INT. 1. ¿De quién dependerá el Portal de Transparencia? A) Del Ministerio de la Presidencia y posteriormente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. B) Del Ministerio de Justicia C) Del Ministerio del Interior D) Ninguna es correcta.
INT. 2. ¿Qué alcance tiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? A) Tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública; reconoce y garantiza el acceso a la información y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos B) Tiene un doble alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos C) Tiene un doble alcance: establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento D) Ninguna es correcta.
INT. 3. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre tiene por objeto: A) Ahondar en la transparencia pública y establecer las obligaciones de buen gobierno a todos los poderes públicos B) Ampliar y reforzar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad C) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno D) Ninguna es correcta.
INT. 4. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, prevé que a los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de: A) Entre 3 y 6 años B) Entre 5 y 10 años C) 10 años D) Ninguna es correcta.
INT. 5. ¿Qué órgano tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública? A) La Comisión Nacional de Gasto Público y Recursos Financieros de la Administración del Estado B) La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas C) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno D) Ninguna es correcta.
INT. 6. ¿Quién sería el órgano competente de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad? A) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno B) La Comisión Nacional de la Competencia C) El Instituto Nacional de Ciencias de la Información y Publicidad D) Ninguna es correcta.
INT. 7. Salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ¿a quién le corresponde llevarlo a cabo? A) A la Subdirección General de Comunicación Electrónica y Nuevas Tecnologías B) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno C) A la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno D) Ninguna es correcta.
INT. 8. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está adscrito: A) Al Ministerio de Política Territorial y Función Pública B) Al Ministerio de Justicia C) Al Ministerio de Interior D) Ninguna es correcta.
INT. 9. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: A) No tiene personalidad jurídica diferenciada pero sí plena independencia y autonomía de autogestión B) Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar C) No actúa con autonomía al tener dependencia orgánica de un Ministerio D) Ninguna es correcta.
INT. 10. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno se compone ¿de qué órganos? A) De tres órganos: la Comisión, el Presidente y la Secretaría (de Transparencia y Buen Gobierno) B) De cuatro órganos: la Comisión, el Presidente, la Secretaría y la Mesa (de Transparencia y Buen Gobierno) C) De dos órganos: la Comisión y el Presidente (de Transparencia y Buen Gobierno) D) Ninguna es correcta.
INT. 11. De los siguientes miembros, uno de ellos no compone la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno ¿cuál? A) Dos representantes de los sindicatos más representativos B) Un Senador C) Un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas D) Ninguna es correcta.
INT. 12. La condición de miembro de la Comisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: A) Dará derecho a remuneración B) No exigirá dedicación exclusiva C) Exigirá dedicación exclusiva sin tener derecho a remuneración D) Ninguna es correcta.
INT. 13. El Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será aprobado por: A) El Ministerio de Política Territorial y Función Pública mediante Orden ministerial B) Las Cortes Generales mediante Real Decreto Legislativo C) El Consejo de Ministros mediante Real Decreto D) Ninguna es correcta.
INT. 14. ¿Cada cuánto tiempo elevará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? A) Cada año B) Cada vez que sea solicitado por el Ministerio de la Presidencia C) Cada año o cada vez que sea solicitado por el Ministerio de la Presidencia D) Ninguna es correcta.
INT. 15. ¿Ante quién elevará el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre? A) Ante el Ministerio de la Presidencia B) Ante el Gobierno C) Ante las Cortes Generales D) Ninguna es correcta.
INT. 1. La Ley regula e incrementa la transparencia pública de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas mediante: A) La publicidad activa B) La publicidad activa y la participación de los ciudadanos C) La publicidad activa, la participación de los ciudadanos y el acceso a la información pública D) La publicidad activa y el acceso a la información pública.
INT. 2. Con anterioridad a la Ley de Transparencia ¿había otras normas que contemplaban el acceso a la información pública además del artículo 37 de la Ley 30/1992? A) Sí la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso privado de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector público. Y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos B) Sí la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que regula el uso público de documentos en poder de Administraciones y organismos del sector público. Y la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. C) No. Todas las Leyes que se citan en las otras opciones no existen y son inventadas D) Ninguna es correcta.
