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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) establece: Los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública. Los derechos que corresponden a cualquier ciudadano por el hecho de relacionarse con la Administración Pública. Los derechos que corresponden a cualquier español por el hecho de relacionarse con la Administración Pública. Ninguna respuesta es correcto.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Solo las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Solo las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Las personas físicas o jurídicas sin capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas son correctas.

NO tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Los derechos reconocidos a quienes ostentan la condición de persona que se relacionan con las Administraciones Públicas son los siguientes: A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo pre visto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. Todas son correctas.

Los derechos reconocidos a quienes ostentan la condición de persona que se relacionan con las Administraciones Públicas son los siguientes: A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. Todas son correctas.

El derecho de las personas a comunicarse electrónicamente con la Administración Pública en el plano procedimental esta exigencia no alcanza: A las personas fisicas. A las personas jurídicas. Ni a las personas físicas ni jurídicas. Todas son incorrectas.

Se entiende por portal de internet: El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública o privada, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público o privado que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Ninguna es correcta.

El derecho de las personas a comunicarse electrónicamente con la Administración Pública impone a la Administración la obligación de: Disponer de manera agrupada los citados medios electrónicos con el fin de asegurar que las personas puedan hacer uso de los mismos y relacionarse con la propia Administración a través de esta herramienta electrónica sin necesidad de acertar en el órgano concreto al que corresponde, en su caso, el ejercicio de la competencia. Disponer de manera desclasificada los citados medios electrónicos con el fin de asegurar que las personas puedan hacer uso de los mismos y relacionarse con la propia Administración a través de esta herramienta electrónica sin necesidad de acertar en el órgano concreto al que corresponde, en su caso, el ejercicio de la competencia. Disponer de manera agrupada los citados medios electrónicos con el fin de asegurar que las personas no puedan hacer uso de los mismos y relacionarse con la propia Administración a través de esta herramienta electrónica sin necesidad de acertar en el órgano concreto al que corresponde, en su caso, el ejercicio de la competencia. Ninguna es correcta.

El derecho de las personas a comunicarse electrónicamente con la Administración Pública se realizara: Telefónicamente. A través de un punto de acceso general electrónico. Verbalmente. Todas son correctas.

El derecho de los interesados en un procedimiento administrativo a consultar la información y documentos relativos al procedimiento en el que tengan la condición de interesados, en: El Punto de Acceso General electrónico de la Administración. De manera presencial en cualquier administración. Por correo ordinario. Ninguna de las anteriores.

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (RME), en el que se recalca como obligación de las Administraciones Públicas el contar con un Punto de Acceso General además debe contar con: Una sede electrónica. Un buzón de sugerencias. Ninguna de la anteriores. Las dos opciones son correctas.

El Punto de Acceso General sirve para: Agrupar el conjunto de información y de trámites que pueden realizarse con la Administración Pública. Tramites con información que tenga contenido individualizado como simulaciones, consultas, aclaraciones, etc. Tramites con información general. Todas son correctas.

La obligación en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas implica que (selecciona la INCORRECTA): La administración asume por su parte como obligación la tramitación electrónica. Las personas físicas tienen la obligación de relacionarse con la administración publica de manera electrónica. Las personas jurídicas tienen la obligación de relacionarse con la administración publica de manera electrónica. Las entidades sin personalidad jurídica o incluso los propios empleados de la administración publica tienen la obligación de relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos.

Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser: Digitalizados. Rechazados. Fotocopiados. Ninguna es correcta.

La obligación de las Administraciones Públicas de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen. Portales de internet y sedes electrónicas. Redes sociales. Todas son correctas.

La obligación de las Administraciones Públicas de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales: Redes sociales. Telefónico. Correo electrónico. Todas son correctas.

Según el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la LPACAP y en el resto del ordenamiento jurídico, la Constitución española reconoce la: Cooficialidad lingüística. Diversidad lingüística. Unificación lingüística. Ninguna es correcta.

Según el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la LPACAP y en el resto del ordenamiento jurídico habla de: Un derecho que debe asegurarse tanto en la actividad formalizada o procedimental como en la actividad informal o no formalizada. Un derecho que debe asegurarse en la actividad formalizada o procedimental pero no en la actividad informal o no formalizada. Un derecho que debe no asegurarse en la actividad formalizada o procedimental pero si en la actividad informal o no formalizada. Un derecho que no debe asegurarse ni en la actividad formalizada o procedimental ni en la actividad informal o no formalizada.

