Administrativo y Tribu Master Acc. Abogacia y procura 2024

1. La Administración ha otorgado una concesión demanial por un procedimiento de adjudicación directa, omitiendo el procedimiento de concurso establecido por la correspondiente legislación. La adjudicación: A) Es nula de pleno derecho. B) Es anulable. C) Es válida, pues se trata de una irregularidad no invalidante. o d. Ninguna de las anteriores es correcta. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para: A) Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en determinados supuestos. B) Entenderla siempre y en cualquier caso desestimada. C) Considerar caducado el procedimiento. D) Entender archivado el procedimiento.

3. Según la Ley 39/2015, tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo: A) Únicamente los titulares de derechos subjetivos que hayan promovido el procedimiento. B) Sólo los titulares de intereses legítimos que hayan promovido el procedimiento o no habiéndolo promovido se personen en el mismo en tanto no haya recaído resolución definitiva. C) Siempre cualquier persona aunque no sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, en defensa de la mera legalidad. D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

4. De conformidad con la Ley 39/2015, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días: A) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. B) Se entiende que éstos son naturales. C) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. D) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos, pero no los declarados festivos.

5. Según dispone la Ley 39/2015: A) Una vez presentada la solicitud de iniciación del procedimiento no podrán realizarse más alegaciones ni presentarse nuevos documentos que no se hayan acompañado con la misma. D) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. C) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de prueba, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. D) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

6. Según la Ley 39/2015: A) La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. B) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. C) La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo. D)La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

7. De acuerdo con la Ley 39/2015, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: A) Prescribe a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. B) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. C) Caduca a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en sus actuaciones ante órganos colegiados las partes: A) Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. B) Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. C) Podrán comparecer por sí mismas sin necesidad de conferir su representación aun Procurador ni ser asistidas por Abogado. D) Deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.

9. De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: A) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que no pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. B) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden la impugnación de los actos de aplicación de la misma fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. C) No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. D) No es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

10. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: A) El demandante solo podrá pretender ante la jurisdicción contencioso-administrativa la declaración de no ser conformes a Derecho la actuación, acto o disposición impugnada. B) Si el recurso tiene por objeto una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se declare contraria a Derecho y que se ordene el cese de dicha actuación, pero no podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. C) El demandante solo podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación. D) El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, así como también el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda. Art. 31 Ley 29/1998.

11. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos, la Administración dictare durante su tramitación resolución expresa respecto de la pretensión inicialmente deducida, el recurrente: A) Deberá interponer recurso contencioso administrativo independiente frente a la misma. B) Deberá desistir del recurso frente al acto presunto e interponer recurso contencioso frente a la resolución expresa. C) Podrá desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptación de la resolución expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliación a la resolución expresa. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

12. Elena acude a su abogado exponiéndole que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ante quién está tramitando una solicitud de homologación, le ha requerido para que en el plazo de 10 días, presente documentación necesaria para la resolución del expediente. Elena solicitó una ampliación del plazo y le han notificado su denegación ¿Qué le debe informar el abogado? Indique la respuesta correcta: A) Procede la interposición de un recurso de reposición. B) Procede la interposición de un recurso de alzada. C) Las decisiones sobre la denegación de ampliación de plazos no son susceptibles de recurso. D) Puede solicitar una nueva ampliación de alega motivos diferentes.

13. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en el expediente administrativo se practicará: A) Por el Letrado de la Administración de Justicia. B) Por la Administración demandada a quien el Letrado de la Administración de Justicia requerirá para que remita el expediente administrativo ordenándole que practique los emplazamientos. C) Por el Juez o Tribunal. D) Por el demandante una vez que el Letrado de la Administración de Justicia, acuerde que se le remita el expediente administrativo para que deduzca la demanda.

14. CONSTRUCCIONES SEGURAS S.A, se encuentra inmersa en un procedimiento de licitación para la construcción de un puente en Asturias. Uno de los miembros del tribunal administrativo resulta ser la mujer del director general de dicha empresa. ¿Podrán, otras sociedades presentadas al concurso, plantear la recusación de ese miembro del tribunal? Indique la respuesta correcta: A) Sí, por tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado. B) No, si dicho miembro del tribunal administrativo procede a abstenerse. C) Sí, por tener interés personal en el asunto que trata la licitación. D) Sí, ya que la Administración debe garantizar la imparcialidad más absoluta, estableciendo las reglas de recusación de los funcionarios intervinientes en cada procedimiento.

15. Blanca, que se encuentra inmersa un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es titular de los siguientes derechos: A) Derecho a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, incluidas las posteriores a la audiencia. B) Derecho a formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento, incluidas las posteriores a la audiencia. C) Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. Antonio, mayor de edad, le solicita, en su condición de abogado, asesoramiento en relación con un procedimiento administrativo seguido ante el ayuntamiento de Córdoba. En dicho procedimiento el padre de Antonio ha actuado como representante de su hijo. ¿Es posible la actuación en representación ante las AAPP? Indique la respuesta correcta: A) Sí, ya que cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las AAPP. B) Sí, pero exclusivamente cuando, tanto Antonio como su padre, hayan presentado a la Administración un certificado de Representación. C) No, ya que el padre de Antonio no está legitimado para actuar en representación de su hijo al carecer de relación con el objeto de procedimiento. D) No, ya que el padre de Antonio no es un interesado desde el punto de vista formal del procedimiento administrativo.

17. A Miguel, abogado, le ha sido notificada una resolución contraria a su cliente en la que se indica que dispone de un plazo de un mes para presentarse el correspondiente recurso administrativo. No obstante, considera necesario una ampliación del plazo para poder preparar la documentación pertinente. ¿Es posible dicha ampliación? Indique la respuesta correcta: A) Sí, porque la Administración puede conceder una ampliación de los plazos establecidos, siempre que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. B) No, porque la Administración solo puede conceder una ampliación de plazos a instancia de parte. C) No, porque la Administración solo puede conceder una ampliación de los plazos establecidos en los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como en aquellos procedimientos que exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero. D) Sí, porque la Administración puede conceder una ampliación de los plazos establecidos, siempre que no exceda del triple del plazo inicialmente establecido, y las circunstancias lo aconsejan.

18. Amparo y Jacinto están disconformes con una serie de actuaciones realizadas por la Hacienda Local que han afectado a las lindes de su predio. ¿Pueden solicitar la indicación de un procedimiento administrativo? Indique la respuesta correcta: A) Sí, siempre que los administrados tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión de la Administración competente y no se hayan iniciado el procedimiento previamente. B) No, tendrán que esperar a que el órgano competente, bien iniciativa propia o como consecuencia de orden superior inicie de oficio el procedimiento. C) No, ya que, no tienen la consideración de interesados. D) No, tendrán que recurrir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

19. Durante un procedimiento administrativo, Jaime le pregunta, como experto abogado, si puede presentar alegaciones y aportar documentos para la defensa de sus intereses. Indique la respuesta correcta: A) Solo podrá presentar los documentos tasados en la LRJSP. B) Jaime podrá presentar alegaciones y aportar los documentos que estime oportunos admitidos por el Ordenamiento jurídico, al ser trámite esencial proclamado por la Constitución, siempre que los aporte o presente en un momento anterior al trámite de audiencia. C) Las alegaciones deberán ser realizadas en los momentos en los que la Administración así lo estime, dando así cumplimiento al principio de que todo interesado debe ser oído en el procedimiento. D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

20. En un procedimiento administrativo, ¿sobre quién recae la carga de la prueba? Indique la respuesta correcta: A) Sobre la Administración, ya que es la encargada de aportar las pruebas necesarias que demuestren la comisión de la infracción. B) Sobre el interesado o administrado, ya que las actuaciones de la Administración tienen presunción iuris tantum de validez y admiten prueba en contrario. C) No existen norma especial para los procedimientos administrativos, por lo que se rige la regla general según la cual incumbe la carga de la prueba a quien alegue los hechos en que funden sus derechos. D) Sobre el interesado, en todo caso, salvo que los hechos sean irrelevantes a juicio de la Administración, o sean admitidos por ambas partes, o de cuya existencia presume la ley.

21. Julia, que recibió notificación de la incoación de un procedimiento administrativo, ha recibido la correspondiente propuesta de resolución por parte del órgano administrativo sin que haya habido trámite de audiencia. Julia se pregunta si la actuación de la Administración ha sido correcta. Indique la respuesta correcta: A) Sí, ya que antes de la redacción de la propuesta de resolución, la administrada pudo presentar las alegaciones y aportar los documentos que estimó oportunos, por lo que no se quebrantó el principio de ser oído. B) No, ya que antes de la redacción de la propuesta de resolución, se debió dar trámite a la audiencia del interesado y haberle puesto de manifiesto el expediente íntegro, siendo causa de nulidad absoluta la resolución adoptada si se hubiera causado indefensión. C) No, el órgano administrativo debió poner de manifiesto el expediente íntegro, una vez instruido e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. D) Sí, porque el órgano administrativo entendió que el interesado había efectuado todas las alegaciones y aportado todos los documentos en defensa de sus legítimos intereses y, por tanto, está legitimado para prescindir de él.

22. ¿Cuándo se pone fin al procedimiento administrativo? Indique la respuesta correcta: A) Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de caducidad. B) Ponen fin al procedimiento la resolución administrativa motivada y la renuncia por parte del interesado. C) Ponen fin al procedimiento la resolución administrativa motiva y la renuncia por parte del interesado. D) Ponen fin al procedimiento la caducidad, la renuncia, la terminación convencional o pactada.

23. A Ticio y a Plinio se les ha notificado la resolución de un procedimiento administrativo incoado a petición de los mismos, pero dicha resolución acaba condenándoles al pago de una sanción superior a la establecida inicialmente. ¿Es esto posible? Indique la respuesta correcta: A) Sí, en los casos en los que el órgano administrativo pueda probar la comisión de una infracción por parte de los administrados. B) Sí, siempre que la resolución esté suficientemente motivada, sea congruente y no vulnere el Ordenamiento Jurídico. C) No, ya que nuestras normas del procedimiento administrativo prohíben expresamente que los procedimientos puedan agravar la situación inicial de los interesados. D) Sí, ya que la Administración pública ejerce la potestad sancionadora cuando queden probados los hechos típicos de la infracción administrativa.

24. En un procedimiento de expropiación forzosa, Juan llega a un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Murcia a la hora de fijar el justiprecio. No obstante, Juan acude a usted para saber si el procedimiento ha quedado ya resuelto. Indique la respuesta correcta: A) El procedimiento quedaría resuelto, ya que las Administraciones públicas se encuentran habilitadas para celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico o cuando las materias transadas sean susceptibles de transacción. B) Al tratase de una terminación convencional o pactada, el acuerdo pondrá fin al procedimiento de expropiación forzosa y será publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Murcia. C) Para que se ponga fin al procedimiento, el acuerdo deberá tener carácter vinculante, identificando a las partes intervinientes, el ámbito del procedimiento administrativo y su plazo de vigencia. D)El acuerdo podrá poner término al procedimiento o insertarse en el mismo con carácter previo a la resolución que les ponga fin.

25. En un procedimiento en el que María e Isabel se encuentran inmersas, la primera de ellas tiene la intención de comunicar al órgano administrativo su voluntad de desistir de su solicitud. Por ello, Isabel acude a usted para que le explique qué repercusiones puede tener la actuación de María para ella. Indique la respuesta correcta: A) Al plantearse de forma conjunta una solicitud ante un órgano administrativo, el desistimiento de una ellas provoca el decaimiento de la otra. B) Aunque el escrito de iniciación se hubiera formulado por María e Isabel, el desistimiento solo afectará a María, esto es, la persona que lo formula. C) Al renunciar María a su derecho, impedirá que Isabel pueda iniciar otro procedimiento basado en el mismo. D) Como María ha desistido de su pretensión, Isabel podrá, una vez concluido el procedimiento pendiente, volver a ejercitar dicha pretensión en otro procedimiento posterior.

26. Jesús inició un procedimiento administrativo para reclamar la devolución de ingresos indebidos por parte del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento solicitó a Jesús que aportase más medios de prueba que acreditasen su pretensión, hace ya más de seis meses. Jesús le pregunta, ¿qué consecuencias puede tener este retraso en aportar la prueba requerida? Indique la respuesta correcta: A) En el caso concreto, y siempre que la paralización del procedimiento se produzca por causas imputables a la Administración, el Ayuntamiento podrá acordar el archivo de las actuaciones por caducidad del mismo. B) Jesús podrá, antes de que caduque el procedimiento, presentar escrito de alegaciones para que la caducidad no produzca la prescripción de la acción. C) No habrá consecuencias, ya que Jesús está todavía en plazo para presentar las alegaciones que estime oportunas por ser el plazo de caducidad de 9 meses. D) La administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado.

27.Toñi, en un procedimiento administrativo iniciado de oficio, ha sido requerida para que presente pruebas. El órgano administrativo ha establecido un período de prueba de 35 días, ya que dicho órgano se encuentra saturado de trabajo. Usted, abogado de Toñi, que sigue con detenimiento el procedimiento, advierte a Toñi de que: A) Dicho período de prueba excede de lo dispuesto por la LPAC, al establecer que los plazos no podrán ser superiores a 30 días ni inferiores a 10. B) Dicho período de prueba hará que el procedimiento sea nulo por abuso de derecho del órgano administrativo. C) Dicho período de prueba es contrario a la Ley, al establecerse que los plazos no podrán ser superiores a 15 días ni inferiores a 5. D)Aunque la LPAC no dispone expresamente norma que fije un plazo concreto, la práctica habitual suele establecer esos períodos de prueba.

28. Una vez iniciado el procedimiento administrativo, ¿Podrá el interesado solicitar a instancia de parte la adopción de medidas provisionales? Indique la respuesta correcta: A) Los órganos administrativos no podrán adoptar medidas provisionales tendentes a asegurar el cumplimiento de la resolución administrativa, ya que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria. B) El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento iniciado podrá adoptar las medidas provisionales oportunas para el aseguramiento eficaz de la resolución administrativa. C) La administración pública podrá adoptar las medidas cautelares que estime oportunas, atendiendo a los perjuicios que pueda causar a los interesados o la vulneración de derechos amparados por las leyes. D) La administración pública solo podrá adoptar medidas provisionales de oficio.

29. La sociedad CYS S.A. tiene, entre sus accionistas, al Ayuntamiento de Albacete como accionista mayoritario. ¿Deberá aplicársele la regulación contenida en la LPAC (Ley 39/2015) o en la LRJSP (Ley 40/2015)?. A) Siempre que la sociedad esté vinculada o sea dependiente del Ayuntamiento, se considerará que pertenece al sector público institucional. Por ello, su actividad estará sujeta a dichas leyes, cuando así lo establezcan las mismas y cuando ejerza potestades administrativas. B) No serán de aplicación las leyes de procedimiento administrativo, ya que, dentro de su accionariado tiene accionistas de carácter privado. C) No, ya que al ser una sociedad mercantil no tendrá la consideración de entidad de Derecho Público. D) Será de aplicación la LPAC y la LRJSP en virtud de la atribución o encargo específico que haya realizado el Ayuntamiento de Albacete.