INT. 3. Señala, en su caso, qué opción contiene ejemplos de nuestro ordenamiento jurídico que contemplaban con anterioridad a la Ley normas específicas de transparencia A) Contratos, subvenciones y Altos Cargos. B) Antes de la Ley no hay antecedentes C) Agricultura, pesca, alimentación y normativa diplomática. D) Minería.
INT. 4. ¿Cuál de las afirmaciones que se hacen a continuación es correcta? A) Las obligaciones de buen gobierno son una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública al determinarse en la Ley las consecuencias de su incumplimiento. B) Las normas de buen de buen gobierno son códigos voluntarios de conducta para los que desarrollan actividades de relevancia pública. C) A) y B) son correctas. D) A) y B) son incorrectas.
INT. 5. ¿Cuál de las afirmaciones que se hacen a continuación es correcta? A) Hasta la Ley, las normas de transparencia existentes resultaban suficientes aunque era necesario refundirlas en una sóla norma. B) Con anterioridad a la Ley de Transparencia en el ordenamiento jurídico español ya existían normas que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos, aunque eran normas de alcance sectorial. C) Con anterioridad a la Ley de Transparencia en el ordenamiento jurídico español ya existían normas que contienen obligaciones concretas de publicidad activa para determinados sujetos. D) Ninguna es correcta.
INT. 6. ¿Por qué se considera la incorporación en la Ley de los principios de buen gobierno un avance de extraordinaria importancia? A) Porque supone la incorporación a una norma con rango de Ley de Principios que éticos y de actuación que deben regir la conducta de todos los responsables públicos estableciéndose un régimen sancionador frente a su incumplimiento. B) Porque supone la incorporación a una norma con rango de Ley de Principios que pretenden configurar un modelo de conducta para los cargos electos públicos estableciéndose un régimen sancionador frente a su incumplimiento. C) Porque supone la incorporación a una norma con rango de Ley de Principios que pretenden configurar un modelo de conducta de todos los responsables públicos estableciéndose un régimen sancionador frente a su incumplimiento. D) Porque supone la incorporación a una norma con rango de Ley de Principios que pretenden configurar un modelo de conducta de todos los ciudadanos así como también de los responsables públicos estableciéndose un régimen sancionador frente a su incumplimiento.
INT. 7. El Derecho de acceso a la Información Pública es un Derecho Fundamental contemplado en nuestra constitución A) Verdadero, contemplado en artículo 105.b de la Constitución. B) Falso, contemplado en artículo 105.b de la Constitución. C) Verdadero, contemplado en artículo 10 de la Constitución. D) Falso, contemplado en artículo 10 de la Constitución.
INT. 8. ¿Cuál de las afirmaciones que se hacen a continuación es correcta? A) España ha liderado las iniciativas multilaterales en el ámbito de la transparencia, en particular, los instrumentos internacionales ya existentes en esta materia y la Ley es una demostración de ello. B) Con la Ley, España da un primer paso fundamental y necesario que en el futuro ha de acompañarse con la adhesión por parte del Estado a iniciativas multilaterales e instrumentos internacionales ya existentes en esta materia. C) A) y B) son correctas. D) A) y B) son incorrectas.
INT. 9. En los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno… A) Los ciudadanos cuentan con instituciones más fuertes, pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. B) Hay una mejor fiscalización de la actividad pública y se contribuye a la necesaria regeneración democrática. C) Todas las opciones son correctas D) Se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico.
INT. 10. ¿Cuál afirmación te parece más acertada? A) El derecho al acceso a la información pública que contempla la Ley pretende salvar las deficiencias y limitaciones de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B) Ninguna es correcta. C) El derecho al acceso a la información pública que contempla la Ley amplía únicamente lo establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común D) El derecho al acceso a la información pública que contempla la Ley es un desarrollo de lo ya establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
INT. 1. ¿A qué tipo de entidades privadas sólo le son de aplicación las disposiciones relativas a la publicidad activa de la Ley? A) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 1.000.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. B) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. C) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. D) Ninguna es correcta.
INT. 2. El título I de la Ley de Transparencia, denominado “Transparencia de la actividad pública” qué capítulos incluye: A) Publicidad Activa y Derecho de acceso a la información pública. B) Ámbito Subjetivo, Publicidad Activa y Derecho de acceso a la información pública. C) Ámbito Subjetivo, Publicidad Activa, Derecho de acceso a la información pública y Buen Gobierno D) Ámbito Subjetivo, Publicidad Activa, Derecho de acceso a la información pública, Buen Gobierno y Ámbito Subjetivo, Publicidad Activa, Derecho de acceso a la información pública y Buen Gobierno.
