Tres meses. Seis meses.

En el caso de actos administrativos firmes declarativos de derechos que incurran en causas de anulabilidad, cabe: La revisión de oficio por la Administración. La declaración de lesividad por la Administración. El recurso extraordinario de revisión. El recurso de alzada ante el superior jerárquico.

El ámbito de actuación de las competencias atribuidas a su conocimiento se delimita mediante: Una cláusula genérica de carácter objetivo. Una cláusula genérica de carácter subjetivo. Una lista de materias atribuidas a su conocimiento. Una lista de criterios subjetivos, objetivos y materias excluidas.

Puede actuar como parte codemandada: El particular beneficiario por el acto o disposición que se impugna. El particular perjudicado por el acto o disposición que se impugna. Cualquier ciudadano, en interés de la ley. Cualquier ciudadano, en interés público.

Las prestaciones de condena, del art. 31 LJCA, se refieren a: La declaración de no ser conforme a Derecho y anulación del acto o disposición impugnados. El reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento. La imposición de medidas cautelares y sanciones contra el infractor. La cesación de la actuación realizada indebidamente.