ADMINISTRATIVO II UNIR 2025

1. No es exigible la motivación del acto administrativo en los siguientes supuestos: A. Para inadmitir un recurso administrativo. B. Para acordar la ampliación de un plazo o declarar la urgencia del procedimiento. C. Para la petición de informes preceptivos. D. Cuando el acto se dicta en ejercicio de una potestad discrecional.

2. Están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las siguientes categorías: A. Los contratos privados. B. Los contratos atípicos. C. Los contratos sujetos a regulación armonizada. D. Los convenios y encomiendas de gestión.

3. En materia de contratación pública, cabe interponer el recurso especial en alguno de estos supuestos: A. La adjudicación de un contrato de obras por valor superior a cien mil euros. B. La adjudicación de un contrato subvencionado sujeto a regulación armonizada. C. La adjudicación de una concesión de servicios por valor superior a tres millones de euros. D. Los supuestos B y C son correctos.

4. Son actos administrativos ablatorios: A. Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. B. Aquellos que crean una situación ex novo. C. Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. D. Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección.

5. La actividad promocional o de fomento consiste en: A. Imponer, por parte de las Administraciones Públicas, sanciones a los destinatarios del Derecho administrativo que incumplen la normativa establecida. B. Hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los administrados. C. Incentivar, por parte de las Administraciones Públicas, la actividad y las conductas de los particulares que pueden beneficiar al interés público o al interés general. D. Ninguna de las anteriores.

6. Señale qué tipo de autorizaciones son transmisibles: A. La autorizaciones de naturaleza personal. B. Las autorizaciones que incorporen la cláusula "sin perjuicio de tercero". C. Las autorizaciones de naturaleza real. D. Las autorizaciones operativas y regladas.

7. El recurso de alzada se puede interponer contra: A. Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. B. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa y ante el mismo órgano que los dictó. C. Los actos firmes, siempre que no haya transcurrido cuatro años. D. Los actos anulables que sean favorables al interesado y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó.

8. La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: A. La Administración institucional y las corporaciones de derecho público. B. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. C. La Administración territorial. D. La Administración de las Comunidades Autónomas y los cabildos y consejos insulares.

9. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional: A. Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Conoce de los recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado. C. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. D. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

10. El incumplimiento grave de las obligaciones del beneficiario de una subvención dará lugar: A. A la tramitación de un procedimiento de reintegro exclusivamente. B. A la imposición de una sanción. C. A la pérdida automática del derecho o aptitud para recibir nuevas subvenciones. D. A la tramitación de un procedimiento de reintegro así como, en función de las circunstancias, de un procedimiento sancionador.

11. El principio de tipicidad en el régimen sancionador, exige: A. La prohibición de duplicidad en las sanciones. B. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. C. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. D. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación.

12. Conforme a la normativa reguladora de la expropiación forzosa, en el procedimiento ordinario la ocupación del bien expropiado se puede llevar a cabo: A. Cuando lo autorice el Jurado de Expropiación. B. Una vez que se haya abonado el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. De inmediato tras la declaración de urgencia. D. Una vez se haya declarado la necesidad de la ocupación.

13. Para que exista responsabilidad patrimonial el daño ha de ser: A. Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. B. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. C. Efectivo, moral, individualizable y jurídico. D. Efectivo, evaluable económicamente y antijurídico.

14. La desafectación de un bien de dominio público supone: A. La imposición de un uso secundario al principal. B. El cambio de destino del bien demanial a otro uso, fin o servicio público. C. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos. D. La pérdida de la condición demanial.

15. La autotutela ejecutiva de la Administración supone: A. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. C. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. D. La potestad de revocar sus propios actos.

16. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo: A. Es siempre de carácter negativo. B. Es siempre de carácter positivo. C. Será negativo, como regla general, y producirá el archivo del procedimiento. D. Será negativo, como regla general, si bien producirá la caducidad del procedimiento en el que se ejerza la potestad sancionadora.

17. Señala el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador: A. La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. B. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. C. La Administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. D. El órgano instructor es distinto del competente para resolver.

18. En los supuestos de inactividad material de la Administración, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. B. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. C. En el plazo de seis meses si el interesado no formuló el requerimiento previo. D. En el plazo de veinte días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado.

19. Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por meses: A. Se excluyen los sábados, domingos y festivos. B. Se excluyen los días inhábiles. C. Se consideran sólo las fechas hábiles en el domicilio del interesado. D. Se calcula de fecha a fecha.

20. La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: A. Mediante un contrato de concesión de servicio público. B. Mediante un concierto. C. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. D. Mediante un ente instrumental o empresa pública.

21. El principio de legalidad en el régimen sancionador exige: A. La prohibición de duplicidad en las sanciones. B. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. C. Que la previsión de las infracciones y las sanciones se realice mediante una norma con rango de ley. D. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de cobertura.

22. En el cómputo de los plazos en vía administrativa: A. Se excluyen sábados, domingos y festivos. B. Se excluye sábados, domingos, festivos y el mes de agosto. C. Se excluyen todos los días inhábiles del lugar de residencia del interesado y el mes de agosto. D. Se aplican las mismas reglas que en la vía judicial.

23. En el procedimiento sancionador, los actos definitivos que imponen un sanción: A. Son ejecutivos, como impone el principio general de autotutela ejecutiva de la Administración. B. No son ejecutivos hasta que no devienen firmes. C. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso administrativo. D. Únicamente serán ejecutivos cuando un órgano judicial se pronuncie sobre su ejecutividad.

24. El comiso por la Administración de una mercancía incautada en un tráfico ilícito es un ejemplo típico de: A. Técnica ablatoria total ejercitada por la Administración. B. Técnica ablatoria parcial ejercitada por la Administración. C. Técnica de condicionamiento ejercitada por la Administración. D. Técnica de intervención judicial provocada por la Administración.

25. La cláusula "sin perjuicio de tercero" en el ámbito de las autorizaciones supone jurídicamente: A. La necesidad de obtener cuantas otras autorizaciones o licencias sea exigibles por el resto de normativa aplicable. B. La exoneración de responsabilidad por la Administración respecto de lo autorizado. C. Un mero formalismo sin efectos jurídicos prácticos. D. La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar situaciones jurídico-privadas.

26. La gestión indirecta de un servicio público debe realizarse conforme al siguiente régimen: A. Mediante un contrato de concesión de servicios, de naturaleza administrativa, y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. B. Mediante la reserva de titularidad del servicio a favor de la Administración competente. C. Mediante un contrato de concesión sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación y conforme a las reglas de derecho privado para su ejecución y resolución. D. Mediante una sociedad mercantil participada mayoritaria o íntegramente por la Administración titular del servicio.

