Complexivo

El Servicio de Rentas Internas (SRI) notifica a una empresa una resolución de determinación tributaria el 5 de enero. La empresa interpone recurso de apelación el 15 de enero. El Director Nacional del SRI resuelve el recurso el 20 de marzo, sin pronunciarse expresamente sobre la solicitud de suspensión de efectos que la empresa presentó el 16 de enero (tres días hábiles después de la apelación). El 25 de marzo, la empresa recibe la resolución desestimatoria y simultáneamente es notificada del inicio del proceso de ejecución coactiva. La empresa alega que: (i) la resolución de apelación es extemporánea; (ii) la ejecución coactiva es ilegal porque solicitó la suspensión de efectos; (iii) el silencio sobre la suspensión equivale a su aceptación. Evalúe. El alegato (i) es correcto en cuanto al plazo, pero la consecuencia no es la nulidad del acto sino que opera el silencio administrativo negativo, desestimándose la apelación. El alegato (ii) es parcialmente correcto si la suspensión fue solicitada en tiempo (3 días), pues la administración debía resolverla; la ejecución sin pronunciarse viola el Art. 229 del COA. El alegato (iii) es incorrecto: el silencio no equivale automáticamente a suspensión. Todos los alegatos son incorrectos: los actos administrativos se presumen legítimos y son de inmediata ejecución; la apelación, la solicitud de suspensión y el plazo de resolución no alteran en ningún caso la ejecutoriedad del acto. Los tres alegatos son correctos: la resolución tardía es nula, la ejecución es ilegal por la solicitud pendiente, y el silencio administrativo equivale a suspensión concedida. Solo el alegato (i) es correcto: el plazo de un mes para resolver la apelación venció en febrero, por lo que la resolución tardía es inválida. Los alegatos (ii) y (iii) son incorrectos porque la ley no establece que el silencio sobre la suspensión implique su aceptación, y la ejecución de actos regulares procede aunque haya recursos pendientes.

El Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) emite una resolución mediante la cual niega la jubilación anticipada a un afiliado, fundamentándose en un dictamen interno elaborado por la Dirección Jurídica. Posteriormente se descubre que dicho dictamen contenía un error de cálculo de los años de aportación del afiliado. El afiliado interpone recurso de apelación a los 12 días de notificado. El órgano jerárquico superior, al resolver el recurso, considera que el afiliado tenía razón en el fondo, pero adicionalmente decide que debe sancionárselo con la suspensión de otros beneficios complementarios, ya que detectó irregularidades en su historial. ¿Cuál es el análisis jurídico correcto de esta situación?. La resolución original es anulable por contener un error de hecho en el dictamen que le sirve de base, y procede el recurso extraordinario de revisión en el plazo de 20 días desde que se tuvo conocimiento del error, independientemente de que el recurso de apelación ya fue presentado. La resolución original es nula porque se origina de modo principal en un acto de simple administración (el dictamen), y el recurso de apelación es extemporáneo por haber sido presentado fuera del término de 10 días, por lo que la resolución queda firme. La resolución de apelación es válida en todos sus extremos porque el órgano jerárquico tiene amplia potestad de revisión, incluyendo la posibilidad de agravar la situación del recurrente cuando detecta nuevas irregularidades durante el trámite recursivo. El recurso de apelación es extemporáneo conforme al Art. 224 del COA (término de 10 días), lo que impide su conocimiento; sin embargo, si se lo hubiera tramitado válidamente, la resolución que agrava la situación del administrado violaría el Art. 223 del COA, que prohíbe expresamente empeorar la situación inicial del recurrente.

