A efectos de la adjudicación de un contrato con la Administración Pública, podrá celebrarse una subasta electrónica, la cual se basará en uno de los siguientes criterios: En los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo al precio o al adjudicatario; o bien, en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta que sean cuantificables, cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación. En los determinados por el Ministerio de Economía a los efectos de contratación pública, o bien, en los fijados por el Ministerio de Industria, cuando así lo exija la propia naturaleza del contrato. Únicamente en los precios, cuando el contrato se adjudique atendiendo exclusivamente al precio; o bien en los precios y en nuevos valores de los elementos objetivos de la oferta que sean cuantificables y susceptibles de ser expresados en cifras o en porcentajes, cuando el contrato se adjudique basándose en varios criterios de adjudicación. En el adjudicatario o en los precios, en función de la tipología de contrato. .
¿Qué Directivas europeas se trasponen al ordenamiento jurídico a través de la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público? Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/27/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/27/UE, de 26 de febrero de 2014. Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/22/UE y 2014/27/UE, de 26 de febrero de 2014. .
Entre los principios a los que se ajusta la Ley de Contratos de Sector Público, según su artículo 1, no se encuentra: Integración. Libertad de acceso a las licitaciones. Publicidad. Transparencia.
A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, se considera que forman parte del sector público: Las fundaciones que se constituyan de forma inicial con una aportación mayoritaria, directa o indirecta de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. Las respuestas a) y b) son correctas. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según el artículo 2 de la LCSP, no es un poder adjudicatario: Las fundaciones públicas. Las Universidades Públicas. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, salvo en determinadas excepciones.
¿Forman parte del sector público los fondos sin personalidad jurídica? Si, en todo caso. Si, pero solo si reúnen las condiciones previstas en el artículo 2 de la LCSP. Sí, pero solo si reúnen las condiciones previstas en el artículo 32 de la LCSP. No.
Señale la respuesta incorrecta en relación al contrato de concesión de obras públicas: Tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6 de la LCSP, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos. Se considerará que el concesionario asume un riesgo operacional cuando esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. Podrá contener las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquellas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con la exigencias económicas y las demandas sociales. Podrá prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción.
Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos y bienes muebles se clasifican como: Contratos de gestión de servicios públicos. Contratos de gestión de productos o bienes muebles. Contratos de suministro. Contratos de concesión de productos o servicios.
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios, cuyo valor estimado sea igual o superior a: 5.225.000 euros. 2.186.000 euros. 3.186.000 euros. 5.548.000 euros.
Como regla general, cuando se trate de contratos adjudicados por organismos autónomos de la Administración General del Estado, los contratos de suministro estarán sujetos a regulación armonizada cuando: Su valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 176.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 135.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros.
¿Qué normas se aplicarán a aquellos contratos celebrados por particulares o por entidades del sector público que tengan la consideración de poderes adjudicadores? Las normas previstas para los contratos menores. Las normas previstas por estas entidades, de acuerdo con su naturaleza. Las normas previstas para los contratos de obras. Las normas previstas para los contratos de suministros.
El Consejo de Ministros podrá aprobar fórmulas tipo de revisión periódica y predeterminada del precio para determinados contratos, siempre que: Cuente con el previo informe del Tribunal de Cuentas. Cuente con el previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Cuente con el previo informe del Banco de España y del Tribunal de Cuentas. Cuente con el previo informe de la Junta Consultiva del Banco de España y del Tribunal de Cuentas.
Señale la respuesta correcta respecto a la garantía provisional: En el procedimiento de contratación procederá la exigencia de garantía provisional con carácter general, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, no lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y entienda nota informativa al Banco de España. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía definitiva, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. .
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 104.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 144.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 750.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto en los artículos 13 y 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respectivamente, que sean subvencionados, de forma directa y en más de un: 20 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. 30 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. 40 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores. 50 por 100 de su importe, por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tengan por objeto un bien inmueble se denomina: Trabajo. Obra. Empresa. Servicio.
A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos: Del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. De Navarra en lo que respecta a su actividad de contratación. De Cataluña en lo que respecta a su actividad de contratación. De Galicia en lo que respecta a su actividad de contratación. .
Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a: 104.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 144.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 221.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley la relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Se incluyen en el ámbito de aplicación de la ley los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley los contratos de investigación y desarrollo excepto en todos aquellos casos en los que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su actividad profesional y además el servicio prestado sea remunerado íntegramente por dicho poder adjudicador. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Se consideran contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministros: Excluyendo aquellos en los que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva siempre que no sea por precio unitario. Solo en los casos establecidos específicamente en la propia ley podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. En ningún caso podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
En relación con los contratos de obra, hay que tener en cuenta que: Los contratos de obras se referirán siempre a obras completas, sin posibilidad de posteriores ampliación que, de producirse, deberán hacerse por nuevo contrato. No podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa. Podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, por ejemplo, si son susceptibles de utilización independiente, en el sentido de uso general o del servicio. Podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, aunque lógicamente solo si son susceptibles de utilización independiente, en el sentido de uso general o del servicio. .
Los contratos para la construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil, como puentes o túneles, comprende: Las instalaciones urbanas de redes de energía y de comunicaciones. Las instalaciones de edificios y obras. El acabado de edificios y obras. Las actividades de arquitectura e ingeniería.
Únicamente uno de los siguientes tipos de contratos no están sujetos a regulación armonizada, independientemente de su valor estimado: Los que tengan por objeto la producción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. Los declarados secretos o reservados. El enunciado de la pregunta es incorrecto. Las respuestas a) y b) son correctas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. .
Los contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos tendrán la consideración de: Contratos administrativos. Contratos privados. Pertenecen a ambos tipos de contratos conjuntamente. No pertenecen a ninguna de las categorías anteriores.
Los contratos celebrados por las Administraciones Públicas tendrán las consideración de contrato privado cuando: Sean celebrados por entidades del sector público, aunque no sean poder adjudicador ni reúnan la condición de Administraciones Públicas. Sean celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. Sean celebrados por entidades del sector público, pero únicamente si reúnen la condición de poder adjudicador. Sean celebrados por entidades del sector público, pero únicamente si reúnen la condición de Administraciones Públicas. .
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