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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEAsesoría Jurídica Patrimonial, Mercantil y Fiscal

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Título del test:
Asesoría Jurídica Patrimonial, Mercantil y Fiscal

Descripción:
Febrero 2023 1 Semana 23F1

Autor:
Mescalero
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Fecha de Creación:
04/02/2023

Categoría:
UNED

Número preguntas: 40
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Temario:
La acción de revocación de las donaciones por superveniencia o supervivencia de hijos: Es renunciable hasta que el hijo alcance la mayoria de edad. Puede renunciarse siempre. Es irrenunciable.
En la venta de cosas fungibles cuyo precio se fija con relación al peso, número o medida, los riesgos se imputarán al comprador, aún antes de que se hayan pesado, contado o medido: Nunca. Sólo si se ha constituido en mora. Cuando se desprenda de la propia naturaleza de las cosas objeto del contrato.
La acción de saneamiento por vicios ocultos se extingue: A los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. A los tres meses, contados desde la entrega de la cosa vendida. Al año, contado desde la entrega de la cosa vendida.
¿Qué ocurre si un socio se asocia con un tercero en su parte?: Deberá ponerlo ineludiblemente en conocimiento de la sociedad. El asociado no ingresará en la sociedad sin el consentimiento unánime de todos los socios. El tercero responderá solidariamente con el socio frente a la sociedad.
¿Existe algún supuesto en el que el comodatario tenga el derecho de retención sobre la cosa prestada? No. Sí. Sólo si es por razón de expensas.
En el contrato de fianza, ¿en qué casos no procede el beneficio de excusión? Cuando el fiador ha renunciado expresamente a dicho beneficio. Cuando el fiador se ha obligado mancomunadamente con el deudor. Cuando la fianza es onerosa.
En la sociedad de gananciales, son privativos: Los bienes que cada uno de los cónyuges adquiera, constante matrimonio, por título gratuito. Los adquiridos por los cónyuges a costa o en sustitución de bienes privativos. Ambas respuestas son ciertas.
Señale la respuesta correcta: A falta de capitulaciones o cuando estas sean ineficaces, el régimen económico será el de comunidad universal. El régimen legal supletorio de primer grado es el régimen de separación de bienes. Ambas respuestas son falsas.
Determine cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: La edad mínima para otorgar testamento es la de catorce años. La edad minima para otorgar testamento cerrado es la de dieciocho años. La edad mínima para otorgar testamento ológrafo es la de dieciocho años.
El albaceazgo: Es un cargo esencialmente remunerado. Si el testador no señalare la remuneración, el albaceazgo quedará sin efecto. Es un cargo necesariamente remunerado, estando expresamente prohibido su desempeño a título gratuito. Ambas respuestas son falsas.
Los hijos y descendientes: Son legitimarios concurrentes con los ascendientes. Son legitimarios excluyentes de la cuota del cónyuge viudo. Ambas respuestas son falsas.
La acción de partición de la herencia prescribe: A los quince años desde la muerte del testador. Al año de la muerte del testador. Ambas respuestas son falsas.
Las particiones pueden rescindirse: Por las mismas causas que las obligaciones, y por lesión en más de la cuarta parte atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Por las mismas causas que las obligaciones, y por lesión en más de la quinta parte atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas. Por las mismas causas que las obligaciones, y por lesión en más de la tercera parte atendido el valor de las cosas cuando fueron adjudicadas.
Las mercaderías, como objeto del tráfico mercantil, son: Bienes muebles corporales. Bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles corporales, inmateriales e inmuebles.
El pago de la suma indicada en una letra de cambio: Puede hacerse en la moneda de curso oficial que considere el pagador, siempre y cuando se ajuste al tipo de cambio oficial de la fecha de pago. Sólo puede hacerse en la moneda de curso oficial del país del lugar de pago. Ha de hacerse en la moneda de curso oficial pactada en el efecto cambiario, salvo que no esté autorizada en el país de pago.
Son considerados empresarios sociales: Las agrupaciones de interés económico. Las mutuas de seguros. Tanto lo afirmado en a) como en b).
El factor es un gerente de un establecimiento que: Actúa por cuenta ajena y autorizado para contratar sobre las cosas concernientes a él. Actúa por cuenta ajena pero no está autorizado para contratar sobre las cosas concernientes a él. Actúa en nombre propio y está autorizado para administrar el negocio.
El viajante de comercio, como colaborador dependiente del empresario, llegada la extinción de su relación con el empresario: No tiene derecho a una indemnización por clientela, sino a una indemnización por despido improcedente, en su caso. Puede tener derecho a una indemnización por clientela si se obliga a no competir con el empresario en un plazo máximo de 3 años. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
Son actuaciones contrarias a la libre competencia a nivel comunitario: Las colusiones entre empresas, los abusos de posición dominante y las concentraciones. Las ayudas públicas. Las otras respuestas son correctas.
Una conducta abusiva de posición dominante puede ser: La imposición de condiciones equitativas. La imposición de contratos vinculados. Las dos respuestas anteriores son correctas.
En relación con las normas de competencia desleal, son ataques directos a otras empresas del mercado: Inducción a la infracción contractual. Violación de secretos. Las otras respuestas son correctas.
Las acciones por violación del derecho de patente pueden ser: Acciones de cesación. Acciones de indemnización. Las otras respuestas son correctas.
Pueden ser aptos para distinguir productos o servicios de una empresa respecto de los de otras: Los olores y los sonidos. Los colores y los dibujos. Las otras respuestas son correctas.
Una S.L., de nueva creación, podrá establecer como fecha de inicio de sus operaciones: La propia de la escritura de constitución. Una anterior a ese otorgamiento, si consta en los estatutos. Las otras respuestas son correctas.