La Agencia de Regulación y Control de Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) emite un acto administrativo revocando una licencia de operación turística que había sido válidamente otorgada hace dos años a una empresa. Alega que la empresa violó condiciones ambientales. La empresa controvierte señalando que: (i) el acto revocatorio no pasó por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA); (ii) han transcurrido más de tres años desde que se otorgó la licencia original; (iii) la empresa presentó oposición formal al procedimiento de revocatoria. ¿Qué análisis resulta jurídicamente correcto?. La licencia otorgada es un acto favorable; su revocatoria requiere que la administración la declare lesiva y acuda al TCA mediante acción de lesividad (Art. 115 COA). Adicionalmente, si han transcurrido más de tres años desde la notificación del acto, la caducidad del Art. 116 COA impide la declaratoria de lesividad y la consecuente revocatoria. La oposición formal de la empresa refuerza la exclusividad de la vía judicial para anular el acto. La revocatoria procede directamente porque la violación de condiciones ambientales constituye una infracción penal, lo que configura la causal de nulidad del Art. 106 COA y permite a la administración anular el acto sin acudir al TCA. El argumento (i) es correcto: toda revocatoria de acto favorable requiere acción de lesividad ante el TCA. El argumento (ii) es correcto: caducó el plazo de tres años del Art. 116 del COA. El argumento (iii) es correcto: la oposición de la empresa impide la anulación en vía administrativa. La revocatoria es válida en todos sus extremos porque se trata de un acto desfavorable para el interés público (afecta el ambiente), y los actos contrarios al interés público pueden revocarse en cualquier momento sin limitación procesal.

Una municipalidad desconcentrada expide una ordenanza creando una unidad territorial con atribuciones para celebrar contratos de obra pública menores a USD 50.000. Un contratista celebra un contrato con dicha unidad por USD 48.000. A los seis meses, la municipalidad central pretende anular el contrato alegando que la unidad territorial carece de personalidad jurídica propia y por tanto no pudo contratar válidamente. Simultáneamente, un tercero afectado por la obra interpone acción judicial contra "la unidad territorial" como demandada. ¿Cuál es el análisis jurídicamente más preciso?. La desconcentración genera automáticamente personalidad jurídica en el órgano desconcentrado, por lo que la unidad territorial puede contratar y ser demandada de forma autónoma, sin involucrar al municipio. La unidad territorial, al ser un órgano desconcentrado, carece de personalidad jurídica propia pero actúa bajo la personería de la municipalidad; el contrato es válido si fue celebrado dentro de las competencias delegadas. La acción judicial debe dirigirse contra el municipio como persona jurídica, no contra la unidad territorial. La municipalidad tiene razón: sin personalidad jurídica propia, la unidad territorial no puede celebrar contratos. El contrato es nulo y la acción judicial procede contra la unidad territorial como ente autónomo. El contrato es nulo porque la desconcentración solo transfiere competencias administrativas internas pero nunca habilita la celebración de contratos; esta facultad requiere siempre descentralización con personalidad jurídica plena.

El Ministro de Salud Pública delega por escrito al Director de Asesoría Jurídica la competencia para emitir actos administrativos sancionadores en materia de control sanitario. Ejerciendo esa delegación, el Director Jurídico emite una resolución que clausura un establecimiento farmacéutico. El propietario impugna el acto alegando: (i) que el delegado no podía ejercer competencias que no le son propias por razón de la materia, ya que su función es consultiva y no activa; y (ii) que el Ministro, al delegar, renunció a su competencia, volviendo el acto ilegítimo. ¿Cuál es el análisis correcto?. . Ambos argumentos son válidos: un órgano consultivo jamás puede ejercer competencias activas por delegación, y la delegación implica renuncia de la competencia del delegante, lo que vicia el acto. El argumento (ii) es correcto: la delegación extingue la competencia del Ministro sobre esa materia mientras dure la delegación; pero el argumento (i) es incorrecto porque la naturaleza del órgano no limita las competencias que puede recibir por delegación. El argumento (i) es válido porque la delegación no puede alterar la naturaleza funcional del órgano delegado; sin embargo, el argumento (ii) es incorrecto porque el delegante conserva su competencia, ya que conforme al COA la competencia es irrenunciable. Ambos argumentos son incorrectos: la delegación puede conferir cualquier tipo de competencia a cualquier órgano, y el delegante conserva siempre su propia competencia; además, el acto es válido porque emana de un servidor público con título delegado.

Una empresa establece como requisito uniforme para acceder a una promoción jerárquica haber mantenido jornada completa ininterrumpida durante los últimos cinco años. Al revisar los datos del proceso, se observa que el 87% de quienes cumplen el requisito son hombres, mientras que la mayoría de trabajadoras quedó fuera por haber accedido a licencias o reducciones vinculadas al cuidado familiar. La empresa no acredita una justificación objetiva ni la proporcionalidad del criterio. ¿Qué clase de discriminación configura principalmente esta situación?. A. Indirecta. B. Inversa. C. Directa. D. Por asociación.