27. El procedimiento administrativo tiene por objeto: A. Regular los requisitos de invalidez y eficacia de los actos administrativos. B. Regular los requisitos de validez y eficacia de los reglamentos. C. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. D. Ninguna de las anteriores.

28. Un requisito esencial para conceder una subvención es: A. La necesaria cobertura presupuestaria. B. La justificación de la realización de la tarea o actividad subvencionada una vez realizada la misma. C. La conservación de los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos. D. El otorgamiento de una garantía por importe equivalente al doble de los fondos a percibir.

29. Son actos nulos de pleno Derecho: A. Los que tengan un contenido posible. B. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. C. Los que infrinjan lo convenido en un contrato administrativo. D. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

30. La demora por la Administración en el pago al contratista facultará a éste para resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados, cuando dicha demora supere el plazo de: A. Seis meses. B. Ocho meses. C. Diez meses. D. Tres meses.

31. La declaración de lesividad: A. Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. B. Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. C. Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

32. Los Juzgados de lo contencioso-administrativo carecen de competencia para conocer de: A. Las sanciones por importe inferior a 60.000 euros. B. La cuestiones de personal que no versen sobre el nacimiento o extinción de la relación funcionarial. C. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial inferiores a 30.000 euros. D. La impugnación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

33. La realización por la Administración de un encargo a un medio propio: A. Es una opción discrecional sin sujeción a especiales controles o requisitos. B. Exige disponer de un control sobre el medio propio análogo al que tiene sobre sus propios servicios o unidades, entre otros requisitos. C. Exige, para el caso de entidades jurídico-privadas, ser titular del 51% del capital o patrimonio social. D. Exige únicamente se reconozca expresamente la condición de medio propio en los Estatutos o en el acto de creación de dicho ente.

34. En la determinación del justiprecio hay demora si, una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, transcurren más de: A. 3 meses. B. 6 meses. C. 5 meses. D. 1 mes.

35. El cambio de titularidad pública o la variación del uso principal de un bien demanial es un supuesto típico de: A. Mutación demanial. B. Desafectación. C. Afectación. D. Pérdida de la condición demanial.

36. La ejecución forzosa de los actos administrativos requiere: A. un acto administrativo definitivo y el previo requerimiento al interesado. B. un acto administrativo firme, conteniendo una obligación y un apercibimiento previo al interesado. C. un acto administrativo, conteniendo una obligación, notificado y con previo apercibimiento al interesado. D. un acto administrativo debidamente notificado.

7. En materia de contratos públicos, la doctrina de los actos separables resulta de aplicación a: A. Los contratos privados. B. Los contratos administrativos atípicos. C. Los contratos de servicios. D. Todas las anteriores.

38. En los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, el silencio administrativo: A. Es positivo y estimatorio de la solicitud como regla general. B. Es negativo si la solicitud se refiere a dominio público, servicio público o reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. C. Permite la interposición de recursos. D. Son correctas las opciones 1 y 2.

39. El presupuesto imprescindible de la expropiación forzosa es: A. La tramitación del procedimiento administrativo expropiatorio. B. La necesidad de ocupación del bien a expropiar. C. El justiprecio. D. La declaración de utilidad pública o interés social.

40. ¿Es posible la solicitud de medidas cautelares con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo?. A. No. Deben solicitarse con el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo. B. Sólo en el supuesto de recurrir contra la inactividad material de la Administración. C. Sólo en los supuestos de inactividad o de vía de hecho de la Administración. D. Sólo si ya se habían acordado medidas provisionales en sede administrativa.

41. Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: A. La redacción de un proyecto. B. La realización de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. C. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. D. La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio.

42. En un procedimiento para la concesión de subvenciones, el transcurso del plazo máximo para dictar la resolución dará lugar a: A. La caducidad y el archivo del procedimiento. B. El silencio administrativo positivo a favor del peticionario de la subvención. C. El silencio administrativo negativo, entendiéndose desestimadas las peticiones de subvención. D. El desistimiento por la Administración del procedimiento.

43. La revisión de oficio por la Administración requiere: A. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho en el acto a revisar, que éste sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. B. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho y que el acto a revisar sea firme. C. Que concurra una causa de nulidad o anulabilidad, que el acto a revisar sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. D. Que se trate de un acto favorable al interesado, que sea firme y que se obtenga la declaración de lesividad.

44. Las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia carecen de competencia para conocer de los siguientes asuntos: A. Recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Recursos contra los actos dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales. C. Recursos de apelación contra sentencias y actos de los Juzgados de lo contencioso-administrativo. D. Recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico de las entidades locales y autonómicas.

45. En la expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública o interés social debe efectuarse: A. Por ley. B. Por decisión del Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o del Alcalde según la administración territorial que decida la expropiación. C. Es suficiente por una disposición general de rango reglamentario. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46. En derecho sancionador, las infracciones leves: A. Caducan a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. B. Prescriben al año, salvo que una ley establezca otro plazo. C. Prescriben a los seis meses, salvo que una ley establezca otro plazo. D. Caducan al año, salvo que una ley establezca otro plazo.

47. Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: A. Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. B. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. C. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante. D. Que su régimen legal es el vigente al momento de su nacimiento en lugar del correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa.

48. La mutación demanial supone: A. La transformación en bien de naturaleza patrimonial. B. El cambio de destino del bien demanial a otro uso, fin o servicio público. C. La pérdida de la condición demanial.

49. La autotutela declarativa de la Administración supone: A. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. C. La potestad de ejecutar los actos administrativos sin el auxilio judicial. D. La potestad de revocar sus propios actos.

50. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando entra en juego el silencio administrativo ¿la Administración puede resolver tardíamente?. A. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en un sentido u otro. B. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición del interesado. C. Únicamente podrá resolver en sentido favorable al interesado. D. Sí, pero en los supuestos en que sea aplicable el régimen del silencio positivo la Administración sólo podrá resolver en tal sentido.

51. El uso privativo de un bien demanial requiere: A. De una autorización administrativa. B. De una concesión administrativa. C. De una concesión por regla general, salvo para ocupaciones de menos de cuatro años para lo que bastará una autorización. D. De un contrato público adjudicado tras una licitación por el procedimiento restringido.

52. La desviación de poder: A. Es una causa de nulidad del acto administrativo. B. Es una causa de revocación del acto administrativo. C. Es un vicio subsanable. D. Es una causa de anulabilidad.

