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De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo establecido en su Título X, régimen de organización de los municipios de gran población, corresponde al Secretario General del Pleno las funciones de asesoramiento legal al Pleno y Comisiones, que será preceptivo: Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría simple. Cuando lo soliciten tres tercios de los miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial. Cuando así lo ordene el Alcalde con antelación suficiente de la celebración de la sesión en que el asunto hubiere de tratarse.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo establecido en su Título X, régimen de organización de los municipios de gran población, el Pleno dispondrá de Comisiones, que estarán formadas por: Los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. Un tercio de los concejales que componen la corporación municipal. Los concejales miembros de la Junta de Gobierno Local. Los miembros que designe el Alcalde ele entre los concejales de los distintos grupos políticos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo establecido en su Título X, régimen de organización de los municipios de gran población, es una atribución de la Junta de Gobierno Local: La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supra municipales. Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno, de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno Local Y de los órganos directivos municipales. La aprobación del proyecto de presupuesto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en lo establecido en su Título X, régimen de organización de los municipios de gran población, dentro de las competencias del Alcalde, éste podrá delegar en la Junta de Gobierno Local, sus miembros, demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores generales y órganos similares, la función de: La Jefatura de la Policía Municipal. Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos. La autorización y disposición de gastos en las materias de su competencia. Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo establecido en su artículo 36, los actos administrativos se producirán: De forma verbal como regla general, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Exclusivamente en soporte papel, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Mediante sistemas de audio o video grabados, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 30, siempre que la Ley o el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se expresen por días, se entenderá que son: Días naturales excluyéndose del cómputo únicamente los declarados festivos. Días hábiles, excluyéndose del cómputo únicamente los declarados festivos. Días naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 21. ¿Cuál será el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando las normas reguladoras de los mismos no lo fijen?. Sera de 2 meses. Será de 1 mes. Será de 6 meses. Será de 3 meses.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 5, las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas ¿En qué actos y gestiones no será necesario acreditar la representación?: Para formular solicitudes. Actos y gestiones de mero trámite. Interponer recursos. Presentar declaraciones responsables.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 7, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados y esto actúen sin representación, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con: Con todos y cada uno de los interesados de forma individual y simultánea. Con cualquiera de los interesados, quedando a elección del órgano competente para la tramitación del procedimiento, determinar con cuál de ellos se entenderán las sucesivas actuaciones. Con el interesado que elija de oficio el órgano competente para la tramitación del procedimiento. Con el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 11.2, no será obligatorio el uso de la firma electrónica de los interesados para: Consultar el estado de tramitación de un expediente. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos. Formular solicitudes.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 6, Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años, pudiendo el poderdante revocar o prorrogar el poder, las prórrogas otorgadas por el poderdante tendrán una validez: Máxima de 5 años. Máxima de 3 años. Máxima de 2 años. Máxima de 1 año.

Según el artículo 70.2 de la LPACAP, los expedientes administrativos tendrán formato: Físico, en papel, y opcionalmente electrónico. Electrónico. Físico, en papel y con copia electrónica.

Según el artículo 70.2 de la LPACAP, en los expedientes administrativos: Poder judicial. Podrá constar copia electrónica de la resolución adoptada. Deberá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Deberá contar copia digitalizada de la resolución adoptada, preferentemente certificada.

Según el artículo 71.1 de la LPACAP, el E procedimiento administrativo se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, sometido al principio de: Veracidad. Celeridad. Responsabilidad.

Según el artículo 71.1 de la LPACAP, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Poder judicial. Transparencia y publicidad. Eficacia y transparencia. Eficiencia y transparencia.

Según el artículo 71.3 de la LPACAP, serán responsables directos de la tramitación del procedimiento: Únicamente los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función. Las personas designadas como órgano al que corresponda resolver y, en todo caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función.

Según el artículo 72.1 de la LPACAP, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo, de acuerdo con el principio de: Simplificación administrativa. Unidad de actuaciones. Celeridad.