En un sector productivo de alto riesgo, se propone un régimen contractual según el cual quien acepte voluntariamente ciertas condiciones laborales podrá disponer libremente del ejercicio de su derecho a la integridad personal frente al empleador, a cambio de una compensación económica adicional. La propuesta invoca la autonomía de la voluntad como fundamento. ¿Qué característica de los derechos humanos se opone de manera principal a este arreglo?. Inalienabilidad. Imprescriptibilidad. Universalidad. Interdependencia.

Una jueza constitucional conoce un caso en el que una norma admite dos lecturas posibles: una que limita el ámbito de aplicación del derecho invocado y otra que lo extiende. Sin que exista mandato legal expreso que la obligue a optar por una u otra, la jueza decide acoger la segunda, argumentando que así se maximiza la vigencia efectiva de la Constitución. ¿Qué principio de aplicación de los derechos humanos fundamenta su decisión?. Pro personae. Progresividad. Aplicación directa e inmediata. Igualdad material.

Una nacionalidad de la Amazonía presenta una acción constitucional frente al otorgamiento de concesiones extractivas sobre su territorio ancestral. Argumentan que la medida estatal desconoció sus autoridades propias, afectó el uso tradicional de sus espacios colectivos y puso en riesgo la continuidad de sus formas organizativas. Invocan las disposiciones del Título II de la Constitución de la República del Ecuador. ¿En qué capítulo del Título II se ubican principalmente los derechos invocados?. Capítulo II — Derechos del Buen Vivir. Capítulo IV — Comunidades, pueblos y nacionalidades. Capítulo III — Personas y grupos de atención prioritaria. Capítulo VI — Derechos de libertad.

En un Estado de la región, durante años el sistema público de salud no dispuso atención médica para personas que vivían con VIH, pese a que existía evidencia técnica sobre la inminencia del daño a su vida e integridad. La falta de políticas sostenidas configuró una situación de desprotección generalizada hasta que, tardíamente, comenzaron a implementarse medidas de tratamiento. A la luz del caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, ¿qué obligación derivada del artículo 26 de la Convención Americana resulta vulnerada?. Reparación integral de las víctimas. Consulta previa a grupos afectados. Exigibilidad inmediata de los DESCA. Realización progresiva de los DESCA.

En un contexto de fuerte militarización territorial, una adolescente indígena fue víctima de violencia sexual por parte de efectivos castrenses durante una acción de control en zona rural. La denuncia fue canalizada a la jurisdicción penal militar, cuya autoridad dispuso el archivo del expediente sin agotar las diligencias de investigación ordinariamente exigibles. ¿Qué obligación internacional del Estado resulta principalmente incumplida por la ruta procesal seguida?. Garantía. Respeto. No discriminación. Progresividad.

En un congreso académico, una ponente sostiene que hablar de derechos humanos fuera de las constituciones y los tratados internacionales carece de sentido jurídico, pues lo que no ha sido incorporado normativamente solo puede considerarse aspiración ética o reivindicación política. Desde esta óptica, la validez de los derechos no deriva de una naturaleza humana preexistente, sino de su consagración en el ordenamiento vigente. ¿En qué corriente de fundamentación se inscribe esta posición?. Racionalismo universalista. Iuspositivismo. Iusnaturalismo clásico. Constructivismo intercultural.

Tras agotar las instancias jurisdiccionales de su país sin obtener respuesta frente a una alegada vulneración de su integridad personal imputable a agentes estatales, una persona decide acudir al sistema regional de protección para que su caso sea examinado en sede internacional. Busca activar la primera puerta de entrada al sistema. ¿Ante qué órgano del Sistema Interamericano debe presentarse la petición individual en esta fase inicial?. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Consejo Permanente de la OEA. Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Una persona impugna ante las cortes internas un despido que considera arbitrario e interpone sucesivamente siete acciones judiciales. Todas son rechazadas por motivos procesales: el recurso de nulidad es resuelto por el mismo tribunal que avaló la decisión cuestionada, el amparo se declara improcedente por cosa juzgada sin examinar el fondo constitucional invocado, y se le exige agotar una vía que a la época era meramente nominal. ¿Qué principio de los derechos humanos se desarrolla de manera central en la ratio del caso Lagos del Campo vs. Perú?. Justiciabilidad. No regresividad. Progresividad. Pro personae.