53. ¿Con qué tipos de técnicas ablatorias cuentan las Administraciones Públicas?. A. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas ampliando su contenido. B. Técnicas que eliminan situaciones jurídicas activas disminuyendo su contenido. C. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter activo. D. Técnicas que amplían o crean situaciones favorables de carácter pasivo.

54. En cuál de estos supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo: A. Cuando se acuerde la petición de informes. B. Cuando se reitere el criterio establecido en actos precedentes. C. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. D. Cuando se admita a trámite un recurso.

55. Son actos susceptibles de revisión de oficio: A. Los que tengan un contenido imposible. B. Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente. C. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. D. Todas las anteriores.

56. La Sala Tercera del Tribunal Supremo: A. Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Conoce de los recursos de casación. C. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. D. Todas las anteriores son correctas.

57. Por regla general, la cuantía del justiprecio se establece: A. Conforme al valor del bien en el momento en el que fue adquirido por el propietario expropiado. B. Conforme al IVA en el momento de la expropiación. C. Conforme al valor de mercado. D. A) y C) son correctas.

58. En los supuestos de vía de hecho, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. No es posible interponer el recurso contencioso administrativo en estos casos. B. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. C. En el plazo de 10 días desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. D. En el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho, si el interesado no formuló un requerimiento previo por 10 días a la Administración.

59. En qué supuestos cabe interponer recurso administrativo: A. Contra los actos definitivos y contra los que pongan fin a la vía administrativa. B. Contra los actos definitivos exclusivamente. C. Contra los actos definitivos y contra los de trámite si éstos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. D. Contra los actos firmes.

60. Son actos administrativos constitutivos: A. Aquellos que crean una situación ex novo. B. Aquellos que crean una situación ex ante. C. Aquellos que crean una situación ex post. D. Ninguna de las anteriores.

61. Respecto de los medios para la ejecución forzosa, señale el enunciado erróneo: A. Las multas coercitivas no son sanciones. B. La imposición de multas coercitivas podrá derivar en la aplicación del apremio para su exacción. C. Debe existir una norma legal de cobertura que ampare la imposición de multas coercitivas. D. Las multas coercitivas sólo caben en supuestos de obligaciones personalísimas.

62. La desafectación de un bien demanial supone: A. La imposición de un uso secundario. B. El cambio de su destino a otro uso, fin o servicio público. C. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos. D. La pérdida de la condición demanial.

63. Atendiendo a las razones históricas, el procedimiento administrativo: A. Surge como reacción natural del Estado liberal de Derecho. B. Es una causa del crecimiento orgánico que la Administración experimenta. C. Responde a la presión de la burocracia funcionarial. D. Todas las anteriores.

64. Son contratos de concesión de servicios los que tienen por objeto: A. La prestación de un servicio cuya titularidad corresponde al poder adjudicador a cambio del derecho a explotar ese servicio.. B. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. C. Las prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. D. La realización de una obra que incluya las prestaciones de restauración, mantenimiento y conservación de los elementos construidos.

65. ¿Cual es un límite básico de cualquier subvención?. A. El principio de concurrencia. B. La justificación de la realización de la actividad subvencionada. C. La competencia del órgano que otorga la subvención. D. Su importe nunca debe superar el coste de la actividad subvencionada.

66. Deben tramitarse por el procedimiento abreviado del art. 78 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa los siguientes asuntos: A. Los asuntos de extranjería, dopaje y las inadmisiones de asilo político. B. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. C. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros, extranjería, dopaje y los recursos especiales en contratación pública. D. Las opciones A y B son correctas.

67. En vía administrativa, para el cómputo de los plazos: A. Se excluye el mes de Agosto, salvo para la interposición del recurso por vulneración de derechos fundamentales. B. Se excluyen sábados, domingos y festivos. C. Se excluyen los días inhábiles y el mes de Agosto. D. Se excluyen sábados, domingos y festivos así como el mes de Agosto.

68. Los hidrocarburos tienen la consideración: A. Bienes afectos al uso público. B. Bienes afectos a un servicio público. C. Bienes afectos a la Corona. D. Bienes afectos a la riqueza nacional.

69. El órgano judicial competente para conocer de un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es: A. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. B. Los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo. C. La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la sede de la CNMC. D. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

70. Respecto del beneficiario de la expropiación, señale cuál es la respuesta incorrecta: A. Las posiciones de expropiante y beneficiario pueden ser coincidentes. B. El beneficiario está obligado al pago del justiprecio. C. El beneficiario siempre debe ser una entidad pública o un concesionario de una obra o servicio público. D. El beneficiario puede impulsar el procedimiento de expropiación.

71. Una característica típica de los servicios públicos en nuestro ordenamiento actual es: A. Su titularidad pública en régimen de exclusividad. B. Su compatibilidad con la prestación simultánea de ciertos servicios públicos por el sector privado y por el sector público. C. La relación de sujeción general a la que queda sujeto cualquier usuario del servicio público. D. La necesidad de prestar los servicios públicos siempre bajo una modalidad de gestión indirecta.

72. Señale la opción correcta respecto del recurso especial en la contratación pública: A. Es un recurso potestativo y gratuito contra ciertos actos y cuya resolución agota la vía administrativa. B. Sólo cabe interponerlo contra los pliegos, los acuerdos de adjudicación y la formalización de los encargos a medios propios. C. Están excluidos del mismo los contratos sujetos a regulación armonizada, por razón de su cuantía. D. Es un recurso de obligada interposición, y gratuito, para agotar la vía administrativa.

73. Son contratos de obra los que tienen por objeto: A. La realización de algunas prestaciones, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. B. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. C. Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. D. La realización de una obra o la ejecución de algún trabajo o la realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante.

74. Son anulables los actos administrativos que: A. Tengan un contenido imposible. B. Incurran en cualquier desviación de poder. C. Sean constitutivos de infracción penal. D. Ninguna de las anteriores.

75. La entrega de la condecoración militar de la Cruz de San Hermenegildo sería, dentro de las técnicas de fomento, un medio: A. Jurídico. B. Honorífico. C. Económico. D. Real.

76. Los Juzgados de lo contencioso-administrativo: A. Son órganos pluripersonales. B. Establecidos en cada Comunidad Autónoma. C. Su ámbito jurisdiccional es la provincia. D. Todas las anteriores.

77. El principio de legalidad, en cuanto configurador del sistema sancionador, exige: A. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un acto administrativo. B. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un Real Decreto. C. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por un Real Decreto-ley. D. Que la previsión de infracciones y sanciones debe hacerse por una norma con rango de ley.