INT. 3.1mod. ¿De los sujetos que cita la Ley en su artículo 2.1, además de las Administraciones Públicas propiamente dichas, estatal, autonómica y local, qué otros sujetos se consideran “Administraciones Públicas a los efectos de lo previsto en el primer título de la Ley? A) Las fundaciones del sector público. B) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. C) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstas en el artículo 2 de la Ley. D) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
INT. 3.2mod. ¿De los sujetos que cita la Ley en su artículo 2.1, además de las Administraciones Públicas propiamente dichas, estatal, autonómica y local, qué otros sujetos se consideran “Administraciones Públicas a los efectos de lo previsto en el primer título de la Ley? (Señalar la incorrecta) A) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho administrativo. B) Entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. C) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. D) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
INT. 4. ¿A qué tipos de sociedades le es de aplicación el Título I de la Ley de Transparencia? A) A las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley sea superior al 50 por 100. B) Ninguna es correcta. C) A cualquier sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca, directa o indirectamente a cualquiera de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley, independientemente del porcentaje de participación D) Solo a las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca totalmente, directa o indirectamente a cualquiera de las entidades previstas en el artículo 2 de la Ley.
INT. 5. Los títulos en los que se estructura la Ley son: A) Título Preliminar. Título I. Transparencia de la actividad pública. Título II. Buen gobierno.Título III. Derecho Sancionador de la Transparencia B) Título Preliminar. Título I. Transparencia de la actividad pública. Título II. Buen gobierno.Título III. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. C) Título Preliminar. Título I. Transparencia de la actividad pública. Título II. Buen gobierno. D) Título Preliminar. Título I. Transparencia de la actividad pública. Título II. Buen gobierno.Título III. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Título IV. Derecho Sancionador de la Transparencia.
INT. 6. Todas las entidades que se relacionan a continuación están sujetas a las obligaciones de publicidad activa y en lo referido al Derecho al Acceso a la Información pública únicamente en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Todas, salvo una de ellas ¿sabrías decir cuál? A) Las Fundaciones Públicas B) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. C) El Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. D) Todas son correctas.
INT. 7. ¿Qué requisito es indispensable para que quienes presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o sean adjudicatarios de contratos públicos, suministren a la Administración información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y Derecho de los ciudadanos al Acceso a la Información Pública? A) En cualquier caso un requerimiento, y en el caso de los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. B) La existencia de un contrato sujeto al texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. C) La preexistencia de una encomienda de gestión o encargo a medios propios excluida del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. D) .
INT. 9. ¿Cuál es el objeto de la Ley 19/2013 de Transparencia? A) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y privada, así como y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. B) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno de los responsables públicos. C) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana, así como establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. D) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
INT. 10. A los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales ¿qué normas del Título I de la Ley de Transparencia le son aplicables? A) Las disposiciones relativas a las obligaciones de publicidad activa. B) Las disposiciones relativas al Derecho de Acceso a la información. C) Las disposiciones relativas a la publicidad activa y las referidas al Derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública. D) Las disposiciones relativas a las obligaciones de publicidad activa pero sólo en su actividad sometida al Derecho Administrativo.
INT. 8mod. La afirmación “La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local adoptarán otras medidas complementarias y de colaboración para el establecimiento de otras obligaciones de transparencia.” ¿Es cierta? A) Sí puesto que es necesario ampliar paulatinamente el ámbito de las obligaciones de transparencia activa B) No, la Ley sólo establece tal obligación en relación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa establecidas en la Ley. C) No, podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en el capitulo II. D) Ninguna es correcta.
INT. 2. En el caso de la publicación de los Proyectos de Reglamentos, ¿en qué momento han de publicarse? A) Cuando a criterio del órgano del que parta la iniciativa sea procedente, salvo que sea preceptiva la solicitud de dictámenes, en cuyo caso la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes B) Cuando a criterio del órgano del que parta la iniciativa sea procedente, salvo que sea preceptiva la solicitud de dictámenes, en cuyo caso la publicación se producirá una vez que estos hayan sido emitidos por los órganos consultivos correspondientes. C) Ninguna es correcta. D) A) y B) son correctas.
