1.252. Según el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
control interno en las Entidades Locales respecto de su gestión económica comprenderá: a. La función de control financiero y contable y la función de auditoría. b. La función interventora, la función de control financiero, incluida la auditoría de
cuentas, y función de control de la eficacia. c. La función interventora y la función de control financiero y contable. d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. .
1.253. Según el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control: a. Serán establecidas por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. b. Serán establecidas por el Gobierno a propuesta de del Ministerio de Administraciones
Territoriales. c. Serán establecidas por el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Intervención General
del Estado. d. Serán establecidas por el Ministerio de la Presidencia a propuesta del Ministerio de
Hacienda. .
1.254. Según el artículo 213 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los órganos interventores de las Entidades Locales remitirán a la Intervención General de la Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los controles
desarrollados en cada ejercicio: a. Con carácter semestral. b. Con carácter bianual. c. Con carácter anual. d. Cuando sea requerido por la Intervención General, debiendo emitirse informe, al
menos, cada tres años. .
1.255. Según el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
función interventora tendrá por objeto fiscalizar: a. Todos los actos de las Entidades Locales y de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico. b. Los ingresos y pagos que se deriven del reconocimiento y liquidación de derechos y
obligaciones o gastos de contenido económico. c. La recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos
administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada
caso. d. Todas las opciones son correctas. .
1.256. Según el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el
ejercicio de la función interventora comprenderá: a. La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de
producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de
valores. b. La intervención material de la ordenación del pago. c. La intervención formal del pago. d. La intervención y comprobación procesal de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones. .
1.257. Según el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá
formular: a. Sus alegaciones por escrito en la propuesta de adopción del acuerdo o resolución. b. Sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. c. Su impugnación por escrito en el acto de adopción del acuerdo o resolución. d. Ninguna de las opciones es correcta.
1.258. Según el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de las Entidades Locales o sus organismos autónomos, la oposición se formalizará: a. En nota de reparo que, en ningún caso, suspenderá la tramitación del expediente. b. En nota de reparo que suspenderá la tramitación del expediente. c. En nota de reparo que, potestativamente, a criterio de la Intervención podrá suspender
la tramitación del expediente. d. En nota de alegaciones que instará el examen de toda la documentación del expediente
del que deriven los derechos. .
1.259. Según el artículo 216 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si el
reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de
pagos, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquél sea solventado en los
siguientes casos: a. Cuando se base en dilación de la tramitación del crédito. b. Cuando hubieran sido fiscalizados los actos que dieron origen a las órdenes de pago. c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que no sean esenciales. d. Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros,
adquisiciones y servicios. .
1.260. Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, cuando
el órgano a que afecte el reparo formulado por la Intervención Municipal no esté de
acuerdo con este: a. Corresponderá al Presidente de la Entidad Local resolver la discrepancia. b. Corresponderá al Presidente de la Entidad Local o en el órgano en que este delegue la
resolución de la discrepancia. c. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la resolución de la discrepancia. d. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la resolución de la discrepancia previa
notificación al Presidente de la Entidad Local. .
1.261. Según el artículo 217 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
corresponderá al Pleno la resolución de las discrepancias cuando los reparos: a. Se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito. b. Se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. c. En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites sean esenciales. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
1.262. El control y fiscalización interno de las Entidades Locales respecto de su gestión económica se regula en: a. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. b. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales. c. El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. d. Todas las opciones son correctas. .
1.263. La posibilidad de que las Entidades Locales puedan suscribir Convenios con la Intervención General de la Administración del Estado como mecanismo de apoyo y asistencia a los órganos de control de las Corporaciones Locales se establece en: a. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. b. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. c. El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril. d. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. .
1.264. Según el Expositivo III del Preámbulo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, el control interno de las Entidades Locales se estructura en dos modalidades: a. La función interventora y el control financiero. b. La inspección financiera permanente y la función interventora. c. La auditoría pública y el control financiero. d. La función inspectora y el control financiero. .
1.265. Según el Expositivo III del Preámbulo del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
el desarrollo de la función interventora podrá realizarse: a. Mediante la fiscalización e intervención previa ordinaria. b. Mediante un régimen de fiscalización limitada previa. c. Mediante un régimen de auditoría contable estandarizado. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
1.266. Según el artículo 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el órgano interventor elevará al Pleno: a. Un informe de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados. b. Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. c. Un informe sobre las cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que
fiscalice. d. Las dos primeras opciones son correctas.