78. En la contratación pública, la demora en el pago por la Administración supone: A. La obligación de pagar el precio con intereses de demora y resarcir los costes de cobro. B. La facultad del contratista de suspender el contrato por una demora superior a 4 meses. C. La facultad del contratista de instar la resolución del contrato y reclamar una indemnización. D. Todas las anteriores.

79. Son circunstancias que motivan la abstención las siguientes: A. Tener interés personal en el asunto de que se trate. B. Tener enemistad íntima o amistad manifiesta. C. Tener un vínculo matrimonial dentro del quinto grado o de afinidad dentro del cuarto. D. Ninguna de las anteriores.

80. En las sociedades de economía mixta, dentro del contrato de gestión de los servicios públicos: A. La participación pública en el capital social de la sociedad debe ser inferior al 50%. B. La participación pública en el capital social de la sociedad debe ser inferior al 75%. C. La participación pública en el capital social de la sociedad debe ser inferior al 25%. D. La participación pública en el capital social de la sociedad debe ser inferior al 30%.

81. Son modalidades de contrato de gestión de los servicios públicos las siguientes: A. Concesión. B. Gestión interesada. C. Remodelación. D. A) y B) son correctas.

82. Los actos administrativos ablatorios: A. Emanan de un solo ente u órgano. B. Tienen una concreción nominativa con nombre y apellidos de sus destinatarios o por su pertenencia a un colectivo determinado. C. Constituyen o amplían situaciones jurídicas de carácter pasivo. D. Son declarativos de derechos o entrañan un efecto favorable para su destinatario.

83. En los supuestos de infracciones administrativas, la Administración tiene potestades suficientes para: A. Imponer una sanción al infractor, pues cualquier otra obligación constituiría una infracción del principio non bis in idem. B. Imponer una sanción, exigir, en su caso, la adopción de medidas de restauración de la legalidad y la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración. C. Imponer una sanción, exigir, en su caso, la adopción de medidas de restauración de la legalidad y la indemnización de los daños y perjuicios causados. D. Imponer una sanción y la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración.

84. Son contratos de servicios los que tienen por objeto: A. La prestación de un servicio público en régimen concesional. B. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. C. Prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. D. La realización de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público contratante.

85. Durante el mes de agosto no corre el plazo para la interposición del recurso contencioso administrativo: A. Salvo para tramitar una cuestión de ilegalidad. B. No existen excepciones, no computa nunca. C. Salvo únicamente en caso de habilitación por decisión judicial. D. Salvo para el procedimiento para la protección de derechos fundamentales.

86. Las aguas minero-medicinales y las minas tienen la consideración: A. Bienes afectos al uso público. B. Bienes afectos a un servicio público. C. Bienes afectos a la Corona. D. Bienes afectos a la riqueza nacional.

87. Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo conocerán de los siguientes asuntos: A. La impugnación de los instrumentos de planeamiento de las entidades locales. B. Cualesquiera asuntos en materia de personal. C. Convenios suscritos entre Administraciones públicas. D. La inadmisión de las peticiones de asilo.

88. Conforme a la clasificación material de los actos. A. Los actos singulares son los que se elaboran por un solo ente u órgano. B. Los actos unilaterales son los que emanan de la exclusiva voluntad de la Administración. C. Los actos reales no son transmisibles. D. Los actos declarativos constituyen ex novo una situación jurídica.

89. El silencio administrativo: A. El silencio negativo estima las pretensiones del interesado. B. Frente al silencio negativo de la Administración se puede iniciar recurso. C. El silencio positivo no tiene carácter finalizador del procedimiento. D. El silencio negativo opera en las estimaciones de derechos.

90. La imparcialidad. A. Junto con la objetividad son los requisitos que tienen que reunir los órganos administrativos. B. Existe entre parentescos o consanguinidad hasta cuarto grado en línea recta. C. No se garantiza mediante causas de abstención. D. Existe cuando concurra un interés personal en el asunto.

91. En el contrato de concesión de servicio público la prestación del mismo por sociedad mixta: A. No cabe en ningún caso. B. Se trata de un supuesto de gestión indirecta. C. Se trata de un supuesto de gestión directa. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

92. Si un Ayuntamiento quiere licitar un contrato de gestión de servicio público de transporte escolar, ¿qué procedimiento deberá utilizar para la adjudicación?. A. Procedimiento abierto. B. Procedimiento negociado sin publicidad. C. Adjudicación directa, al tratarse de un contrato menor. D. Procedimiento de asociación para la innovación.

93. El Contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado: A. La realización de la actividad la desarrolla una entidad de derecho privado sometida a un límite temporal. B. La realización de la actividad la desarrolla una entidad de derecho privado sin límite temporal. C. Se trata de realizar una prestación de interés particular. D. Es una modalidad de contrato mixto.

94. Respecto del régimen jurídico de la prestación de los servicios: A. Los servicios tienen que prestarse con continuidad, es decir, permanencia. B. Su prestación no puede variar con el tiempo. C. La prestación del servicio deberá adaptarse a los nuevos tiempos. D. Nunca será admisible que exista un disfrute desigual de los servicios públicos por parte de los ciudadanos.

95. El justiprecio: A. Es el equivalente dinerario al bien expropiado. B. El pago del justiprecio opera siempre ex ante a la ocupación de los bienes. C. Es una garantía para el beneficiario. D. Su cuantía se calcula conforme al valor a tanto alzado.

96. No es objeto de expropiación forzosa: A. Los bienes patrimoniales de la Administración. B. Los derechos morales. C. Los derechos o intereses patrimoniales legítimos. D. La propiedad privada.

97. Respecto a los requisitos de la responsabilidad: A. La lesión resarcible no es necesario que sea individualizable. B. Los daños que se reclaman tienen que ser determinables en una cantidad monetaria. C. La responsabilidad existe cuando no hay un daño o lesión resarcible. D. Para que el daño causado por la AAPP sea reclamable tiene que ser efectivo, pero también cabe la posibilidad de que sea un daño posible o futuro.

98. No es presupuesto de responsabilidad de la Administración como tal: A. El daño o la lesión resarcible. B. La relación de causalidad. C. La imputación del daño. D. La conducta dolosa.

99. El principio Non bis in idem: A. Es un principio que rige el régimen de responsabilidad patrimonial. B. Implica la prohibición de duplicidad de actos administrativos. C. Es un principio que no rige el procedimiento sancionador. D. Prohíbe que se impongan dos sanciones por un mismo hecho cuando haya identidad del sujeto, hecho y fundamento.

