El procedimiento de Habeas Corpus, a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la CE produce: La inmediata puesta en libertad del detenido ilegalmente. La inmediata puesta a disposición judicial
de toda persona detenida ilegalmente. Que en el plazo máximo de 72 horas el detenido sea puesto en libertad o a disposición judicial. La asistencia de abogado al detenido.
El derecho a la negociación colectivo laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios se encuentra, en la CE: En el Título I, Capítulo II, Sección II. En el Título I, Capítulo I. En el Título I, Capítulo II, Sección I. En el Título I, Capítulo III.
A tenor del artículo 79 de la CE, ¿qué requisitos debe darse para entender que las Cámaras puedan adoptar acuerdos? a) Deben contar con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. b) Deben contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros. Deben estar reunidos reglamentariamente. Las respuestas b) y c) son correctas.
A tenor del artículo 142 de la CE, ¿de dónde se nutrirán fundamentalmente las Haciendas locales? De sus propios impuestos. De la participación en los tributos del Estado y en los de las CC.AA. De sus propios impuestos y de la participación en los del Estado y de las CC.AA. De tributos propios y de participación en los del Estado y de las CC.AA.
A tenor del artículo 143 de la CE, ¿quiénes podrán acceder al derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la CE? a) Las provincias con entidad regional histórica. b) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Las provincias limítrofes. Las respuestas a) y b) son correctas.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos: Salvo en casos de fuerza mayor. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos. Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos. Las tres anteriores son correctas.
El Consejo Europeo se reunirá: Dos veces por semestre, por convocatoria de su presidente. Una vez al mes, por convocatoria de su presidente. Una vez por semestre, por convocatoria de su presidente. Dos veces al mes, por convocatoria de su presidente.
De acuerdo con el Tratado de Lisboa, las Institución de Unión son: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Comité de las Regiones. El Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo Europeo. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. El Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Comité Económico y Social.
¿Según el TUE qué institución “dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales”? El Consejo de la UE. El Parlamento Europeo. La Comisión Europea. El Consejo Europeo.
¿Qué institución está facultado para aprobar una moción de censura contra uno de los miembros de la Comisión Europea? El Consejo Europeo. El Tribunal de Justicia. El Parlamento Europeo. Ninguna.
¿Qué institución/instituciones comunitarias son responsables de aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea? Consejo de la UE y Parlamento Europeo. Sólo el Consejo Europeo. Sólo el Consejo de la UE en su formación de Ministros de Economía (ECOFIN). Parlamento Europeo y Comisión.
Según el artículo 288 del TFUE, las institución de la UE ejercen sus competencias a través de: Reglamentos. Resolución. Decretos. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el TFUE, el Parlamento Europeo celebrará cada año: Dos períodos de sesiones; uno comenzará
en enero y el segundo en septiembre. Dos períodos de sesiones, uno comenzará
en febrero y el segundo en septiembre. Un período de sesiones, que comenzará
en enero. Un período de sesiones, que comenzará
en marzo.
Las Directivas Comunitarias: No tienen siempre alcance general y de aplicación directa, pero imponen una obligación de resultado que se debe cumplir en el plazo que se establezca al efecto en la propia directiva. Tiene alcance general y son de aplicabilidad directa al imponer una obligación de resultado que se debe cumplir en el plazo que se establezca al efecto en la propia directiva. Tiene alcance general pero no son de aplicación directa al imponer una obligación de resultado que se debe cumplir en el plazo que se establezca al efecto en la propia directiva. Carecen de alcance general y de aplicación directa, consistiendo en recomendaciones y sugerencias de actuación destinados a los Estados miembros.
Señalar la respuesta correcta: La Comisión Europea es un órgano integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de cada uno de los Estados Miembros. Es un órgano cuyos miembros defienden los intereses de los Estados Miembros a los que representan. Es un órgano compuesto por personas elegidas mediante sufragio directo y secreto por los ciudadanos de cada Estado Miembro. Las tres respuestas anteriores son erróneas.