Una niña de tres años adquiere una enfermedad crónica incurable tras una intervención sanitaria realizada en una institución privada. En los años posteriores, su trayectoria vital se ve marcada por la negativa reiterada de acceso a establecimientos educativos, por dificultades sostenidas para acceder a servicios de salud especializados y por una situación económica familiar de precariedad estructural que limita cualquier intento de respuesta institucional efectiva. Según el marco analítico de Kimberlé Crenshaw, ¿qué categoría de discriminación describe con mayor precisión la experiencia vivida?. Interseccional. Directa. Indirecta. Por asociación.

La figura mediante la cual, de manera excepcional, el órgano de control constitucional puede pronunciarse sobre el fondo de la garantía jurisdiccional originaria en sede de impugnación de la decisión judicial firme, con miras a tutelar el derecho material vulnerado, se denomina: Avocamiento. Control de méritos. Per saltum. Reformatio in peius.

La actitud del juez constitucional consistente en reconocer un margen de apreciación al juez ordinario sobre cuestiones que pertenecen a su ámbito propio de competencia, sin entrar a sustituirlo, se denomina: Deferencia judicial. Activismo judicial. Per saltum. Reformatio in peius.

El derecho que garantiza el acceso efectivo a la justicia, una tramitación oportuna del proceso y la ejecución de las decisiones, particularmente reforzado frente a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, se denomina: Objeción de conciencia. Tutela judicial efectiva. Inviolabilidad del domicilio. Libertad de empresa.

El criterio rector con arreglo al cual debe examinarse la garantía de la motivación exige que toda argumentación jurídica cuente con: Citas obligatorias de doctrina extranjera. Una estructura mínimamente completa. La firma concurrente de varios jueces. Una extensión mínima predeterminada en número de páginas.

La técnica hermenéutica que actualiza el contenido de las normas constitucionales para hacerlas operativas frente a nuevas realidades sociales y a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos se denomina interpretación: Literal restrictiva. Histórica originalista. Auténtica. Evolutiva.

La negativa de una garantía jurisdiccional sin un análisis sustantivo de la vulneración de derechos alegada por la parte accionante compromete directamente el derecho a: La presunción de inocencia. La seguridad social. La tutela judicial efectiva. La libertad de tránsito.

Aquellas consideraciones accesorias, ilustrativas o complementarias contenidas en una sentencia, que no constituyen el fundamento directo del fallo ni vinculan en sentido estricto, reciben el nombre de: Obiter dictum. Ratio decidendi. Sumario. Decisum.

El ámbito de protección material del hábeas corpus, en su configuración constitucional vigente, comprende a la persona privada de libertad frente a privaciones: De carácter ilegal, arbitrario o ilegítimo. Exclusivamente de carácter preventivo. Únicamente de carácter ilegal en sentido formal. Solo originadas en sede penal.

La evolución reciente de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en materia de la garantía de la motivación se caracteriza, entre otros aspectos, por: El alejamiento explícito y argumentado de dicho test, sustituido por un criterio rector centrado en una estructura argumentativa mínimamente completa. La reafirmación íntegra del test de motivación basado en razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La transferencia de su control a la justicia ordinaria. La eliminación de la motivación como garantía del debido proceso.

La medida de reparación integral que persigue garantizar que la violación de derechos no vuelva a producirse, mediante reformas normativas, capacitaciones o protocolos institucionales, se denomina: Satisfacción simbólica. Restitución. Garantía de no repetición. Indemnización compensatoria.

La privación de libertad ordenada o ejecutada por quien carece de potestad o competencia para ello se califica, conforme a la dogmática constitucional, como: Privación ilegítima. Privación preventiva. Privación legítima. Privación arbitraria.

La deficiencia motivacional que se configura cuando la sentencia ostenta una motivación en apariencia desarrollada pero incoherente, inatinente o incomprensible recibe el nombre de: Suficiencia. Insuficiencia. Inexistencia. Apariencia.

El método de control de constitucionalidad que recae sobre la norma a propósito de un caso concreto sometido al conocimiento de un juez ordinario, y no en un examen autónomo de la norma desconectado de toda controversia, recibe el nombre de control: Político. Concreto. Abstracto. Difuso.

