El recurso contencioso-administrativo no es admisible: Contra actos expresos o presuntos que pongan fin a la vía administrativa. Contra actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. Contra las disposiciones de carácter general.
La especial conexión del recurrente con la pretensión que ha de sustanciarse en el proceso contencioso-administrativo se denomina: Representación. Capacidad procesal Legitimación.
Los defectos de forma del acto administrativo sólo lo invalidan cuando: Carecen de los requisitos necesarios para ser un acto válido. Carecen de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o producen la indefensión de los interesados. Carecen de los requisitos de competencia del órgano que dicta el acto.
El plazo para la interposición del recurso de reposición: Es de dos meses, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, es de 6 meses. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produce el acto presunto.
¿Pueden los órganos de una Administración interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de la misma?: Sí, en todo caso. Solo cuando una Ley lo autorice expresamente. No, en ningún caso.
La declaración de voluntad del actor por la que abandona la acción ejercitada en el proceso, se denomina: Desistimiento. Allanamiento. Conciliación judicial.
La no abstención del titular del órgano administrativo en los casos en los que proceda: Dará lugar a responsabilidad del funcionario o autoridad y conllevará la nulidad de pleno derecho de los actos en los que haya intervenido. Dará lugar a responsabilidad del funcionario o autoridad e implicará automáticamente la invalidez de los actos en los que haya intervenido. Dará lugar a responsabilidad del funcionario o autoridad, pero no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en los que haya intervenido.
La práctica de la notificación en papel: No exime de ponerla a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Exime de ponerla a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. Es incompatible con la práctica de la notificación en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
¿Qué sucede cuando en un procedimiento administrativo se solicita un informe facultativo y éste no se emite en plazo?: Que se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento y el responsable podrá incurrir en responsabilidad. Que se suspenderá el transcurso del plazo máximo para resolver el procedimiento. Que se podrán proseguir las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra el responsable de la demora.
Las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques... Se practicarán por medios electrónicos cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos.
El procedimiento más generalizado de ejecución de los actos administrativos que se aplica al cobro de toda suerte de débitos es: La ocupación. La multa coercitiva. El apremio sobre el patrimonio.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas iniciados a solicitud del interesado: si transcurre el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa el interesado deberá entender desestimada su reclamación. el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa conllevará la caducidad del procedimiento. el vencimiento del plazo máximo sin haberse dictado y notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo.
Si la Administración quiere impugnar un acto administrativo favorable a los interesados que sea anulable podrá declarar de oficio la anulabilidad del acto: previo dictamen favorable del Consejo de Estado. previa su declaración de lesividad para el interés público, deberá recurrir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. podrá declarar de oficio la anulabilidad del acto, en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y previo dictamen favorables del Consejo de Estado un órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá, en ningún caso, otro recurso administrativo. no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en la Ley. cabe recurso de reposición.
Son subvenciones: Los beneficios fiscales y crédito oficial Las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social en cuanto son de utilidad o interés social Las disposiciones dinerarias que la Administración realiza a favor de personas públicas o privadas sin contraprestación directa de los beneficiarios, con un determinado objetivo que suponga el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social.
Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio... son actos susceptibles de convalidación. son nulos de pleno derecho. son actos anulables.
La resolución del recurso de alzada corresponde: Al órgano superior del que dictó el acto recurrido Al órgano que dictó el acto administrativo Al órgano superior de la Administración.
Las Administraciones Públicas pueden rectificar ............, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos en el plazo de cuatro años. en cualquier momento en el plazo de dos meses.
El concepto de autorización... Se extiende a todos los supuestos en que hay limitación en el número de los beneficiarios del derecho o actividad ejercitada, ni discrecionalidad en el otorgamiento. Se extiende a todos los supuestos en que la legislación permite claramente la discrecionalidad en el otorgamiento o limita el número de beneficiarios del ejercicio del derecho o actividad en función de condiciones legalmente definidas. Se limita a los supuestos en que no hay limitación en el número de los beneficiarios del derecho o actividad ejercitada, ni discrecionalidad en el otorgamiento.
El informe dentro del procedimiento administrativo es: El trámite en virtud del cual se trata de acreditar la realidad de los hechos y, en su caso, la vigencia y existencia de las normas aplicables, cuando lo uno y lo otro constituyen presupuestos ineludibles de la resolución que ha de dictarse. El trámite que constituye una manifestación de juicio, a cargo, normalmente, de órganos especializados que sirven para ilustrar al órgano decisor. El trámite en virtud del cual se llama públicamente a opinar sobre cuestiones de hecho, de ciencia o de Derecho a cualquier persona, sea o no interesada en el
procedimiento.
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