Un socio fundador puede transmitir sus acciones a un tercero: En cualquier momento, salvo limitaciones establecidas en los estatutos. Sólo a partir de la inscripción de la S.A. en el registro mercantil y bajo las limitaciones establecidas en los estatutos. A partir de los 15 días naturales desde el acuerdo de la Junta que apruebe la constitución o el aumento de capital suscrito y desembolsado.
En un contrato de transporte de naranjas por carretera, ¿quiénes son los obligados a hacer la estiba y desestiba?: El cargador y destinatario respectivamente, en principio. El porteador, salvo acuerdo expreso en contra. El cargador y porteador, en principio.
La declaración de caducidad de un procedimiento sancionador en el ámbito tributario: Impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador sobre los mismos hechos. Solo podrá producirse a instancia del obligado, pero no podrá ser dictada de oficio. No impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador sobre los mismos hechos.
En el ámbito de los procedimientos tributarios, la caducidad: Solo se aplica si tiene efectos beneficiosos para el obligado tributario. Es un modo de terminación de los procedimientos por el mero transcurso de los plazos establecidos sin que se haya dictado resolución expresa. Se produce en los mismos casos y con los mismos efectos de la prescripción.
El contribuyente que considera que ha presentado una autoliquidación que le perjudica por haber dado lugar al ingreso de una cantidad superior a la debida, podrá: Solicitar ante la Administración la rectificación de la autoliquidación presentada y, en su caso, la devolución de los ingresos indebidos. Compensar el exceso en la próxima autoliquidación que presente por el mismo impuesto en el siguiente periodo impositivo. Presentar recurso contencioso administrativo contra su autoliquidación.
La terminación de los procedimientos de liquidación tributaria iniciados mediante declaración del contribuyente se produce: Exclusivamente cuando se notifica la correspondiente liquidación practicada por la Administración, Cuando se notifica la liquidación practicada por la Administración o, también, por caducidad si la liquidación no se notifica en los plazos establecidos. Exclusivamente cuando prescribe el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
En caso de una declaración extemporánea sin requerimiento previo presentada pasado un mes y quince días desde el fin del plazo establecido para dicha presentación, el recargo aplicable será de: El quince por ciento (15%). El diez por ciento (10%). El dos por ciento (2%).
La aplicación del recargo previsto en la Ley General Tributaria por la presentación extemporánea y sin requerimiento previo de una autoliquidación antes de que transcurran doce meses desde el término del plazo establecido para su presentación: Excluye las sanciones que hubieran podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación. Excluye los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación pero no las sanciones que pudieran exigirse. No excluye ni los intereses de demora devengados hasta la presentación de la autoliquidación, ni las posibles sanciones.
El plazo máximo de duración del procedimiento de inspección tributaria es, con carácter general y excluyendo a grandes empresas o entidades vinculadas a ellas: De doce meses. De veintisiete meses. De dieciocho meses.
Las actuaciones de la inspección de tributos se documentarán en: Comunicaciones, diligencias, informes y actas. Comunicaciones y actas, exclusivamente. En actas, que es el único documento expedido por los órganos de la inspección tributaria.
En el desarrollo del procedimiento de inspección de los tributos: No podrán adoptarse ningún tipo de medidas cautelares sin previa autorización judicial. Se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias. Podrán adoptarse medidas cautelares de duración temporal ilimitada, aunque produzcan perjuicios de difícil reparación.
El procedimiento sancionador en el ámbito tributario se iniciará: Única y exclusivamente en virtud de denuncia de un tercero, que será parte en el mismo. De oficio o a petición del propio sujeto investigado en el marco de unas actuaciones de comprobación tributaria. Siempre de oficio, mediante notificación del acuerdo del órgano competente.
El procedimiento sancionador en el ámbito tributario se tramitará: Siempre de forma conjunta con los procedimientos de aplicación del tributo correspondiente. De forma separada respecto de los procedimientos de aplicación de los tributos, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitarán conjuntamente. De forma separada respecto de los procedimientos de aplicación de los tributos, salvo que el órgano administrativo instructor decida lo contrario.
El recurso de reposición contra actos de la Administración tributaria del Estado que sean susceptibles de reclamación económico-administrativa: Tiene carácter potestativo y, si se interpone, sustituye a la reclamación económico administrativa, que ya no podrá interponerse posteriormente. Tiene carácter preceptivo (obligatorio) y debe interponerse siempre con carácter previo a la reclamación económico administrativa. Es potestativo y debe interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico administrativa.
La interposición de un recurso de reposición contra un acto de aplicación de los tributos: Suspende automáticamente y sin necesidad de aportar garantías, la ejecución del acto recurrido. Suspende automáticamente la ejecución del acto recurrido a instancia del interesado si garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora y los recargos en los términos establecidos reglamentariamente. Nunca da lugar a suspender el acto recurrido, aunque se aporten garantias.
En materia de aplicación de los tributos son susceptibles de reclamación económico administrativa: Las liquidaciones provisionales, pero no las liquidaciones definitivas. Los actos que denieguen exenciones o beneficios fiscales, pero no los que reconozcan tales exenciones o beneficios. Las liquidaciones provisionales y las liquidaciones definitivas, entre otros actos.
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