INT. 3. ¿Qué afirmación contiene una previsión literal de la Ley de Transparencia? A) El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de todas las Administraciones, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. B) El Portal de la Transparencia incluirá, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información de la Administración General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. C) A) y B) son correctas. D) A) y B) son incorrectas.
INT. 4. La publicación de los Proyectos de Reglamentos que ordena la Ley de Transparencia y que requieren informes preceptivos ¿puede tener como efecto la apertura de un trámite de audiencia? A) Nunca, ya que tal publicación no tiene por finalidad la de satisfacer el requisito de un procedimiento, sino cumplir una obligación impuesta por la Ley de Transparencia. B) Si, en cualquier caso puesto que lo que se trata es de fomentar la participación ciudadana. C) No necesariamente, pero podría. D) Todas son incorrectas.
INT. 2. ¿Qué sujetos están sometidos a la obligación de publicar los planes y programas anuales y plurianuales? A) Administraciones Públicas y las sociedades y fundaciones Públicas B) Todos los sujetos C) Sólo las Administraciones Públicas D) Las Sociedades y fundaciones públicas.
INT. 2. Además de acordar el inicio de las actuaciones disciplinarias que correspondan, ¿el órgano de control del cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones relativas a la publicidad activa podrá adoptar las Medidas que sea necesario para el cese del incumplimiento? A) Sí B) No, esa potestad no la tiene atribuida C) Sí, pero sólo mediando denuncia previa D) .
INT. 1. La obligación de publicar la relación de los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostente algún derecho real es exigible a: A) A todos los sujetos del artículo 2 B) A los sujetos del 2 y los del artículo 3 C) Sólo a las Administraciones Públicas D) Sólo a las entidades que conforman el Sector Público en su conjunto.
INT. 3. La obligación de publicar junto a su relación, la mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas de cada parte, ¿A qué se refiere? A) A las encomiendas de gestión B) A los convenios C) A las subvenciones y ayudas públicas D) A los contratos.
INT. 4mod. Uno de los tres principios conforme a los que han de adecuarse las prescripciones técnicas relativas a la información publicada en el Portal de Transparencia se describe de la siguiente manera: “se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.” ¿De qué principio de trata? A) Accesibilidad B) Usabilidad C) Reutilización D) Interoperabilidad.
INT. 5. La Ley prevé que el Portal de la Transparencia contenga información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente de conformidad a tres principios ¿cuáles son? A) Usabilidad, Interoperabilidad y Reutilización. B) Accesibilidad, Interoperabilidad y Refundición. C) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización D) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
INT. 6. Una de las obligaciones que implica a los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley es la de publicar sus retribuciones, pero ¿respecto de qué periodo? A) Mensual B) Semestral C) Anual D) Trimestral.
INT. 7. ¿En qué momento han de publicarse los Anteproyectos de Ley y Proyectos de Decretos legislativos? A) Después de que se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, salvo que estos sean preceptivos en cuyo caso la publicación se realizará después de la recepción del dictamen correspondiente. B) Antes de que se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, salvo que estos sean preceptivos, en cuyo caso la publicación se realizará después de la recepción del dictamen correspondiente. C) Cuando lo estime oportuno el Gobierno D) Cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, salvo que estos no sean preceptivos, en cuyo caso la publicación se realizará en el momento de su aprobación.
INT. 9. ¿Es cierta la afirmación siguiente? “La Administración Pública tiene que publicar todos los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación” A) Sí aunque no sólo la Administración Pública B) No C) Sí D) No pero sería conveniente dicha publicación.
INT. 10. La información estadística a publicar respecto de los servicios públicos será la necesaria para… A) Valorar el equilibrio económico del contrato de servicios públicos B) Valorar el grado de cumplimiento y rentabilidad de los servicios C) Valorar la calidad y adecuación de los servicios a las necesidades de la ciudadanía D) Valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios.
INT. 1. Es cierto que se entiende por información pública los contenidos o documentos independientemente de su formato o soporte, pero ¿qué requisitos han de concurrir además para que sea considerada como tal? : A) Que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. B) Que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. C) Que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos a cargo de fondos públicos D) .
