ADVOS MP Y HDI

1.El derecho de acceso a los documentos administrativos está limitado en aquellos supuestos en los que pueda suponer un perjuicio para (señala la respuesta correcta): La política económica y monetaria. Los intereses económicos y comerciales. La seguridad nacional. Todas son correctas.

2.Señala la respuesta correcta: Los documentos constituyen el soporte material por el que se materializan los actos administrativos. Los documentos electrónicos constituyen el soporte material por el que se materializan los actos administrativos. Los documentos electrónicos constituyen el soporte por el que se materializan los actos administrativos,. Los documentos en papel constituyen el soporte material por el que se materializan los actos administrativos,.

3.La orden que regula el uso no sexista del lenguaje y su eliminación en textos y documentos, a la que estamos haciendo referencia es del año: 1992. 1991. 1990. 1994.

4.Las ofertas de empleo , relación de puestos de trabajo, convocatorias de concursos y oposiciones, convocatoria de becas y ayudas y cualquier cuestión relativa a la función pública así como la publicidad que de ellas se realice, se redactarán: De tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados sin ambigüedad. De tal forma que hombres y mujeres se encuentren reflejados con ambigüedad. De tal forma que hombres y mujeres no se distingan. Sin hacer mención alguna al sexo.

5.La mención de puestos y cargos administrativos ocupados por mujeres, así como la designación de la condición, carácter o calidad en la que los sujetos de sexo femenino intervienen en el procedimiento administrativo, se hará utilizando: El género neutro. El género masculino. El género femenino. Sólo el nombre propio.

6.La mención de puestos y cargos, así como la condición, carácter o calidad de las personas que intervienen en el procedimiento administrativo, se formulará: En femenino y masculino conjuntamente. Siempre en género neutro. Siempre en masculino. Ninguna de las respuestas es cierta.

7.Señale la respuesta falsa: Cada Administración Pública determinará reglamentariamente los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados. Las copias de cualesquiera documentos públicos gozarán de la misma validez y eficacia que éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas. Las copias de documentos públicos tendrán validez y eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas, siempre que su autenticidad hayan sido comprobada. a y b son ciertas.

8.La ley andaluza remite a la ley básica el procedimiento del ejercicio del derecho de acceso en su artículo 28 señalando que;. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se regirá por lo previsto en la Ley de Transparencia andaluza. a y b son ciertas. No dispone nada de lo anterior.

9.En la Junta de Andalucía la implantación del uso no sexista del lenguaje se comienza de forma normativa, con: La Orden de 21 de noviembre de 1992, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos. La Orden de 24 de noviembre de 1994, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos. La Orden de 24 de noviembre de 1992, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos. La Orden de 25 de noviembre de 1992, sobre la eliminación del lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos.

10.Las expresiones gráficas o sonoras, ¿tienen la consideración de documento?: No, nunca. Sí, si están recogidas en cualquier tipo de soporte material. Sólo los ejemplares no originales de ediciones. Sí, siempre que no estén en soporte informático.

11.El conjunto ordenado de documentos que sirve como antecedente y fundamento para la resolución administrativa se denomina: Expediente administrativo. Acto administrativo. Documento administrativo. Procedimiento administrativo.

12.Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas las respuestas son correctas.

13.El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella: Mediante solicitud a tal efecto al inicio del procedimiento y antes del trámite de audiencia. Mediante solicitud a tal efecto en la instrucción del procedimiento y antes del trámite de alegaciones. Mediante recurso de reposición ante el órgano instructor del procedimiento en cualquier momento. En cualquier momento.

14.Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser: Digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte espe3cífico no susceptibles de digitalización. Incorporados al expediente administrativo origen por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayah sido presentados. Notificados al interesado de manera inmediata cumpliendo con los principios de celeridad y eficiencia administrativa. La b y c son correctas.

15.Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

16.Son características del Manuela de Documentos Administrativos: Claridad, sencillez, extensión, gramática correcta, profundidad y contexto adecuado. Claridad, sencillez, extensión, gramática correcta, redacción actualizada y contexto administrativo. Claridad, profundidad, concisión, gramática correcta, redacción clásica y contexto administrativo. Claridad, sencillez, concisión, gramática correcta, redacción actualizada y contexto adecuado.

17.Su objetivo es la eliminación de cualquier indicio sexista en la materia objeto de la Orden conjunta de las Consejerías de Gobernación y Asuntos Sociales de 24 de noviembre de 1992: Comisión Igualitaria Consejería de Gobernación-Instituto Andaluz de la Mujer. Comisión Paritaria Consejería de Igualdad-Instituto Andaluz de la Mujer. Comisión Paritaria Consejería de Gobernación-Instituto Andaluz de la Mujer. Comisión Paritaria Consejería de Gobernación-Instituto Andaluz de la Igualdad.

