AMARILLO II🟨

83. Según el art. 39.1 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A. Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. B. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C. Desde el mismo día de su notificación a los interesados. D. El día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

84. Contra la resolución del recurso especial en materia de contratación pública: A. Solo cabrá la interposición del recurso de alzada. B. Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo. C. Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo y del recurso de alzada. D. Solo cabrá la interposición de recurso de casación.

85. Sobre las autorizaciones, señale la incorrecta: A. Su régimen jurídico encuentra establecido en las respectivas normas sectoriales que las regulan. B. Se otorgan siempre previo procedimiento administrativo iniciado mediante solicitud. C. Tienen carácter constitutivo. D. Pueden ser regladas.

86. Entre las formas de gestión indirecta de los servicios públicos se incluyen: A. Gestión indiferenciada. B. Concesión. C. Organismo autónomo local. D. Entidad Pública.

87. Señale la incorrecta. Son obligaciones del beneficiario de una subvención: A. Acreditar, una vez concedida, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. B. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados. C. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos. D. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora.

88. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, como norma general, según el art. 30?2 de la Ley 40/2015?. A. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. B. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. C. Desde el día en que se notifique la infracción que se hubiera cometido. D. Desde el día siguiente en que se notifique la infracción que se hubiera cometido.

89. En el ámbito expropiatorio, el justiprecio: A. Es una reparación de los daños sufridos por el expropiado. B. Es una sustitución de un bien jurídico por el equivalente dinerario. C. Consiste en abonar al expropiado la cantidad dineraria igual a la pérdida de los bienes sufridos. D. Las opciones B. y C. son correctas.

90. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: A. Estimatorio. B. Desestimatorio. C. Caducidad. D. Allanamiento.

91. ¿Cuál de los siguientes es un requisito obligatorio en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. A. Que la relación entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio patrimonial esté probada. B. Que se notifique a los particulares presuntamente lesionados, y que estos se personen en el plazo establecido. C. Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. D. Todos son requisitos obligatorios.

92. El desahucio administrativo procede cuando: A. Decae o desaparece el título o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. B. Un tercero invade una propiedad pública ilegítimamente. B. Un tercero impide el acceso a la propiedad pública. D. Ninguna de las anteriores.

93. ¿Cuál de las siguientes pone fin a la vía administrativa, según el art. 114?1 de la Ley 39/2015?. A. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico a que se refiere el art. 118.2. B. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el art. 112.2 de la citada Ley. C. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos a que se refiere el art. 108.1 de la citada Ley. D. Ninguna de las anteriores es correcta.

94. El plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto es expreso (art 122 de la Ley 39/2015) es: A. 1 mes. B. 3 meses. C. 20 días. D. 2 meses.

95. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio: A. El órgano competente para resolver tendrá que suspender necesariamente la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. B. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. C. El órgano competente para resolver tendrá que suspender necesariamente la ejecución del acto, cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. D. El órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto, cuando así lo determine, previo dictamen, el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

96. Contra un acto firme en vía administrativa: A. No se puede recurrir por haber adquirido firmeza. B. Puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto. C. Se puede interponer recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley. D. Únicamente se puede recurrir en Jurisdicción Contencioso Administrativa.

97. ¿En cuál de estos supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo?. A. Cuando se acuerde la petición de informes. B. Cuando se reitere el criterio establecido en actos precedentes. C. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. D. Cuando se admita a trámite un recurso.

98. Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad: A. No exigirá audiencia a los interesados del mismo. B. Exigirá la previa audiencia de los representantes de los interesados en el mismo. C. Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

99. Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada cuando: A. Su valor estimado es igual o superior a 5.382.000 €. B. La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato. C. Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 5.382.000 €. D. Su valor estimado es igual o superior a 2.000.000 €.

100. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: A. Anulables, excepto los que incurran en la desviación de poder. B. Nulos de pleno derecho, excepto los que incurran en la desviación de poder. C. Anulables, incluso los que incurran en la desviación de poder. D. Nulos de pleno derecho, incluso los que incurran en la desviación de poder.

101. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo: A. Es siempre de carácter negativo. B. Es siempre de carácter positivo. C. Es negativo como regla general, produciendo el archivo del procedimiento. D. Es negativo como regla general, si bien se producirá la caducidad en los procedimientos donde se ejerza la potestad sancionadora.

102. Deben tramitarse por el procedimiento abreviado del art. 78 de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa los siguientes asuntos: A. Los asuntos de extranjería, dopaje y las inadmisiones de asilo político. B. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. C. Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros, extranjería, dopaje y los recursos especiales en contratación pública.. D. Las opciones A y B son correctas.

103. La declaración de lesividad: A. Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. B. Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. C. Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

104. En vía administrativa, para el cómputo de los plazos: A. Se excluye el mes de agosto, salvo para la interposición del recurso por vulneración de derechos fundamentales. B. Se excluyen sábados, domingos y festivos. C. Se excluyen los días inhábiles y el mes de agosto. D. Se excluyen sábados, domingos y festivos, así como el mes de agosto.

105. El órgano judicial competente para conocer de un recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es: A. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. B. Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo. C. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente a la sede de la CNMC. D. La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

106. Respecto del beneficiario de la expropiación, señale cuál es la respuesta incorrecta: A. Las posiciones de expropiante y beneficiario pueden ser coincidentes. B. El beneficiario está obligado al pago del justiprecio. C. El beneficiario siempre debe ser una entidad pública o un concesionario de una obra o servicio público. D. El beneficiario puede impulsar el procedimiento de expropiación.

107. Una característica típica de los servicios públicos en nuestro ordenamiento actual es: A. Su titularidad pública en régimen de exclusividad. B. Su compatibilidad con la prestación simultánea de ciertos servicios públicos por el sector privado y por el sector público. C. La relación de sujeción general a la que queda sujeto cualquier usuario del servicio público. D. La necesidad de prestar los servicios públicos siempre bajo una modalidad de gestión indirecta.

115. Señale la opción correcta respecto del recurso especial en la contratación pública: A. Es un recurso potestativo y gratuito contra ciertos actos y cuya resolución agota la vía administrativa. B. Solo cabe interponerlo contra los pliegos, los acuerdos de adjudicación y la formalización de los encargos a medios propios. C. Están excluidos del mismo los contratos sujetos a regulación armonizada, por razón de su cuantía. D. Es un recurso de obligada interposición, y gratuito, para agotar la vía administrativa.

116. No es exigible la motivación del acto administrativo en los siguientes supuestos: A. Para inadmitir un recurso administrativo. B. Para acordar la ampliación de un plazo o declarar la urgencia del procedimiento. C. Para la petición de informes preceptivos. D. Cuando el acto se dicta en ejercicio de una potestad discrecional.

117. Están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las siguientes categorías: A. Los contratos privados. B. Los contratos atípicos. C. Los contratos sujetos a regulación armonizada. D. Los convenios y encomiendas de gestión.

118. En materia de contratación pública, cabe interponer el recurso especial en alguno de estos supuestos: A. La adjudicación de un contrato de obras por valor superior a cien mil euros. B. La adjudicación de un contrato subvencionado sujeto a regulación armonizada. C. La adjudicación de una concesión de servicios por valor superior a tres millones de euros. D. Los supuestos B y C son correctos.

119. Señale qué tipo de autorizaciones son transmisibles: A. Las autorizaciones de naturaleza personal. B. Las autorizaciones que incorporen la cláusula "sin perjuicio de tercero". C. Las autorizaciones de naturaleza real. D. Las autorizaciones operativas y regladas.

120. El recurso de alzada se puede interponer contra: A. Los actos definitivos que no agotan la vía administrativa y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó. B. Los actos definitivos que agotan la vía administrativa y ante el mismo órgano que los dictó. C. Los actos firmes, siempre que no haya transcurrido cuatro años. D. Los actos anulables que sean favorables al interesado y ante el superior jerárquico del órgano que los dictó.