Según el artículo 17.6 del TUE, el Presidente de la Comisión Europea: Presidirá e impulsará los trabajos del Consejo europeo. Determinará la organización interna de la
Comisión. Determinará las orientaciones y prioridades políticas generales. Todas las respuestas anteriores son correctas.
De conformidad con lo dispuesto en el TUE, ¿cuál es el número mínimo de diputados por Estado miembro en el Parlamento Europeo? Cinco. Seis. Siete. Ocho.
Según el TUE, el mandato de la Comisión Europea es: De cuatro años. De cinco años. De seis años. De siete años.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, constituye un principio de la acción preventiva: Evitar los riesgos que no se puedan evaluar. Adaptar la persona al trabajo. Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún peligro.
Entre los principios generales que deben informar las medidas aplicadas por el empresario en materia de prevención de riesgos laborales, se encuentran los siguientes: Tener en cuenta la evolución de la técnica. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Todas las anteriores respuestas son correctas.
El artículo 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, establece determinados principios de la acción preventiva. Indíquese cuál de los siguientes NO está incluido entre los mismos: Anteponer la protección individual a la colectiva. Evitar los riegos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
El artículo 22 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, establece que la vigilancia periódica de la salud a los trabajadores: Solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Los reconocimientos médicos serán obligatorios. Solo son obligatorios los reconocimientos
anuales. Solo son obligatorios cuando se cambia
de puesto de trabajo.
La evaluación de riesgos laborales referida a un puesto de trabajo ocupado o a ocupar por un menor de edad tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de: Su falta de experiencia. Su falta de madurez para evaluar los
riesgos existentes o potenciales. Su desarrollo todavía incompleto. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal: Deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. En ciertos casos podrán recibir, justificadamente, diferencias de trato con los trabajadores fijos en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de su seguridad y la salud laborales. Quedan sujetos a la LPRL y a sus disposiciones de desarrollo de forma tan sólo parcial. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Según el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, son obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales: Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su ca- so, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Todas las anteriores.
Según el artículo 51 del DL 1/1999 de 7 de octubre, los organismos autónomos remitirán a la de Economía e Facenda antes del 1 de julio: Sus respectivos estados de gastos. Sus respectivos estados de ingresos. Sus respectivos estados de ingresos y
gastos. Sus respectivos estados de gastos, excepto el SERGAS, que deberá remitir sus respectivos estados de ingresos y gastos.
Según el artículo 78 del DL 1/1999 de 7 de octubre, el acto basado en el que se reconoce en cuentas el derecho a liquidar un determinado recurso por una cuantía cierta si se cumplen aquellas condiciones y trámites que se prevean en las normas legales establecidas, se denomina: Contraído del recurso. Compromiso de ingreso. Recaudación del recurso. Devolución de ingresos indebidos.
Según el artículo 72 del DL 1/1999 de 7 de octubre, la ordenación general de pagos de un organismo autónomo corresponde a: Presidente da Xunta. Conselleiro de Economía e Facenda. Presidente del Organismo Autónomo. El Presidente del Organismo Autónomo
hace la propuesta de pago, mientras que el pago lo realiza el Conselleiro al que se encuentra adscrito el organismo autónomo.
Según el artículo 76 del DL 1/1999 de 7 de octubre, los fondos librados para atender gastos que van acompañados de la documentación justificativa, se denomina: Anticipos de caja fija. Anticipos de tesorería. Pagos en firme. Pagos a justificar.
Según el artículo 49 del DL 1/1999 de 7 de octubre, la clasificación de los gastos que informa sobre la naturaleza del gasto es: Orgánica. Funcional por programas. Económica. Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta.
Según el artículo 52 del DL 1/1999 de 7 de octubre, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma se remitirá al Parlamento: A partir del 1 de octubre. Antes del 1 de octubre. Antes del 20 de octubre. Ninguna de las respuestas anteriores es
correcta.