1.267. Según el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas: a. Todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y
por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados. b. Un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. c. Los informes justificativos presentados por la Corporación Local. d. Todas las opciones son correctas. .
1.268. Según el artículo 4 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, el órgano interventor de la Entidad Local, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometido a los principios de: a. Ejercicio desconcentrado, autonomía orgánica y procedimiento contradictorio. b. Autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio. c. Transparencia, autonomía orgánica y procedimiento contradictorio. d. Procedimiento reglado y contradictorio, ejercicio independiente y autonomía orgánica. .
1.269. Según el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no
estarán sometidos a intervención previa: a. Los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter
periódico y demás de tracto sucesivo. b. Los gastos menores de 5.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se
hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. c. Los gastos de material inventariable, contratos mixtos, así como los de carácter
periódico y demás de tracto sucesivo. d. Ninguna de las opciones es correcta. .
1.270. Según el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación a la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las Entidades Locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes: a. Es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento. b. Es función propia de la Intervención General del Estado, con el alcance y condiciones que establece su ley reguladora y de funcionamiento. c. Las Entidades Locales enviarán antes del día 30 de octubre de cada año, la cuenta general correspondiente al ejercicio económico anterior. d. La Intervención Municipal enviará antes del día 15 de octubre de cada año la cuenta general correspondiente al ejercicio económico anterior. .
1.271. Según refiere la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. a. Sus dos funciones principales son la fiscalizadora y la jurisdiccional, organizándose a tal efecto en dos secciones, también tiene atribuida una función consultiva limitada. b. Está situado en la órbita del Poder Ejecutivo, con dependencia directa del Consejo de Ministros, lo cual no obsta para que sea una institución independiente. c. Las Entidades Locales tienen la obligación de rendir sus cuentas, así como remitir la información sobre contratación y convenios en caso de que en la Comunidad Autónoma en la que se integren no cuente con Órgano autonómico de control. d. La Intervención deberá comunicar al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos de los expedientes en los que haya formulado observaciones. .
1.272. En el supuesto de Entidades Locales situadas en Comunidades Autónomas con
Órgano de Control Externo, deberán rendir sus cuentas: a. Indistintamente al Tribunal de Cuentas al Órgano autonómico de control. b. Al órgano de control que requiera las cuentas en primer término. c. Tanto al Tribunal de Cuentas como al respectivo Órgano autonómico de control. d. Al respectivo Órgano autonómico de control. .
1.273. Las Entidades Locales tienen la obligación de rendir cuentas e informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria que llevan a cabo, que supone: a. Elaborar documentos sobre la situación económico-financiera y patrimonial, los ingresos y gastos económicos, el resultado de sus operaciones y la ejecución del presupuesto de la Entidad. b. Se someten al régimen de contabilidad pública en los términos establecidos legalmente y se obligan a rendir cuentas de sus operaciones presupuestarias al Tribunal de Cuentas. c. La presentación de estados contables que reflejan el resultado de la actividad económica de las Entidades Locales y que forman las cuentas anuales. d. Todas las opciones son correctas. .
1.274. El Tribunal de Cuentas definido por el artículo 136 de la Constitución Española de 1978, se regula en la Ley Orgánica de 12 de mayo del año: a. 1982. b. 1983. c. 1980. d. 1985. .
1.275. Las Comunidades Autónomas, a través de sus Estatutos o de su legislación, pueden crear sus propios Órganos de Control Externo para la fiscalización de las Entidades Locales y el resto del sector público. Según se desprende del artículo 29 de la Ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, las relaciones entre dicho organismo y los órganos de control autonómicos responden al principio de: a. Subordinación. b. Coordinación. c. Subsidiariedad. d. Primacía. .
1.276. La rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales mediante un acto único que permite rendirla, simultáneamente, al Tribunal y al órgano autonómico competente se llevará a efecto: a. En la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales. b. En el Portal de Rendición de Cuentas. c. En la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda. d. En la Sede Electrónica del Ministerio de Administración Territorial. .
1.277. En relación a la Cámara de Cuentas de Andalucía hemos de decir que: a. Se regula en el artículo 130 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo y en la Ley 1/1988, de 17 de marzo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. b. Es un órgano técnico dependiente del Consejo de Gobierno de Andalucía, al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c. Trabaja siguiendo las instrucciones del Tribunal de Cuentas. d. Las dos primeras opciones son correctas. .
1.278. El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, se aprobó en el año: a. 2007. b. 2011. c. 2000. d. 2002. .
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