Según el artículo 73.1 de la LPACAP, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse, como norma general, en el plazo de: Diez días a partir de la publicación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir de la firma del correspondiente acto.

A tenor del artículo 74 de la LPACAP, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: La resolución. La renuncia. La recusación.

De acuerdo con el artículo 75.2 de la LPACAP, las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán facilitar: La complejidad y notificación de los procedimientos. La simplificación y la publicidad de los procedimientos. La unidad y claridad de los procedimientos.

Según el artículo 76.1 de la LPACAP, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: Poder judicial. En cualquier momento del procedimiento. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo.

Recoge el artículo 76.2 de la LPACAP que los interesados en el procedimiento administrativo podrán alegar los defectos de tramitación: Poder judicial. Con anterioridad al trámite de audiencia. En todo momento. Con anterioridad al inicio del procedimiento.

Según el artículo 80.1 de la LPACAP y salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: No facultativos y vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes.

Según se recoge en el artículo 83.2 de la LPACAP, el plazo para formular alegaciones en el período de información pública: No podrá ser superior a veinte días. En ningún caso podrá ser inferior a veinte días. En ningún caso podrá ser inferior a quince días.

¿Qué se entiende conceptualmente por "interés legítimo"? Seleccione una: Cualquier ventaja o utilidad jurídica, positiva o negativa, obtenida del procedimiento. El simple interés abstracto hacia el estricto cumplimiento de la legalidad. Un ámbito de poder concreto y anterior e independiente al procedimiento.

¿Para qué tipo de actos ante la Administración se "presume" la representación? Seleccione una: Para interponer recursos administrativos sustantivos. Para desistir de acciones y renunciar a derechos expresos. Para la realización de actos y gestiones de mero trámite.

¿Cuál es el plazo máximo de validez determinado para los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos? Seleccione una: Un máximo de 2 años sin posibilidad de revocación anticipada. Un máximo de 5 años, pudiendo el poderdante prorrogarlo o revocarlo. Tienen una validez indefinida mientras no cambie la ley de procedimiento.

En la actuación electrónica, ¿cómo se diferencia la identificación de la firma? Seleccione una: La identificación comprueba quien es la persona; la firma manifiesta su voluntad y consentimiento. La identificación requiere firma digital cualificada y la firma solo requiere el DNI físico. Son términos idénticos y la ley los regula de forma unificada en el mismo artículo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que: Transcurrido un mes, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Transcurridos cinco meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

¿Cuáles son todas las formas de iniciación de los procedimientos administrativos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. De oficio, en todo caso. Siempre será necesario una instancia por escrito del ciudadano ante el órgano correspondiente. De oficio o a solicitud del interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos NO fijen el plazo máximo para resolver, éste será de: Seis meses. Un mes. Tres meses.

¿Cuál es la duración máxima de los convenios según la Ley 40/2015?. Diez años. No tienen límite de duración. Cuatro años, prorrogables por acuerdo unánime de las partes por un período de hasta cuatro años adicionales.

¿Qué ocurre si un interesado presenta un documento en una lengua cooficial ante un órgano de la AGE con sede fuera de esa CA?. Se remite al órgano de la CA correspondiente. La AGE traducirá de oficio al castellano los documentos, salvo que el interesado aporte la traducción. Se archiva sin tramitar.

¿Qué implica el principio de non bis in idem en materia sancionadora?. Que las sanciones deben ser siempre pecuniarias. Que se pueden imponer dos sanciones por los mismos hechos. Que no se pueden imponer dos o más sanciones por los mismos hechos cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento.

¿En qué casos es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado según la Ley 40/2015?. Nunca es preceptivo. Solo en recursos de casación. Es preceptivo en reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuya cuantía supere 50.000 euros, anteproyectos de leyes orgánicas, reglamentos ejecutivos, y conflictos de atribuciones entre Ministerios, entre otros.