30. Pedro acude a su abogado solicitando asesoramiento sobre la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de revisión contra una resolución firme en vía administrativa que le fue notificada hace 2 meses en la que han influido documentos declarados falsos en sentencia judicial que devino firme 15 días antes de la resolución ¿qué le debe informar el abogado? Indique la respuesta correcta: A) Cualquiera que sea la circunstancia, procede la interposición del recurso extraordinario de revisión pues no está sujeto a ningún plazo. B) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión por no concurrir ninguna de las circunstancias establecidas en la ley. C) Procede la interposición del recurso extraordinario de revisión por esta circunstancia, ya que, no han transcurrido 3 meses desde que la sentencia judicial quedó firme. D) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión pues han transcurrido 2 meses desde la notificación de la resolución.

31. Un interesado solicita que se declare la nulidad de actuaciones en un procedimiento, por incompetencia del órgano administrativo para dictar resolución sobre el fondo del asunto. Indique la respuesta correcta: A) La administración debe tramitar la solicitud como una cuestión incidental, sin suspender la tramitación del procedimiento principal y sin perjuicio de poder convalidar los actos que sean simplemente anulables. B) La administración debe acumular la solicitud al procedimiento en tramitación y resolverla junto con la resolución de fondo dicho procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de convalidación de actos anulables. C) La administración debe suspender la tramitación del procedimiento principal en tanto se tramita la solicitud como cuestión incidental. D) La administración debe tramitar la solicitud como un supuesto de revisión de actos nulos.

32. Si un interesado estima que se le ha denegado una solicitud mediante una resolución nula de pleno derecho, ¿qué recurso puede interponer?. A)Solo es posible el recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa procedente, dentro del plazo de un año establecido para ello. B) Solo puede formularse una solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho dentro del plazo de cuatro años desde que se notificó la resolución. C) Puede interponer solicitud de revisión extraordinaria ante el órgano que ha dictado la resolución en un plazo de seis meses desde la notificación de la misma. D) Recurso de alzada y recurso potestativo de reposición.

33. En un procedimiento administrativo se ha notificado la resolución motivada al interesado y, dentro del plazo, éste ha interpuesto recurso de alzada contra la resolución. ¿La interposición de dicho recurso suspende la ejecución del acto impugnado?. A) La interposición de cualquier recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado de cara a dotar de eficacia a la actuación administrativa. B) Cuando, a juicio del órgano competente para resolver el recurso, una resolución administrativa pudiera suponer un perjuicio para el administrado de imposible o difícil reparación o cuando la impugnación se fundamente en causas de nulidad de pleno derecho, se podrá suspender, de oficio o a solicitud del interesado, la ejecución del acto impugnado. C) La interposición de cualquier recurso, nunca suspenderá la ejecución del acto impugnado, ya que, los actos administrativos tienen presunción de legalidad y dotan al acto de continuidad, regularidad y eficacia de la actuación administrativa. D) Solo en los casos en los que el administrado funde su recurso en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, el órgano administrativo deberá suspender la ejecución del acto administrativo.

34. Julián, tras recibir la notificación de resolución administrativa, nos pregunta qué recursos podrá interponer contra dicha resolución. Indique la respuesta correcta: A) Julián podrá interponer recurso potestativo de reposición y posteriormente de alzada. B) Al agotarse la vía administrativa, deberá interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción ordinaria. C) Si la resolución pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición o acudir directamente a los tribunales interponiendo un recurso contencioso-administrativo. En caso contrario, si fuese una resolución que no ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada. D) Julián podrá interponer un recurso de apelación ante el órgano superior jerárquico, poniendo así fin a la vía administrativa.

35. José Luis, panadero de la ciudad de Valladolid, se encuentra inmerso en un procedimiento administrativo en relación con las licencias de su panadería. Hace 20 días recibió una notificación en la que el órgano administrativo le comunicaba la imposibilidad de seguir presentando más alegaciones. José Luis se pregunta si puede interponer recurso de alzada contra dicha resolución: A) No, deberá interponer recurso de reposición para obtener la revocación del acto administrativo que estima contrario a Derecho. B) Siempre que último acto administrativo o resolución no pusiese fin a la vía administrativa, José Luis podrá interponer recurso de alzada dentro del primer mes, si el acto fuera expreso. C) Deberá interponer recurso de alzada y potestativo de reposición contra el acto administrativo. D) Deberá interponer recurso de alzada para anular el acto administrativo sobre la base del abuso de derecho.

36. ¿Ante que órgano administrativo se podrá interponer el recurso de alzada? Indique la respuesta correcta: A) Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto para que éste lo remita al superior jerárquico. B) El recurso de alzada se interpondrá siempre ante el órgano superior jerárquico del que dictó la resolución impugnada. C) Se podrá interponer ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolver el recurso. D) Se interpondrá ante el órgano administrativo central para que éste lo remita al superior jerárquico.

37. Las resoluciones de los recursos de alzada, ¿ponen fin a la vía administrativa? Indique la respuesta correcta: A) No ponen fin a la vía administrativa. B) Las resoluciones de los recursos de alzada pondrán fin a la vía administrativa si el órgano que dictó el auto está conforme con la decisión del superior jerárquico. C) Tras la resolución del recurso de alzada deberá interponerse recurso de reposición para la revocación del acto administrativo que se entienda contrario a Derecho. D) La resolución del recurso de alzada pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso extraordinario de revisión si se dan circunstancias previstas en la Ley. No obstante, se podrá acudir a los tribunales interponiendo recurso contencioso-administrativo.

38. En el procedimiento administrativo se dictó resolución sancionando al administrado. Mediante sentencia firme, se declaró que la Administración Pública se prevalió de documentos que evidenciaban su error. Si dicha sentencia devino firme 5 años después del agotamiento de la vía administrativa, ¿Cabe interponer recurso extraordinario de revisión?. A) No, ya que el plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión es de cuatro años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada. B) No, ya que cuando se trate de actos firmes en los que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo será de 3 meses. C) No, ya que la resolución fue dictada como consecuencia de prevaricación declarada en virtud de sentencia judicial firme y por ello el plazo para interponer el recurso es de 3 meses a contar desde el conocimiento de que la sentencia judicial quedó firme. D)Sí, porque al tratarse de documentos de valor esencial para la resolución del asunto que evidencian el error de la resolución administrativa, el plazo para interponer el recurso es de 3 meses desde que la sentencia judicial devino firme.

39. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: A) Directa y exclusivamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. B) Potestativamente en reposición ante el órgano que dictó el acto administrativo, o directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. C) Únicamente en reposición ante el mismo órgano que dictó el acto administrativo. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40. Presentado el recurso extraordinario de revisión frente a una resolución administrativa, ¿puede el órgano competente acordar la inadmisión a trámite sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma?. A) Sí, Siempre que dicho recurso no se funde en alguna de las causas previstas para este tipo de recurso en LPAC (Ley 39/2015), el órgano competen podrá inadmitir a trámite el recurso extraordinario de revisión, sin necesidad de recabar el referido dictamen. B) Solo podrá inadmitir a trámite el recurso cuando se hubieran desestimado, en cuanto al fondo, otros recursos sustancialmente iguales, pero siempre recabando con anterioridad el referido dictamen. C) El órgano competente deberá recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma para inadmitir el recurso extraordinario en cualquier caso. D) Los recursos extraordinarios deberán resolverse mediante resolución motivada, no cabiendo la inadmisión a trámite sin necesidad del referido dictamen.

41. Antonio ha demandado al Ministerio de Industria sin haber interpuesto reclamación previa en la vía judicial civil. Tras la admisión a trámite de la demanda por parte del juez, ¿podrá el abogado del Estado interponer una excepción impidiendo que el juez entre a conocer del fondo del asunto?. A) Sí, siempre que el abogado del Estado haya contestado a la demanda en cuanto al fondo y propuesto las pruebas para su defensa. B)El abogado del Estado deberá interponer una excepción por este óbice procesal que supondrá la nulidad de las actuaciones. C) El abogado del Estado deberá interponer recurso contra el auto de admisión a trámite de la demanda antes de la vista o audiencia previa. D) Las reclamaciones previas en vía judicial civil fueron suprimidas en octubre de 2016, con la entrada en vigor de LPAC (Ley 39/2015).

42. ¿Es posible la sustitución del recurso de alzada en las leyes por otros procedimientos de impugnación?. A) Solo aquellos casos referentes a la contratación del sector público. B) Únicamente se prevé esta posibilidad en el procedimiento de responsabilidad de las Administraciones Públicas. C) Sí, las leyes podrán sustituir el recurso de alzada en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especialidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. D) No, en ningún caso.

43. Para interposición de recurso de alzada ante un acto administrativo que no fuera expreso, se contará con un plazo: A) De un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. B) De tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. C) De seis meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. D) El solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con la normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

44. Julia nos pide como abogados que le interpongamos un recurso contencioso-administrativo contra la denegación de una licencia que había solicitado. Nos indica que ya ha interpuesto un recurso administrativo de reposición contra dicha denegación y quiere conocer si puede interponer este segundo recurso: A) Sí, se podrá interponer en el plazo de tres meses a contar desde que se le denegó la licencia. B) Sí, se podrá interponer en el plazo de seis meses a contar desde que se le denegó la licencia. C) No, se debe esperar a que el recurso administrativo de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación. D) No, si se interpone un recurso administrativo de reposición no se podrá interponer uno contencioso-administrativo.

45. El ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón impone una sanción a Jacinta y procede a ejecutar el acto administrativo dos días después de la imposición de tal sanción. Esta actuación de la Administración: A) Es totalmente legal pues los actos de la Administración son títulos ejecutivos. B) Es totalmente legal pues ha dejado transcurrir el plazo previsto en la LPAC (Ley 39/2015) para recurrir. C) No es legal, pues no se trata de un acto inmediatamente ejecutivo. D) No es legal puesto que la Administración no tiene potestades ejecutivas directas, debiendo acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo para que sean estos los que ejecuten.

46. En lo que respecta a los actos administrativos impugnados: A) Podrá suspenderse su ejecución, entre otras causas, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. B) Serán inmediatamente ejecutivos en todo caso. C) Son únicamente ejecutivos cuando se hayan agotado todos los recursos. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. Antonio estaba paseando con su perro cuando, súbitamente, mientras cruzaba la calle, un vehículo de limpieza del Ayuntamiento de Madrid atropelló fatalmente a su mascota. Antonio ha decidido incoar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial y se pregunta, ¿qué requisitos debe reunir el daño causado por el vehículo de limpieza para que el Ayuntamiento le resarza por la muerte de su mascota?. A) Efectivo y que se deba a culpa de negligencia. B) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. C) Efectivo y evaluable económicamente. D) Efectivo, evaluable económicamente, individualizado y se deba exclusivamente a dolo, bien por acción o bien por omisión.

48. Marta pretende incoar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de Santander por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de moto provocado por el pésimo estado de la calzada. ¿Puede realmente instar un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial?. A) Sí, porque estos procedimientos siempre se inician a instancia de parte. B) No, porque siempre se inician de oficio. C) Sí, este tipo de procedimientos puede iniciarse a instancia de parte, aunque también de oficio. D) No, únicamente pueden iniciarse por un tercero de buena fe que haya presenciado el accidente.

49. Enrique, electricista de profesión, ha sufrido lesiones graves como consecuencia de una descarga eléctrica debido a la evidente negligencia del Ayuntamiento de Vigo a la hora de instalar el tendido eléctrico. Por esa razón, se ha iniciado un procedimiento administrativo de tramitación simplificada. ¿Cuánto tardará en resolverse el procedimiento?. A) El procedimiento de tramitación simplificada se resolverá en un plazo de 40 días. B) El procedimiento de tramitación simplificada se resolverá en un plazo de 15 días. C) El procedimiento de tramitación simplificada se resolverá en un plazo de 30 días. D) El procedimiento de tramitación simplificada se resolverá en un plazo de 13 días.

50. Prudencio, tras haber sufrido prisión preventiva, es finalmente absuelto por inexistencia de los hechos delictivos que se le imputaban. Se pregunta si tiene derecho a una indemnización sobre la base de la responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. A) Sí, siempre que se le hayan causado perjuicios y lo acredite en el correspondiente expediente administrativo. B)Sí, puesto que el solo hecho de haber sufrido prisión provisional y ser finalmente absuelto genera automáticamente el derecho a obtener una indemnización. C) No, los daños producidos por error judicial o el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia no generan un derecho a indemnización en favor de los perjudicados. D) No, para que proceda la indemnización es necesario que así se reconozca en la sentencia penal absolutoria.

51. Javier ha iniciado un procedimiento judicial de reclamación de cantidad contra Juan. A lo largo del procedimiento, Juan, mediante distintas argucias procesales, ha dilatado fraudulentamente la resolución del proceso. Recaída finalmente la sentencia, Juan interpone una reclamación de responsabilidad patrimonial alegando que el retraso en la tramitación y resolución del procedimiento judicial le ha generado unos daños cuantificables, puesto que intereses debidos se han incrementado sustancialmente como consecuencia de la dilación procesal. ¿Es correcto este planteamiento?. A) Sí, los daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia siempre son indemnizables. B) No, no cabe indemnización cuando el funcionamiento anormal de los servicios tuviera por causa la conducta dolosa o culposa del perjudicado. C) Sí, los daños causados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia siempre son indemnizables, salvo en los casos de fuerza mayor. D) No, únicamente son indemnizables los daños que tengan su origen en un error judicial.

52. La Sra. Jiménez iba conduciendo su coche por una carretera de montaña cuando un jabalí invadió la calzada provocando que el coche se estrellara contra un muro. La carretera carecía de protección frente a la fauna salvaje. Como consecuencia del golpe, la Sra. Jiménez sufrió una serie de lesiones de las que al fin se ha curado, dos años después de producido el accidente. ¿Puede la Sra. Jiménez iniciar un expediente de reclamación patrimonial ahora?. A) No, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho que motive la indemnización. B) Sí, en el caso de daños físicos el derecho a reclamar prescribe en un año desde la curación. C) No, el derecho a reclamar prescribe a los seis meses de producido el hecho que motive la indemnización. D) Sí, la acción para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración es imprescriptible.

53. Lucas desea incoar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra una Administración de la comunidad autónoma de Andalucía. Lucas ha contratado a un abogado porque desearía que le asesorase sobre la siguiente cuestión: ¿Cuáles son los criterios que se habrán de utilizar para calcular la cuantía de la indemnización?. A) La cuantía de la indemnización se calculará exclusivamente con los baremos que aporta la Administración, el valor del mercado y los criterios contenidos en la Ley del Contrato de Seguro. B) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se reconozca la indemnización en vía administrativa y se tendrán en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. C) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se inició el procedimiento administrativo y se tendrán en cuenta los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. D) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin prejuicio de su actualización a la fecha en que se pongan fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

54. Víctor ha iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra un hospital público de Teruel como consecuencia de las laceraciones provocadas por un mal uso del personal sanitario de un bisturí. Además de una indemnización en metálico, ¿podrá satisfacerse el pago de indemnización de otra forma?. A) Víctor únicamente tendrá derecho a percibir una indemnización en metálico. B) La indemnización podrá ser en dinero o en especie, pudiendo la Administración optar libremente por la que considere más conveniente. C) La indemnización siempre será en metálico, pero Víctor podrá optar entre percibir la indemnización en un solo pago o mediante pagos periódicos. D) La indemnización podrá hacerse en metálico, bien mediante un pago único o bien mediante pagos periódicos, o en especie. Sin embargo, para el pago periódico o en especie será necesario el consentimiento de Víctor.