100. El control judicial: A. No se ejerce sobre las actividades administrativas. B. Es competencia de los árbitro y jueces. C. Cuando se ejerce sobre la Administración es, por lo general, en vía administrativa. D. En materia administrativa tiene cabida exclusivamente en vía contencioso-administrativa.

101. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado: A. La Administración aceptará el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento en todo caso. B. No cabe el desistimiento o renuncia del particular. C. La Administración aceptará el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que terceros interesados personados en el procedimiento soliciten la continuación del mismo, o el procedimiento pueda tener efectos sobre el interés general. D. La Administración suspenderá el procedimiento durante 1 mes, transcurrido el cual aceptará el desistimiento y se declarará concluso el procedimiento.

102. La información pública en un procedimiento administrativo consiste en un acto de instrucción en virtud del cual: A. Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, estando la Administración obligada a asumir las alegaciones que se manifiesten. B. Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, estando la Administración obligada a emitir una respuesta razonada a las alegaciones que se presenten, que podrá ser común a aquellas alegaciones sustancialmente idénticas. C. Se posibilita la participación de cualquier ciudadano, no teniendo la Administración la obligación de contestar a las alegaciones presentadas. D. Se posibilita únicamente al interesado en el procedimiento, para que pueda examinar por sí mismo el expediente y presentar los documentos y justificaciones que estime convenientes.

103. Un médico que presta servicios en un hospital público no se hace cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tiene encomendadas y decide abandonar el servicio para irse a ver un partido de fútbol, cometiendo con ello una infracción muy grave (arts. 93 y ss. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Estatuto Básico del empleado Público). La Administración decide por ello iniciar un procedimiento disciplinario tras el cual decidirá si debe o no sancionar al médico, y, además, acuerda la suspensión provisional de funciones del médico durante la tramitación del procedimiento. Dicha suspensión…. A. Es un mero acto de trámite, por lo que no es impugnable. B. Es un acto firme, ya que el mismo deviene inatacable. C. Es un acto definitivo (decide sobre el fondo), por lo que es impugnable. D. Es un acto de trámite cualificado, porque causa indefensión al médico y, por lo tanto, sería impugnable.

04. Los tres miembros de un tribunal calificador de un concurso de adjudicación de un contrato de obras públicas, convocado por la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de X reciben de un tercero 60.000 € cada uno a cambio de que fallen el concurso a favor de la empresa Y, cosa que hacen finalmente, a pesar de que si hubieran puntuado objetivamente no hubiera resultado ganadora. El acto por el que se adjudica el concurso a la empresa Y será, por lo tanto…. A. Nulo de pleno derecho, pero se permite su convalidación posterior. B. Anulable. C. Nulo de pleno derecho. D. Irregular, pero no invalidante.

105. El Ayuntamiento B. adjudica el contrato para la prestación del servicio público de limpieza, recogida y eliminación de residuos y gestión del ecoparque municipal, debiendo asumir el contratista el riesgo operacional. Teniendo en cuenta esto, y a la vista de la Ley de Contratos del Sector Público ¿De qué contrato se trata?. A. Contrato de servicios. B. Contrato de concesión de obras públicas. C. Contrato de concesión de servicios. D. Contrato de suministro.

106. La sociedad de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A. (MERCAMADRID, S.A.) es una empresa Mixta municipal, participada en un 51,13 % por el Ayuntamiento de Madrid, en un 48.63 % por MERCASA (Sociedad Pública Estatal) y en un 0,24 % por Gremios y usuarios. MERCAMADRID tiene un interés eminentemente privado, mantener en perfecto estado sus instalaciones para que los mayoristas privados puedan desarrollar con garantías sus operaciones de intercambio; y, por otro lado, su actividad tiene carácter comercial o mercantil, al operar en condiciones normales de mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. Cuando MERCAMADRID licite un contrato con una empresa para la prestación o encargo de servicio u obra, actuará a efectos de la Ley de Contratos del Sector Público como…. A. Poder adjudicador-no administración pública (PANAP). B. Poder adjudicador-Administración pública. C. Otros entes, organismos y entidades del sector público (no poder adjudicador). D. Una empresa cualquiera, al no formar parte del sector público.

107. Un particular solicita al Ayuntamiento del municipio en el que reside una concesión demanial para instalar sillas y veladores en la vía pública delante de su local durante los meses de verano. Este tipo de autorización será: A. Reglada y simple, y de carácter real. B. Discrecional y de funcionamiento, y de carácter personal. C. Discrecional y simple, y de carácter personal. D. Discrecional y de funcionamiento, y de carácter real.

108. Se solicita de este Servicio Informe Jurídico, con relación a Licencia de Obras de reparación de cubiertas e interiores en vivienda y posterior queja de una vecina de la localidad, alegando que la vivienda en cuestión no es propiedad del solicitante sino suya, existiendo un litigio en los juzgados para dirimir la propiedad, al estar comprendido dicho inmueble en una herencia litigiosa. Se quiere saber por el Ayuntamiento si se debe o no conceder la licencia de obras hasta tanto en cuanto quede acreditada la propiedad de dicha vivienda. A. Deberá esperarse, por cuanto al Ayuntamiento le corresponde controlar y verificar a través de la licencia situaciones jurídico-privadas. B. No deberá esperarse, por cuando le basta con verificar que la solicitud se adecue a la legalidad urbanística vigente, teniendo en cuenta que “la licencia se otorgará salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero”. C. Que se tenga que esperar o no es una cuestión que decidirá el Alcalde. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

109. Uno de los principios del régimen jurídico de la prestación de los servicios públicos es la igualdad ante la prestación del servicio público, que significa que los servicios públicos deben garantizar el acceso y la utilización en condiciones de igualdad entre los usuarios. Pero ¿cabe alguna excepción a la regla anterior?. A. Cuando haya personas en situaciones diversas; colectivos diferenciados en base a criterios objetivos o individuos afectados por deficiencias económicas, sociales o físicas; o cuando la disparidad de trato sea razonable y no arbitraria. B. Cuando los usuarios de servicios públicos realicen diferencias de trato de manera puntual por estar saturados. C. El prestador del servicio es libre para denegar el acceso a todo el que quiera. D. Bajo ninguna circunstancia se permiten excepciones al principio de igualdad.

110. Señale la respuesta incorrecta. A. Cuando un servicio público se preste de forma indirecta, la Administración goza de la potestad para modificar las condiciones del contrato por razones de interés público, alterando tanto las características del servicio contratado como las tarifas a abonar por los usuarios. B. En el contrato de concesión servicios la Administración pública contratante asume el riesgo económico de la actividad. C. Los servicios públicos deben prestarse de forma continua. D. En el ámbito local, la gestión directa puede realizarse por la entidad local, por un organismo autónomo local, por una entidad pública empresarial local, o por una sociedad mercantil local cuyo capital sea de titularidad pública.