121. La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: A. La Administración institucional y las corporaciones de derecho público. B. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. C. La Administración territorial. D. La Administración de las Comunidades Autónomas y los cabildos y consejos insulares.

122. La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional: A. Conoce de los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. B. Conoce de los recursos contra actos de Ministros y Secretarios de Estado. C. Conoce de los recursos contra los actos y disposiciones del Consejo de Ministros. D. Conoce de los recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico.

123. El incumplimiento grave de las obligaciones del beneficiario de una subvención dará lugar: A. A la tramitación de un procedimiento de reintegro exclusivamente. B. A la imposición de una sanción. C. A la pérdida automática del derecho o aptitud para recibir nuevas subvenciones. D. A la tramitación de un procedimiento de reintegro así como, en función de las circunstancias, de un procedimiento sancionador.

124. Conforme a la normativa reguladora de la expropiación forzosa, en el procedimiento ordinario la ocupación del bien expropiado se puede llevar a cabo: A. Cuando lo autorice el Jurado de Expropiación. B. Una vez que se haya abonado el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. De inmediato tras la declaración de urgencia. D. Una vez se haya declarado la necesidad de la ocupación.

125. La autotutela ejecutiva de la Administración supone: A. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. C. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. D. La potestad de revocar sus propios actos.

126. Señala el enunciado erróneo. En el procedimiento sancionador: A. La resolución que pone fin al procedimiento es ejecutiva. B. Las sanciones pueden consistir en la privación de derechos. C. La Administración civil no puede imponer sanciones privativas de la libertad. D. El órgano instructor es distinto del competente para resolver.

127. En los supuestos de inactividad material de la Administración, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. B. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado,. C. En el plazo de seis meses si el interesado no formuló el requerimiento previo. D. En el plazo de veinte días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado.

128. En el procedimiento sancionador, los actos definitivos que imponen una sanción: A. Son ejecutivos, como impone el principio general de autotutela ejecutiva de la Administración. B. No son ejecutivos hasta que no deviene firmes. C. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso administrativo. D. Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso contencioso-administrativo.

129. Respecto de los medios para la ejecución forzosa, señale el enunciado erróneo: A. Las multas coercitivas no son sanciones. B. La imposición de multas coercitivas podrá derivar en la aplicación del apremio para su exacción. C. Debe existir una norma legal de cobertura que ampare la imposición de multas coercitivas. D. Las multas coercitivas solo caben en supuestos de obligaciones personalísimas.

130. Son actos nulos de pleno Derecho: A. Los que tengan un contenido posible. B. Los dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. C. Los que infrinjan lo convenido en un contrato administrativo. D. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

131. La demora por la Administración en el pago al contratista facultará a éste para resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados, cuando dicha demora supere el plazo de: A. Seis meses. B. Ocho meses. C. Diez meses. D. Tres meses.

132. Los Juzgados de lo contencioso-administrativo carecen de competencia para conocer de: A. Las sanciones por importe inferior a 60.000 euros. B. Las cuestiones de personal que no versen sobre el nacimiento o extinción de la relación funcionarial. C. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial inferiores a 30.000 euros. D. La impugnación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

133. En la determinación del justiprecio hay demora si, una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, transcurren más de: A. 3 meses. B. 6 meses. C. 5 meses. D. 1 mes.

134. En materia de contratos públicos, la doctrina de los actos separables resulta de aplicación a: A. Los contratos privados. B. Los contratos administrativos atípicos. C. Los contratos de servicios. D. Todas las anteriores.

135. Cuando se inicia un procedimiento administrativo, ¿hay algún trámite de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento?. A. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. B. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. C. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. D. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto.

136. ¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular presenta algún defecto?. A. 10 días. B. 2 meses. C. 3 meses. D. 1 mes.

