El derecho administrativo es: Un derecho público Un derecho privado Un Derecho empresarial. A, B, C son incorrectas.
No es un rasgo característico del Estado liberal: El principio de legalidad. La división de poderes. La descentralización de la Administración. La protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Señala la respuesta incorrecta en relación con el concepto de derecho administrativo: Es un derecho público. Es un derecho no codificado. No prevé ningún control judicial a la Administración.
Tiene por objeto la organización, los medios y las formas de la actividad de las Administraciones públicas y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquellas y otros sujetos.
El art. 103.1 CE determina que «La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa (…) con sometimiento pleno a la ley y al Derecho». Es una manifestación del…
Control judicial de la Administración. Principio de legalidad. Responsabilidad patrimonial de la Administración. Todas son correctas.
¿Con qué rama del derecho está íntimamente relacionada el derecho administrativo? Control judicial de la Administración. Principio de legalidad. Responsabilidad patrimonial de la Administración.
Todas son correctas.
¿En qué siglo se puede considerar que nace el derecho administrativo en España? Siglo XX. Siglo XIX. Siglo XVIII. Siglo XXI.
¿Qué rasgos característicos tiene la Administración pública? Es un poder público. Está sometido a la ley. Está sometido al control judicial. Todas son correctas.
Señale la afirmación verdadera en relación con el concepto de derecho administrativo: Es un derecho público y privado Es un derecho garantista de los derechos de los ciudadanos. Es un derecho muy relacionado con el derecho civil. Solo se aplica a las relaciones entre la Administración pública con los ciudadanos.
¿El Gobierno de España forma parte de la Administración pública? A.No, la dirige, pero no forma parte de ella. B.Sí, es un órgano con doble naturaleza, política y administrativa C.No, solo es un instrumento de control de la Administración. A y C son correctas.
¿Qué es la huida del derecho administrativo? A.El sometimiento por parte de la Administración al derecho privado para huir de la rigidez del derecho administrativo B.La ruptura del carácter estatutario de la Administración C.La eliminación de los procesos selectivos para acceder a la función pública. A y B son correctas.
La vertiente objetiva del principio de tutela judicial significa que:
Los administrados tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a un juez independiente, inamovible e imparcial.
La Administración no puede establecer derogaciones singulares de los reglamentos, es decir, no puede inaplicado la norma a un caso concreto.
Los jueces y tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como los fines que la justifican.
Ninguna de las anteriores.
El principio de legalidad implica que: La Administración está sometida a la ley, de forma que solo mediante reglamento la Administración puede regular lo que a ella le interese que sea en un sentido distinto o contradictorio a la ley, en aplicación del principio de competencia.
Toda la actuación de la Administración está vinculada positivamente al ordenamiento jurídico.
La Administración está sometida a la ley, pero no al resto de normas jurídicas, en virtud del principio de especialidad.
Todas las anteriores respuestas con falsas.
El principio de eficacia consiste en:
La actuación administrativa tiene sometimiento pleno a la ley.
La manera en que la A. P. tiene que desarrollar su actividad.
La colaboración que tiene que existir entre las CC. AA. y el Estado.
El reparto competencial entre Estado y CC. AA.
La Constitución española: Es la norma normarum, la cúspide del ordenamiento jurídico español que establece la estructura del Estado, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, los principios rectores de la política social y económica, los órganos de los poderes, et
Son las normas que emanan del poder legislativo (de las Cortes, de los parlamentos autonómicos con competencia legislativa y del Gobierno con legislación delegada o expresa).
Son las normas que emanan del poder ejecutivo, es decir, del Gobierno y de su Administración en el Estado (se denominan Real Decreto y órdenes ministeriales), en las CC. AA. (son los decretos y órdenes) y en las EE. LL. (son las ordenanzas y bandos).
Consiste en la normación autónoma y estatutaria. La autónoma es la que tiene lugar entre la patronal y los sindicatos; la estatutaria es la referida a los colegios profesionales.
El privilegio de autotutela declarativa… Permite a la Administración, por sí misma, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas.
Es un privilegio que comparte con los sujetos privados.
Fue un privilegio histórico de la Administración que hoy ya no posee.
Permite a la Administración ejecutar el contenido de sus actos sin necesidad de auxilio judicial.
Se consideran limitaciones para el actuar de la Administración Pública:
El procedimiento administrativo.
El sometimiento a la ley y al Derecho.
El control judicial de la actuación administrativa.
Todas son correctas.
La cláusula del Estado autonómico:
Consiste en que las entidades territoriales tienen capacidad normativa y de autogobierno.