INT. 2. Una vez se ha accedido a la información solicitada, ¿los datos que la misma contiene se podrán tratar libremente? A) Sí, en cualquier caso B) Sí, siempre y cuando en relación a la información que contenga datos personales se haya realizado una ponderación adecuada. C) Sí, pero ha de tenerse en cuenta que la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. D) No, la normativa de protección de datos personales lo impide.
INT. 3. Cuando en la información solicitada se contienen datos personales no especialmente protegidos ¿cuál es la regla general? A) Se concederá el acceso sin más salvo que se se entienda preciso ponderar suficientemente el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados B) Se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados C) Las dos son correctas. D) Ninguna es correcta.
INT. 4. ¿En qué supuestos se alza la obligación legal de publicar las resoluciones en virtud de las cuales se deniega o concede el acceso a la información pública con fundamento en los límites del derecho de acceso? A) No existe supuesto de excepción alguno a dicha obligación B) Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso. C) Cuando así lo considere el órgano que haya dictado la resolución D) Ninguna es correcta.
INT. 5. ¿En qué supuesto o supuestos podrá autorizarse el acceso a la información cuando contiene datos carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias? A) Cuando conste el consentimiento expreso y por escrito del afectado o éste hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. B) En ningún supuesto, dado que se trata de datos especialmente protegidos C) Únicamente cuando conste el consentimiento expreso y por escrito del afectado D) Siempre.
INT. 6. ¿Cuándo se concede el acceso parcial a información pública, ¿es necesario indicar al solicitante la información que se ha omitido? A) No, no es necesario. B) Sí, en cualquier caso C) No es necesario, aunque conveniente D) En algunos casos.
INT. 7. ¿Qué significa divulgar información en la que se han disociado los datos personales? A) Que se ha divulgado la información impidiendo la identificación de las personas afectadas. B) Que se ha divulgado la información a través de formatos y soportes no asociados C) Que se ha divulgado la información incumpliendo la Ley D) Ninguna es correcta.
INT. 8. ¿En qué supuesto se excepciona la posibilidad de conceder el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano? A) Salvo cuando la información solicitada se refiera al número de liberados sindicales, la puntualidad, el rendimiento de los empleados públicos o el número de pausas realizadas a lo largo del día. B) Salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida C) No existe excepción alguna en el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. D) Ninguna es correcta.
INT. 9. En la aplicación de los límites del derecho de acceso ¿qué circunstancia del caso concreto ha de considerarse especialmente? A) La concurrencia de un interés público superior que justifique el acceso. B) La concurrencia de una finalidad que justifique el acceso. C) La concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. D) Todas son correctas.
INT. 10. La obligación legal de publicar las resoluciones en virtud de las cuales se deniegue o conceda el acceso a la información pública con fundamento en los límites del derecho de acceso ¿qué requisitos exige si esa información contiene datos de carácter personal? A) La notificación a los interesados y la disociación previa de los datos de carácter personal B) No tiene requisito alguno C) Únicamente la previa disociación de los datos de carácter personal D) Ninguna es correcta.
INT. 1. Entre los principios a los que la Ley somete a los Altos Cargos está el de imparcialidad ¿ello qué implica? A) que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular. B) que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés, incluido el público. C) que mantengan siempre el mismo criterio. D) que mantengan el criterio aconsejado por las circunstancias y los intereses en juego.
INT. 2. Todos los principios de buen gobierno que contiene la Ley de Transparencia a los que están sometidos los Altos Cargos, además de servir de guía de su comportamiento y actuación como servidores públicos tiene otra importante utilidad práctica que le atribuye la Ley: Informar la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en la Ley. Esta afirmación ¿es cierta? A) No B) Sí C) Sí, pero con una excepción. D) Sí, pero con todos excepciones.
INT. 3. En el ámbito de la Administración autonómica ¿a qué sujetos se aplican las disposiciones del “Título II. Buen Gobierno” de la Ley? A) A los que por desarrollo reglamentario el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, designe B) A los que tengan poder C) A los que de acuerdo con la normativa estatal tengan la Consideración de Alto cargo o asimilado D) A los que de acuerdo con la normativa autonómica tengan la Consideración de Alto cargo o asimilado.