137. En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados, las actuaciones se entenderán: A. Con todos ellos, si no han designado un representante común para todos. B. Se les requerirá para que designen un representante en el plazo de diez días. Si no lo designaren, se les tendrá por desistidos de su solicitud. C. Si han designado de forma expresa un representante o un interesado, se entenderán las actuaciones con él. En otro caso, con el interesado que figure en primer lugar en la reclamación. D. Se les requerirá para que designen un único domicilio en el que recibir las notificaciones, que se entenderán hechas a todos ellos personalmente.

138. El recurso de reposición. A. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución que se recurre. B. Es potestativo. C. Procede frente a los actos que pongan fin a la vía administrativa. D. Todas las respuestas son correctas.

139. Señala la afirmación incorrecta con relación al silencio administrativo: A. El silencio negativo desestima lo solicitado por el interesado. B. Frente al silencio negativo cabe interponer recurso. C. El silencio positivo tienen carácter finalizador del procedimiento. D. El silencio negativo opera en las estimaciones de derechos.

140. CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo Código de examen: 234234 terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que la Ministra, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.? Indica la respuesta correcta: A. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar recurso de alzada ante la propia Ministra. B. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar bien recurso de reposición ante la propia Ministra o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación. C. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo y CAFÉ DEL MAR, S.A. deberá en todo caso solicitar a la Ministra certificado acreditativo de dicho silencio. D. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. La Ministra expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

141. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia un procedimiento administrativo en el que Sandra tiene la condición de interesada. Con anterioridad a la incoación del procedimiento, el Ministerio acordó el embargo preventivo de un bien. ¿Es acorde con el ordenamiento jurídico la adopción de dicha medida provisional? Indica la respuesta correcta: A. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales sin conceder previamente audiencia a los interesados. B. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento. C. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar de forma motivada medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que se trate de un caso de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. D. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que así lo solicite alguna parte interesada.

142. RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que le fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. Señala la respuesta correcta: A. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición. B. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición. C. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes. D. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses.

143. El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.? Indica la respuesta correcta: A. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. B. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. C. Ya ha trascurrido el plazo para interponer recursos administrativos. D. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

144. Carmen presenta una solicitud al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y quiere saber cuáles son sus derechos en materia de prueba en el seno del procedimiento administrativo iniciado. Señala la respuesta correcta: A. Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de prueba por un plazo no inferior a 20 y no superior a 30 días. B. Carmen podrá proponer la práctica de prueba, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de pruebas por un plazo no inferior a 15 y no superior a 30 días. C. Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, que solo podrán ser rechazadas por el órgano competente cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. D. Carmen no puede proponer pruebas, que solo podrán ser acordadas de oficio por el órgano competente.

145. Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y pretende que se declare su ilegalidad. Señala cuál es la fórmula correcta para intentarlo: A. Formular una instancia al Ministro de Medio Ambiente pidiéndole que lo modifique y que entretanto no aplique ese precepto del Real Decreto por ser contrario a Derecho. B. Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. C. Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. D. Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo.

146. Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señala la opción correcta: A. No puede impugnar, porque tuvo oportunidad de alegar cuando se publicó la aprobación inicial y no se manifestó en contra. B. Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. C. Puede recurrir solo si no se le notificó directamente que tenía plazo para hacer alegaciones. D. No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

147. Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento con relación a una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación? Indica la respuesta correcta: A. Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. B. La resolución será anulable. C. El vicio de la resolución es irrelevante. D. La resolución es nula de pleno derecho.

148. Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir? Indica la respuesta correcta: A. El 1 de marzo pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). B. El 31 de febrero. C. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. D. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).

149. En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo? Indica la respuesta correcta: A. El día siguiente que sea hábil. B. El último día del mes. C. El anterior que sea hábil. D. El que determine la Administración en cada caso.

150. ¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso de reposición?. A. 10 días. B. 2 meses. C. Depende del acto recurrido. D. 1 mes.