55. Carlos quiere reclamar al Ayuntamiento de Oviedo una indemnización por los daños que sufrió su coche por la caída de unos escombros de un inmueble municipal que estaba siendo reparado por personal del Ayuntamiento. ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone para iniciar el procedimiento?. A) Dispone del plazo de un año a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurrido el año sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá. B) Dispone del plazo de 6 meses a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurrido los 6 meses sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá. C) Dispone el plazo de 4 años a partir del día que le cayeron los escombros. Transcurrido los 4 años sin haber iniciado el procedimiento, la acción caducará. D) Dispone del plazo de un año a partir del día que pueda cuantificarse económicamente la indemnización. Transcurrido el año sin haber iniciado el procedimiento, la acción prescribirá.

56. Don Ezequiel acude a las dependencias administrativas del Ayuntamiento de León para realizar una serie de gestiones. Súbitamente se encuentra indispuesto y, a pesar de la diligencia de los funcionarios que se encontraban en el lugar, fallece a los pocos minutos de un ataque al corazón. Sus herederos se preguntan si es posible reclamar al Ayuntamiento de León una indemnización sobre la base de la responsabilidad patrimonial de la Administración: A) Sí, los herederos podrán reclamar una indemnización pues la responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva. B) No, porque no se da una relación de causalidad entre la actividad administrativa y el fallecimiento de Don Ezequiel. C) Sí, porque el derecho a ser indemnizados surge tanto del funcionamiento anormal de la Administración como del funcionamiento normal, sin que exista ninguna circunstancia que exima a la Administración siempre que exista la relación de causalidad. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

57. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial: A) Se resolverán por el ministro respectivo. B) Se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros cuando una ley así lo disponga. C) Se resolverán por el Ministerio de Justicia, con audiencia del Consejo de Estado. D) El expediente lo tramitará el Consejo de Ministros y se resolverá por el Ministro.

58. El ayuntamiento de Palencia ha suscrito un convenio de colaboración con los ayuntamientos de dos municipios de la provincia para la construcción y explotación de un museo del románico situado en Palencia. Abierto al público, Doña María resulta lesionada por la caída de un mural que se encontraba mal colocado en el interior del museo, ¿Qué Administración responderá de los daños causados?. A) Las tres administraciones responderán de forma solidaria. B) La responsabilidad de cada Administración se fijará atendiendo a los criterios de competencia, interés público, e intensidad de la intervención. C) La responsabilidad será mancomunada. D) La responsabilidad será del Ayuntamiento de Palencia pues es en esa ciudad en donde se encuentra el edificio que alberga el museo.

59. Fernando ha recibido una notificación de embargo de todas sus cuentas bancarias dentro del procedimiento de apremio iniciado como consecuencia de una serie de impuestos sobre bienes inmuebles impagados. Personado en el ayuntamiento, comunica al funcionario responsable de la tramitación del expediente que se trata de un error, pues Fernando no es propietario de inmuebles, presentando en ese acto la correspondiente documentación que acredita sus alegaciones. El funcionario pierde la documentación y se olvida de las alegaciones, continuando con el procedimiento de apremio, lo que ocasiona un perjuicio económico a Fernando que debe pedir un préstamo al tener sus cuentas embargadas. ¿Puede exigir la correspondiente responsabilidad patrimonial al funcionario negligente?. A) Si, los particulares pueden exigir directamente al funcionario la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. B) No, Fernando debe pedir la correspondiente indemnización directamente al ayuntamiento, y este, una vez satisfecha la indemnización, deberá exigir de oficio la responsabilidad al funcionario en cuestión, previa instrucción del correspondiente expediente administrativo. C) No, Fernando debe pedir la correspondiente indemnización directamente al ayuntamiento, y este, una vez satisfecha la indemnización, carecerá de acción para exigir la responsabilidad al funcionario en cuestión. D) Fernando puede optar entre pedir la correspondiente indemnización directamente al Ayuntamiento o al funcionario negligente.

60. Mariana quiere iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial frente a la Administración y se plantea la siguiente pregunta, ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad patrimonial y por qué se caracteriza?. A) La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva y directa porque alcanza a todas aquellas lesiones o perjuicios que no tengan el deber jurídico de soportar los administrados. B) No serán indemnizables aquellos daños que no se hubiesen podido prever con el estado de la técnica actual o bien que se deban a causas de fuerza mayor. C) La responsabilidad nacerá tanto de acciones como de omisiones de los poderes públicos y del personal a su cargo, y podrán ser consecuencia tanto del funcionamiento normal como anormal de la Administración. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

61. En relación con la adjudicación de contratos públicos, la mejor calidad-precio implica: A) Decidir en función de cuál sea la oferta económicamente más ventajosa. B) Valorar únicamente, sobre la base de aspectos técnicos. C) Valorar, únicamente, sobre la base de criterios de organización y cualificación. D) Utilizar criterios que incluyan aspectos económicos, cualitativos, medioambientales y/o sociales vinculados al objeto del contrato de se trate.

62. María, estudiante de Derecho, se pregunta, ¿Cuál de las siguientes situaciones puede ser constitutiva de daño antijurídico que genera responsabilidad administrativa?. A) La contaminación acústica provocada por los fuegos artificiales lanzados con motivo de las fiestas patronales del municipio. B) Las pérdidas económicas que sufre una empresa por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. C) La muerte de un paciente en un hospital público como consecuencia de una enfermedad desconocida y de la que no existe cura en estos momentos. D) Todas son correctas.

63. Pepe ha iniciado un procedimiento de responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. ¿Puede exigirse responsabilidad patrimonial como consecuencia de la actuación anormal de un órgano jurisdiccional?. A) Sí, puede exigirse una indemnización por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y el procedimiento se regirá exclusivamente por la LPAC (Ley 39/2015) y la LRJSP (Ley 40/2015). B) Sí, pero no por vía administrativa. En estos casos únicamente podrá exigirse la correspondiente responsabilidad patrimonial mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. C) Sí, puede exigirse una indemnización por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y el procedimiento se regirá, sustancialmente, por la LOPJ. D) Sí, pero únicamente podrá exigirse la responsabilidad previa sentencia estimatoria del TCo, porque el Poder Judicial goza de una presunción iuris tantum de validez en sus resoluciones.

64. La potestad sancionadora se centra en: A) La constatación y represión de actos y omisiones contrarios a la legalidad jurídico-administrativa. B) El incumplimiento de las leyes en el ámbito contencioso-administrativo. C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) La imposición de sanciones en cualquier tipo de conflicto entre la Administración y el ciudadano.

65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?. A) El principio de tipicidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos colegiados que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. B) El principio de legalidad supone que la potestad sancionadora de las Administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. C) El principio de legalidad determina que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

66. En cuanto al principio de irretroactividad de la potestad sancionadora: A) Bajo ninguna circunstancia podrá darse un efecto retroactivo de la norma. B) El principio general es la irretroactividad de la norma, pero habrá de estarse a lo dispuesto por cada órgano sancionador. C) La norma atribuye efecto retroactivo a las disposiciones sancionadoras en cuanto favorezcan al presunto infractor, siguiendo el principio jurídico penal denominado in dubio pro reo. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

67. ¿Cuál de los siguientes principios, ligado al principio de legalidad, se encarga de determinar preceptos jurídicos que permitan establecer con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción?. A) Principio de responsabilidad. B) Principio de tipicidad. C) Principio de prescripción. D) Principio de concurrencia.

68. Las infracciones graves: A) Siempre prescribirán a los 2 años. B) Prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. C) Prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan, y en su defecto 2 años. D) Prescribirán a los 3 años.

69. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: A) A los 6 meses. B) Al año. C) A los 3 años. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse: A) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. B) Desde el día que la Administración hubiera podido tener conocimiento de la infracción. C) Desde que se produjo el acto de lesividad al patrimonio de la Administración Pública. D) Las respuestas A) y B) son correctas, dependiendo de las circunstancias del caso.

71. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse: A) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. B) Desde el día de la notificación del expediente sancionador al interesado. C) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. D) Desde el día que la Administración hubiera podido tener conocimiento de la infracción.

72. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora: A) Deberán establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a órganos distintos. B) Podrán imponer sanciones con ausencia de trámite de alegaciones mediante procedimiento simplificado, en casos de urgencia. C) Deberán estar estatuariamente establecidos. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

73. Entre los derechos del presunto responsable se encuentra el derecho: A) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, pero nunca de conocer la identidad del instructor, por motivos de seguridad. B) A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento jurídico que resulten procedentes. C) A una reducción en la indemnización por buen comportamiento. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

74. En cuanto a las medidas provisionales en los procedimientos sancionadores: A) Se podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de estas medidas de carácter provisional para que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiere recaer. B) Se podrá proceder, mediante acuerdo motivado, a la adopción de estas medidas de carácter provisional exclusivamente por razones de periculum in mora. C) No proceden en ningún caso. D) Solo podrán llevarse a cabo en determinados procedimientos especiales.

75. En lo que respecta a la presunción de inocencia: A) Es un principio propio exclusivamente del ámbito penal. B) No es propio de los procedimientos sancionadores del derecho administrativo, ya que las declaraciones llevadas a cabo por un funcionario al que se le reconozca la condición de autoridad tendrán valor probatorio, en todo caso. C) No es propio de los procedimientos sancionadores del derecho administrativo, ya que las declaraciones llevadas a cabo por un funcionario al que se le reconozca la condición de autoridad tendrán valor probatorio, a menos que el presunto responsable pueda probar lo contrario. D) Los procedimientos sancionadores deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

76. En el ámbito tributario, la potestad sancionadora se regula: A) En la LGT únicamente. B) En la LGT, y de manera supletoria, en la LPAC. C) En la LGT y en el RD 2063/2004, y de manera supletoria en la normativa sobre el procedimiento administrativo común y sobre el régimen jurídico del sector público. D) En la LGT y en el RD 2063/2004.

77. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera: A) La resolución que ponga fin al procedimiento debe resolver todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. B) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. C) Las respuestas A) y B) son verdaderas. D) En la resolución se pueden aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.

78. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: A) Las sanciones administrativas que sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, subsidiariamente, privación de libertad. B) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. C) Las sanciones administrativas, que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

79. La resolución en el procedimiento sancionador: A) Será ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa, pudiendo adoptarse, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. B) Será ejecutiva cuando ponga fin a la vía ejecutiva pudiendo adoptarse, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. C) Nunca será ejecutiva, ya que para ello tendrá que iniciarse un procedimiento contencioso-administrativo. D) Únicamente será ejecutiva en los supuestos tipificados en la propia normativa sobre el procedimiento administrativo común y sobre el régimen jurídico del sector público.

80. Podrán ser sancionadas: A) Las personas físicas que tengan capacidad de obrar y que resulten colaboradores necesarios en los hechos constitutivos de infracción administrativa. B) Las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción administrativa. C) Cualquier persona física a la cual sea imputable una infracción administrativa. D) Únicamente las personas jurídicas que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracción administrativa.

81. Señale cuál de los siguientes actos están excluidos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: A) El recurso contencioso-disciplinario militar. B) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas. C) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de su actividad o el tipo de relación de que derive. D) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas.

82. En cuanto a las reglas de determinación de competencia territorial establecidas en la LJCA (Ley 29/1998): A) Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en que tengan su domicilio los recurrentes. B) Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana. C) Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional en que tenga la sede el órgano administrativo que dictó el acto originario objeto de recurso. D) Si el acto impugnado afecta a una pluralidad de destinatarios, la competencia será atribuida al órgano jurisdiccional que estimen conveniente las los recurrentes, acordándolo mediante votación.

83. Los juzgados de lo contencioso-administrativo no tienen competencia objetiva para conocer sobre: A) Las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. B) Las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político. C) Las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración pública. D) Las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las juntas electorales.

84. Las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ de las comunidades autónomas, no tienen competencia objetiva para conocer de los recursos que se deduzcan en relación con: A) Disposiciones generales emanadas de las comunidades autónomas y de las entidades locales. B) Resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos. C) Convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito de la Comunidad Autónoma. D) En primera instancia, de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.

85. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN no tiene competencia objetiva para conocer: A) Recursos en relación con disposiciones generales y actos de los ministros y secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. B) Actos y resoluciones de los órganos de las comunidades autónomas competentes para la aplicación de la Ley de defensa de la competencia. C) Recursos contra actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos. D) Recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de aquella.

86. Al escrito de interposición se habrá de acompañar necesariamente la siguiente documentación: A) El documento que acredite la representación del compareciente en todo caso. B) El documento que acredite la legitimación del recurrente en caso de que la ostente por haberla recibido por herencia o por cualquier otro título. C) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si estuviese unido a otras actuaciones de un recurso pendiente de resolución ante el mismo tribunal. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

87. El plazo para la interposición de recurso contencioso-administrativo, cuando el acto recurrido no fuera expreso será de: A) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que se ponga fin a la vía administrativa. B) 2 meses, y se contará a partir del día siguiente al que de acuerdo con la normativa específica se produzca el acto presunto. C) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que de acuerdo con la normativa específica se produzca el acto presunto. D) 6 meses, y se contará a partir del día siguiente al que se pudiera considerar el silencio administrativo como positivo.

88. ¿Qué ocurrirá si la Administración no remite el expediente en plazo?. A) El recurrente podrá solicitar del tribunal que se le conceda plazo para formalizar la demanda. B) El recurrente no podrá formalizar demanda al no contar con el expediente para formular alegaciones. C) El recurrente podrá formalizar demanda siempre que lo solicite al juez y este lo considere conveniente. D) El letrado de la Administración de Justicia lo pondrá de manifestó a las partes por plazo de 10 días para que formalicen alegaciones.

89. Se declarará concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda en los siguientes supuestos: A) Cuando el recurrente así lo pida mediante otrosí en su escrito de demanda y la parte demandada no se oponga. B) Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento del pleito a prueba, ni los trámites de vista o conclusiones, salvo que el tribunal, atendida la índole del asunto, acuerde la celebración de aquella o la formulación de estas. C) Cuando el letrado de la Administración de Justicia considere que los hechos controvertidos han sido suficientemente esclarecidos mediante la actividad probatoria. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

90. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera?. A) El plazo para la práctica de la prueba es de 30 días y se desarrollará conforme a las normas generales establecidas en la LJCA (Ley 29/1998). B) El plazo para la práctica de la prueba es de 20 días y se desarrollará conforme a las normas generales establecidas en la LEC. C) El plazo para la práctica de la prueba es de 30 días y se desarrollará conforme a las normas generales establecidas en la LEC. D) El plazo para la práctica de la prueba es de 15 días y se desarrollará conforme a las normas generales establecidas en la LEC.

