Las leyes: Pueden recobrar vigencia si se deroga la norma que las derogó. Pueden ser derogadas por una norma posterior si sobre una misma materia aquellas resultan incompatibles con ésta. Nunca tienen efecto retroactivo.
Según el art. 1.1. del C.C., las fuentes del ordenamiento jurídico son: La ley, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del Derecho. La ley, los principios generales del Derecho y, en defecto de éstos, la costumbre. La ley, la costumbre y la jurisprudencia, pero los principios generales del Derecho complementarán el ordenamiento jurídico. Ninguna de las anteriores es correcta.
La doctrina del Tribunal Constitucional: Constituye jurisprudencia que complementa el ordenamiento jurídico, según el artículo 1.6 del Código Civil. Vincula a todos los Jueces y Tribunales. Vincula a los Jueces y Tribunales en la medida en que sea acogida por el Tribunal Supremo.
Indique cuál de las siguientes frases define mejor el papel que juegan los principios generales del derecho en nuestro sistema de fuentes: Los principios generales del derecho se hallan en el primer lugar en el orden de prelación de fuentes, de manera que se aplican con preferencia a la ley, dado su carácter informador de ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho son fuente del derecho en la medida en que son reconocidos por la jurisprudencia. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
En el ordenamiento jurídico español: Son fuentes exclusivamente la ley y la costumbre. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca cada Audiencia Provincial en el ámbito de su jurisdicción, al interpretar y aplicar la ley. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin prejuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
Sobre la jurisprudencia, señalar la respuesta que es correcta: Los criterios que resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea serán directamente aplicables por los Jueces y Tribunales para resolver, sin esperar que el legislador lo incorpore al ordenamiento interno. La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales vincula a los órganos judiciales de la provincia. Las sentencias del Tribunal Constitucional limitan su eficacia vinculante frente al legislador que tendrá la obligación de adaptar leyes a sus pronunciamientos. Los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo son de obligatoria aplicación por los Jueces y Tribunales.
En el cómputo civil del tiempo: En los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, se comienza a contar desde dicho día, el cual queda excluido. En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. En el cómputo civil se excluyen los días inhábiles. En el cómputo civil del tiempo, agosto es un mes inhábil.
Cómputo procesal del tiempo: Solo son días inhábiles los domingos y los del mes de agosto. En el cómputo procesal o judicial se descuentan los días inhábiles. Los plazos de prescripción o de ejercicio de las acciones son plazos judiciales o procesales.
Determine cuál de las siguientes afirmaciones no es propia de la prescripción: La prescripción es una causa de extinción de los derechos y de las acciones. La prescripción afecta a todo tipo de derechos, tanto reales como de crédito. La prescripción se basa fundamentalmente en la inactividad del titular. La prescripción requiere una conducta positiva del beneficiado consistente en la posesión de la cosa.
Cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la usucapión: La usucapión es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales. La usucapión se refiere al dominio y a los derechos reales, y no a los de crédito. La usucapión requiere una conducta positiva del beneficiado consistente en la posesión de la cosa. La usucapión funciona atendiendo a la inactividad del titular del derecho.
Los plazos de prescripción no corren: Contra las personas impedidas de administrar sus bienes. Contra las personas jurídicas. Contra la herencia de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y para deliberar. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Prescribe a los 20 años: La acciones personales que no tengan plazo especial señalado Las acciones reales. La acción hipotecaria. La acción reivindicatoria.
Las acciones de pedir la participación de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas: Prescriben a los 30 años. Prescriben a los 20 años. Prescriben a los 5 años. Son acciones declarativas e imprescriptibles.
¿Cuál de las siguientes acciones no prescribe a los cinco años? La de pagar pensiones alimenticias. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean estos de fincas rústicas o de fincas urbanas. La de cualquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. La de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos que las obligaciones se refieran.
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¿Cuál de las siguientes acciones no prescribe a los tres años? La de satisfacer a los farmacéuticos las medicinas que suministraron a los profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la enseñanza que dieron. La de pagar a los menestrales, criados y jornaleros el importe de sus servicios. La de abonar a los posaderos la comida y la habitación. La acción para recobrar o retener la posesión.
Interrupción de la prescripción: La prescripción de las acciones solo se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales. La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias no aprovecha a todos acreedores, sino solo a quien los produjo.
La interrupción de la prescripción contra el deudor principal por reclamación judicial de la deuda, surte también efecto contra su fiador. Al fiador perjudica la interrupción de la prescripción que se produzca por reclamaciones extrajudiciales del acreedor o reconocimientos privados del deudor.
Los apéndices: En virtud del artículo 6 de la Ley de Bases de 1888, los apéndices debían contener “las instituciones forales que conviene conservar en cada una de las provincias o territorios donde hoy existen”. Fueron leyes derogatorias del Código civil. Solo se promulgó el Apéndice de Aragón en 1925.
El sistema de compilaciones tiene su origen: En la Ley de Bases de 1888. En el Código Civil de 1889, en concreto en el art. 13. En el Congreso Nacional de Derecho Civil que se celebró en Zaragoza en 1944.
Las compilaciones de Derecho civil: Eran verdaderos códigos civiles, territorialmente limitados. Su aplicación ha sido siempre de carácter personal. Eran normas incompletas, integradas supletoriamente por el Código Civil. Estuvieron vigentes hasta la Constitución de 1978.
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La constitución española de 1978: Deroga expresamente los llamados Derecho Forales. Exige la necesidad de la elaboración de un Código civil único para toda España, respetando mínimamente los Derecho Forales. Supone la garantía constitucional de la pluralidad de regímenes jurídico-civiles coexistentes en el territorio nacional.
En virtud del art. 149.1 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva: En materia mercantil, salvo cuando concierne al régimen de las sociedades mercantiles. En materia procesal, salvo procesos matrimoniales. Sobre la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las CC.AA. de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
En cualquier caso, son materias de competencia estatal con carácter exclusivo: Las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas. La determinación de las acciones de filiación. La ordenación de los Registros, pero no de los instrumentos públicos.
Relación entre el ordenamiento estatal y el ordenamiento autonómico. Señala cuál es la respuesta correcta: En virtud del art. 149.3 de la Constitución, en caso de conflicto, la norma estatal prevalece siempre sobre la norma autonómica En caso de conflicto, la prevalencia de la norma estatal sobre la norma autonómica solo se produce en cuanto no esté atribuido a la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma correspondiente. La supletoriedad referida por la Constitución al Derecho estatal respecto de los Derechos autonómicos no impide la determinación de un Derecho Foral como supletorio de otro Derecho asimismo foral.
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