18.Los vocales que integran la Comisión Paritaria son: Cuatro. Tres. Cinco. Seis.

19.Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en: El Archivo Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Archivo Nacional de Seguridad. El Archivo Nacional de Interoperabilidad y el Proyecto Nacional de Seguridad.

20.Al conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla se denomina: Expediente administrativo. Documentación administrativa. Archivo personal administrativo. Diligencias administrativas.

21.Quien se encuentra obligado a suministrar información según la Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía(LTPA)?. Las entidades que no integran la Administración local andaluza. Las corporaciones de derecho público andaluzas y estatales y entidades asimilables, como federaciones y clubes deportivos, en lo relativo a sus actividades sujetas al Derecho administrativo. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación directa o indirecta. de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50%. En todo caso, las sociedades no mercantiles del sector público andaluz a las que se refiere el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2020, y las sociedades mercantiles locales y las sociedades interlocales de los artículos 38 y 39de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, o normativa que las sustituyas. Las asociaciones constituidas por las administraciones y entidades previstos en la LTPA. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en los artículos 147 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carácter de una estructura administrativa propia, les resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LTPA será llevado a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

22.Los documentos administrativos deberán redactarse de forma: Confusa. Sencilla. Concisa. Las respuestas b y c son correctas.

23.Indica la norma reguladora de las bases generales para eliminar el lenguaje sexista en los textos y documentos administrativos en el ámbito de la Junta de Andalucía. Orden de 15 de febrero de 1994. Orden conjunta de 24 de noviembre de 1992. Decreto 204/1995, de 29 de agosto. Orden de 1 de diciembre de 1995.

24.¿Qué es información pública según la Ley 1/2014 de 24 de junio, de transparencia Pública de Andalucía?. Dirección electrónica disponible a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía que tiene por objeto poner a disposición de la ciudadanía toda clase de servicios e informaciones relacionadas con la Comunidad Autónoma de Andalucía de manera totalmente gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la información y atención a la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. La obligación de las personas y entidades a las que hacen referencia los artículos 3 y 5 de la LTPA de hacer pública por propia iniciativa ala información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública. Posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la LTPA con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal. Los contenidos o documentos cualquiera que sea su formato o soporte que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el título I d la LTPA y que hayan sido elaborados a adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

25.Indoca que se entiende por desglose de documentos en un expediente: La entrega de documentos originales o copias de documentos que figuran en un expediente a solicitud del interesado que los aportó. La entrega al interesado de relación completa, que contenga transcripción literal de los documentos que figuran en un expediente. La distribución en diversas carpetas o cajas de archivo correlativas y ordenadas de los documentos que obran en un expediente cuando la gran extensión del mismo así lo aconseje. Todas las respuestas son correctas.

26.Indica a quién se atribuye la competencia para el desglose de documentación en la Administración de la Junta de Andalucía: A las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la tramitación y custodia de los respectivos expedientes. A las jefaturas de sección que tengan encomendadas la instrucción de los expedientes. A las jefaturas de servicio u órgano equivalente que tengan encomendadas la instrucción y custodia de los correspondientes expedientes. A las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la iniciación, ordenación instrucción y resolución de los expediente.

27.¿Qué norma regula la administración electrónica , simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía?. El Decreto 662/2019, de 27 de diciembre. El Decreto 622/2019, de 27 de noviembre. El Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. Ninguna de los anteriores.

28. El desglose de documentos públicos originales en la actuación de la Junta de Andalucía requiere: La solicitud de interesado. La previa aportación al expediente de los documentos por el interesado. La constancia en el expediente de la copia autenticada de los documentos que se retiran. Las respuestas a y b son correctas.

29.Indica qué documentos forman parte del patrimonio documental andaluz. Los documentos de cualquier época, recibidos o producidos en el ejercicio de su función por los órganos de gobierno y administración de la Comunidad Autónoma. Solamente los documentos de cualquier época, recogidos o no en archivos recibidos o producidos en el ejercicio de su función por los órganos periféricos de la Administración Autónoma Andaluza. Exclusivamente los documentos recogidos no en archivos, con una antigüedad superior a los cincuenta años, recibidos o producidos en el ejercicio de su función por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los documentos radicado en Andalucía con una antigüedad superior a cien años, producidos o recibidos por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestores de servicios públicos en Andalucía.

30.Indica qué condición deberá cumplirse para que la Administración Pública autorice a los investigadores que acrediten un interés histórico científico o cultural relevante el acceso directo a la consulta de expedientes: Que se formule una previa solicitud del particular. Que la intimidad de las personas quede debidamente garantizada. Que la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos no quede afectada. Todas las respuestas son correctas.

31. Indica si la investigación de los delitos constituye una materia limitada del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos: Sí. Solamente si el delito es muy grave. Depende del contenido. No está exceptuada.