INT. 4. La Ley no establece directamente la obligación de publicar la agenda de los Altos Cargos, pero cuando lo hacen ¿qué principio estarían satisfaciendo? A) El de gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación. B) El de no valerse de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales. C) El de desempeñar sus funciones con transparencia. D) No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
INT. 5. ¿Cómo debe proceder un alto cargo que tenga conocimiento de cualquier actuación irregular de la que tenga conocimiento? A) Guardar secreto hasta que los hechos sean públicos B) Ponerla en conocimiento de los órganos competentes C) Ponerla en conocimiento de su inmediato superior D) Publicándolo.
INT. 6. Cuando un alto cargo tiene otras actividades al margen de las propias de su cargo ¿qué principio de actuación se podría estar vulnerando? A) El de que no se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. B) El de Plena dedicación y pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. C) El de Plena dedicación y pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses y el de no implicarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y abstenerse de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad. D) Ninguna es correcta.
INT. 7. ¿Es cierto que los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público y privado, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a los principios que expresa la Ley a los cuales están sometidos? A) Sí, el alto cargo debe mantener el equilibrio de intereses en juego B) No, la dedicación ha de referirse necesariamente sólo al servicio público C) No, la dedicación ha de referirse necesariamente sólo al servicio privado D) Ninguna es correcta.
INT. 8. ¿Es cierto que entre los principios a los que la Ley somete a los Altos Cargos está el de mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos diplomáticamente? A) No, realmente es “mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos dignamente” B) Sí, siempre es bueno algo de mano izquierda con los ciudadanos C) No, realmente es “mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos complacientemente” D) No, realmente es “mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con corrección”.
INT. 9. La obligación de actuación con transparencia en la gestión de los los Altos Cargos los altos cargos en la gestión de los asuntos públicos, ha de realizarse con el objetivo de satisfacer el interés general, pero además de acuerdo con una serie de principios. ¿cuales son correctos? A) eficacia, economía y eficiencia B) ahorro, solvencia y economía C) eficacia, esfuerzo personal y economía D) economía, ahorro y eficiencia.
INT. 10. ¿Es posible que un alto cargo trate con preferencia a determinados ciudadanos? A) Es posible, aunque los altos cargos deben asegurar un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. B) Es posible, aunque los altos cargos deben asegurar un trato igual y sin discriminaciones de tipo racial o sexual en el ejercicio de sus funciones. C) Es posible, aunque los altos cargos deben asegurar un trato adecuado a cada persona y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. D) Es posible, aunque, los altos cargos deben asegurar el trato merecido a cada persona y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
INT. 1. ¿Por la comisión de una infracción muy grave que sanciones corresponden? A) En todo caso, las dos previstas para la infracciones graves y además la destitución del cargo salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años. B) Ninguna es correcta. C) En todo caso, las dos previstas para las infracciones graves y además la destitución del cargo salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre dos y cinco años. D) En todo caso, alguna de las previstas para las infracciones graves y además la destitución del cargo salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años.
INT. 2. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la competencia para ordenar la incoación de un expediente por infracción en materia de Buen Gobierno, ¿a quién corresponde? A) a los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. B) Exclusivamente al presidente de la Comunidad Autónoma en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. C) a los Presidentes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos y Presidentes del resto de Entidades locales. D) Ninguna es correcta.
INT. 3. En todo caso la comisión de cualquiera de las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria conlleva determinadas consecuencias. ¿Qué opción es la correcta? A) La obligación de invertir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. B) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. C) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. D) Ninguna es correcta.
INT. 4. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado salvo aquellas que tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, ¿cuál será el órgano competente para ordenar la incoación de un expediente por infracción en materia de Buen Gobierno? A) el Presidente del Gobierno B) el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas C) el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas D) el Consejo de Ministros a propuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
INT. 5. ¿Qué tipo de infracción disciplinaria en materia de Buen Gobierno es no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio? A) Grave B) Leve C) No es infracción disciplinaria D) Muy Grave.
INT. 6. ¿Cómo ha de proceder la Administración cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito? A) la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. B) la Administración convocará la Comisión de Asuntos Internos y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la Comisión decide si se está ante una infracción penal o no. C) la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia y se seguirá el procedimiento en tanto la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal. D) la Administración pondrá los hechos en conocimiento del Fiscal General del Estado y se seguirá el procedimiento en tanto la autoridad judicial no dicte una resolución que ponga fin al proceso penal.