Según el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la LPACAP y en el resto del ordenamiento jurídico: Toda persona tiene derecho a dirigirse y entablar relación con la Administración en cada una de las lenguas oficiales del territorio de tal manera que tiene derecho a presentar solicitudes, hacer manifestaciones o comunicaciones, así como a ser atendidos y notificados en cualquier de las dos lenguas que sean oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente. Toda persona tiene derecho a dirigirse y entablar relación con la Administración en cada una de las lenguas oficiales del territorio de tal manera que tiene derecho a presentar solicitudes, hacer manifestaciones o comunicaciones, así como a ser atendidos y notificados en cualquier de las tres lenguas que sean oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente. Toda persona tiene derecho a dirigirse y entablar relación con la Administración en cada una de las lenguas oficiales del territorio de tal manera que tiene derecho a presentar solicitudes, hacer manifestaciones o comunicaciones, así como a ser atendidos y notificados en cualquier de las dos lenguas que sean oficiales en cualquier lugar de todo el territorio nacional. Ninguna es correcta.

Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma, previsión que viene a suponer (seleccionar respuesta INCORRECTA): El derecho del interesado a elegir (y decidir) la lengua de tramitación del procedimiento administrativo de entre las que resulten oficiales en una determinada Comunidad Autónoma. Que la Administración ha de seguir el procedimiento en la lengua empleada por el interesado. La administración puede cambiar en cualquier momento la lengua empleada en el procedimiento por parte de el interesado. Toda persona tiene derecho a dirigirse y entablar relación con la Administración en cada una de las lenguas oficiales del territorio de tal manera que tiene derecho a presentar solicitudes, hacer manifestaciones o comunicaciones, así como a ser atendidos y notificados en cualquier de las dos lenguas que sean oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma correspondiente.

En el caso de que distintos interesados en un procedimiento hagan uso de diferentes lenguas oficiales: El procedimiento se tramitará en castellano. La administración determinara la lengua en la que tramitara dicho procedimiento. El procedimiento quedará paralizado hasta que los interesados determinen una única lengua para tramitar el procedimiento. Ninguna es correcta.

Seleccione la frase correcta: La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano todos los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera y dentro del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. La Administración Pública instructora no deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efectos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.

En el ámbito del País Vasco, el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, dispone que: El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. El castellano, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá como el euskera, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. El euskera, lengua oficial del Pueblo Vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua propia en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas. Ninguna es correcta.

El artículo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera: Reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. Se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho. Los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua que establezcan de mutuo acuerdo las partes que concurran. Todas son correctas.

El artículo 8 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera (seleccionar la INCORRECTA): Toda disposición normativa o resolución oficial que emane de los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá estar redactada en forma bilingüe a efectos de publicidad oficial. Todo acto en el que intervengan los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como las notificaciones y comunicaciones administrativas, deberán ir redactados en forma bilingüe, salvo que los interesados privados elijan expresamente la utilización de una de las lenguas oficiales de a Comunidad Autónoma. Toda disposición normativa o resolución oficial que emane de los poderes públicos sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberá estar redactada solo en euskera a efectos de publicidad oficial.

El derecho al acceso a la información publica, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico regulará: El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El acceso de los ciudadanos a todos los archivos y registros administrativos, incluidos los que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. El acceso de los ciudadanos solo a los archivos pero no a los registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Ninguna es correcta.

La Ley 19/2013 sobre regulaciones especiales de derecho de acceso a la información pública dispone en su apartado primero que: La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de cualquier persona en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes no tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. Ninguna es correcta.

Entre las causas de inadmisión de la solicitud previstas en el artículo 18, se contempla aquella referida la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como: La contenida en notas. Borradores. Comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Todas son correctas.

Entre las causas de inadmisión de la solicitud previstas en el artículo 18, se contempla aquella referida la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como: Opiniones. Resúmenes. Borradores. Todas son correctas.

Forman parte del expediente administrativo: La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. La contenida en aplicaciones. Ficheros y bases de datos informáticas. Informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

No forman parte del expediente administrativo: Borradores. Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones. Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas. Todas son correctas.

El ejercicio del derecho al acceso a la información publica se llevará a cabo, preferentemente por: Vía electrónica ante la correspondiente Administración, permitiéndose, a sensu contrario, el ejercicio del derecho por la vía presencial. Vía presencial ante la correspondiente Administración, permitiéndose, a sensu contrario, el ejercicio del derecho por la vía electrónica. Vía telefónica ante la correspondiente Administración, permitiéndose, a sensu contrario, el ejercicio del derecho por la vía presencial. Vía telefónica ante la correspondiente Administración, permitiéndose, a sensu contrario, el ejercicio del derecho por la vía electrónica.

En el supuesto de denegación de acceso a la información, expresa o presunta, podrá interponerse la reclamación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 ante el correspondiente órgano de control, que tendrá carácter: Sustitutivo del recurso administrativo. Sustitutivo del recurso de alzada. Sustitutivo del recurso de reposición. Ninguna respuesta es correcta.