91. ¿Qué asuntos judiciales que competen a los juzgados de lo contencioso-administrativo y a los juzgados centrales de lo contencioso-administrativos se tramitan por el procedimiento abreviado?. A) Cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas. B) Cuestiones de extranjería y peticiones de asilo político. C) Todos aquellos cuya cuantía no exceda de 30000€. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

92. ¿Cómo se inicia un procedimiento contencioso-administrativo abreviado?. A) Se inicia mediante escrito de interposición, como el procedimiento ordinario. B) Se inicia mediante escrito de interposición y demanda. C) Se inicia mediante demanda. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

93. ¿Cuál es el plazo del que dispone el juez para dictar sentencia en un procedimiento de defensa de los derechos fundamentales?. A) El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. B) El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 4 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. C) El órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que hayan quedado conclusas las actuaciones. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

94. ¿Cuáles son los procedimientos especiales previstos en la LJCA (Ley 29/1998)?. A) Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, procedimiento para la garantía de la unidad de mercado y procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. B) Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, cuestión de ilegalidad, proceso especial en materia de contratos. C) Procedimiento ordinario, procedimiento acelerado y cuestión prejudicial. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

95. ¿Cuáles son los principios que describen la posición de las partes procesales durante un procedimiento contencioso-administrativo?. A) Dualidad de las partes, contradicción e igualdad. B) Principios de igualdad, onerosidad y contradicción. C) Principio de dualidad de partes, de publicidad del procedimiento y contradicción. D) Principio de situación privilegiada de la Administración frente al administrado, publicidad del procedimiento y onerosidad.

96. De los sujetos de derecho que aparecen aquí enumerados, ¿Cuál de ellos no goza de legitimación activa para interponer recursos contencioso-administrativos contra la Administración?. A) Las personas jurídicas en general. B) El deportista sancionado por dopaje en un procedimiento contencioso-administrativo contra una resolución sancionadora del Tribunal Administrativo del Deporte. C) Los particulares cuando actúen por delegación o como agentes o mandatarios de la Administración autora del acto, disposición o actuación. D) Las entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten a su autonomía y hayan sido dictados por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.

97. Aparte de la Administración Pública contra la que se interpone el recurso contencioso-administrativo ¿Qué otros sujetos de derecho poseen la legitimación pasiva en un procedimiento contencioso-administrativo?. A) Las personas o entidades cuyos derechos e intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del recurrente. B) El tercero que actuando de buena fe vea perjudicadas sus pretensiones en un procedimiento análogo. C) Las aseguradoras de las Administraciones Públicas. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

98. ¿En qué clases de procesos contencioso-administrativos ha de intervenir el Ministerio Fiscal?. A) En los procedimientos especiales de protección de los derechos fundamentales. B) En todos los procedimientos contencioso-administrativos sin excepción. C) Únicamente en los procedimientos contencioso-administrativos ordinarios. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

99. En un proceso contencioso-administrativo en el que la parte demandada sea un ente local, ¿quién será el responsable de la representación y defensa del ente local en el proceso?. A) El ente local siempre irá asistido por abogados del Estado. B) El ente local irá asistido en todo caso por los letrados que pertenezcan al servicio jurídico del ente local. C) La representación y defensa de los entes locales corresponderán a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas administraciones públicas, salvo que designen abogado colegiado que les represente y defienda. D) Los entes locales no pueden estar asistidos por abogados porque vulneraria el principio de igualdad.

100. En los procedimientos entre Administraciones Públicas: A) No cabe interponer recurso en vía administrativa. B) Cabe interponer recurso en vía administrativa. C) Cuando una administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a la que esté obligada. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

101. En cuanto a la estructura y redacción del escrito de interposición, será la siguiente: A) En primer lugar el encabezamiento, posteriormente el apoderamiento, después el cuerpo del escrito y finalmente, el suplico. B) En primer lugar el encabezamiento, posteriormente el cuerpo del escrito, después el apoderamiento y, finalmente, el suplico. C) En primer lugar el encabezamiento, después el cuerpo del escrito, posteriormente el suplico y, finalmente el apoderamiento. D) En primer lugar el encabezamiento, posteriormente el apoderamiento y, finalmente el suplico.

102. En la demanda del procedimiento contencioso-administrativo se consignarán, con la debida separación: A) Los hechos, fundamentos de Derecho y las pretensiones que deduzcan, en justificación de los cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, solo cuando hayan sido planteados ante la Administración. B) Los hechos y pretensiones que se deduzcan, en justificación en los cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración. C) Los hechos, fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración. D) Los hechos y fundamentos de Derecho que se deduzcan, en justificación de los cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, solo cuando hayan sido planteados ante la Administración.

103. A través de los otrosíes se ha de solicitar: A) La cuantía. B) El recibimiento del pleito a prueba. C) La subsanación de errores. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

104. El juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Alcobendas, acuerda de oficio el recibimiento a prueba y la práctica de una prueba pericial, a fin de determinar con mayor precisión los hechos que fundamentarán su sentencia. ¿Podrán las partes del procedimiento intervenir de algún modo en la práctica de la prueba pericial?. A) No tendrán intervención en la prueba pericial. B) Podrán impugnar la prueba practicada al carecer el juez de competencia para acordar la práctica de la prueba una vez finalizado el periodo de prueba. C) Las partes únicamente podrán tachar a los peritos. D) Las partes podrán, entre otras cosas, solicitar aclaraciones del dictamen pericial emitido, así como formular las tachas que pudieren afectar al perito.

105. Benito interpuso un recurso contencioso-administrativo contra una resolución de la Consejería de Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid por la que se denegaba su derecho a percibir una subvención como emprendedor joven por entender que, pese a reunir los requisitos legales para ser considerado emprendedor, no le correspondía su percepción, pues la actividad que desarrollaba no se encontraba entre las subvencionadas. Benito, en el escrito de demanda, solicitó mediante otrosí el recibimiento a prueba para acreditar que reunía la condición de joven emprendedor. El juez desestimó la petición, ¿Ha actuado el Juez conforme a Derecho?. A) No, el juez ha vulnerado el derecho fundamental de Benito a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa. B) No, el derecho a la tutela judicial efectiva obliga al juez a recibir el proceso a prueba siempre que alguna de las partes lo solicite. C) Sí, la actuación del juez fue correcta porque la prueba no era pertinente dado que no existía disconformidad en los hechos sobre los que versaba la prueba. D) No, la falta de actividad probatoria se traduce siempre en una efectiva indefensión del recurrente, aunque no sea decisiva en términos de defensa.

106. Mario es propietario de una finca rústica en Colmenar Viejo que ha sido objeto de un procedimiento de expropiación forzosa. Sin embargo, Mario consta que el Ayuntamiento ha expropiado más superficie de la que figuraba en el acta previa de ocupación. En consecuencia, y una vez agotada la vía administrativa, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo y está pensando aportar como prueba el dictamen pericial de un perito agrónomo, ¿Cuándo se recibirá el proceso a prueba?. A) En el proceso contencioso-administrativo nunca hay fase de prueba. B) Siempre que lo pidan las partes, lo que deberán realizar por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. C) Cuando exista disconformidad en los hechos y estos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

107. En un procedimiento contencioso-administrativo en el que se recurre una resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, se celebra la fase de práctica de las pruebas, habiendo propuesto ambas partes pruebas testificales, periciales y de interrogatorio de las partes. ¿En qué orden deberían practicarse estas pruebas?. A) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar el de los testigos y, por último, los dictámenes periciales. B) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar los dictámenes periciales y, por último, el interrogatorio a los testigos, ya que el orden de práctica de las pruebas es diferente en el orden contencioso-administrativo y en el civil. C) Primero se llevará a cabo el interrogatorio de las partes, en segundo lugar, el de los testigos y, por último, los dictámenes periciales, salvo que el juez decida otra orden. D) Primero se llevarían a cabo el interrogatorio de los testigos, en segundo lugar el de las partes y, por último, los dictámenes periciales.

108. El Sr. Alpes ha sido sancionado recientemente con una multa de 39000€ por contaminación acústica. Al considerar que la sanción que se le ha impuesto es injusta, interpuso los correspondientes recursos de alzada y de reposición, pero ambos fueron desestimados. Una semana más tarde, interpuso recurso contencioso-administrativo con el fin de lograr que se declare la nulidad de la sanción. Por otro lado, sabedor de que el recurso no supone la suspensión automática de la sanción y de que está en una situación económica precaria, se pregunta la siguiente cuestión: ¿Puede solicitar que se suspenda el pago de la sanción hasta que se resuelva el procedimiento?. A) No, todos los ciudadanos españoles tienen el deber de cumplir las sanciones que les sean impuestas, según se extrae del principio de responsabilidad sancionadora contenido en nuestro Ordenamiento jurídico administrativo. B) Sí que se puede solicitar la suspensión de la sanción, para ello podrá solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier momento del proceso. C) Sí, podrá solicitar la adopción de medidas cautelares siempre y cuando acredite los requisitos de buena fe, periculum in mora, y preste la debida caución que obligatoriamente impone la ley. D) Debe garantizar los requisitos de buena fe, aportar la caución que obligatoriamente impone la ley, y solicitar las medidas cautelares en el escrito de interposición o en el de demanda.

109. Don Francisco es juez de un juzgado de lo contencioso-administrativo de La Coruña. En su primer juicio, el demandante es el dueño de cinco perros, que había sido sancionado por la Administración con una multa de 3000€ por ensuciar la entrada del Ayuntamiento de La Coruña con excrementos de los canes. El dueño de los perros entiende que la cuantía de la sanción es excesiva, y por ello solicita como medida cautelar, la suspensión de la sanción. Don Francisco, se plantea la siguiente cuestión dada su falta de experiencia: ¿Cómo debe de tramitarse esta petición de adopción de medida cautelar?. A) La adopción de la medida cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, que ordenará el letrado de la Administración de Justicia. B) La adopción de medida cautelar se sustanciará mediante auto en la pieza principal del procedimiento. C) La adopción de la medida cautelar se sustanciará mediante decreto en la pieza principal del procedimiento. D) La adopción de la medida cautelar se sustanciará mediante providencia en la pieza principal del procedimiento.

110. Si un paciente que ha sufrido daños y lesiones atribuidos al personal de un hospital público viese desestimada su pretensión de exigir responsabilidad patrimonial a la Administración en la vía administrativa, ¿ante qué jurisdicción debería interponer el correspondiente recurso jurisdiccional?. A) Ante cualquier jurisdicción. B) Únicamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. C) Ante el orden jurisdiccional civil cuando la Administración actúe en régimen de Derecho privado y ante la jurisdicción contencioso-administrativa cuando actúe en régimen de Derecho público. D) Únicamente ante la jurisdicción civil.

111. ¿Puede solicitarse la adopción de una medida cautelar con anterioridad a la interposición del recurso contencioso-administrativo?. A) Sí, en los supuestos de inactividad de la administración o de vía de hecho. B) Sí, pero habrá que pedir su ratificación al interponer el recurso. C) Sí, pero una vez acordada la medida cautelar, si no se interpusiese el recurso contencioso administrativo quedarán automáticamente sin efecto las medidas acordadas. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

112. El ayuntamiento de Oviedo aprueba una ordenanza reguladora de las terrazas de los establecimientos hoteleros en la vía pública que supone la supervisión de varias de las ya existentes. La asociación de hosteleros de Oviedo pretende suspender la vigencia de los artículos que regulan las distancias que deben guardar las terrazas respecto a los edificios. ¿Puede solicitarse que deben guardar las terrazas respecto a los edificios. ¿Puede solicitarse la adopción de una medida cautelar que afecte a la ordenanza dado que es una disposición de carácter general?. A) No se admiten medidas cautelares en los procedimientos contra disposiciones de carácter general. B) Sí, pero la solicitud de medidas cautelares deberá efectuarse necesariamente en el escrito de interposición o en la demanda. C) Solo se podrán impugnar los actos de aplicación de la ordenanza, pero no es susceptible de impugnación directa la ordenanza al tratarse de una disposición de carácter general. D) La Asociación podrá solicitar una vez llevada a cabo el recibimiento a prueba del proceso la adopción de la medida cautelar pertinente.

113. Dña. Marta interpuso recurso contencioso-administrativo, tras haber agotado la vía administrativa, exigiendo la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Gijón. Iniciado el procedimiento judicial, el Ayuntamiento decidió allanarse asumiendo la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por Doña Marta. ¿Tiene el juez que dictar sentencia de conformidad?. A) Sí. El juez, sin más trámite dictará sentencia de conformidad con las pretensiones de la demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común 10 días. B) No. Se dictará un auto o una diligencia de ordenación, ya que si el allanamiento supusiere infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico, el Juez, tras oír a las partes por plazo común de 10 días, dictará la sentencia que estime ajustada a Derecho. C) No, porque es posible allanarse en la jurisdicción contencioso-administrativa. D) No, porque el Ayuntamiento únicamente podría allanarse en el escrito de contestación de la Demanda.

114. Bernardo está preparando las oposiciones para ser juez, y está estudiando los distintos tipos de resoluciones procesales, en particular las sentencias, y se plantea una duda: ¿Sobre qué se pronuncia el fallo de las sentencias en el orden contencioso administrativo?. A) La inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. B) La estimación o desestimación de las pretensiones del recurrente. C) El pronunciamiento que corresponda respecto a las costas procesales. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

115. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Cantabria ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado contra una disposición de carácter general. La sentencia: A) Declarará que los artículos impugnados no son conforme a Derecho y anulará total o parcialmente la disposición recurrida. B) Anulará los preceptos recurridos y determinará la forma en que han de quedar redactados los preceptos anulados. C) Una vez que sea firme, afectará a los actos administrativos firmes que hayan aplicado los preceptos anulados, aunque no supusieran la exclusión o la redacción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

116. En un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid se ha tramitado un recurso contencioso-administrativo en el que se solicitaba una indemnización por daños y perjuicios al ayuntamiento de esa ciudad sobre la base de la responsabilidad patrimonial a las Administraciones públicas. La sentencia ha sido estimatoria. ¿Cuál será su contenido?. A) Declarará el derecho a la reparación y quien tiene el deber de indemnizar. B) Fijará la cuantía de la indemnización cuando lo pisa expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. C) Establecerá las bases para la determinación de la cuantía si el demandante no ha pedido expresamente en la demanda la fijación de esta o no constan probados en autos elementos suficientes para su fijación. D) Todas las respuestas son correctas.

117. Una funcionaria ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo solicitando el reconocimiento y abono de unos trienios. Todavía en vía administrativa, la Administración, decide reconocer y pagar los trienios reclamados. ¿Qué sucederá con el proceso iniciado?. A) La funcionaria podrá ponerlo en conocimiento del juez o tribunal, para que, una vez oídas las alegaciones de las dos partes en el plazo de 10 días, dicte auto en el que declarará terminado el procedimiento. B) El proceso seguiría su curso, pero el reconocimiento de la Administración de la pretensión en vía administrativa conllevará una reducción de las costas que se le pudieran imponer. C) El proceso seguiría su curso, pero el reconocimiento de la Administración de la pretensión en vía administrativa conllevará una reducción de las costas que se le pudieran imponer. D) La funcionaria podrá ponerlo en conocimiento del juez o tribunal, para que, una vez oídas las alegaciones de las dos partes en el plazo de 5 días, dicte auto en el que declarará terminado el procedimiento, siempre y cuando el reconocimiento no suponga una infracción manifiesta del Ordenamiento Jurídico.

118. En cuanto al recurso de apelación, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?. A) Se interpondrá ante el juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. B) Se interpondrá ante el juzgado de una instancia superior a aquel que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. C) Si transcurriese el plazo de 15 días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia quedará firme. D) Las respuestas A) y C) son verdaderas.

119. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Madrid dictó auto mediante el cual se inadmitió la preparación del recurso de casación interpuesto por tu cliente Juan, al no haberse cumplido las exigencias que impone el art. 89.2 LJCA (Ley 29/1998) para el escrito de preparación del recurso. Contra esta resolución: A) Únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciará en la forma establecida por la LEC. B) No cabe recurso alguno. C) Los recursos que declaran la inadmisión son siempre recurribles en apelación. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

120. En un juzgado de lo contencioso-administrativo, el letrado de la Administración de Justicia fijó la cuantía del recurso contencioso-administrativo en 135000€. Dicha cuantía resulta de la suma de las dos pretensiones ejercitadas, una de 110000€ y otra de 25000€. La sentencia estimó la pretensión de 110000€, pero sin embargo desestimó la de 25000€. Ante esta situación, ¿Cabe interponer recurso de apelación con respecto a la pretensión de 25000€?. A) Sí, ya que a estos efectos se tendrá que tener en cuenta la cuantía fijada por el letrado de la Administración de Justicia 135000€. B) No, puesto que la sentencia estima la pretensión principal y, en consecuencia, el proceso contencioso-administrativo no cabe frente a actos administrativos estimatorios. C) Sí, porque según se desprende del art. 81 LJCA (Ley 29/1998) cabe recurso de apelación cuando la cuantía de la pretensión no sea inferior a 30000€. D) La cuantía del recurso en el caso de pretensiones acumuladas no implica el derecho de recurso a aquellas pretensiones que no llegan a la cuantía del recurso.

121. Cabrá recurso de revisión contencioso-administrativo en los siguientes casos: A) Si después de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado. B) Si el letrado de la Administración de Justicia no hubiere cumplido con los plazos establecidos en la LJCA (Ley 29/1998), y en consecuencia, se hubieran ocasionado perjuicios no subsanables para el interesado. C) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación fraudulenta. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

122. ¿Procede la interposición del recurso extraordinario de revisión contra una resolución contencioso-administrativa, teniendo en cuenta que fue dictada en virtud de prueba testifical, habiéndose condenado mediante sentencia firme a los testigos por falso testimonio dado en sus declaraciones?. A) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión al no concurrir ninguno de los presupuestos establecidos en la LPAC (Ley 29/1998). B) Procede la interposición de recurso extraordinario de revisión al haber sido condenados los testigos por el falso testimonio en sentencia firme. C) No procede la interposición del recurso extraordinario de revisión al no concurrir ninguno de los presupuestos establecidos en la LJCA (Ley 29/1998). D) Procede la interposición del recurso extraordinario de revisión al darse uno de los supuestos tasados en el art 102 LEC y al no estar este recurso sujeto a ningún tipo de plazo.

123. Una vez que la sentencia sea firme: A) El letrado de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso, para que, una vez recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo. B) El letrado de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de 15 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso, para que, una vez recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo. C) Únicamente se llevará a cabo la ejecución de la resolución cuando así lo solicite la parte interesada en el fallo. D) El juez que haya conocido del asunto lo comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto de recurso, para, una vez recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento del fallo.

124. Sofía, que es funcionaria, ha tenido conocimiento recientemente de una sentencia del TSJ de Valencia estimando un recurso interpuesto por otro funcionario que se encontraba en idéntica situación personal a la suya. Pese a que Sofía interpuso la pertinente reclamación ante el Ayuntamiento en su momento, no recurrió al contencioso-administrativo. En este c aso, ¿Podría Sofía conseguir la extensión de los efectos de la sentencia ahora conocida en la que estima la pretensión de un funcionario en una situación idéntica a la suya?. A) Sí, puesto que el principio de igualdad recogido en la Constitución la legitima para ello. B) La extensión de los efectos no será admisible por haber consentido Sofía su resolución. C) La contestación a esta pregunta dependerá del plazo transcurrido desde la reclamación de Sofía hasta la estimación de la pretensión del funcionario en situación idéntica. D) No, porque los tribunales juzgarán de acuerdo a los criterios individualizados de cada caso, sin que proceda extender los efectos de una determinada sentencia a otro procedimiento.

125. En el caso de que se dicte una sentencia anulatoria de una disposición, ¿sobre qué persona desplegará esta resolución sus efectos?. A) Solo sobre aquellas personas que hayan actuado como partes en el proceso. B) Sobre todas las personas sometidas al Ordenamiento Jurídico Español. C) Sobre aquellas personas que se encuentran afectadas por la referida resolución. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

126. ¿Qué podrá hacer el juez si la Administración incumpliera la sentencia condenatoria que le obliga a realizar una determinada actividad o a dictar un acto?. A) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones Públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto. B) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sería inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) Ejecutar la sentencia a través de los medios de sus órganos inferiores jerárquicos o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.

127. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado. A) El juez publicará el acto impugnado en el BOE. B) No se requeriría ningún tipo de publicidad adicional a la de los tablones de los juzgados. C) El letrado de la Administración de Justicia dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. D) El juez dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, así como su publicación en los periódicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada.

128. Se podrán ejecutar provisionalmente las sentencias contra las que se haya interpuesto un recurso de casación cuando se den las siguientes circunstancias: A) Si lo solicita la parte favorecida por la sentencia y la ejecución no conlleva perjuicios de imposible reparación. B) Si lo solicita la parte favorecida por la sentencia y la ejecución no conlleva perjuicios de imposible o difícil reparación. C) Si se presta caución suficiente según el criterio del letrado de la Administración de Justicia. D) Cuando el interesado solicite la ejecución forzosa.

129. La oposición del ejecutado podrá basarse en los siguientes fundamentos: A) En el cumplimiento o pago de la obligación que le era impuesta por la resolución, por la caducidad de la acción ejecutiva o si existiesen pactos o transacciones en las que se hubiese convenido la evitación del proceso de ejecución. B) Por haberse ocasionado un perjuicio para la parte ejecutada. C) Por pluspetición. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

130. La posibilidad de ejecutar provisionalmente los pronunciamientos de condena contenidos en una resolución se somete, en general, a una serie de cautelas, entre las que cabe destacar: A) Un juicio de previsibilidad sobre la revisión del ejecutado. B) La prestación de garantía suficiente. C) La cuantía del procedimiento. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

131. ¿Cómo deben ser los requisitos que puede exigir una Administración para conceder una licencia?. A) Transparentes, restrictivos, accesibles y objetivos. B) No discriminatorios, claros e inequívocos, pero sin que sea necesario que se establezcan con antelación, imponiéndolos la Administración discrecionalmente en el momento de la concesión. C) Transparentes y accesibles, objetivos, claros e inequívocos, no discriminatorios y justificados por una razón de interés general. D) Discrecionales, puesto que dependen del libre arbitrio de la Administración competente.

132. ¿Cómo se define el procedimiento para obtención de autorizaciones administrativas?. A) Tiene carácter reglado. B) Debe ser objetivo e imparcial. C) Debe ser transparente, proporcionado al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

133. El riesgo operacional en las concesiones administrativas: A) Nunca le es transmitido al concesionario, pues deberá hacerse cargo la Administración en condiciones de funcionamiento normal. B) Se transmitirá únicamente en las concesiones de explotación de obras. C) Se transmitirá únicamente en las concesiones que otorguen derechos de explotación de los servicios. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

134. Se dará una posible excepción al principio general de la duración ilimitada de las autorizaciones administrativas. A) Cuando la autorización se renueve automáticamente o esté sujeta al cumplimiento continuo de requisitos. B) Cuando el número de autorizaciones sea limitado. C) Cuando exista una razón imperiosa de interés general que justifique esta limitación temporal. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

135. ¿En qué se diferencian una autorización y una concesión administrativa?. A) No se diferencian. Las autorizaciones y las concesiones son figuras jurídicas idénticas. B) Las autorizaciones son actos administrativos mediante los cuales se remueve un impedimento que la norma legal a preestablecido para el ejercicio de un derecho de un particular, mientras que las concesiones se transfiere a un particular las facultades de realizar una determinada actividad que, por pertenecer a la Administración, no formaba parte del patrimonio jurídico de aquél. C) En las autorizaciones se transfiere a un particular las facultades de realizar una determinada actividad cuya titularidad ostenta la Administración, mientras que en las concesiones se remueve un impedimento para ejercer un derecho del que ya es titular el particular. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

136. María entrega una comunicación previa al Ayuntamiento de Teruel que acredita que reúne los requisitos legales para montar una antena de televisión en el tejado de su casa. En este caso: A) María deberá llevar a cabo adicionalmente una declaración responsable, para poder instalar la antena. B) María no podrá instalar la antena de televisión hasta recibir la correspondiente autorización municipal. C) María debe presentar, además de la comunicación previa, el compromiso escrito de que se hará cargo de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros la instalación de la antena. D) María podrá instalar la antena desde el día de la presentación de la comunicación previa, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control de inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

137. Don Javier ha presentado ante el Ayuntamiento de Alcobendas la preceptiva declaración responsable para instalar en un local comercial una librería, declaración a la que se acompaña el plano del local y el proyecto de adecuación del mismo. En el escrito manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa para ejercer esa actividad en el citado local y que dispone de la documentación que así lo acredite, así como que comprometa a mantener el cumplimiento de los requisitos mientras permanezca abierto el local. Sin embargo, con posterioridad, los técnicos municipales constatan que tanto los planos como el proyecto técnico presentado contiene datos inexactos y falsos de carácter esencial. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Alcobendas?. A) Incoar un procedimiento sancionador en todo caso. B) El Ayuntamiento podrá ordenar la paralización del ejercicio de la actividad, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que se pudieran exigir a Don Javier. C) Nada, puesto que el Ordenamiento Jurídico establece una presunción iuris et de iure de veracidad de la documentación presentada por el interesado. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

138. A la empresa HEALTH S.A. le fue concedida una concesión para que gestionara un determinado hospital durante el plazo de 30 años. Vencidos los antedichos 30 años, la sociedad recibe una notificación en la que se le requiere que retorne la gestión del hospital a la Administración. HEALTH S.A. considera que esta conducta es abusiva. ¿Es eso cierto?. A) No, porque cuando concluye la concesión, el servicio revertirá a la Administración concedente, debiendo el concesionario entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato, y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados. B) Sí, porque la Administración tendría que haber indemnizado a HEALTH S.A. por los daños y perjuicios ocasionados por la reversión, incluidos los beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de explotación en el último quinquenio. C) Sí, porque HEALTH S.A. tiene derecha a que se abone, en todo caso, el importe de las inversiones realizadas en concepto de ejecución de las obras de construcción del hospital y adquisición de los bienes necesarios para su explotación, atendiendo a su grado de amortización. D) No, porque la Administración goza de la prerrogativa de poder poner fin a la concesión en cualquier momento.

139. A la empresa de Marcos se le adjudicó un contrato público de servicio de recogida de residuos por la Administración competente. Transcurridos siete meses sin que la Administración le haya pagado el precio pactado. ¿Puede solicitarse la resolución anticipada del contrato de gestión de servicios públicos?. A) No, porque las únicas causas legales de resolución anticipada son el rescate por la Administración y la supresión del servicio. B) No, únicamente podría reclamar a la Administración el importe adecuado en vía administrativa. C) No, porque la ley no permite la resolución anticipada de las concesiones. D) Sí, porque la demora superior a 6 meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación pactada es causa de resolución anticipada del contrato.

140. Pepe u Otilio son mecánicos y presentaron ante la Administración competente una declaración responsable para abrir un taller alegando que poseían las instalaciones y herramientas necesarias. Sin embargo, con motivo de varias quejas de clientes descontentos, un técnico municipal visitó su taller para comprobarlo y descubrió que el local no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para ese tipo de actividad, por lo que se ordenó el cese de actividad y la clausura del local. ¿Es correcta la actuación del órgano administrativo?. A) No, la Administración no puede realizar actividades de comprobación una vez que se ha presentado la declaración responsable. B) Si, la Administración en cualquier momento puede realizar actividades de comprobación a fin de verificar que los datos de declaración responsable son correctos y se ajustan a la realidad. C) La administración competente puede efectuar operaciones de comprobación, pero no puede imponer sanciones. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

141. Erick Magnussen, oriundo de Noruega, es dueño de un bar en Barcelona. Hace un par de semanas, solicitó al Ayuntamiento una autorización para instalar una máquina en su bar. Por desgracia, el Ayuntamiento le denegó la autorización alegando que únicamente los hosteleros españoles tienen derecho a instalar máquinas en sus bares. ¿Es correcta la actuación del Ayuntamiento?. A) Sí, porque el Ayuntamiento motivó la resolución denegatoria de la autorización. B) No, porque para conceder una autorización es necesario que el órgano competente lo motive de forma clara y ordenada. C) No, porque la ley prohíbe la denegación de una autorización por el mero hecho de que el solicitante sea de una nacionalidad diferente. D) Sí, porque los extranjeros no tienen derecho al acceso a las autorizaciones.

142. En el ámbito local, ¿es posible transmitir una licencia en aquellos casos en los que el número de licencias otorgables es limitado?. A) No, porque con carácter general no serán transmisibles aquellas licencias cuyo número de otorgables esté limitado. B) Sí, la licencia se caracteriza por su libre transmisibilidad sin excepción alguna. C) Sí, siempre que se comunique previamente al Ayuntamiento. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

143. Diana acaba de acondicionar un antiguo local abandonado en Lugo para convertirlo en una tienda y se propone iniciar la actividad. Para ello, presenta ante el ayuntamiento de Lugo la correspondiente comunicación previa. ¿Este documento supone que Diana quedará eximida de someterse a un procedimiento administrativo para iniciar la actividad?. A) Sí, porque la comunicación previa habilita a Diana para que pueda ejercer su actividad desde el día de su presentación ante la Administración competente. B) No, la comunicación previa ofrece una garantía de reducción de trámites, pero no sustituye al correspondiente expediente administrativo, considerándose la comunicación previa como un escrito de inicio del correspondiente procedimiento administrativo. C) Sí, Diana no necesitará iniciar un procedimiento administrativo, siempre y cuando preste una fianza como garantía. D) Dependerá únicamente de la discrecionalidad de la Administración competente, que podrá considerar la comunicación previa como título habilitante para el ejercicio de esa actividad, o bien someterla al régimen de autorización previa.

144. Pepe ha obtenido una autorización del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para celebrar un acto el día 3 de agosto. Una vez concedida la autorización, ¿podrá celebrar al amparo de la misma otro acto idéntico el día 9 de septiembre?. A) Sí, porque la autorización habilita para el ejercicio de una actividad de modo continuado. B) No, porque se trata de una autorización simple, es decir, que únicamente permite la realización de una actividad aislada y concreta por el sujeto autorizado. C) Sí, siempre que se celebre en las mismas condiciones que el acto del día 3 de agosto. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

145. A la sociedad PUENTES S.L le ha sido concedida recientemente por una administración de Extremadura una concesión de ejecución de obras y explotación de servicio público. ¿Cuál será la duración máxima de dicha concesión?. A) 25 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. B) 40 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. C) 60 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público. D) 30 años como máximo al tratarse de un contrato de ejecución de obras y explotación de servicio público.