32.¿ Cuál de los siguientes no es un principio de la LTPA?. Principio de facilidad y comprensión en cuya virtud la información se facilitará de la forma que resulte más simple e inteligible atendiendo a la naturaleza de las misma y a las necesidades de las personal con circunstancias especiales que les dificulten el ejercicio del derecho. Principio de accesibilidad por el que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Principio de interoperabilidad en cuya virtud la información será publicada conforme al Esquema Nacional de interoperabilidad. Principio de reutilización en cuya virtud la información sea publicada en formatos que permitan su reutilización de acuerdo con la legislación aplicable en materia de reutilización de la información del sector publico.

33.Indica en que casos no pueden los terceros que acrediten un interés legítimo y directo acceder alos documentos administrativos: En los procedimientos de carácter sancionador. En los expedientes de expropiación de bienes para la construcción de una autovía. En el trámite de información pública para la construcción de una presa. En los documentos administrativos de carácter nominativo que, incluyendo datos referentes a la intimidad de las personas, figuren en los procedimientos de aplicación del derecho y que, por su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

34.Indica si el derecho de aceso del ciudadano a la Sí. pública, archivos y registros administrativos es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): No. Sí. Sí, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. No, se reconoce en el artículo 14 de la LPACAP.

35.En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las copias de documentos pueden ser: Auténticas de documentos administrativos. Auténticas de documentos sólo privados. Autenticadas de documentos privados y públicos. Las respuestas a y c son correctas.

36.Indica a quién se atribuye la competencia, en cumplimiento de la LPACAP, para expedir copias auténticas de documentos públicos o privados: A la Administración General del Estado. A todas las Administraciones Públicas. A las Administraciones de las Comunidades Autónomas. A la Administración General del Estado y a las Administraciones Autonómicas.

37.Indica qué trámite previo deberán cumplir los particulares para ejercer el derecho de acceso a archivos y registros en la Administración de la Junta de Andalucía: Formular una petición individualizada de los documentos que vayan a consultarse. Pagar las exacciones que estén previstas. Formular una solicitud genérica sobre una materia o un conjunto de materias. Formular una solicitud para obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración Pública.

38.En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la competencia para expedir copias autenticas de documentos administrativos corresponde a: Las jefaturas de sección u órgano asimilado. Los órganos administrativos que hubiesen emitido el documento original. Las jefaturas de servicio o Secretarios Generales. Los funcionarios públicos habilitados para ello por el Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS).

39.Indica en qué casos la petición individual del particular para acceder a los archivos y registro administrativos puede ser denegada por la Administración Pública: Cuando lo disponga un reglamento. Cuando existan intereses de terceros. Cuando prevalezcan razones de interés público. Las respuestas b y c son correctas.

40.Indica bajo que condiciones la competencia para la autenticación de copias de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía puede delegarse en órganos o unidades diferentes a las jefaturas de sección y órganos asimilados responsables de cada registro general de documentos: En supuestos especiales y para tramitar la presentación de documentos en localidades distintas a las sedes de los órganos que tenga que tramitarlos y con el objeto de salvar las dificultades que existan para autenticar las copias y recibirlas. En cualquier supuesto, siempre que tenga por objeto facilitar la presentación de documentos en la localidad en que residan los interesados de un procedimiento. En los supuestos expresamente previstos en las normas legales y reglamentarias vigentes. En los supuestos de proximidad temporal y espacial de los ciudadanos con respecto a la sede del órgano administrativo.

41.La denominada carpeta ciudadana no sirve entre otras para: Consultar el estado de tramitación y, en su caso, acceso al contenido de los expedientes de los procedimientos administrativos y servicios. Consultar las solicitudes o escritos presentados en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía. El acceso a las notificaciones electrónicas. Consultar la información personal existente en las Administraciones Públicas sin necesidad de autorización de la persona interesada.

42.En la Administración de la Junta de Andalucía las copias autorizadas de documentos administrativos: Gozarán de la validez y eficacia que corresponda según el ordenamiento vigente. Tendrán la virtualidad probatoria prevista en el Código Civil. Gozarán de la validez y eficacia en el procedimiento para el que fueron expedidos. Gozarán de la misma validez y eficacia que los documentos originales.

43.Si una información pública está en curso de elaboración o publicación general, conforme la LTPA: Se inadmitirá la solicitud y se denegará la información debiéndose especificar el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión y puesta a disposición. Se estimará la solicitud y se ofrecerá la información por el órgano correspondiente. Se desestimará la solicitud y se obligará al órgano que la haya de elaborar, su remisión en el plazo de 15 días. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44.En las comunicaciones entre el interesado y los órganos administrativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se produzcan con motivo de la tramitación de procedimientos administrativos por medisos telemáticos, será necesario: Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. Que las partes intervinientes no dispongan de un certificado reconocido de usuario que le habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que no les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada. Que las partes intervinientes dispongan de un certificado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma manual.