Conforme al bloque de constitucionalidad reconocido en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos: Operan exclusivamente ante los tribunales internacionales. Forman parte del sistema jurídico ecuatoriano y son de aplicación directa cuando resulten más favorables. Solo son aplicables previa ley interna de desarrollo. Carecen de fuerza normativa en el orden interno.

La deficiencia motivacional consistente en la ausencia absoluta de los elementos mínimos exigibles a toda argumentación jurídica se denomina: Insuficiencia. Apariencia. Incongruencia. Inexistencia.

La procedencia excepcional de la acción de protección presentada por órganos del Estado en defensa de derechos colectivos o de bienes jurídicos de relevancia constitucional ha sido admitida por la jurisprudencia constitucional bajo la condición de que: Se trate de cualquier interés patrimonial del Estado. Se acredite la vulneración de derechos constitucionales y la inexistencia de otra vía adecuada y eficaz. Exista autorización previa del Ministerio de Finanzas. La cuantía supere un monto reglamentariamente determinado.

En la doctrina del precedente, la modalidad que obliga a los jueces de un mismo nivel jerárquico a aplicar el precedente en casos análogos se denomina: Precedente vertical ascendente. Precedente horizontal hetero-vinculante. Precedente vertical descendente. Precedente horizontal auto-vinculante.

La distinción dogmática entre acción de protección "subsidiaria" y acción de protección "residual" radica esencialmente en que la primera: Solo procede contra autoridades del poder ejecutivo. No exige el agotamiento de la vía ordinaria, pero sí el examen de su adecuación y eficacia para la tutela del derecho vulnerado. Carece de toda relación con la justicia ordinaria. Procede únicamente como última ratio luego de agotar todos los recursos ordinarios.

La modalidad de precedente según la cual los mismos jueces que integran una judicatura deben aplicar en el futuro su propio criterio a casos análogos, pudiendo apartarse solo de forma argumentada, se conoce como: Precedente meramente persuasivo. Precedente vertical descendente. Precedente horizontal hetero-vinculante. Precedente horizontal auto-vinculante.

El mecanismo de control de constitucionalidad que se activa cuando una jueza o juez, en el conocimiento de una causa, considera que una norma aplicable es contraria a la Constitución o a instrumentos internacionales de derechos humanos, y por ello suspende la tramitación y eleva el expediente al órgano de control concentrado, se denomina: Consulta de norma. Acción extraordinaria de protección. Acción pública de inconstitucionalidad. Acción por incumplimiento.

En sede de revisión de sentencias de garantías jurisdiccionales por parte del órgano máximo de control constitucional, el pronunciamiento sobre el fondo del asunto constituye: Un trámite vedado en todo supuesto. Una posibilidad excepcional sujeta a estándares jurisprudencialmente delimitados. Una competencia trasladada a la Corte Nacional de Justicia. La regla general en todos los casos seleccionados.

El órgano competente para alejarse de sus propios precedentes en materia constitucional puede hacerlo siempre que: Transcurra un plazo mínimo de diez años de vigencia. Lo haga de manera explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos. Cuente con autorización previa de la Asamblea Nacional. Lo haga de forma libre y sin necesidad de justificación.

Conforme a la evolución jurisprudencial del hábeas corpus, además de la libertad personal, esta garantía puede tutelar: El derecho al sufragio activo. El derecho a la propiedad privada. Derechos conexos como la vida, la integridad personal y la salud de la persona privada de libertad. Los derechos patrimoniales de los acreedores.

La obligación de las autoridades públicas, incluida la jurisdicción constitucional, de adecuar el sistema jurídico interno a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos constituye una manifestación del: Control difuso de legalidad. Control de convencionalidad. Principio de oportunidad. Principio de subsidiariedad fiscal.

En la teoría del precedente constitucional, las razones centrales de la motivación que conducen directamente a la decisión y constituyen precedente vinculante para casos futuros análogos se denominan: Ratio decidendi. Sumario. Obiter dicta. Decisum.

El carácter amplio del hábeas corpus impone a la jueza o juez constitucional el deber de: Exigir el agotamiento previo de los recursos administrativos. Analizar ampliamente todas las circunstancias que rodean la restricción de la libertad de la persona accionante. Remitir el caso a la justicia penal ordinaria. Limitarse a verificar la existencia formal de la orden de detención.