Se basa en el principio de coordinación entre el Estado y las CC. AA.
No reconoce que exista un régimen homogéneo de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
No se ve limitada por el interés general.
No es un rasgo característico del Estado de Derecho:
El principio de legalidad.
La división de poderes.
La descentralización de la Administración.
La protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Señala la afirmación incorrecta:
La jurisprudencia no es fuente del derecho.
Los principios generales del derecho son fuente del derecho.
Una ley no puede contravenir la Constitución.
La Administración pública puede dictar leyes ordinarias.
La responsabilidad patrimonial de la Administración...
Es la obligación de las Administraciones públicas de indemnizar a los particulares por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
También se exige en los supuestos de fuerza mayor.
No está prevista en nuestra Constitución.
Todas las anteriores son correctas.
¿Cuál de los siguientes conceptos no es fuente del Derecho administrativo?
El reglamento.
El derecho comunitario.
La costumbre contra legem.
La Constitución.
Señale la respuesta correcta en relación con la costumbre: Nunca es fuente del derecho.
Solo es fuente del derecho si contradice la norma escrita.
La costumbre praeter legem se aplica cuando la ley se remita expresamente a ella.
Es una norma escrita reiterada por hábitos sociales.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional: (10 puntos)
No es fuente del derecho.
Puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico.
Vincula al resto de tribunales para la interpretación de las normas constitucionales según el criterio fijado en sus sentencias.
Todas son correctas.
La doctrina:
En ningún caso es fuente del derecho.
Puede ser fuente del derecho en los supuestos de ausencia de norma escrita.
Es el criterio establecido de forma reiterada por el Tribunal Supremo.
Es fuente del derecho.
Señale cuál de las siguientes no es una regla estructural del ordenamiento jurídico-administrativo: El principio de competencia.
El principio de proporcionalidad.
El principio de sucesión cronológica.
El principio de jerarquía.
Según el principio de jerarquía normativa: La ley posterior deroga la ley anterior.
Una norma con rango de ley puede derogar un reglamento.
Las CC. AA. no pueden regular materias cuya competencia pertenezca exclusivamente al Estado.
Un reglamento puede modificar una ley ordinaria si es posterior a ella.
¿Cuál de las siguientes no es una característica de las normas escritas?
La igualdad.
La generalidad.
La publicidad.
La vocación de permanencia.
En caso de conflicto entre normas estatales y autonómicas… Queda al arbitrio del juez la norma de aplicación para la solución del conflicto.
Prima la ley estatal si no es una competencia autonómica exclusiva.
Prima siempre la norma autonómica.
Prima siempre la norma estatal.
El principio de supletoriedad:
Se recoge en el art. 149.3 CE.
Es una cláusula universal de competencia a favor del Estado.
Es una regla según la cual el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas.
Las opciones A y C son correctas.
Las funciones de los Principios Generales del Derecho son: Función directiva del proceso de creación del Derecho.
Función interpretativa del ordenamiento jurídico.
Función integradora de las lagunas del sistema normativo.
Todas son correctas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con los reglamentos? Son normas jurídicas.
Es obligatoria su publicación.
No se agota con su aplicación.
Un reglamento contrario a la ley es anulable.
No es un reglamento: Una convocatoria de oposiciones.
Una ordenanza municipal.
Una orden ministerial.
Un real decreto del Consejo de Ministros.
Los reglamentos de necesidad: Son, en realidad, actos administrativos.
Pueden ser incumplidos por los órganos administrativos superiores jerárquicos a quien lo dicte.
Se prevén para regular determinadas materias cuando se produzcan circunstancias excepcionales.
Son contrarios a la Constitución.
El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: Está previsto expresamente en la Constitución.
Implica que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general.
No afecta a los órganos superiores jerárquicos.
Todas son correctas.
El reglamento se diferencia del acto administrativo: En que el reglamento siempre es de aplicación general y el acto siempre particular.
En que el reglamento innova el ordenamiento jurídico y el acto lo aplica.
En que el reglamento no requiere publicación nunca y el acto sí en determinadas ocasiones.
Todas son incorrectas.
¿En qué se diferencian los reglamentos y las instrucciones?
Las instrucciones afectan a los ciudadanos y los reglamentos, solo a funcionarios públicos.
Tienen la misma naturaleza jurídica, aunque adquieren diferente denominación en función de su procedencia.
Los reglamentos tienen fuerza de obligar y las instrucciones en ningún caso obligan.
Los reglamentos son verdaderas normas jurídicas y las instrucciones solo tienen efectos internos en la Administración.
