341 La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas… 341a) Elimina los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. 341b) Equipara los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. 341c) Diferencia los derechos que corresponden a cualquier persona por el hecho de relacionarse con la Administración Pública al margen de que estén o sean (o quieran ser) parte de un procedimiento y los derechos que únicamente atañen a los que participan en el ámbito de un procedimiento administrativo, ostentando, por lo tanto, la consideración de interesado en el mismo. 341d) Todas las opciones anteriores son falsas.
342 ¿Quiénes no tienen capacidad de obrar ante las Administraciones públicas? 342a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 342b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 342c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 342d) Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
343 ¿Cuál de estos no es un derecho reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a quienes ostentan la condición de persona que se relaciona con las Administraciones Públicas? 343a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. 343b) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 343c) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 343d) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
344 El artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) establece que «Se entiende por portal de internet… 344a) Cualquier portal que recibe financiación pública. 344b) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. 344c) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda exclusivamente a una Administración local 344d) El punto de acceso que permite el acceso a través de internet a la información publicada por organismos internacionales.
345 RME responde a … 345a) Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 345b) Régimen de desarrollo y administración de Medios Eléctricos. 345c) Regulación Estatal de los Ministerios. 345d) Reglamento de actuación y funcionamiento del sector privado por medios electrónicos.
346 Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración únicamente no se impone a… 346a) Las personas jurídicas. 346b) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. 346c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 346d) Las personas físicas pueden elegir si se relacionan por medios electrónicos o no e incluso si con posterioridad desean modificar el modo elegido de comunicación.
347 Según los artículos 13 y 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, … 347a) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. 347b) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua que sea cooficial en esa Comunidad Autónoma. 347c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar el castellano. 347d) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma deberán obligatoriamente utilizar la lengua oficial en todo el Estado.
348 ¿Qué sucede en el caso de que distintos interesados en un procedimiento hagan uso de diferentes lenguas oficiales? 348a) Todo el procedimiento se tramitará en cada una de las dos las lenguas elegidas por los mismos. 348b) El procedimiento se tramitará en castellano, pero los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. 348c) El procedimiento se tramitará exclusivamente en castellano. 348d) Ninguna de las anteriores es correcta.
349 Los documentos, expedientes o partes de los mismos, redactados en una lengua cooficial, y que deban surtir efectos fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente … 349a) Carecerán de valor jurídico alguno. 349b) La Administración Pública instructora deberá traducirlos al castellano. 349c) La persona interesada deberá traducirlos al castellano. 349d) La Administración Pública receptora de fuera del territorio deberá traducirlos al castellano.
350 ¿Qué no establece el artículo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera? 350a) Reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración Pública en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. 350b) Se adoptarán las medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho. 350c) En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una persona, los poderes públicos utilizarán obligatoriamente aquella lengua oficial en el Estado. 350d) En los expedientes o procedimientos en los que intervenga más de una persona, los poderes públicos utilizarán aquella lengua que establezcan de mutuo acuerdo las partes que concurran.
351 ¿Cuál es el límite que no impone el artículo 105b de la Constitución española al derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros administrativos? 351a) La seguridad y defensa del Estado. 351b) La averiguación de los delitos. 351c) La libertad de prensa. 351d) La intimidad de las personas.
352 ¿Cuáles no son ámbitos limitados citados en la Ley 19/2013, de Transparencia? 352a) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. 352b) Las resoluciones judiciales. 352c) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. 352d) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
353 ¿Es posible el ejercicio del derecho a la información pública por vía presencial? 353a) No, exclusivamente a través del Portal de Transparencia. 353b) No, está expresamente vetado en la Ley de Transparencia. 353c) Solamente de manera simultánea a la solicitud electrónica. 353d) Sí es posible el ejercicio del derecho a la información pública por vía presencial.
354 ¿Qué debo hacer en caso de denegación de acceso a la información? 354a) La Ley determina que será el Defensor del Pueblo quien estudie si ha existido vulneración del derecho de acceso 354b) Deberá interponerse la reclamación previa ante la Agencia de Protección de Datos. 354c) Podrá interponerse la reclamación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 ante el correspondiente órgano de control, que tendrá carácter sustitutivo del recurso administrativo. 354d) Solo queda interponer recurso contencioso administrativo previsto en el artículo 24 de la Ley 15/2013 ante el correspondiente órgano de control.
355 ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pú-
blica Vasca ha previsto un régimen disciplinario particular sancionando como… 355a) … infracción leve la ligera incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados (artículo 85.c) 355b) …infracción leve toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 83. b). 355c) …infracción muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 83. b). 355d) …infracción grave la falta grave de consideración con los administrados (artículo 84.b).
356 ¿Cuál no es un criterio de ponderación a la hora de exigir la responsabilidad de la Administración? 356a) El resultado dañoso producido. 356b) El grado de culpabilidad. 356c) La solvencia patrimonial de la Administración. 356d) La responsabilidad profesional del personal al servicio de la Administración y su relación con la producción del daño.
357 ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? 357a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, articula el derecho a que los ciudadanos sean atendidos y sus intereses tramitados por vía electrónica, disponiendo una serie de instrumentos adicionales necesarios para permitir que esa relación jurídica se constituya de manera electrónica. 357b) El REM ha completado el régimen de identificación y firma de las personas interesadas, desarrollando a tal efecto, los atributos mínimos de los certificados electrónicos cuando se utilizan para la identificación de las personas interesadas ante las Administraciones Públicas (artículo 27), los sistemas de clave concertada y otros sistemas de identificación de las personas interesadas (artículo 28) y los sistemas de firma electrónica de las personas interesadas admitidos por las Administraciones Públicas y régimen de uso (artículo 29). 357c) En los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, el Documento Nacional de Identidad electrónico no es un tipo particular de certificado electrónico que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular. 357d) La firma electrónica, esta se configura como el conjunto de datos presentados en un soporte de carácter electrónico, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante y, en su caso, la del documento que contiene y al que se incorpora la firma en cuestión.
358 La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por: 358a) El artículo 27 de la Constitución española. 358b) El artículo 19.4 de la Constitución española. 358c) El artículo 18.4 de la Constitución española. 358d) El artículo 17.4 de la Constitución española.
359 ¿Qué se considera en el Estado español como normativa necesaria para una correcta interpretación del derecho a la protección de datos? 359a) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, solamente. 359b) El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 359c) Exclusivamente, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 359d) Ninguna de las respuestas sugeridas.
360 Cuando algún interesado que no esté obligado a relacionarse con la Administración de manera electrónica no dispusiera de los medios electrónicos necesarios para su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo… 360a) Estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 360b) Estas no podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. 360c) Estas podrán ser válidamente realizadas por personal funcionario público habilitado mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello aunque no será necesario que la persona se identifique ante el funcionario. 360d) Ningún personal funcionario público podrá realizarlas válidamente mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
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