146. ¿Cuál es el principio o principios que delimitan el régimen de otorgamiento de autorizaciones?. A) El principio de no discriminación en función de la nacionalidad del solicitante. B) El principio de necesidad. C) El principio de proporcionalidad. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

147. Juan quiere presentar una declaración responsable en la que se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder el reconocimiento de un derecho y que dispone de la documentación que así lo acredita. ¿Podrá disponer de un modelo de declaración responsable facilitado por la Administración?. A) No, las declaraciones responsables no son documentos formales, por lo que no tienen que ajustarse a unos parámetros concretos. B) Sí, pero tendrá que solicitarlo con tres meses de antelación a la Administración en cuestión. C) Sí, las Administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

148. Conforme a la Ley 16/12/1954 de expropiación forzosa (LEF) y la Ley 29/1998 (LJCA), contra la resolución del jurado de expropiación forzosa procederá: A) Recurso de alzada cuando sea impugnada por un particular o, en su caso, de reposición. B) Directamente recurso contencioso-administrativo, cuando sea impugnada por la Administración General del Estado. C) Declaración de lesividad previa cuando sea impugnada por la Administración General del Estado ante la jurisdicción contencioso-administrativa. D) Recurso de amparo si se impugna por un particular ante el TC.

149. El procedimiento de urgencia en materia expropiatoria se caracteriza por: A) Solo puede ser declarado por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, lo que restringe enormemente su aplicación. B) Como la declaración de urgencia, se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, según el proyecto y replanteo aprobados y reformados posteriormente, y dará derecho a su ocupación inmediata. C) Puede disponerse a través de una ley sectorial, lo que lo convierte actualmente en el procedimiento más utilizado. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

150. En la fase de determinación del justiprecio, ¿quién extenderá hoja de aprecio?. A) El Jurado Provincial de Expropiación. B) El propietario en el plazo de 20 días cuando no hay acuerdo para la determinación del justiprecio. C) El Consejo de Ministros, cuando por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones. D) La administración no extenderá nunca hoja de aprecio en determinación del justiprecio.

151. Si no se hubiera implementado las obras proyectadas por la expropiación y procediera el derecho de reversión, pudiendo entonces el antiguo propietario recuperar el inmueble expropiado: A) El antiguo propietario puede recuperar dicho inmueble siempre y cuando lo solicite en el plazo de tres meses y restituya la indemnización que cobró, actualizándose dicha cantidad. B) El antiguo propietario no tendrá que restituir indemnización alguna dado que la expropiación fue ilegal. C) El antiguo propietario podrá, además, pedir la retasación del bien a fin de calcular un nuevo justiprecio por dicho inmueble. D) Ninguna de las anteriores afirmaciones es cierta.

152. ¿Qué plazo tiene el propietario para extender hoja de aprecio cuando no hay mutuo acuerdo para la determinación del justiprecio?. A) 10 días. B) 20 días. C) 15 días. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

153. ¿Cómo deberá llevarse a cabo la declaración de utilidad pública de un servicio comprendido en los planes del municipio aprobados con los requisitos legales?. A) Se reconocerá mediante acuerdo del Consejo de Ministros. B) Mediante ley, salvo que en otra se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial. C) En esta aprobación se entiende implícita la declaración de utilidad pública. D) Mediante ley aprobada en Cortes.

154. Según el REF, el premio de afección a que tiene derecho el propietario de un bien expropiado, pero que, por la naturaleza de la expropiación, conserva el derecho de uso y disfrute del mismo, es: A) El 2% del importe final del justiprecio. B) El 3% del importe final del justiprecio. C) El 5% del importe final del justiprecio. D) En este caso, el propietario no tiene derecho al premio de afección.

155. Según la LEF, las tasaciones de los bienes y derechos susceptibles de ser expropiados deberán referirse al valor que tuvieren: A) Al tiempo de iniciarse el expediente del justiprecio. B) A la fecha de iniciación del expediente de expropiación. C) Al tiempo de constituirse el jurado provincial de expropiación. D) A la fecha del acta de ocupación.

156. Si una vez fijado el justiprecio, la Administración no procediese al pago del mismo, ni tampoco llevase a cabo la posesión del bien expropiado: A) El propietario podrá solicitar la retasación del bien, fijando un nuevo justiprecio, siempre y cuando hubiesen transcurrido 4 años desde la fijación del primero. B) El propietario podrá solicitar la reversión del bien, siempre y cuando hubiesen transcurrido 2 años desde la fijación del justiprecio. C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

157. En el procedimiento general de expropiación forzosa, en el ámbito de la Administración General del Estado, la competencia para dictar los acuerdos de necesidad de ocupación corresponde: A) Al ministro de Economía y Hacienda. B) A los delegados del Gobierno. C) A los jurados provinciales de expropiación. D) A los jurados territoriales de expropiación.

158. En un procedimiento expropiatorio, ¿la Administración expropiante debe justificar el motivo de la expropiación en una causa expropiandi siempre?. A) Si, la Administración pública siempre debe motivar la expropiación forzosa en razón de una causa expropiandi a partir de la cual se explique que el bien expropiado se destinará a fines de utilidad pública e interés social. B) No, la administración pública puede expropiar un bien sin que tenga que justificar el motivo de la expropiación en una causa expropiandi. C) Sí, la administración pública siempre debe motivar la expropiación forzosa en razón de una causa expropiandi en la que se explique que el bien expropiado se destinará a fines de utilidad del mercado e interés particular de la Administración. D) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.

159. En un procedimiento general de expropiación forzosa, una vez determinado el justiprecio, ¿Cuál es el plazo máximo del que dispone la Administración expropiante para retribuir el justiprecio al administrado?. A) Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de una cantidad que resultare el justiprecio en el plazo máximo de 3 meses. B) Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máximo de 6 meses. C) Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo máx. de 2 meses. D) Según dispone la ley, una vez determinado el justo precio, la Administración expropiante procederá al pago de la cantidad que resultare del justiprecio en el plazo de 1 año.

160. A efectos de la LEF, ¿Cuáles de estos procedimientos expropiatorios se consideran procedimientos expropiatorios especiales?. A) Expropiación urgente, expropiación por entidades locales y expropiación que da lugar al traslado de poblaciones. B) Expropiación por zonas o grupos de bienes y expropiación por entidades locales. C) Expropiación de bienes de valor histórico, artístico y arqueológico, expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, expropiación por causa de obras públicas y expropiación por razones de seguridad del Estado y defensa nacional. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

161. ¿Cuál es la principal diferencia que distingue el procedimiento expropiatorio urgente del procedimiento expropiatorio general?. A) Que en el procedimiento expropiatorio urgente la ocupación del bien por la Administración precede a la determinación del justiprecio y al pago del mismo por la Administración por la Administración expropiante, mientras que en el procedimiento expropiatorio general primero se determina el justiprecio, luego se paga el justiprecio al expropiado y, finalmente se ocupa el bien. B) Que el procedimiento expropiatorio general la ocupación del bien por la administración precede a la determinación del justiprecio y al pago del mismo por la Administración expropiante, mientras que el procedimiento expropiatorio urgente primero se determina el justiprecio, luego se paga el justiprecio al expropiado y, finalmente se ocupa el bien. C) Que en el procedimiento de expropiación urgente la Administración puede expropiar sin alegar causa expropiandi. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

162. Si una Administración pública que haya expropiado un determinado bien de un particular se demora en el pago del justiprecio, ¿a partir de qué plazo puede el expropiado exigir a la Administración intereses de demora?. A) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 3 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. B) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 4 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. C) Podrán exigirse intereses de demora a la Administración expropiante transcurridos 6 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio. D) Podrán exigirse intereses de demora a Administración expropiante transcurridos 7 meses sin que se proceda al pago, una vez determinado el justiprecio.

163. Si al labrador propietario de una finca rústica se le expropiase tres cuartas partes de su finca de tal modo que no le resultase rentable continuar con la explotación del cuarto restante, ¿podría solicitar a la Administración expropiante la expropiación total de su finca rústica?. A) Sí, cuando la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquella resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada, podrá este solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decirse sobre ello en el plazo de 5 días. B) Sí, cuando la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de la finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquella no expropiada, podrá este solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de 20 días. C) Sí, cuando la expropiación implique solo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquella resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de la finca no expropiada, podrá este solicitar de la Administración que dicha expropiación comprendida la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de 10 días. D) No, el propietario de la finca rústica no puede solicitar a la Administración expropiante la expropiación total de su finca rústica.

164. En todo procedimiento expropiatorio, ¿Cuál es el requisito previo que debe de cumplir la Administración expropiante para proceder a la expropiación del bien?. A) La declaración de utilidad pública o interés social del bien a expropiar. B) La determinación del justiprecio y su posterior pago al propietario del bien a expropiar. C) La declaración de urgente ocupación. D) La declaración de necesidad de la ocupación.

165. Los siguientes entes forman parte del sector público: A) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. B) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta sea superior al 30%. C) Las fundaciones que se constituyan con una aportación minoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

166. Quedan excluidos del ámbito de Ley 9/2017 (LCSP) los siguientes negocios o relaciones jurídicas: A) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. B) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. C) Los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

167. Se considerarán poderes adjudicadores: A) Las Administraciones Públicas. B) Las fundaciones públicas. C) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

168. En cuanto a la supervisión de la ejecución del contrato público: A) Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. B) El responsable del contrato tendrá que ser una persona física, vinculada al ente, organismo o entidad contratante. C) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

169. La ley 9/2017 (LCSP) contempla dentro de su ámbito subjetivo: A) Partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales. B) Únicamente los partidos políticos y las organizaciones sindicales. C) Únicamente las asociaciones profesionales. D) Únicamente las organizaciones empresariales.

170. Quedan excluidos del ámbito de la ley 9/2017 (LCSP): A) Los contratos de obras, suministros y servicios que se celebren en el ámbito de la seguridad o de la defensa que estén comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad. B) Todas las respuestas son correctas. C) Los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en la Ley 9/2017 (LCSP) o en normas administrativas especiales. D) Las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

171. En cuanto a la designación del responsable del contrato, se desprende de la ley 9/2017 (LCSP) que: A) No es obligatoria desde 2016. B) Es obligatoria. C) El cargo solo puede ser ejercido por personar jurídicas. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

172. En una materia de contratos mixtos, establece la ley 9/2017 (LCSP) que solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto: A) Cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí. B) Cuando esas prestaciones mantengan relaciones de complementariedad que exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional. C) En cualquier caso, siempre y cuando así lo autorice expresamente la Administración correspondiente. D) Cuando se den los requisitos a las respuestas A) y B) conjuntamente.

173. ¿Cuáles de los siguientes contratos celebrados por una Administración pública tienen carácter administrativo?. A) Los contratos de obra. B) Los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios. C) Los contratos de suministro. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

174. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente para resolver: A) Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. B) Las cuestiones relativas a las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, salvo determinadas excepciones. C) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

175. En el orden jurisdiccional civil es el competente para resolver: A) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que se atribuyen a la Administración concedente. B) Las cuestiones relativas a la preparación, adjudicación, efectos modificación y extinción de los contratos administrativos. C) Las cuestiones relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

176. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que: A) No sean contrarios al interés público. B) No sean contrarios al Ordenamiento jurídico. C) No sean contrarios a los principios de buena administración. D) Todas las respuestas anteriores con correctas.

177. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público deberán incluir necesariamente: A) La identificación de las partes. B) La referencia a la legislación aplicable al contrato. C) Los supuestos en que procede la resolución. D) Todas las respuestas anteriores, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos.

178. Los tipos de contratos del sector público que se perfeccionan con su formalización son: A) Los contratos subvencionados y los contratos que celebren los poderes adjudicadores. B) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición. C) Los contratos que celebren los poderes adjudicadores y los contratos menores. D) Los contratos subvencionados y los contratos basados en un acuerdo marco.

179. Entre las causas de nulidad de pleno derecho de los contratos celebrados por poderes adjudicadores se encuentran: A) La falta de capacidad de obrar. B) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. C) La carencia o insuficiencia de crédito. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

180. Entre las causas de anulabilidad de Derecho Administrativo se encuentran: A) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. B) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. C) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

181. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones siguientes: A) Los acuerdos de adjudicación. B) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. C) Además de las respuestas A) y B), los acuerdos de rescate de concesiones. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

182. Un matrimonio nicaragüense está atravesando una difícil situación económica. Son arrendatarios de un piso situado en Madrid y reciben, a pesar de pagar puntualmente las rentas, una notificación del arrendador comunicándoles la extinción anticipada del contrato de arrendamiento. Ante su falta de medios económicos, se dirigen al Colegio de Abogados de Madrid solicitando asistencia económica gratuita. Tras la tramitación de su solicitud, la Administración les deniega la asistencia jurídica gratuita por su condición de extranjeros. ¿Es correcta la actuación administrativa?. A) No, porque existe un convenio bilateral de asistencia jurídica gratuita mutua con Nicaragua. B) Sí, porque los únicos extranjeros con derecho a asistencia jurídica gratuita son nacionales de países de la U.E. C) Únicamente los españoles pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita. D) No, porque los extranjeros que se encuentren en España y acrediten insuficiencia en recursos pueden acceder a las asistencia jurídica gratuita.

183. Javier, de nacionalidad peruana, finalizó sus estudios de ingeniería mecánica en Lima y solicitó un visado de estudiante para cursar un máster de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid. Javier recibe mensualmente fondos de sus padres para financiar su estancia en Madrid. La sucursal de Volkswagen en Madrid le ofrece realizar prácticas retribuidas mediante un contrato laboral a tiempo parcial. ¿Es posible?. A) Sí, porque el contrato laboral es compatible con los estudios que está cursando siempre que Volkswagen presente la correspondiente solicitud de autorización de trabajo. B) Sí, porque al contratar con la autorización de estancia por estudios no necesita obtener otra autorización para desempeñar actividades laborables. C) No, porque la situación nacional de empleo en ese sector no permite la contratación de Javier. D) No, porque la autorización de estancia por estudios es incompatible con cualquier modalidad de contrato de trabajo.

184. Jonathan Kent en el año 2016 una autorización de residencia y trabajo para trabajar en Madrid en un periódico. En el mes de febrero le fue aceptada una solicitud de reagrupación para su mujer Martha. Posteriormente, Martha se pregunta si ella podría solicitar otra reagrupación para su hijo Clark de 15 años, fruto de un primer matrimonio, que actualmente vive en Nevada. A) No, porque solamente se puede pedir una solicitud de reagrupación por familia. B) Sí , cualquier reagrupado puede pedir a su vez la reagrupación de sus hijos, con independencia de que obtenga un trabajo en España. C) No, únicamente podrá solicitarla Jonathan al llevar residiendo en España más tiempo. D) Sí, siempre y cuando cuente ya con autorización de residencia y trabajo independiente de la autorización de Jonathan, y acredite reunir los requisitos previstos en la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

185. Rozalia Zemylachaka es propietaria de una red de aviones privados con sede en Barcelona. La policía ha detectado que transporta extranjeros a España sin comprobar la validez y vigencia de sus pasaportes. ¿Cuándo prescribiría la infracción?. A) A los 4 años, al ser una infracción muy grave. B) A los 3 años, al ser una infracción muy grave. C) A los 2 años, al ser una infracción grave. D) A los 6 meses, al ser una infracción leve.

186. Juana Ramírez, ciudadana cubana, conoció en Cuba a Gerardo García, ciudadano español. Tras conocerle, le acompaño a España y a los quince días contrajeron un matrimonio de conveniencia con el fin de que Juana obtuviese indebidamente un derecho de residencia. ¿Ha cometido Juana algún tipo de infracción desde la perspectiva del Derecho de extranjería?. A) No, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental constitucionalmente protegido. B) Sí, estaría tipificada como una infracción grave en la LO 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. C) Sí, y le correspondería abonar una multa de hasta 500€. D) Sí, y la correspondiente sanción prescribiría a los 5 años.