INT. 7. Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la competencia para imponer la sanción en un expediente por infracción en materia de Buen Gobierno, ¿a quién corresponde? A) Exclusivamente al presidente de la Comunidad Autónoma en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. B) a los Presidentes de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Cabildos y Presidentes del resto de Entidades locales. C) a los órganos que tengan atribuidas estas competencias en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. D) Ninguna es correcta.
INT. 8. ¿Es cierto que adquirir compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos es una infracción muy grave en materia de buen gobierno? A) Sí, cuando es culpable. B) Sí, en todo caso. C) No, sólo si hay ilícito penal por medio. D) Ninguna es correcta.
INT. 9. La Ley contempla algunos tipos de infracción muy grave en materia de gestión económico presupuestaria que podríamos denominar “de cierre” o alcance general. Entre las que se relacionan a continuación hemos incluido una que realmente es una infracción muy grave en materia disciplinaria ¿Cuál? A) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos de infracciones muy graves. B) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas C) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. D) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro.
INT. 10. En el cómputo de los plazos de prescripción del régimen sancionador del Título II y las causas de la interrupción de dichos plazos, ¿A qué norma se remite la Ley de Transparencia? A) Al artículo 132 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común B) Al Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado C) Al Estatuto Básico del Empleado Público D) Todas son correctas.
INT. 1. ¿Cuál es en principio la principal fuente de financiación prevista para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? A) Las sanciones impuestas a los sujetos obligados por la Ley ante el incumplimiento de la misma. B) Las donaciones de particulares. C) Las tasas y precios públicos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno puede crear para el pago de sus servicios. D) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargos a los Presupuestos Generales del Estado.
INT. 2. ¿A quién atribuye la Ley la función de Adoptar recomendaciones para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley? A) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno B) Específicamente al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno C) A ambos D) A ninguno de ellos.
INT. 3. ¿Quién preside la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno? A) El miembro de la Comisión elegido democráticamente por mayoría absoluta por todos sus miembros antes de la celebración de cada Comisión B) El miembro de la Comisión más viejo C) El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno D) Ninguna es correcta.
INT. 4. ¿Sobre qué cuestiones ha de girar la memoria anual que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales? A) Sobre las cuestiones que el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considere reseñables. B) Sobre el grado de cumplimiento de sus propias funciones y la estadística de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. C) Sobre el desarrollo de sus actividades en relación con las funciones que le atribuye la Ley y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. D) Sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley.
INT. 5. Entre algunas de las funciones que corresponden al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la consecución de sus objetivos se nos ha colado una que es propia del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ¿Sabrías decir cuál? A) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. B) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley. C) Evaluar el grado de aplicación de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales. D) Colaborar, en las materias que le son propias, con órganos de naturaleza análoga.
INT. 6. ¿A qué ministerio está adscrito el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? A) Al de Hacienda y Administraciones Públicas B) Naturalmente al Ministerio de Gobierno Abierto C) Al de la Presidencia D) Se trata de una entidad independiente y autónoma y por lo tanto no puede depender de un Ministerio.
INT. 7. ¿Es renovable el periodo de nombramiento del Presidente del del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? A) Es renovable por un periodo de duración equivalente a la mitad del tiempo inicial de su nombramiento. B) No es renovable C) Se le puede renovar por unanimidad de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno D) Es renovable por 5 años.
INT. 8. ¿A quién atribuye la Ley la función de Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa? A) Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno B) Específicamente al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno C) A ambos D) Ninguna es correcta.
INT. 9. ¿A quién corresponde la aprobación del Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno? A) Al Consejo de Ministros mediante Real Decreto B) Al propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno C) Al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante Decreto D) Ninguna es correcta.
INT. 10. ¿Cuántos miembros componen en la Comisión de Transparencia? A) 10 B) 8 C) 6 D) 9.
INT. 1. En el caso de las solicitudes de información que obre en poder de la casa Real, ¿Cuál será el órgano encargado de tramitar las solicitudes así como para conocer de cualquier otra cuestión que pudiera surgir derivada de la aplicación por la Casa Real de las disposiciones de esta Ley? A) La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno B) Ninguna es correcta. C) El titular del Consejo Diplomático de la casa de S.M. El Rey D) La Secretaría General de la Casa Real.