¿Qué criterios se valoran para determinar la responsabilidad del funcionario en la acción de regreso?. Solo el importe del daño. Solo la antigüedad del funcionario. El resultado dañoso, la existencia de dolo o culpa grave, la intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal y su relación con la producción del daño.

¿Qué es el archivo electrónico único según la Ley 40/2015?. El archivo donde cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Un servidor de copias de seguridad. Una carpeta compartida entre Ministerios.

¿Qué sistemas de firma electrónica pueden utilizar las AAPP para la actuación administrativa automatizada?. No se requiere firma en las actuaciones automatizadas. Únicamente la firma electrónica del funcionario. Sello electrónico de Administración Pública y código seguro de verificación.

¿El presunto infractor tiene derecho a la presunción de inocencia en el procedimiento sancionador?. No, la presunción de inocencia solo rige en el ámbito penal. Solo si lo alega el interesado. Sí, el art. 53.2.b de la Ley 39/2015 y la jurisprudencia constitucional reconocen la presunción de inocencia como garantía del expedientado en el procedimiento sancionador.

¿Qué función tiene el Subsecretario de un Ministerio?. Solo asistir al Ministro en actos protocolarios. Solo dirigir al personal laboral. Ostentar la representación ordinaria del Ministerio, dirigir los servicios comunes, ejercer la inspección de servicios, y ejercer las competencias relativas al personal del Departamento.

¿Cuándo se aprueban las actas de los órganos colegiados?. En la misma sesión o en la siguiente, pudiendo el Secretario emitir certificación de los acuerdos antes de la aprobación del acta. Al finalizar el mandato del Presidente. Anualmente.

¿La avocación debe ser motivada?. Sí, debe realizarse mediante acuerdo motivado que será notificado a los interesados, sin que quepa recurso contra el mismo. No, el órgano superior puede avocar libremente. Solo si se trata de procedimientos sancionadores.

¿A qué Administración se adscribe un consorcio?. A la Administración que determine sus estatutos conforme a los criterios de prioridad del art. 120 LRJSP. A la Comunidad Autónoma donde tenga su sede. Siempre a la AGE.

¿Qué establece la LRJSP sobre la transmisión de datos entre AAPP?. Está prohibida por la protección de datos. Las AAPP deberán facilitar el acceso de las restantes a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones y límites legales. Solo con autorización judicial.

¿Qué principio impide a una Administración adoptar medidas que perjudiquen los intereses legítimos de otras AAPP?. Principio de competencia. Principio de jerarquía. Principio de lealtad institucional.

¿Cuáles son los plazos generales de prescripción de las infracciones según la Ley 40/2015?. Un mes para todas las infracciones. Las infracciones no prescriben. Muy graves: 3 años; graves: 2 años; leves: 6 meses, salvo que las leyes especiales establezcan otros plazos.

Si un órgano se considera incompetente para resolver un asunto, ¿qué debe hacer según la Ley 40/2015?. Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente. Archivar el expediente. Comunicar al interesado que no es competente y devolver la documentación.

¿Dónde debe publicarse la delegación de competencias para que surta efectos?. No requiere publicación. En el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial de la Administración correspondiente. En un tablón de anuncios del Ministerio.

¿Puede la Administración imponer sanciones más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de las normas?. Sí, puede ser más beneficioso infringir que cumplir. Depende del criterio del instructor. No, el art. 29.2 LRJSP prohíbe que la comisión de la infracción resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma.

¿Deben las AAPP publicar los convenios que suscriban?. No, son documentos internos. Sí, los convenios deben publicarse en el BOE o diario oficial correspondiente y, además, en el Portal de la Transparencia. Solo los de cuantía superior a un millón de euros.

¿Qué es la suplencia según el art. 13 LRJSP?. La creación de un órgano nuevo. La delegación de competencias en caso de vacaciones. La sustitución temporal del titular de un órgano por vacante, ausencia o enfermedad, por quien designe la ley o el propio órgano.