Las circulares no tienen carácter:
Informativo.
Facultativo.
Directivo.
Preceptivo.
Señala la afirmación falsa: Caben recursos administrativos contra los reglamentos.
Cabe la revisión de oficio de los reglamentos por la Administración pública.
El juez tiene la obligación de desaplicar los reglamentos ilegales.
Los reglamentos ilegales son siempre nulos de pleno derecho.
En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos…
No se exige su publicación en ningún Boletín Oficial.
En el caso de reglamentos estatales, deben aprobarse por el Pleno del ayuntamiento al que afecte.
Nunca cabe la exigencia de informes internos ni externos.
Todas las respuestas anteriores son falsas.
El concepto más completo de reglamento es: Toda norma escrita dictada por la Administración General del Estado en ejercicio de la potestad reglamentaria y subordinada a la Ley.
Toda norma escrita dictada por la Administración en ejercicio de una potestad específica y subordinada a la Ley.
Toda norma escrita dictada por la Administración pública.
Toda norma escrita dictada por la Administración autonómica en ejercicio de una potestad específica y subordinada a la Constitución y a la ley.
Que la Administración pública tenga personalidad jurídica implica que:
Responde siempre de todos los actos llevados a cabo por las personas integradas en ella, aun cuando sean manifiestamente ilegales.
Tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, de vínculos e imputaciones jurídicas dentro de la comunidad jurídica.
No responde por los daños que pueden generar sus actos, reglamentos o contratos.
Es inimputable, pues es un poder público.
Son entes públicos territoriales: El Estado y las comunidades autónomas.
El Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los municipios.
El Estado, las comunidades autónomas, los entes locales y los entes públicos dependientes de ellos.
Todas las respuestas anteriores son correctas.
Los entes instrumentales: Son aquellas personas jurídicas constituidas o creadas por una administración pública.
Están dotados de personalidad jurídica propia.
Tienen encomendadas la gestión de alguna o algunas de las competencias o actividades propias de titularidades del ente matriz.
Todas son correctas.
La imputación de los actos realizados por los órganos administrativos a la Administración pública…
Será total cuando el órgano habilitado para expresar la voluntad del ente público realiza actos formales con ese objeto.
Nunca podrá ser total, siempre será parcial.
Será parcial cuando el órgano habilitado para expresar la voluntad del ente público realiza actos formales con ese objeto.
Los órganos administrativos son ajenos a cualquier imputación de sus acciones a la Administración de la que forman parte.
Una sociedad mercantil pública:
No tiene personalidad jurídica.
Tiene personalidad jurídico-pública.
Tienen personalidad jurídico-privada.
No puede ser creada por la Administración.
Son límites de la capacidad de los entes públicos: El principio de legalidad y el de competencia.
El principio de competencia.
El principio de legalidad.
La Administración pública no tiene límites en su capacidad jurídica ni de obrar.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es una condición de imputación de los órganos administrativos?
La investidura del funcionario.
La apariencia formal mínima de competencia del órgano.
Que no concurran causas de abstención o recusación en el funcionario público.
La actividad desplegada por el funcionario debe incluirse en el ejercicio de las funciones públicas del ente público.
Un tribunal de oposición es un órgano administrativo…
Un tribunal de oposición es un órgano administrativo…
No electivo, colegiado y no representativo.
No es un órgano administrativo.
No electivo, colegiado y representativo.
Cuando solicitamos una licencia al ayuntamiento para abrir un local en esa localidad somos: Administrados cualificados.
Administrados simples.
Administrados exigentes.
Dependerá de si tenemos mayoría de edad o no.
¿Cuál de las siguientes circunstancias no puede constituir causas de incapacidad en derecho administrativo?
La edad.
La nacionalidad.
Tener una sanción administrativa pendiente de cumplimiento. El sexo.
Identifique la afirmación falsa en relación con el control judicial de las potestades administrativas:
Solo son controlables en las potestades discrecionales la competencia, el fin y el procedimiento administrativo.
Las potestades discrecionales no son controlables por los jueces.
Solo son controlables los hechos determinantes.
Ninguna de las anteriores es correcta.
En las potestades discrecionales: La norma fija totalmente las condiciones de ejercicio de la potestad administrativa.
La norma fija totalmente las condiciones de ejercicio de la potestad administrativa.
La Administración goza de un margen de apreciación de algunas condiciones de ejercicio de la potestad.
No cabe, en ningún caso, el control judicial de la Administración.
Cuando una norma fija algunas condiciones, pero el resto se deja en manos de la Administración para que valore en cada caso de forma subjetiva cómo puede ejercer esas potestades que le atribuye la norma, estamos ante una:
Potestad no reglada.