INT. 2. ¿Quién ha de resolver la reclamación de las resoluciones relativas al Derecho de Acceso a la Información Pública en aquellas Comunidades que no tengan regulación específica y hayan designado un órgano independiente que las resuelva? A) Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. B) Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. Salvo que se pacte lo contrario, será la Comunidad Autónoma quién sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. C) Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente contrato-programa con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. D) Ninguna es correcta.
INT. 3. En la actualidad la Ley en todo su contenido está plenamente vigente para el sector público estatal, pero ¿hasta qué día disponían Comunidades Autónomas y Entidades Locales para adaptarse a las obligaciones contenidas en la Ley? A) No se establecen plazos distintos a los del sector público estatal. B) El plazo máximo de dos años del que disponían para adaptarse vence el 10 de Diciembre de 2015. C) El plazo de tres años del que disponían para adaptarse vence el 10 de Diciembre de 2016. D) Ninguna es correcta.
INT. 4. En aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información ¿por qué norma se rigen? A) Se regirán por su normativa específica, si bien interpretada bajo los principios de la Ley de Transparencia. B) A partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, por ésta. C) Se regirán por la Ley 30/1992 y en su defecto por la Ley de Transparencia D) Se regirán por su normativa específica, y por la Ley de Transparencia con carácter supletorio.
INT. 5. ¿Qué normas han de aplicarse al acceso a los documentos que integran un expediente en curso por parte de quienes tengan la condición de interesados? A) En primer lugar la Ley 30/1992 y subsidiariamente la regulación prevista para el acceso en la Ley de Transparencia. B) La normativa contenida en la Ley de Transparencia. C) La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo D) Ninguna es correcta.
INT. 6. La resolución de la reclamación prevista en la Ley relativa al Derecho de acceso corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, pero ¿qué recurso cabrá entonces contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones? A) No cabe recurso alguno B) Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo C) Recurso potestativo ante el órgano independiente que determinen las respectivas normativas autonómicas D) Ninguna es correcta.
INT. 7. ¿Qué fórmula de coordinación prevé la Ley de Transparencia entre El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos en lo que respecta a la ponderación del interés público en el acceso a la información y la garantía de los derechos de los interesados cuyos datos se contuviesen en la misma? A) Prevalecerá el criterio Agencia Española de Protección de Datos. B) Prevalecerá el criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. C) Adoptarán conjuntamente los criterios de aplicación. D) Ninguna es correcta.
INT. 8. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía ¿qué opciones tienen respecto del órgano que ha de resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información pública? A) En todo caso dichas reclamaciones serán resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno si bien podrán designar sus propios órganos independientes a los efectos de la tramitación de dichos expedientes. B) Podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, celebrando al efecto un Convenio en los términos previstos en el apartado anterior. C) Ambas son correctas. D) Ninguna es correcta.
INT. 9. La Ley de Transparencia establece que “La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.1.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 6, el artículo 9, los apartados 1 y 2 del artículo 10, el artículo 11, el apartado 2 del artículo 21, el apartado 1 del artículo 25, el título III y la disposición adicional segunda.” ¿Qué alcance tiene dicha declaración? A) Que estamos ante legislación básica del Estado en uso de sus competencias exclusivas, y que por lo tanto las Asambleas Legislativas deberán respetar los márgenes y prescripciones que la Ley establece, salvo en las excepciones. B) Que estamos ante legislación básica del Estado en uso de sus competencias exclusivas. Por lo que dicha legislación se aplicará supletoriamente a las leyes dictadas por las Comunidades Autónomas. C) Que estamos ante legislación básica del Estado en uso de sus competencias exclusivas, y que por lo tanto las Asambleas Legislativas no pueden dictar legislación alguna en esta materia, salvo en las excepciones. D) Ninguna es correcta.
INT. 10. ¿Qué plazo establece la Ley de transparencia para que el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas regulen en sus respectivos reglamentos la aplicación concreta de las disposiciones de esta Ley? A) No establece plazo específico B) Un año desde la publicación de la Ley C) Dos años desde la publicación de la Ley D) Tres años desde la publicación de la Ley.
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