187. Kim Park, nacional de Corea del Sur, cuenta con una tarjeta de acreditación diplomática. Habiendo solicitado unas vacaciones de tres meses desea instalarse durante ese período en España para conocer mejor el país. ¿Qué documentación necesitará?. A) Necesitará obtener un visado de estancia. B) No necesitará obtener ningún tipo de visado. C) Necesitará un salvoconducto expedido por el cónsul español en la embajada de España en Corea del Sur para entrar a España. D) Necesitará la previa acreditación del Ministerio de Asuntos Exteriores para la entrada y estancia en España.

188. Aureliano Buendía, ciudadano venezolano, ha solicitado asilo político en España alegando que el actual gobierno del país le considera un contrarrevolucionario y un opositor al régimen. No obstante, el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió un informe en el que se demuestra que el Sr. Buendía es un famoso asesino a sueldo y traficante de armas condenado en repetidas ocasiones y buscado por varios países de Sudamérica. ¿Debe el Gobierno español concederle asilo?. A) El gobierno español debe concederle asilo porque todos los que solicitan asilo tienen derecho a entrar en España. B) No, porque los refugiados únicamente pueden pedir asilo por motivos raciales, religiosos o sexuales, no políticos. C) No, porque tienen antecedentes penales en otros países y su entrada en España puede generar un riesgo importante para la seguridad nacional. D) No, porque para merecer la condición de refugiado tiene que haber sido condenado injustamente en el país de origen.

189. Yasmine Dubouis, ciudadana saudí residente en España, compró un billete de avión para viajar a Viena. Sin embargo, la autoridades españolas descubrieron la pertenencia de la Sra. Dubois a un grupo terrorista de Oriente Medio y está inmersa en un procedimiento judicial por la comisión de delitos en España. En consecuencia, el Ministro del Interior no permite salir del territorio español a la Sra. Dubois. ¿Ha obrado correctamente el Ministerio?. A) El ministro del Interior obró correctamente. B) El ministro del interior obró correctamente por que puede discrecionalmente prohibir la salida del país de cualquier ciudadano extranjero no comunitario, a propuesta del secretario de Estado. C) El ministro del Interior no obró correctamente porque ningún ciudadano extranjero puede ser privado de su libertad de circulación. D) El ministro del Interior no obró correctamente porque los ciudadanos pueden salir libremente del territorio español siempre que su destino se encuentre dentro del espacio Schengen.

190. Ilia Alexandre, nacional de Rusia, está inmerso en un procedimiento sancionador por no comunicar a la Administración los cambios de su domicilio habitual. ¿Cómo se tipificaría la infracción teniendo en cuenta que es la tercera vez desde el año pasado que sido sancionado por no comunicar los cambios de domicilio?. A) Se tipificaría como una infracción leve. B) Se tipificaría como una infracción muy grave. C) No se tipificaría como una infracción. D) Se tipificaría como una infracción grave.

191. Patrice Eljwotor, de origen camerunés, solicitó un visado de estancia y trabajo para trabajar como profesor de matemáticas en una escuela en Madrid, que le fue concedido. Han pasado 5 años y Patrice es un vecino muy querido en su barrio, así como un profesor muy respetado en su escuela. Patrice solicitó una autorización de residencia de larga duración. ¿Es posible legalmente?. A) No, porque la única forma de obtener la autorización de residencia de larga duración es contrayendo matrimonio con un ciudadano español. B) Sí, porque ha residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante 5 años. C) Únicamente puede alegar situación de arraigo. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

192. Un extranjero de nacionalidad colombiana decide trabajar como carpintero autónomo en un taller de Barcelona. Sin embargo, era titular de un permiso de trabajo como pescador en Santander. En consecuencia, fue condenado a pagar una multa de 500€. ¿Cuándo prescribiría la sanción?. A) A los 5 años al tratarse de una sanción muy grave. B) A los dos años al tratarse de una sanción grave. C) Al año al tratarse de una sanción leve. D) A los seis meses al tratarse de una sanción leve.

193. Zhen Ji, sacerdote nepalí, ha estado residiendo en España durante varios meses gracias a una autorización de residencia de corta duración que le fue concedida. En el mes de junio, decidió salir para viajar de vuelta a Nepal. La salida del Sr. Ji fue registrada por el puesto de control migratorio correspondiente. ¿Puede registrarse esta salida voluntaria del Sr. Ji?. A) La salida voluntaria de los extranjeros no puede ser registrada por las autoridades migratorias. B) La salida voluntaria de los extranjeros debe ser registrada por las autoridades migratorias. C) La salida voluntaria de los extranjeros que no formen parte de la U.E. puede ser registrada por las autoridades migratorias. D) La salida voluntaria de los extranjeros puede ser registrada por las autoridades migratorias.

194. Diana Bwandu, nacional de Guinea Ecuatorial, fue descubierta entrando de forma ilegal en España habiendo sido interceptada por el personal del puesto fronterizo. Sin embargo, la Policía sospecha que Diana ha sido víctima de una red criminal organizada que se dedica al transporte ilegal de inmigrantes a España. Tras un período de reflexión, Diana decide cooperar con las autoridades españolas en la investigación del delito. ¿Influye esta circunstancia en la situación irregular de Diana?. A) No, el procedimiento de expulsión o devolución continuaría, pues su situación es irregular. B) Sí, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo. C) Podría quedarse indefinidamente en España por razones de seguridad. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

195. Muhammad Al Bahka , es un médico iraní del que se descubrió que mantenía una relación homosexual con su enfermero allí. En enero de 2016, fue detenido por la Policía iraní y condenado a ser castrado químicamente, eliminado de los registros legales y expulsado de su país bajo amenaza de ser encarcelado si volviese de nuevo a Irán. En el mes de febrero solicita asilo político en España. ¿Es posible que le conceda el derecho de asilo?. A) No, el asilo político solamente puede ser concedido a los refugiados que conversen su nacionalidad. B) Sí, se le podrá conceder asilo político en España. C) Sí, siempre y cuando adquiera la nacionalidad española en un plazo no superior a los 6 meses. D) No, porque ha sido condenado por la comisión de un delito en Irán.

196. Oleg Dostoievski, oriundo de Rusia, se pregunta: ¿Cuáles son los requisitos que debe contener un visado para poder entrar en territorio español?. A) El visado ha de estar en vigor. B) El visado debe de extenderse en el pasaporte o documento de viaje que posibilite la entrada en España. C) El visado debe estar válidamente expedido. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

197. La Ley General Tributaria (LGT) se encarga de regular: A) Los procedimientos tributarios, que establecen un conjunto de derechos y obligaciones entre los contribuyentes y la Administración tributaria. B) Los impuestos que cada contribuyente tendrá que pagar atendiendo a su capacidad económica. C) Las deducciones que cada contribuyente podrá aplicar, atendiendo a sus circunstancias personales. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

198. En cuanto a la veracidad de los hechos que sean aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección: A) No podrán ser modificados en ningún caso ya que la aceptación por parte del contribuyente impide probar su falsedad. B) Se presumirán siempre ciertos. C) Se presumirán ciertos, y únicamente podrán rectificarse mediante prueba de que se ha incurrido en error de hecho. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

199. Según se establece en la LGT, los procedimientos tributarios se iniciarán: A) De oficio o a instancia de parte. B) De oficio, a instancia de parte o a instancia del tribunal de lo contencioso-administrativo competente en el caso concreto. C) Mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

200. Un procedimiento tributario podrá terminar: A) Por resolución, desistimiento o renuncia al derecho en que se fundamenta la solicitud. B) Por imposibilidad material por causas sobrevenidas, por caducidad o por el cumplimiento de la obligación que motivó el inicio del procedimiento. C) Por cualquier causa prevista en el Ordenamiento tributario. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

201. Si la Administración tributaria detectase que un determinado contribuyente incumplió la obligación de declarar un hecho imponible, ¿Qué procedimiento podría iniciar?. A) Procedimiento de gestión. B) Procedimiento de comprobación limitada. C) Procedimiento de verificación de datos. D) Procedimiento de inspección.

202. La falta de notificación o la notificación defectuosa de un determinado acto administrativo: A) No afecta a la validez del acto, pero sí a su eficacia, que quedará demorada hasta que aquella se produzca. B) No afectará a la eficacia del acto, pero sí a su validez, que quedará demorada hasta que se proceda a la correcta notificación. C) No es determinante para la anulabilidad de los actos tributarios. D) Las respuestas B) y C) son correctas.

203. Las liquidaciones tributarias serán provisionales, entre otros, en los siguientes supuestos: A) Cuando alguno de los elementos de la obligación tributaria se determine en función de los correspondientes a otras obligaciones que no hubieran sido comprobadas. B) Cuando existan elementos de la obligación tributaria cuya comprobación con carácter definitivo no hubiera sido posible durante el procedimiento. C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) Cuando se realice una comprobación de valor y sea el objeto único de la regulación.

204. El procedimiento de verificación de datos se iniciará: A) A instancia de parte. B) Únicamente de oficio. C) A instancia de parte o de oficio. D) A instancia del tribunal de lo contencioso-administrativo competente.

205. La Agencia Tributaria quiere notificar un determinado acto administrativo a Juan, pero en el momento de la notificación este no se encuentra en su domicilio, por lo que la notificación es entregada a su esposa María. ¿Es válida esta notificación?. A) Sí, siempre que María se encuentre en el domicilio de Juan y haga constar su identidad. B) No, porque las notificaciones únicamente podrán ser entregadas al obligado tributario al que se dirigen. C) Sí será válida la notificación a María, por ser cónyuge de Juan. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

206. En cuanto al lugar de tramitación del procedimiento de inspección, este se llevará a cabo: A) Donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquel lugar donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina. B) En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria. C) En cualquier lugar en la que la Agencia Tributaria considere conveniente. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

207. Las clases de actas de inspección que se pueden dar en un procedimiento tributario son: A) Acta de conformidad y acta con acuerdo. B) Acta de conformidad y acta de disconformidad. C) Acta con acuerdo, acta de conformidad y acta de disconformidad. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

208. Si el valor determinado por la Administración tributaria no coincidiese con el valor declarado por el contribuyente en un procedimiento de comprobación de valores, ¿Cómo se podría proceder?. A) Se tomará como base el valor de la Administración tributaria, al haber llevado a cabo el procedimiento de inspección pertinente. B) El obligado tributario tendrá derecho a solicitar una tasación pericial contradictoria. C) El valor de referencia será la media aritmética entre el valor de la Administración tributaria y el valor del obligado tributario. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

209. En el procedimiento de recaudación tributaria se deberá resolver en un plazo de 6 meses. No obstante, el procedimiento podrá terminar por otras causas como son: A) Por compensación de deudas y deducciones sobre transferencias. B) Por disconformidad. C) Por anulación parcial del expediente administrativo. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

210. Constituyen infracciones tributarias, sujetas al procedimiento sancionador: A) El incumplimiento de la obligación de presentación de forma completa y correcta de declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones. B) El incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación. C) La obtención indebida de devolución de ingresos, beneficios o incentivos fiscales. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

211. En el caso de que se firme un acta con acuerdo, ¿sería aplicable algún tipo de reducción en la sanción?. A) Sí, del 30% de la cuantía de la sanción. B) Sí, del 65% de la cuantía de la sanción. C) No, en ningún caso procederá una reducción de la sanción. D) No, únicamente procederá una reducción del 30% de la sanción cuando se firme una acta de conformidad con acuerdo.

212. ¿Cómo podrá impugnarse un acta con acuerdo?. A) A partir de un procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho. B) Mediante recurso de reposición. C) Acudiendo a la vía contencioso-administrativa, mediante reclamación. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

213. Si un particular quisiese iniciar un procedimiento contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales de la persona contra un determinado acto administrativo. ¿Cuál sería el plazo del que dispone para interponer el recurso?. A) Dispone de un plazo de 10 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto. B) Dispone de un plazo de 15 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto. C) Dispone de un plazo de 48h computados desde el día siguiente a la notificación del acto. D) Dispone de un plazo de 20 días computados desde el día siguiente a la notificación del acto.

214. Abel interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial que había presentado, como consecuencia de los daños sufridos en un accidente al caer en una zanja que no estaba señalizada en una de las calles de Valladolid. El Ayuntamiento, en escrito de contestación, alega nuevos hechos que podrían desvirtuar la relación de causalidad entre los daños sufridos y la actividad municipal. Ante esta circunstancia, ¿Actuará correctamente Abel si pidiese el recibimiento a prueba para esclarecer estos nuevos hechos?. A) Abel únicamente podrá aportar los documentos que tengan por objeto desvirtuar las alegaciones contenidas en la contestación a la demanda. B) Se desestimaría la petición por las pruebas únicamente pueden proponerse y practicarse de oficio. C) Abel actuaría correctamente siempre que lo hiciere dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la contestación de la demanda. D) El tribunal desestimaría el recibimiento a prueba en esta fase, ya que la prueba se puede solicitar, únicamente, en los escritos de demanda y contestación, y en los escritos de alegaciones complementarias.

215. Pablo ha presentado un recurso contencioso-administrativo solicitando en la demanda, mediante otrosí, el recibimiento del proceso a prueba. Pablo se pregunta: ¿en qué casos podrá estimar el juez la inadmisibilidad del recibimiento del proceso a prueba?. A) El juez no estimará la práctica de las pruebas si las partes en sus escritos no han expresado de forma ordenada los hechos sobre los cuales haya de versar la prueba. B) El juez no estimará la práctica de las pruebas si no existiese una controversia sobre los hechos. C) El juez no estimará la práctica de la prueba si la prueba fuese ilícita. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

216. El 25-1-21 Blanca recibió una notificación de la Administración tributaria indicándole que tenía una declaración atrasada del año 2015 del IRPF pendiente de pago. Blanca no prestó mayor atención a dicha notificación, porque entendió que se trataba de un error. En consecuencia, la Administración tributaria le impone, tras la tramitación del correspondiente expediente, una sanción. Blanca, una vez agotada la vía administrativa, interpone recurso contencioso administrativo y solicita como medida cautelar la suspensión de la sanción. ¿Cómo se tramitará el incidente cautelar?. A) En el incidente de medidas cautelares, se dará audiencia a la parte contraria, por plazo que no excederá 10 días, y será resuelto por auto dentro de los 5 días siguientes. B) En el incidente de medidas cautelares, se dará audiencia a la parte contraria, por plazo que no excederá de 5 días, y será resuelto por auto dentro de los 10 días siguientes. C) En el incidente de medidas cautelares, se dará audiencia a la parte contraria, por plazo que no excederá de 5 días, y será resuelto por auto dentro de los 5 días siguientes. D) En el incidente de medidas cautelares, se dará audiencia a la parte contraria, por plazo que no excederá de 10 días, y será resuelto por auto dentro de los 10 días siguientes.

217. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, siempre que concurran las siguientes circunstancias: A) Que dichos actos decidan, ya sea directa o indirectamente, sobre el fondo del asunto o que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. B) Que dichos actos produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) Que además de cumplir con los requisitos recogidos en las letras A) y B) hayan transcurrido menos de 10 días desde la notificación de dichos actos.