De acuerdo con el artículo 3.2 a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales ¿qué normas del Título I de la Ley 1/2016 les son aplicables? a) Las disposiciones relativas al derecho de acceso a la información cuando su actividad este sometida al Derecho Administrativo b) Las disposiciones relativas a las obligaciones de publicidad activa siempre que sean preceptores de fondos del sector público autonómico Son correctas a) y b) Ninguna es correcta.
¿La Ley 1/2016 es aplicable a los Colegios Profesionales, a las Cámaras oficiales de comercio o a las Federaciones deportivas? a) Sí, se trata de Corporaciones de Derecho Público y por lo tanto le son de aplicación las disposiciones del título I de la Ley 1/2016 pero sólo en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. b) Sí, se trata de Corporaciones de Derecho Público y por lo tanto le son de aplicación las disposiciones del título I de la Ley 1/2016 pero sólo desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Son correctas a) y b). En ningún caso resulta de aplicación.
Conforme a lo establecido en el artículo 26.4 de la ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública? Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, sin deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
La coordinación adecuada en materia de transparencia dentro del sector público autonómico y el control en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley corresponderá a: La Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación. La Comisión de la Transparencia. El órgano o entidad con competencias horizontales en materia de Administración
electrónica. A la Conferencia Sectorial de Administración Pública.
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 1/2016, la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de administraciones públicas, mantendrá un registro de convenios público y accesible en el que harán pública la información prevista en la normativa básica en materia de transparencia: los sujetos citados en el artículo 3.1.a) los sujetos citados en el artículo 3.1. los sujetos citados en el artículo 3.1.a), b)
y d) A ninguno de los previstos en el art. 3.1
a).
Los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este capítulo no podrán compatibilizar su actividad pública con: El desempeño, por sí mismo o por personas interpuestas, de cargos de toda índole en empresas o sociedades que tengan contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, sea cual sea la configuración jurídica de aquellas. El desempeño, por sí mismo o por personas interpuestas, de cargos de toda índole en empresas o sociedades aunque unos y otros no realicen fines de servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas. Ninguna es correcta. La pertenencia a consejos de administración de empresas públicas o privadas en representación del sector público.
Los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de este capítulo podrán participar en las actividades a cargo de los centros oficiales de formación y perfeccionamiento del personal empleado público mediante la impartición de conferencias y cursos: Siempre que sea autorizado previa y expresamente por la persona titular de la consejería competente en materia de función pública Siempre que dicha colaboración se produzca con carácter excepcional. Siempre que lo comunique previamente a la persona titular de la consejería competente en materia de función pública. Sin necesidad de autorización previa.
Según el artículo 45 de la Ley 1/2016 en los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos deberán efectuar, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio, debiendo el centro directivo competente en materia de función pública pronunciarse sobre la compatibilidad de dicha actividad en el plazo de: 15 días desde la recepción en el Registro
de Actividades de dicha comunicación. 45 días desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha comunicación. dos meses desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha comunicación. dos meses desde la recepción en el Registro de Actividades de dicha comunicación.
En el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un alto cargo posea la participación superior a un diez por ciento en empresas en tanto tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público: a) tendrá que enajenar las participaciones en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de su nombramiento. b) Tendrá que ceder las participaciones en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de su nombramiento a) y b)son correctas. No tendrá que llevar a cabo ninguna actuación si la participación no excede del 15%.