Conforme a la jurisprudencia constitucional consolidada, la acción de protección ostenta una naturaleza: Subsidiaria pero no residual. Residual y de última instancia. Improcedente frente a actos de particulares. Equivalente a un recurso de casación.

De acuerdo con el criterio jurisprudencial vinculante en materia de procedencia, para acudir a la acción de protección: Se requiere dictamen previo de la Procuraduría General del Estado. Es necesario obtener autorización previa de la justicia ordinaria. No se exige el agotamiento previo de las vías ordinarias, debiendo el juzgador analizar si la garantía constitucional es la vía adecuada y eficaz para la tutela del derecho. Resulta indispensable agotar previamente todas las vías ordinarias.

La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contenida en las opiniones consultivas y sentencias de la Corte Interamericana, en cuanto órgano de interpretación auténtica de dicho instrumento, constituye para los Estados parte: Un parámetro relevante de aplicación en el orden interno conforme al deber de adecuación. Una norma de derecho interno de eficacia inmediata sin necesidad de adecuación. Un criterio meramente persuasivo sin efecto jurídico. Una recomendación facultativa de naturaleza diplomática.

Uno de los supuestos que habilita el control excepcional sobre el fondo en sede de garantía contra decisiones judiciales se configura cuando, prima facie, se observa: La ausencia formal de abogado patrocinador. Una notoria desnaturalización de las garantías jurisdiccionales que exige corrección y emisión de jurisprudencia vinculante. Un error meramente aritmético en la cuantía de la condena. La falta de pago de tasas judiciales.

Declarada la vulneración de derechos en una garantía jurisdiccional, la reparación integral puede comprender, entre otras medidas: La destitución inmediata del juez de la causa. La restitución del derecho, las disculpas públicas, las garantías de no repetición y otras medidas de satisfacción. Únicamente el pago de una indemnización tarifada. La suspensión de la vigencia constitucional.

Las decisiones adoptadas por el órgano máximo de control e interpretación constitucional en ejercicio de sus competencias constituyen, conforme al modelo constitucional ecuatoriano: Jurisprudencia vinculante. Doctrina constitucional de carácter facultativo. Recomendaciones no obligatorias. Meras opiniones académicas.

La naturaleza jurídica reconocida a la garantía dirigida a impugnar sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión el debido proceso u otros derechos constitucionales corresponde a: Una acción autónoma, y no a un recurso ni a una instancia adicional. Un mero incidente procesal. Un recurso ordinario de impugnación. Un trámite administrativo de revisión.

Conforme al estándar vigente de control de la motivación judicial, la tipología de deficiencias motivacionales comprende: Inexistencia, insuficiencia y apariencia. Nulidad, anulabilidad e inexistencia. Vicio de forma, de fondo y de procedimiento. Levedad, gravedad y máxima gravedad.

Cuando una autoridad pública impone a un trabajador la pérdida de su relación laboral mediante un acto administrativo y este es impugnado en sede constitucional, el examen del juzgador debe centrarse en: Calificar la conducta penal del empleador. Resolver el monto de las indemnizaciones laborales. Verificar si dicho acto vulneró derechos constitucionales, dentro de los estándares fijados por el juez constitucional en su jurisprudencia. Determinar nuevamente la procedencia de las causales legales del acto, sustituyendo al juez ordinario.

El examen jurisprudencial de una vulneración de derechos exige al juez constitucional, antes de declarar la procedencia de la garantía, verificar concurrentemente: La inscripción del actor en un registro público. El pronunciamiento previo de la Defensoría del Pueblo. La existencia de un derecho constitucional, la conducta vulneradora y la idoneidad de la garantía propuesta frente a otras vías. La identidad del actor y la cuantía del litigio.

La procedencia de la acción de protección frente a actos u omisiones de particulares se encuentra reconocida cuando, entre otros supuestos: La persona afectada se encuentre en condición de subordinación, indefensión o discriminación y se acredite la vulneración de un derecho constitucional. Exista cualquier conflicto privado entre las partes. El particular cause un perjuicio meramente patrimonial. El particular sea de nacionalidad extranjera.

A través de la garantía dirigida contra decisiones judiciales firmes, el juez constitucional: Revisa nuevamente el fondo del litigio ordinario como tercera instancia. Resuelve cuestiones de pura legalidad ordinaria. Sustituye libremente al juez ordinario en la valoración probatoria. Verifica la existencia de vulneraciones al debido proceso u otros derechos constitucionales en la decisión judicial impugnada, sin sustituir el criterio del juez ordinario en cuestiones de mera legalidad.