Potestad discrecional.
Potestad funcional.
Potestad libre.
Son elementos de control judicial de las potestades discrecionales: La competencia, el fin y el procedimiento administrativo.
Las potestades discrecionales no son controlables por los jueces.
Solo los hechos determinantes.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Señale la afirmación correcta en relación con el derecho subjetivo: Se caracteriza por ser de interés público.
Viene siempre atribuido por norma jurídica.
Es transmisible.
Es imprescriptible.
La obligación de contribuir a los gastos públicos a través del pago de impuestos es: (10 puntos)
Una carga.
Un deber.
Una obligación.
Una sujeción.
La posibilidad de soportar los efectos del ejercicio de las potestades públicas constituye:
Una sujeción.
Una carga.
Un derecho subjetivo.
Una obligación.
La sujeción es: El correlato del derecho subjetivo.
Una situación activa.
Una situación mixta.
El correlato de las potestades públicas.
La potestad expropiatoria de la Administración pública:
Tiene su origen en una norma jurídica.
Constituye un poder exorbitante de la Administración.
Permite a la Administración producir efectos jurídicos de forma unilateral.
Todas las anteriores son correctas.
La determinación por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte del trazado de una nueva línea de AVE:
Es una potestad reglada.
Es una potestad discrecional.
Es una potestad que no se puede controlar por el poder judicial.
Es un derecho subjetivo de la Administración Pública.
La potestad organizatoria de la Administración: Tiene como finalidad estructurar los órganos administrativos que la componen.
Solo está sometida a límites procedimentales.
Es exclusiva de la Administración General del Estado.
Se establece exclusivamente por reserva de ley.
Son principios de la organización administrativa:
Eficacia, economía y eficiencia.
La competencia, la desconcentración y la jerarquía.
La autonomía y la descentralización.
Todas las anteriores.
La eficacia, la economía y la eficiencia:
Solo son exigidas a las Administraciones de las comunidades autónomas y de los entes locales.
Son principios que obligan a las Administraciones a ejercer la competencia dentro de un ámbito territorial concreto.
Son principios que obligan a las Administraciones a ajustar los medios de que se sirven a los fines públicos que deben cumplir.
Son criterios que utilizan los administrados en sus relaciones con la Administración General del Estado.
La competencia:
Puede ser definida como la función o conjunto de funciones atribuidas a un órgano por el ordenamiento.
Es irrenunciable para los órganos de la Administración.
Puede ser alterada por técnicas como la delegación y la avocación.
Todas las anteriores.
Señalar el enunciado verdadero:
La desconcentración implica la transferencia de la titularidad y del ejercicio de las competencias.
La delegación tiene lugar exclusivamente entre órganos de la misma Administración.
La delegación al igual que la avocación suponen una transferencia de la titularidad de la competencia.
La suplencia procede en todos los casos que determine libremente el titular del órgano que es suplido.
Señala el enunciado que no sea correcto:
El conflicto de competencia negativo es el que se produce cuando ningún órgano asume tener la competencia.
El conflicto de competencia entre Estado y comunidad autónoma nunca puede ser planteado por un particular.
El conflicto de atribuciones que se da entre entes públicos es intersubjetivo.
El conflicto interorgánico puede ser intraministerial o interministerial.
Respecto del principio de jerarquía:
Atribuye el poder de dirección de los órganos superiores sobre los inferiores.
Otorga las potestades de dirección, de vigilancia e inspección, disciplinaria y de resolución del recurso de alzada.
Otorga las potestades de dirección, de vigilancia e inspección, disciplinaria y de resolución del recurso de alzada.
Todas las anteriores.
Los principios que informan las relaciones interadministrativas son:
La jerarquía, la desconcentración y la avocación.
La autonomía, la descentralización y la delegación de firma.
La autonomía, la descentralización y la competencia.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Son técnicas orgánicas de cooperación: Son técnicas orgánicas de cooperación:
La Conferencia de Presidentes entre el Gobierno dela Nación y los Gobiernos de las comunidades autónomas.
Las Conferencias Sectoriales.
Todas las anteriores.
Señala el o los enunciados correctos:
Al igual que la actividad de los funcionarios es imputable a la Administración, las funciones públicas que desempeñen sujetos privados también serán imputables a la Administración.
Una concesión de servicio público supone el ejercicio privado de funciones públicas.
No cabe la incorporación de sujetos privados a órganos administrativos para la representación de unos intereses determinados.
No es posible el ejercicio de funciones públicas por personas privadas.
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