Indica la correcta respecto a las actividades privadas: los miembros del Consejo de la Xunta no
podrán percibir retribución alguna por la colaboración y/o asistencia ocasional como ponente en congresos, seminarios, jornadas de trabajo o cursos de carácter profesional. los altos cargos mencionados en el ámbito de aplicación de la ley 1/2016 no podrán percibir retribución alguna por la colaboración y/o asistencia ocasional como ponente en congresos, seminarios, jornadas de trabajo o cursos de carácter profesional. ninguna es correcta. los altos cargos podrán percibir asignaciones por su asistencia a reuniones de órganos colegiados de las AAPP.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia: La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La titularidad de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrá ser desconcentrada en otros jerárquicamente dependientes de aquellos. La desconcentración no es un principio aplicable a la organización de la Administración General y de las entidades que integran el sector público autonómico. La desconcentración es un principio aplcable a la organización de la Administración General pero no de las entidades que integran el sector público autonómico.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia: a) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías, la vicepresidencia, las secretarías generales y las secretarías genera- les técnicas son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. b) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías, la vicepresidencia, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas y las secretarías territoriales son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. c) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consejerías, la vicepresidencia y las secretarías generales son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia. Las respuestas a), b) y c) son incorrectas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia: Los reglamentos son disposiciones administrativas de carácter específico de rango inferior a la ley. Los reglamentos pueden adoptar la forma de decreto o de orden. Un reglamento nunca puede adoptar la forma de orden. En ningún caso una orden puede ser firmada por más de un consejero.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en el que se regula la fase inicial del procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general, ¿qué documentos deberán acompañar al anteproyecto que se redacte?: Una memoria justificativa, una memoria
económico-financiera, el informe de la Asesoría Jurídica General y la tabla de vigencias y la cláusula o disposición derogatoria. Una memoria justificativa, una memoria económico-financiera, el informe del ser- vicio técnico-jurídico correspondiente de la consejería y la tabla de vigencias y la cláusula o disposición derogatoria. Una memoria justificativa, una memoria económico-financiera y el informe de la Asesoría Jurídica General. El anteproyecto no se tiene que acompañar de ningún documento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, las personas titulares de las direcciones generales: Serán nombradas y separadas libremente por decreto del Consello de la Xunta, entre personas que reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica que en cada caso sean necesarios para el desenvolvimiento de la función. Serán nombradas y separadas a través del procedimiento de libre designación por la persona titular de la consellería de que dependan entre funcionarios de carrera del subgrupo A1. Serán nombradas y separadas a través del procedimiento de libre designación por la persona titular de la consellería de que dependan entre funcionarios de carrera del subgrupo A1, salvo que el decreto de estructura permita que, en atención a las características específicas de las funciones de la dirección general, su titular no reúna dicha condición de funcionario. Serán nombradas y separadas a través del procedimiento de libre designación por la persona titular de la consellería de que dependan, entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.
Señala la respuesta correcta en relación con los conflictos de atribuciones recogidos en artículo 13 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia: En los conflictos negativos, el órgano que se considere competente requerirá de inhibición a aquél que conozca del asunto, el cual suspenderá el procedimiento por un plazo de diez días hábiles. Si dentro de este plazo acepta el requerimiento, remitirá el expediente al órgano que lo hubiese formulado. En caso de considerarse competente, remitirá acto seguido las actuaciones al superior jerárquico común. En los conflictos positivos, el órgano que se considere incompetente remitirá las actuaciones al órgano que considere competente, que decidirá en el plazo de diez días hábiles, y éste, en caso de considerarse incompetente, remitirá acto seguido el expediente con su informe al superior jerárquico común. Los conflictos de atribuciones entre diferentes consellerías serán resueltos por acuerdo firmado conjuntamente por las propias personas titulares de las consellerías afectadas. En caso de discrepancia, se dará traslado al Consello de la Xunta de Galicia, que resolverá en el plazo de diez días, sin que contra su decisión quepa recurso alguno. Los conflictos de atribuciones positivos o negativos entre órganos de una misma consellería serán resueltos por la persona titular de la Consellería de Presidencia.
¿Cómo se estructura la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia?: En un título preliminar, cinco títulos, 4
disposiciones adicionales, 7 disposiciones
transitorias y una disposición final. En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales y 7 disposiciones
transitorias. En un título preliminar, cinco títulos, 4
disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. En un título preliminar, cinco títulos, 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.