111. Señalar el enunciado erróneo: A. La subvención puede tener carácter lucrativo. B. La subvención no puede tener carácter oneroso. C. La subvención requiere de cobertura presupuestaria. D. La subvención no debe afectar a la situación de competencia en el mercado.

112. En aplicación de los artículos 117 y 118 de la Ley de Aguas, e instruido el correspondiente procedimiento sancionador, se notifica en tiempo y forma la Resolución de la Confederación Hidrográfica por la que el infractor debe pagar la cuantía de 300.000 euros (90.000 euros en concepto de multa grave y el resto correspondiente a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico por conducta infractora), y se le ordena la reposición de las cosas al estado anterior a la derivación, no autorizada, del caudal público para riego privativo. ¿La resolución puede contener todos estos pronunciamientos?. A. No, por el principio non bis in idem. B. Solo la multa y la imposición de reparación de daños y perjuicios. C. Solo hubiera sido posible si hubiera tramitado dos procedimientos distintos, uno sancionador y otro de reparación de daños al medio ambiente. D. Sí, por cuanto una conducta infractora puede conllevar, además de la sanción, una responsabilidad civil derivada de la infracción (no constituye sanción).

113. Imagine que es usted el Jefe del Servicio de Expropiaciones en la Subdirección General de Construcción perteneciente a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Entre otros expedientes que se encuentran en tramitación en su servicio, se encuentra uno relativo al procedimiento de expropiación forzosa de unos terrenos en el municipio de Buñol, Valencia, que tiene por objeto la construcción de un tramo nuevo de la Autovía A-3. En relación con dicho expediente, su jefe le dice que entre los bienes objeto de la expropiación figura un inmueble de dominio público, titularidad de la Administración General del Estado (AGE). ¿Dicho bien es susceptible de expropiación?. A. Sí, ya que son expropiables todos los bienes inmuebles sin excepción. B. Solo si consta el visto bueno de la AGE. C. No, porque los bienes demaniales no son susceptibles de expropiación. D. Sí, porque la expropiación implica la desafectación automática de los bienes demaniales y pasa a convertirlos en bienes patrimoniales.

114. Un paciente se somete a una intervención en un hospital público y la anestesia epidural le produce daños en las extremidades inferiores de carácter permanente. El paciente no fue informado de las posibles contradicciones y no formalizó el consentimiento informado ¿Se responderá del daño? ¿Quién lo hará?. A. No habrá responsabilidad: se trata de un mero accidente. B. Deberá responder directamente el médico que atendió al paciente. C. Habrá responsabilidad (de la Administración) ya que la falta de consentimiento informado es una clara evidencia de una falta de la lex artis médica. D. Solo habrá responsabilidad (de la Administración) si se demuestra la relación causal entre la anestesia epidural y los daños en las extremidades inferiores.

115. El inmueble donde se sitúa la sede de la Casa Consistorial. A. Se trata de un bien demanial por naturaleza. B. Se trata de un bien afecto a un uso público. C. Se trata de un bien afecto a un servicio público. D. Se trata de un bien afecto al Patrimonio Nacional.

116. Si quiero poner un kiosco con instalación fija en la calle, tendré que solicitar: A. Autorización administrativa. B. Concesión demanial. C. Autorización administrativa o concesión demanial, indistintamente. D. Concesión de servicio público.

117. El Ayuntamiento de M. interpuso recurso administrativo contra el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Cáceres (órgano autonómico) por el que se aprobó definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- (que tiene naturaleza reglamentaria) del Ayto. de Z. por cuanto considera que incide en el desarrollo municipal de M. Si así fuera, ¿qué cree que sucederá?. A. Que probablemente la Comisión estimará el recurso y anulará el PGOU. B. Que la Comisión no será competente para conocer del asunto, debiendo dirigirse el recurrente en alzada contra el Ayuntamiento de Z. C. Que la Comisión inadmitirá el recurso, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo. D. Que el Ayuntamiento de M. no tendrá ninguna posibilidad de recurso.

118. En Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 3 dicta en primera instancia Sentencia por la que se confirma la Resolución del Ministerio del Interior, de 21 de febrero de 2014 por la que se acuerda la inadmisión de la petición de asilo cursada por un ciudadano sirio, D. Rashid. La defensa de D. Rashid considera que la Sentencia no ha analizado un argumento central para la admisión, como es la situación de persecución política en su país como consecuencia de haber formado parte de la oposición política al Gobierno actual. El procedimiento es de cuantía indeterminada. ¿Podrá plantear algún recurso judicial la defensa de D. Rashid? En caso afirmativo ¿Cuál?. A. Recurso de apelación. B. Recurso de casación. C. Recurso de súplica. D. Recurso de revisión.

119. En los supuestos de silencio administrativo, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. No es posible interponer el recurso contencioso administrativo. B. En el plazo de dos meses desde la notificación. C. En el plazo de seis meses desde que se produzca el acto presunto. D. En el plazo de tres meses.

120. Por la conciliación judicial en el proceso contencioso-administrativo: A. El juez, de oficio o a solicitud de parte, somete a consideración de las partes el reconocimiento de los hechos o documentos, cuando el juicio verse sobre temas objeto de transacción. B. El juez, únicamente de oficio obliga a la que se alcance un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio verse sobre temas objeto de transacción. C. El juez, a instancia de parte, culmina la terminación del procedimiento, estableciendo los términos mínimos de la transacción de los interesados. D. Un acuerdo entre el juez y una de las partes pone fin al proceso contencioso-administrativo.

121. Los defectos de forma solo invalidan el acto administrativo (art. 48.2 lpac). A. Cuando carecen de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o producen la indefensión de los interesados. B. Cuando carecen de algún requisito para alcanzar su fin. C. Cuando carecen de todos los requisitos para alcanzar su fin. D. Cuando carecen de requisitos complementarios establecidos por el órgano administrativo.

122. Según el art. 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A. En cualquier momento del procedimiento. B. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. C. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo. D. En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano instructor.

123. Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A. Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. B. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C. Desde el mismo día de su notificación a los interesados. D. El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

124. Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación pública: A. Solo cabrá la interposición del recurso de alzada. B. Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. C. Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo y del recurso de alzada. D. Solo cabrá la interposición de recurso de casación.