218. Juan quiere interponer recurso contencioso-administrativo respecto de un acto que es reproducción de otros actos anteriores definitivos y firmes: A) Juan podrá interponer recurso contencioso-administrativo siempre que dicho acto produzca indefensión, así como un perjuicio irreparable a sus intereses legítimos. B) Según se desprende de la Ley 29/1998 LJCA, no es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. C) El derecho fundamental recogido en la CE a la tutela judicial efectiva, legitima a Juan para interponer recurso contencioso-administrativo en defensa de sus intereses legítimos. D) Las respuestas A) y C) son correctas.

219. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde la petición del interesado, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo: A) Tramitándose el recurso contencioso-administrativo por el procedimiento abreviado regulado en art.78 Ley 29/1998 (LJCA). B) En el plazo de 3 meses desde el pronunciamiento confirmatorio de la Administración pública sobre el silencio administrativo. C) Si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación del interesado, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiese llegado a un acuerdo con los interesados. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

220. Sofía, que es funcionaria y está disconforme con una resolución en la que es parte, quiere interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿Cuál es el plazo legal con el que cuenta para dicha interposición?. A) 2 meses desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición. B) En el plazo de 3 meses desde el pronunciamiento confirmatorio de la Administración pública sobre el silencio administrativo. C) Si en el plazo de 3 meses desde la fecha de la reclamación del interesado, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiese llegado a un acuerdo con los interesados. D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

221. Un ciudadano peruano, reputado arqueólogo, historiador y experto romanista ha solicitado una autorización de residencia temporal para trabajar como investigador en el descubrimiento de unas ruinas romanas. ¿Cuánto tiempo podrá trabajar en España si se le concediese dicha autorización?. A) 5 años como máximo. B) 4 años como máximo. C) 90 días como máximo. D) 3 años como máximo.

222. Entre las vías de revisión especiales propias de los procedimientos tributarios se encuentran: A) La declaración de lesividad de actos anulables por la que la Administración tributaria podrá, de oficio, declarar anulables sus propios actos cuando estime que incurran en cualquier infracción jurídica. B) La declaración de lesividad por la que el órgano u organismo que dictó el acto o la resolución de la reclamación rectificará, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales a los que se haya dado lugar, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. C) La declaración de lesividad que es un procedimiento por el cual la Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime me infringen manifiestamente la ley. D) La declaración de lesividad que consiste en solicitud para que se declaren nulos aquellos actos que concuerden con alguno de los supuestos de hecho de la art.217 LGT.

223. Matías decide recurrir la liquidación de un tributo realizada por la Agencia Estatal de Administración tributaria, por considerar que no es acorde al Ordenamiento jurídico. Ante tal situación: A) Matías está obligado presentar un recurso de reposición previamente a la reclamación económico-administrativa. B) Matías puede presentar un recurso de reposición con carácter previo a la reclamación económico-administrativa. En este caso, no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. C) Matías debe interponer directamente un recurso contencioso-administrativo contra la liquidación en cuestión. D) Matías únicamente podrá presentar una reclamación económico-administrativa.

224. La empresa farmacéutica CBD.S.A. Considera que varios preceptos de un Real Decreto por el que se regula la venta a distancia de medicamentos no son conformes a Derecho y resultan perjudiciales para sus intereses. Por ello, interpone un recurso contencioso-administrativo contra los referidos preceptos. ¿Podrá suspenderse la vigencia de los preceptos impugnados?. A) No, ya que los particulares no están facultados para alterar la vigencia de las normas del Ordenamiento Jurídico. B) No, dado que la suspensión de una disposición general es contraria a los intereses generales. C) Si, debiendo solicitar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados en el escrito de interposición o en el de demanda. D) Sí, pudiendo solicitar la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados en cualquier fase del proceso.

225. ¿Cuál de los siguientes sujetos no está legitimado para interponer un recurso contencioso-administrativo?. A) La Comunidad Autónoma de Andalucía respecto a un acto del Ministerio de Fomento que afecta a su ámbito de autonomía. B) El Consejo Superior de Deportes, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con respecto a una disposición de una comunidad autónoma que afecta al ámbito de sus fines. C) La propia Administración actora del acto administrativo impugnado. D) Un particular que obre por delegación de la Administración General del Estado, con respecto a un acto de la misma.

226. Irina, de nacionalidad rusa, recibe una notificación de que se ha iniciado un procedimiento administrativo contra su persona que puede derivar en su devolución a Rusia. A) Al no tratarse de un procedimiento penal, Irina no tiene derecho a asistencia letrada no a la asistencia de intérprete. B) Al tratarse de un procedimiento administrativo, Irina no tiene derecho a asistencia letrada, aunque sí a la asistencia de intérprete, para no dar lugar a su indefensión. C) Irina tiene derecho a asistencia letrada y a la asistencia de intérprete, de forma gratuita si carece de recursos económicos suficientes. D) Irina no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita.

227. El órgano competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación en la Administración General del Estado es: A) El tribunal Administrativo de Contratación Pública. B) El tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. C) El TS. D) La AN.

228. ¿En Cuál de los siguientes supuestos NO concurre el interés casacional necesario para interponer un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS?. A) Una sentencia dictada en el seno de un procedimiento relativo al derecho constitucional de reunión. B) Una sentencia que resuelva un proceso en el que se impugnó un Real Decreto. C) Una sentencia que interprete y aplique el Derecho de la UE en contratación aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. D) Una sentencia que afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso.

229. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido. No obstante, se podrá limitar la duración cuando: A) La declaración responsable o la autorización se renueve automáticamente o sólo esté sujeta al cumplimiento continuo de los requisitos. B) El número de autorizaciones disponibles sea limitado de acuerdo con la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. C) Puede justificarse la limitación de la duración de la autorización o de los efectos de la comunicación o la declaración responsable por la existencia de una razón imperiosa de interés general. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

230. Borja inició en su día un procedimiento de responsabilidad patrimonial de una comunidad autónoma por el que reclama 25000€. Hoy le han notificado la resolución que resuelve en contra de sus intereses y, por ello, pretende recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Ante qué órgano debe interponer el mencionado recurso?. A) Juzgados de lo contencioso-administrativo. B) Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo. C) Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ. D) Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN.

231. Una sentencia judicial declara anulado un acto administrativo que perjudicaba a su cliente, por lo que éste quiere reclamar una indemnización dad la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. ¿De qué plazo se dispone para reclamar dicha indemnización?. A) La sentencia reconocerá de forma automática la indemnización correspondiente para los particulares afectados por su fallo, sin que haya que reclamar. B) El derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. C) El derecho a reclamar caducará en un año desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme. D) El derecho a reclamar prescribirá en 5 años desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme.

232. Juan ha iniciado un procedimiento administrativo mediante una solicitud que no reúne los requisitos exigidos por la Administración. Ante esta situación, es requerido para que subsane los errores de su solicitud y para que aporte una serie de documentos. ¿Con qué plazo cuenta Juan para esto?. A) Juan cuenta con un plazo de 5 días. B) Juan cuenta con un plazo de 10 días, pudiendo solicitar que dicho plazo sea ampliado hasta 5 días si los documentos requeridos presentan dificultades especiales. C) Juan cuenta con un plazo de 5 días, pudiendo requerir que dicho plazo sea ampliado hasta 5 días si los documentos requeridos presentan dificultades especiales. D) Juan cuenta con un plazo de 15 días, pudiendo requerir que dicho plazo sea ampliado hasta 5 días si los documentos requeridos presentan dificultades especiales.

233. Por norma general, el plazo para la interposición del recurso especial en materia de contratación es: A) De 15 días hábiles desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante cuando se interponga contra el anuncio de licitación o cuando se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales. B) De 15 días naturales desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante cuando se interponga contra el anuncio de licitación o cuando se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales. C) De 30 días hábiles desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante cuando se interponga contra el anuncio de licitación o cuando se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales. D) De 30 días naturales desde el día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante cuando se interponga contra el anuncio de licitación o cuando se interponga contra el contenido de los pliegos y demás documentos contractuales.

234. Entre las princípiales novedades de interés que se introdujeron con la Ley 9/2017 (LCSP) se encuentran: A) Las consultas preliminares del mercado. B) El procedimiento de asociación para la innovación. C) La nueva regulación de las mesas de contratación. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

235. Se considera interesados en el procedimiento administrativo a: A) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. C) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

236. La inadmisibilidad del recurso administrativo se declarará cuando: A) El juzgado o tribunal contencioso-administrativo carezca de jurisdicción. B) Se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. C) Tuviera por objeto disposiciones, o actuaciones no susceptibles de impugnación. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

237. En lo que respecta a las transacciones judiciales en el procedimiento contencioso-administrativo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera: A) El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen. B) El intento de conciliación podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. C) El intento de conciliación suspenderá el curso de las actuaciones. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

238. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso-administrativo y de los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que hubieran dictado: A) En aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de 30000€. B) En aquellos asuntos relativos a materia electoral comprendidos en el art. 8.4 Ley 29/1998 (LJCA). C) Las respuestas A) y B) son correctas. D) En aquellos asuntos cuya cuantía excede de 30000€.

239. Admitido el recurso de casación, el letrado de la Administración de Justicia de la sección de admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS dictará diligencia de ordenación en la cual: A) Dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 30 días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. B) Dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 2 meses, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. C) Dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 20 días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa sección competente el escrito de interposición del recurso de casación. D) Dispondrá remitir las actuaciones a la sección de dicha Sala competente para su tramitación y decisión y en la que hará saber a la parte recurrente que dispone de un plazo de 40 días, a contar desde la notificación de aquélla, para presentar en la secretaría de esa sección competente el escrito de interposición del recurso de casación.

240. Se entiende que un extranjero está en régimen de estancia: A) Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 60 días. B) Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 90 días. C) Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 33 LO 4/2000, para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, actividades de investigación, prácticas no laborables o voluntariado. D) Cuando está autorizado para permanecer en España por un período de tiempo no superior a 60 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el art.33 LO 4/2000 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, actividades de investigación, prácticas no laborables o voluntariado.

241. La infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas, o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas: A) Se considerará siempre como grave. B) Se considerará siempre como muy grave. C) Se considerará siempre como leve. D) Podrá considerarse tanto grave como leve, dependiendo de las cuantías de cuestión.

242. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?. A) Serán apelables en un solo efecto los autos dictados en el procedimiento de ejecución provisional. B) Son susceptibles de recurso de casación los autos dictados en ejecución provisional. C) No cabe recurso de apelación contra los autos dictados en el procedimiento de ejecución provisional. D) Las respuestas A) y B) son correctas.

243. Pedro presenta una solicitud ante la Consejería de Educación e Investigación, la cual le solicita la entrega determinada documentación en el plazo de 15 días. En relación con la finalización del plazo: A) Habrá de tenerse en cuenta, si la hubiera, la ley o norma de la UE que haya establecido el cómputo de los plazos mediante días naturales para ese procedimiento y se hará constar en la notificación. B) La administración establecerá si los días son hábiles o naturales en cada notificación en que confiera un plazo. C) Los plazos señalados en días en Derecho Administrativo se entiende que se computarán por días naturales. D) Los plazos fijados en Derecho Administrativo siempre se computan por días hábiles.

244. En el ámbito de una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración deben concurrir los siguientes requisitos en el daño que se haya causado al particular: A) Debe ser imputable a la administración y no debe concurrir culpa del particular. B) Debe derivar del funcionamiento anormal de la Administración. C) Debe haber sido causado por un funcionario público identificable y debe existir un nexo causal entre la actividad de aquél y el daño causado. D) Debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

245. Tras haber agotado la vía administrativa mediante desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición presentado, Jaime decide interponer recurso contencioso-administrativo. ¿Cuándo será inadmitido dicho recurso por extemporáneo?. A) Se considera que no hay plazo para acudir al contencioso. B) Se considera extemporáneo si transcurren más de dos meses contados desde el día siguiente en que se dio la desestimación presunta. C) Jaime no podrá acudir al contencioso-administrativo si no se resuelve expresamente el recurso de reposición. D) De acuerdo con el art. 46.1 Ley 29/1998, se considera extemporáneo si transcurren más de seis meses contados desde el día siguiente en que se dio la desestimación presunta. Sin embargo, El TC ha considerado que en estos casos no existe plazo de caducidad.

246. Tras obtener sentencia firme en la que se condena a la Administración a la realización de un acto resarcitorio, esta se ve materialmente impedida y por lo tanto incurre en incumplimiento. Amelia se pregunta qué opciones le quedan: A) Se expropiarán los derechos que se concedieron mediante resolución del mismo tribunal. B) El particular cuyas pretensiones fueron estimadas tendrá un derecho a indemnización. C) No existen situaciones en las que la Administración no pueda ejecutar aquello a lo que fue condenada mediante sentencia firme. D) Amelia podrá solicitar que le sea impuesta una multa coercitiva al funcionario responsable del acto dañoso.

247. La administración ha impuesto una sanción a Renata, la cual niega los hechos e inicia un procedimiento contencioso-administrativo: A) Al haber disconformidad en los hechos declarados por la Administración el proceso deberá recibirse a prueba. B) No podrá recibirse a prueba el expediente si constasen datos suficientes en el expediente administrativo. C) Se acordará el recibimiento a prueba si lo piden las partes. D) Solo cabe la prueba pericial por tratarse de una sanción.

248. En relación con la legitimación activa en la interposición de recurso contencioso-administrativo, ¿qué sujeto No estaría legitimado para interponer dicho recurso?. A) Un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, contra una disposición de una Comunidad Autónoma que afecte al ámbito de los fines y competencia de dicho organismo. B) La propia Administración de la que emanó el acto administrativo impugnado. C) Un particular obrando por delegación de la Administración General del Estado, con respecto a un acto de la misma. D) Una comunidad autónoma respecto del acto del Ministerio de Fomento que afecta al ámbito de su autonomía.

249. Lakshmi, de nacionalidad pakistaní, está incursa en un procedimiento administrativo que puede tener como resultado la expatriación a su país de origen y desea conocer sus derechos en relación con dicho procedimiento: A) Tendrá derecho a asistencia letrada y de intérprete si carece de recursos económicos suficientes. B) No tendrá asistencia letrada ni de intérprete por tratarse de un procedimiento administrativo. C) No tiene derecho a asistencia letrada, pero sí de intérprete. D) No tiene derecho a asistencia jurídica gratuita en los procesos administrativos por no tener residencia ni nacionalidad españolas.

250. No concurre interés casacional en los siguientes supuestos: A) La sentencia interpreta y aplica el Derecho de la UE en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. B) La sentencia resuelve un proceso de impugnación del RD 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. C) La sentencia afecta a muchas situaciones, por sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. D) La sentencia se dicta en un procedimiento relativo al derecho constitucional de reunión.

251. Según Sergio, el recientemente aprobado Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras parece ser contrario a la Ley reguladora del Patrimonio Nacional. En caso de querer impugnarlo, ¿Cuál será la fórmula correcta?. A) Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. B) Formular una instancia al Ministro de Medio Ambiente pidiendo la inaplicación del precepto ilegal y la modificación del Real Decreto que lo contiene. C) Impugnar en plazo un acto de aplicación dl precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo. D) Plantear un recurso contencioso-administrativo contra el Consejo de Gobierno.

252. Siguiendo con el caso anterior, ¿a qué órgano habría de dirigirse?. A) Al TSJ correspondiente al lugar de residencia del recurrente. B) A la AN. C) A la AP Madrid. D) Al TS.