administrativo

Según se establece en el artículo 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. Las resoluciones de los órganos administrativos que no carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Ninguna respuesta es correcta. Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.

En base al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para interponer un recurso de alzada es de: Un mes, si el acto fuera expreso. Dos meses, si el acto fuera expreso. Tres meses, si el acto fuera expreso. Ninguna respuesta es correcta.

En relación al silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio: la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. los actos administrativos producidos por silencio administrativos se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. ninguna respuesta es correcta.

Dentro de los derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, se encuentran, en base a lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley 39/2015: La protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. ninguna respuesta es correcta. al no acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. no comunicarse solo por este medio con las administraciones publicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración.

Se consideran, en base al artículo 116 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, causas de inadmisión de un recurso , las siguientes: todas las respuestas son correctas. ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el articulo 14.1 de la ley de régimen jurídico del sector publico. tratarse de un acto no susceptible de recurso. carecer de legitimación el recurrente.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa: Ninguna respuesta es correcta. Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el órgano inmediatamente superior que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El artículo 42 de la Ley 39/2015, en relación a la práctica de las notificaciones en papel establece que: Ninguna respuesta es correcta. Las notificaciones que se practiquen en papel no deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, no se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Se consideran, en base al artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, causas de inadmisión de un recurso, las siguientes: Todas las respuestas son correctas. Carecer de legitimación el recurrente. Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Tratarse de un acto no susceptible de recurso.

¿Tienen las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional; y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración la obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración a la que se dirija?. Si. Nunca. Ninguna respuesta es correcta. No.

En base al art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo se producen en los siguientes casos: Cuando se lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Ninguna respuesta es correcta. Sólo cuando se lesionen derechos contemplados en los principios rectores de la política social y económica. Cuando el acto administrativo no se constitutivo de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

En relación al silencio administrativo en procedimientos iniciados de oficio: Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Ninguna respuesta es correcta. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá: Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango reglamentario. Cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango legal y/o reglamentario. Siempre que se haya aplicado el procedimiento para su ejercicio según lo previsto en la Ley 40/2015, en la Ley 39/2015 y, para el caso de las Entidades Locales, lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Ninguna respuesta es correcta.

Dentro del cómputo de plazos, el artículo 30 de la Ley 39/2015 establece lo siguiente: Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. La a) y d) son correctas.

A efectos del procedimiento administrativo común, tienen capacidad de obrar en base al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: Ninguna respuesta es correcta. Las personas físicas con arreglo a las normas civiles, pero no las personas jurídicas. Sólo cuando la Ley así lo declare de forma expresa, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes pero no los autónomos. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.

Según preceptúa el apartado 1 del artículo 30 de la Ley 40/2015: Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesta en la normativa que las establezcan. Todas las respuestas son correctas.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales, no resulten afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, no tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Las asociaciones pero no organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Ninguna respuesta es correcta.

En base a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a no notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento por parte de otra Administración y; en todo caso, este plazo no podrá exceder de cinco meses en un plazo de nueve salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de doce meses.

Dentro de los derechos generales de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, se encuentran, en base a lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley 39/2015: Al no acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. La protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. A no comunicarse sólo por este medio con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Ninguna respuesta es correcta.

Según lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Ninguna respuesta es correcta. Podrán imponerse sanciones siempre que estén delimitadas por normas tanto legales como reglamentarias. Podrán imponerse sanciones siempre que estén delimitadas por normas reglamentarias. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley.

En la graduación de la sanción se deberá considerar de forma especial lo siguientes criterios: El grado de culpabilidad o la no existencia de intencionalidad. La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La naturaleza de los perjuicios estimados, no los causados. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

La Disposición adicional primera de la Ley 39/2015 establece: Especialidades por razón de materia para aquellos procedimientos regulados en leyes especiales. Ninguna respuesta es correcta. No establece especialidades por razón de materia para aquellos procedimientos regulados en leyes especiales. Si que establece procedimientos especiales pero no para el orden social.