45.Indica a quién no es aplicable la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(LTAIPBG). A las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. A la Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, El Senado, El Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, El Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, El Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (la Disposición Adicional sexta establece una especialidad en la tramitación de las solicitudes de acceso a la información, pasando las mismas por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. A las fundaciones del sector público o privado previstas en la legislación en materia de fundaciones.

46.El derecho de acceso según la Ley 1*/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos, disciplinarios o civiles. La igualdad de las partes en los procesos administrativos, judiciales y la tutela judicial efectiva. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Los intereses socio-económicos y comerciales.

47.Indica la repuesta incorrecta. La solicitud de acceso a la información conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: La identidad del solicitante. La información que se solicita. Una dirección de contacto, preferentemente postal, a efectos de comunicaciones. En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.

48.Se podrán inadmitir a trámite aquellas solicitudes de acceso a la información según la Ley 19/201. de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG): Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general o especial. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración y redifusión. Dirigidas a un órgano en cuyo poder obre la información cuando se desconozca el competente, debiéndose indicar el órgano competente para ofrecer la información solicitada.

49.La finalización del procedimiento de acceso a la información de a cuerdo a la Ley 19/2013, de trasnsparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), no tendrá una de las siguientes notas: La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin que sea posible ampliar dicho plazo. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso, se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada,.

50.La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que menciona la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG): No tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan. Tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan. Además de tener la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos que procedan , se habrá de interponer en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Ninguna de las respuestas anteriores es totalmente correcta.

51.Indica el informe que deberán tener en cuenta los proyectos de ley y reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno. El informe de evaluación de impacto ambiental. El informe de evaluación de impacto de género. El informe de evaluación de impacto económico. El informe de evaluación de impacto político.

52.Indica qué expedientes no están exceptuados del ejercicio del derecho de acceso a archivos y registros administrativos: Los relativos a materias protegidas por el secreto comercial. Los relativos a materias administrativas derivadas de la política monetaria. Los que contengan información sobre las actuaciones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sometidas al Derecho Administrativo. Ninguna repuesta es correcta.

53.Indica en que casos la publicación de un acto administrativo sustituye a la notificación personal: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado sea insuficiente para garantizar la notificación a todos. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de una concurrencia competitiva. Las repuestas a y c son correctas.

54.Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, en materia propia de la LTPA, en la Comunidad Autónoma de Andalucía existe un órgano frente al cual se puede interponer una reclamación. ¿ De cuál estamos hablando?: Consejo de Transparencia de Andalucía. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía. Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Consejo de Transparencia, Protección de Datos y Buen Gobierno de Andalucía.

55.Según la LTPA, toda la información pública se publicará y actualizará con carácter general: Trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que se estime conveniente en plazos más breve. Semestralmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que se estime conveniente en plazos más breve. Anualmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que se estime conveniente en plazos más breve. Mensualmente, salvo que la normativa específica establezca otros plazos atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y sin perjuicio de los plazos que puedan establecer las entidades locales en ejercicio de su autonomía o de la potestad de la administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para publicar toda la información pública que se estime conveniente en plazos más brevemente,.

56.Si la información pública que se solicite al amparo de la normativa en materia de transparencia contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar: En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado. En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado no hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. En caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. No se podrá autorizar en ningún caso.

57.Si la información pública que se solicite al amparo de la normativa en materia de transparencia incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar: En caso de que no se cuente con el consentimiento expreso del afectado a si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley o reglamento. En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel no estuviera amparado por una norma con rango de ley. En caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley.

58.¿Qué información institucional y organizativa han de publicar las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la LTPA, en materia de publicidad institucional? Indique la incorrecta: Las relaciones de puestos de trabajo, catálogos de puestos o documento equivalente referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones mensuales. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo y convenios colectivos vigentes. La oferta pública de empleo u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.

59.En cuanto a la información de relevancia jurídica de la LTPA, las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán: Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o no tengan efectos jurídicos. Los anteproyectos de ley cuando , tras la preceptiva elevación por la Consejería competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo Consultivo de Andalucía. Y finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en que en su caso se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo, se publicarán cuando le solicite en su caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública. Las memorias, informes y actas que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos con ocasión de la publicidad de los mismos.

60.¿ES posible ampliar las obligaciones de publicidad activa que la LTPA establece?. Sí, en aras de una mayor transparencia en la actividad del sector público andaluz, se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. Deberá incluirse aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. La Administración de la Junta de Andalucía publicará en la medida en que las posibilidades técnicas y jurídicas lo permitan, toda la información que se haya facilitado en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Todas las respuestas de las opciones anteriores son correctas.