151. El Ayuntamiento ha denegado una licencia a Pérez, S.A. y notifica a ésta la resolución el 2 de febrero de 2024, indicando que tiene un mes para presentar un recurso de reposición contado a partir del día siguiente a la notificación. ¿Qué día acaba el plazo para recurrir?. A. El 3 de marzo de 2024. B. El 5 de marzo de 2024. C. El 2 de marzo de 2024, que no es inhábil. D. El plazo para el recurso de reposición no es de 1 mes sino de 30 días hábiles.

152. A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019, jueves. ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. A. El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir terminó el 2 de marzo. Como se trataba de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de marzo. B. El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles. C. El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del mes. D. El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación.

153. El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. A. El domingo 30 de septiembre de 2018. B. El lunes 1 de octubre de 2018. C. El martes 30 de octubre de 2018. D. El miércoles 31 de octubre de 2018.

154. Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: A. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. B. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. C. Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. D. Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

155. Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada: En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto. En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

156. Señala la cuestión cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo: A. El recurso contencioso-disciplinario militar. B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. C. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. D. Cualquier cuestión expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil, siempre que esté relacionada con la actividad de la Administración pública.

157. ¿En qué consiste un contrato de concesión de obras y qué contraprestación puede conllevar?. A. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en percibir un precio. B. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. C. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho a explotar la obra. D. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la gestión de un servicio y en el que la contraprestación consiste en el derecho a percibir un precio.

158. En el ámbito de los contratos del sector público, son contratos de suministro: A. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. B. Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. C. Los que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. D. Los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase.

159. El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. B. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. C. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. D. A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración.

160. Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: A. En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. B. En todo caso. C. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. D. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.

161. Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. A. Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. B. Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea esta, declare que procede la ocupación. D. Una vez que el Jurado de Expropiación correspondiente lo autorice.

162. En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. A. Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. B. No, en ningún caso. C. Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. D. Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.

163. En el ámbito de la expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos expropiables se efectuarán con arreglo al valor que tengan éstos: A. Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. B. En el momento de extenderse el acta de ocupación. C. En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. D. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.

164. El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. A. Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. C. No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. D. No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria.

165. ¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. A. 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. B. 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. C. 2 meses, en el supuesto de acto presunto. D. 3 meses, en el supuesto de acto presunto.

166. ¿Qué recurso en vía administrativa cabe frente a una disposición de carácter general?. A. Recurso de alzada y de ser desestimado, recurso potestativo de reposición, salvo que el órgano que dicta esa disposición carezca de superior jerárquico, en cuyo caso solo cabrá recurso potestativo de reposición. B. Ninguno. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no es posible interponer recursos en vía administrativa. C. Exclusivamente recurso potestativo de reposición. D. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

167. Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: A. Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. B. Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. D. Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible.

168. ¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. A. Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. B. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. C. Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superior jerárquico, encargado de resolverlo. D. Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director general o equivalente, en función de la Administración Pública de que se trate.

169. Juan es propietario de una finca rústica. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, habiendo utilizado la constructora el terreno como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Juan?. A. Inactividad prestacional. B. Inactividad por inejecución de actos firmes. C. Actuación material en vía de hecho. D. Contrato civil de arrendamiento.

170. Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿qué tiene que solicitar o presentar en su Ayuntamiento para poder comenzar con la explotación?. A. Deberá solicitar una licencia y esperar a su resolución para comenzar la explotación. B. Deberá solicitar una concesión de actividad y esperar a su resolución para comenzar la explotación. C. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, pudiendo una vez presentada iniciar la explotación. D. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, debiendo esperar para iniciar la explotación a resolución expresa del Ayuntamiento.

171. La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: A. Mediante un contrato de concesión de servicio público. B. Mediante un concierto. C. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. D. Mediante un ente instrumental o empresa pública.

172. Un requisito esencial para el otorgamiento de cualquier subvención es: A. El reintegro por incumplimiento. B. La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada. C. La conservación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas al otorgar la subvención. D. La necesaria cobertura presupuestaria.

173. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo, ¿puede la Administración resolver tardíamente?. A. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. B. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. C. Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. D. Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la Administración solo podrá resolver en tal sentido.