CAPÍTULO V De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
SECCIÓN 1 De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual .
El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ... a dos años.
Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado. Cuatro meses. Dos meses. Seis meses. Tres meses.
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ... a ocho años. Seis. Cuatro. Dos. Uno.
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ... Uno a cuatro años. Tres a seis años. Uno a tres años. Dos a seis años.
Si los hechos descritos en los dos artículos anteriores (530 y 531) fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de ... Tres meses a un año. Tres meses a dos años. Seis meses a dos años. Seis meses a un año.
El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de ... Dos a seis años. Dos a cuatro años. Tres a seis años. Cuatro a seis años.
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