De acuerdo con el artículo 27 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de la siguiente materia: Las ferias y mercados interiores. Régimen minero y energético. Establecimientos farmacéuticos. Legislación sobre propiedad intelectual e
industrial.
De acuerdo con el artículo 27 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, en que materia no le corresponde a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva: Salvamento marítimo. Artesanía. Promoción del desarrollo comunitario. Asistencia Social.
De acuerdo con el artículo 33 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, ¿qué competencia tiene la Comunidad Autónoma gallega en materia de sanidad interior?: Desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado. Ningún tipo de competencia. Competencia exclusiva. Únicamente competencia de ejecución de
la legislación básica del Estado.
De acuerdo con el artículo 11 da Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, ¿cuál de las siguientes proposiciones, referentes a la elección de los miembros del Parlamento de Galicia, es verdadera?: a) Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 50 y 70. b) Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 60 y 90. c) Una ley del Parlamento de Galicia determinará los plazos y regulará el procedimiento para elección de sus miembros, fijando su número entre 70 y 90. Las respuestas a), b) y c) son falsas.
Según el artículo 10.1 de Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de autonomía para Galicia, es una función del Parlamento de Galicia: Delegar la potestad legislativa en la Xunta, en los términos que establecen los artículos 85, 86 y 87 de la Constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las Cortes Generales al Gobierno. Designar para cada legislatura de las Cortes Generales a los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma Gallega, de acuerdo con lo previsto en el artículo cincuenta y nueve, apartado cinco, de la Constitución. Solicitar del Gobierno la adopción de proyectos de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proposiciones de Ley. Solicitar del Gobierno la adopción de pro- posiciones de Ley y presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados proyectos de Ley.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el acuerdo de ampliación del plazo máximo para resolver y notificar: Contra este acuerdo cabrá recurso de alzada. Contra este acuerdo no cabrá recurso alguno. Contra este acuerdo cabrá recurso de reposición. Contra este acuerdo cabrá recurso contencioso-administrativo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles: Excluyéndose del cómputo los días que se indiquen reglamentariamente. Excluyéndose del cómputo exclusivamente los domingos y los declarados festivos. Excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Incluyéndose en el cómputo los sábados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento del registro electrónico: Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos nacionales. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos de la comunidad autónoma donde se encuentre el órgano administrativo que lo recibe. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los festivos locales donde se encuentre el órgano administrativo que lo recibe.
De conformidad con lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación hecha por medios electrónicos se entenderá rechazada: Cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la adopción de medidas provisionales: Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para resolver. Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para instruir. Antes de la iniciación del procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para resolver. Iniciado el procedimiento, serán acordadas por el órgano administrativo competente para su incoación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la emisión de documentos por las Administraciones Públicas: Deberán de estar siempre firmados electrónicamente. Solo serán válidos si se emiten por funcionarios públicos. Se emitirán exclusivamente por medios electrónicos. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo.
Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de
la titularidad de la competencia. La delegación de competencias y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio.
Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los miembros del órgano colegiado deberán participar en el despacho de los asuntos y autorizar las actas de las sesiones. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan todos sus miembros. Sólo podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan. Los miembros de un órgano colegiado podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan prohibido por una norma o por acuerdo válidamente adoptado por el órgano.
Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los titulares de los órganos administrativos no podrán, en materias de su competencia que ostenten por delegación de competencias, delegar la firma de sus re- soluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación.
Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en su caso, para su cuantificación, se instruirá expediente que deberá contar con el siguiente trámite: Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de treinta días. Audiencia durante un plazo de quince días. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. Alegaciones durante un plazo de quince días.
Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es un motivo de abstención: Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los interesados. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. Tener relación de amistad con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. Haberle prestado a algún interesado, hace cuatro años, servicios profesionales de cualquier tipo.
De conformidad con el artículo 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea producirá efectos: Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. Desde la fecha de la firmeza de la sentencia judicial. En todo caso, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea. Desde la fecha que se establezca por Resolución del Ministerio de Justicia, con el dictamen previo del Consejo de Estado.
|