125. Sobre las autorizaciones, señale la incorrecta: A. Su régimen jurídico encuentra establecido en las respectivas normas sectoriales que las regulan. B. Se otorgan siempre previo procedimiento administrativo iniciado mediante solicitud. C. Tienen carácter constitutivo. D. Pueden ser regladas.

126. Señale la incorrecta. Son obligaciones del beneficiario de una subvención: A. Acreditar, una vez concedida, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. B. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados. C. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos. D. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora.

127. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, como norma general, según el art. 30?2 de la Ley 40/2015?. A. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. B. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. C. Desde el día en que se notifique la infracción que se hubiera cometido. D. Desde el día siguiente en que se notifique la infracción que se hubiera cometido.

128. En el ámbito expropiatorio, el justiprecio: A. Es una reparación de los daños sufridos por el expropiado. B. Es una sustitución de un bien jurídico por el equivalente dinerario. C. Consiste en abonar al expropiado la cantidad dineraria igual a la pérdida de los bienes sufridos. D. Las opciones B. y C. son correctas.

129. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: A. Estimatorio. B. Desestimatorio. C. Caducidad. D. Allanamiento.

130. ¿Cuál de los siguientes es un requisito obligatorio en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. A. Que la relación entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio patrimonial esté probada. B. Que se notifique a los particulares presuntamente lesionados, y que éstos se personen en el plazo establecido. C. Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. D. Todos son requisitos obligatorios.

131. El desahucio administrativo procede cuando: A. Decae o desaparece el título o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. B. Un tercero invade una propiedad pública ilegítimamente. C. Un tercero impide el acceso a la propiedad pública. D. Ninguna de las anteriores.

132. El plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto es expreso (art 122 de la Ley 39/2015) es: A. 1 mes. B. 3 meses. C. 20 días. D. 2 meses.

133. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio: A. El órgano competente para resolver tendrá que suspender necesariamente la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. B. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Art 105 Ley 30/1992. C. El órgano competente para resolver tendrá que suspender necesariamente la ejecución del acto, cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. D. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

134. Contra un acto firme en vía administrativa: A. No se puede recurrir por haber adquirido firmeza. B. Puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. C. Se puede interponer recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley. D. Únicamente se puede recurrir en vía judicial, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

135. Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad: A. No exigirá audiencia a los interesados del mismo. B. Exigirá la previa audiencia de los representantes de los interesados en el mismo. C. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

136. Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada cuando: A. Su valor estimado es igual o superior a 5.382.000€. B. La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato. C. Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 5.382.000€. D. Su valor estimado es igual o superior a 2.000.000€.

137. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: A. Anulables, excepto los que incurran en la desviación de poder. B. Nulos de pleno derecho, excepto los que incurran en la desviación de poder. C. Anulables, incluso los que incurran en la desviación de poder. D. Nulos de pleno derecho, incluso los que incurran en la desviación de poder.

1. En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados las actuaciones se entenderán: A. Con todos ellos, si no han designado un representante común para todos. B. Se les requerirá para que designen un representante en el plazo de diez dias. Si no lo designaren se les tendrá por desistidos de su solicitud. C. Si han designado de forma expresa un representante o un interesado, se entenderán las actuaciones con él. En otro caso, con el interesado que figure en primer lugar en la reclamación. D. Se les requerirá para que designen un único domicilio en el que recibir las notificaciones, que se entenderán hechas a todos ellos personalmente.

2. En un procedimiento contencioso-administrativo un particular deberá estar obligatoriamente representado por procurador y defendido por abogado en uno de los casos siguientes: A. Cuando la cuantía del procedimiento sea indeterminada o superior a 30.050 euros. B. Cuando el órgano competente sea colegiado, cualquiera que sea la cuantía o instancia del procedimiento. C. Cuando el órgano competente sea unipersonal y se recurra una resolución de la Administración General del Estado o de los órganos superiores de una Administración autonómica. D. Cuando el órgano competente sea unipersonal y la resolución recurrida haya sido dictada por un Ministro o Secretario de Estado.

3. En un expediente de expropiación forzosa en el que no haya comparecido ningún titular de un bien expropiable, se entenderán las actuaciones con: A. El Ayuntamiento donde radique el bien a expropiar, sin perjuicio de llamar por edictos al titular de dicho bien. B. La Subdelegación del Gobierno donde radique el Jurado de Expropiación Forzosa, a fin de que se haga cargo del justiprecio para ingresarlo en la Caja General de Depósitos. C. El Ministerio Fiscal de la Provincia donde radique el bien expropiado. D. Nadie. Se ingresará el justiprecio directamente en la Caja General de Depósitos a disposición de quien resulte titular del bien expropiado.

4. CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo- terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que el Ministro, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.?. A. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar recurso de alzada ante el propio Ministro. B. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar bien recurso de reposición ante el propio Ministro o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación. C. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo y CAFÉ DEL MAR, S.A. deberá en todo caso solicitar al Ministro certificado acreditativo de dicho silencio. D. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. El Ministro expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

5. El Ayuntamiento de Madrid notifica a Miguel el inicio de un procedimiento sancionador en su contra. Miguel, en desacuerdo con la infracción que se le imputa, quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Puede interponer dicho recurso?. A. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto definitivo que pone fin a la vía administrativa. B. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. C. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. D. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto que no pone fin a la vía administrativa.

6. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expropió a Gabriel en el año 2023 una finca de su propiedad para la construcción de una carretera. Tras un año de paralización de las obras, el 6 de septiembre de 2024 el Ministerio anunció a través de los medios de comunicación que abandonaba el proyecto por falta de fondos, notificándose dicho propósito a Gabriel el 18 de septiembre de 2024. ¿Puede Gabriel ejercer el derecho de reversión?. A. Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha desafectado la finca expropiada, no habrá derecho de reversión, puesto que aquel puede decidir dedicarla a otra causa de utilidad pública o interés social. B. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración anunció a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra. C. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración notificó a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. D. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión en cualquier momento, sin que exista plazo para la presentación de dicha solicitud.

7. Pedro ha interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración competente por valor de 80.000 euros por los daños que ha sufrido su vivienda como consecuencia de unas obras en su calle. ¿Será preceptivo el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. A. Sí, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. B. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 10.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. C. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. D. No, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es facultativo siempre.

8. A Jaime le acaban de notificar la inadmisión de un recurso de alzada que presentó contra un acto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Requiere motivación dicha inadmisión?. A. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan sobre el fondo del recurso planteado, no los que resuelvan sobre la admisión del mismo. B. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo. C. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo, pero únicamente si éste se inadmite por estar fuera de plazo. D. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o los intereses legítimos de Jaime, pero nunca los referidos a recursos administrativos.

9. RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. A. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. B. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. C. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo. D. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

10. El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.?. A. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. B. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. C. Ya ha trascurrido el plazo para interponer recursos administrativos, por lo que solo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo. D. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

11. El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo con relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cuestiones litigiosas?. A. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato administrativo de una Administración Pública. B. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración Pública. C. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública. D. El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública.

12. Al entrar en la consulta de su médico en un centro de salud público, se desprende sobre Andrea el techo de escayola, produciéndole heridas graves. Una vez recuperada, quiere informarse sobre cómo podría exigir una indemnización. Señala, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: A. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician siempre a solicitud de persona interesada. B. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. C. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. D. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

13. Cristina tiene una finca en Zaragoza que ha sido expropiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ampliar el número de carriles en uno de los accesos a la ciudad. Ha transcurrido 1 año desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que se haya fijado la indemnización a la que tiene derecho Cristina. Señala la respuesta correcta: A. Al haber transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca, el Ministerio estará obligado a abonar a Cristina una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado. B. Debe esperar hasta haber transcurrido 2 años desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca para poder reclamar el abono de ninguna indemnización. C. Habrá de procederse a evaluar de nuevo la finca objeto de expropiación. D. Tendrá derecho a recuperar inmediatamente la finca expropiada.

14. Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y pretende que se declare su ilegalidad. Señala cuál es la fórmula correcta para intentarlo: A. Formular una instancia a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pidiéndole que lo modifique y que mientras tanto no aplique ese precepto del Real Decreto por ser contrario a Derecho. B. Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. C. Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. D. Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo.

15. Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señale la opción correcta: A. No puede impugnar, porque tuvo oportunidad de alegar cuando se publicó la aprobación inicial y no se manifestó en contra. B. Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. C. Puede recurrir solo si no se le notificó directamente que tenía plazo para hacer alegaciones. D. No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

16. Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento en relación con una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación?. A. Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. B. La resolución será anulable. C. El vicio de la resolución es irrelevante. D. La resolución es nula de pleno derecho.

17. Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir?. A. El 1 de marzo pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). B. El 31 de febrero. C. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. D. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).

18. Derribos, S.A. ha interpuesto un recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de demolición de un inmueble. Dado que han transcurrido más de dos meses sin que se haya resuelto el recurso, pretende plantear un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué plazo ha de plantear el recurso contencioso-administrativo para que no se considere presentado fuera de plazo?. A. En dos meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. B. En estos casos se considera que no hay plazo para acudir a la vía contencioso- administrativa. C. En seis meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. D. En estos casos se considera que no cabe acudir a la vía contencioso – administrativahasta que no se resuelva el recurso.

19. El día que vence un plazo es festivo en la Comunidad Autónoma en que reside el recurrente, pero es hábil en Madrid que es donde está la sede del órgano administrativo autor del acto impugnado. ¿Qué día termina el plazo en ese caso?. A. Ese día, porque es hábil donde está la sede del órgano administrativo. B. Al día siguiente hábil, porque es inhábil en la localidad donde tiene su domicilio el interesado. C. El último día del mes. D. Ese día, porque siempre prevalecen los plazos de la capital del Reino.

20. En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. A. El día siguiente que sea hábil. B. El último día del mes. C. El anterior que sea hábil. D. El que determine la Administración en cada caso.

1. A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019, jueves. ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. A. El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir terminó el 2 de marzo. Como se trataba de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de marzo. B. El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles. C. El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del mes. D. El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación.

2. El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. A. El domingo 30 de septiembre de 2018. B. El lunes 1 de octubre de 2018. C. El martes 30 de octubre de 2018. D. El miércoles 31 de octubre de 2018.

3. Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: A. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. B. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. C. Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. D. Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

4. Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada: A. En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. B. En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto. C. En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. D. En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

5. ¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. A. 3 meses. B. 6 meses. C. 1 año. D. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

6. Señala la cuestión cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso - administrativo: A. El recurso contencioso-disciplinario militar. B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. C. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. D. Cualquier cuestión expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil, siempre que esté relacionada con la actividad de la Administración pública.

7. ¿En qué consiste un contrato de concesión de obras y qué contraprestación puede conllevar?. A. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en percibir un precio. B. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. C. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho a explotar la obra. D. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la gestión de un servicio y en el que la contraprestación consiste en el derecho a percibir un precio.

8. En el ámbito de los contratos del sector público, son contratos de suministro: A. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. B. Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. C. Los que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. D. Los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase.

9. El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. B. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. C. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. D. A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración.

10. Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: A. En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. B. En todo caso. C. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. D. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.

11. Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. A. Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. B. Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea esta, declare que procede la ocupación. D. Una vez que el Jurado de Expropiación correspondiente lo autorice.

12. En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. A. Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. B. No, en ningún caso. C. Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. D. Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.

13. En el ámbito de la expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos expropiables se efectuarán con arreglo al valor que tengan éstos: A. Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. B. En el momento de extenderse el acta de ocupación. C. En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. D. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.

14. El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. A. Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. C. No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. D. No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria.

5. ¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. A. 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. B. 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. C. 2 meses, en el supuesto de acto presunto. D. 3 meses, en el supuesto de acto presunto.

16. ¿Qué recurso en vía administrativa cabe frente a una disposición de carácter general?. A. Recurso de alzada y de ser desestimado, recurso potestativo de reposición, salvo que el órgano que dicta esa disposición carezca de superior jerárquico, en cuyo caso solo cabrá recurso potestativo de reposición. B. Ninguno. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no es posible interponer recursos en vía administrativa. C. Exclusivamente recurso potestativo de reposición. D. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

17. Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: A. Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. B. Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. D. Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible.

18. ¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. A. Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. B. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. C. Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superior jerárquico, encargado de resolverlo. D. Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director general o equivalente, en función de la Administración Pública de que se trate.

19. Juan es propietario de una finca rústica. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, habiendo utilizado la constructora el terreno como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Juan?. A. Inactividad prestacional. B. Inactividad por inejecución de actos firmes. C. Actuación material en vía de hecho. D. Contrato civil de arrendamiento.

20. Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿qué tiene que solicitar o presentar en su Ayuntamiento para poder comenzar con la explotación?. A. Deberá solicitar una licencia y esperar a su resolución para comenzar la explotación. B. Deberá solicitar una concesión de actividad y esperar a su resolución para comenzar la explotación. C. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, pudiendo una vez presentada iniciar la explotación. D. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, debiendo esperar para iniciar la explotación a resolución expresa del Ayuntamiento.