En las garantías jurisdiccionales, ante la ausencia de regla expresa sobre la valoración del acervo probatorio, la jurisprudencia constitucional ha admitido la aplicación supletoria de las reglas propias del: Proceso arbitral internacional. Proceso ordinario regulado en la norma adjetiva general en materia no penal. Proceso notarial voluntario. Proceso penal acusatorio.

La situación en la que confluyen simultáneamente varios factores de discriminación o desventaja sobre una misma persona —como edad avanzada y discapacidad— ha sido conceptualizada por la jurisprudencia constitucional como: Cosa juzgada fraudulenta. Litispendencia. Reincidencia. Doble vulnerabilidad o interseccionalidad.

¿Cuáles son las fases de la sucesión?. Testamento, partición y donación. Prescripción, tradición y ocupación. Apertura, delación y aceptación o repudio. Inventario, posesión efectiva y adjudicación.

¿Qué se entiende por delación de la herencia?. La revocatoria del testamento. La entrega material de los bienes al heredero. La partición de los bienes hereditarios. El llamamiento de la ley para aceptar o repudiar una herencia.

¿Cuándo se abre la sucesión?. Cuando los herederos aceptan la herencia. Con el fallecimiento del causante. Cuando se realiza el inventario. Cuando se otorga el testamento.

¿Qué tipo de sucesión existe cuando se combinan disposiciones testamentarias con reglas de sucesión intestada?. Sucesión intestada. Sucesión mixta. Sucesión testada. Sucesión forzosa.

Según el Código Civil, el testamento es un acto mediante el cual una persona: Renuncia a sus derechos hereditarios. Transfiere inmediatamente sus bienes a sus herederos. Dispone de todo o parte de sus bienes para que tenga efecto después de sus días. Dona irrevocablemente todos sus bienes en vida.

¿Cuál es una característica esencial del testamento?. Debe ser aceptado por los herederos antes de la muerte del testador. Es un acto solemne y revocable. Es siempre irrevocable.

¿Cuántos testigos se requieren, como regla general, para otorgar un testamento abierto ante notario en Ecuador?. 2 testigos. 3 testigos. 5 testigos. 4 testigos.

Las donaciones se realizan en un solo acto. Verdadero. Falso.

En la sucesión intestada, ¿quiénes integran el primer orden de sucesión?. Hijos, por derecho personal o representación (nietos), sin perjuicio de la porción conyugal. Ascendientes y cónyuge sobreviviente. Hijos por derecho personal. Hermanos y sobrinos.

¿Qué es el acervo líquido?. La suma exclusiva de las donaciones revocables. El patrimonio confundido del causante con otros patrimonios. El patrimonio del causante antes de pagar deudas. El patrimonio propio del causante una vez realizadas las rebajas legales.

El Derecho Internacional Privado regula, fundamentalmente: situaciones privadas con elemento extranjero que conectan dos o más sistemas jurídicos. la actividad de las organizaciones internacionales y sus funcionarios. relaciones jurídicas entre Estados soberanos en tiempos de paz y de guerra. exclusivamente los conflictos comerciales entre empresas multinacionales.

Las tres interrogantes que estructuran el DIPr frente a un caso con elemento extranjero son: qué nacionalidad tienen las partes, qué idioma usar y qué moneda emplear. qué ley se aplica, qué juez es competente y cómo se reconoce la sentencia extranjera. qué tribunal arbitral interviene, qué reglamento aplica y qué laudo se dicta. qué Estado tiene soberanía, qué tratado se firmó y qué pena corresponde.

Según Holguín, una característica esencial del DIPr es su carácter atributivo, lo cual significa que: atribuye automáticamente la nacionalidad a las personas con doble vínculo. no resuelve directamente el fondo del asunto, sino que indica con qué sistema jurídico se regula. impone siempre la ley del foro sobre cualquier ley extranjera. atribuye competencia exclusiva a los tribunales del lugar donde se encuentre el bien.

Si el Còdigo Civil establece que los bienes inmuebles se regulan por la ley del lugar en donde están situados, estamos frente a qué un método de solución del conflicto de leyes. Método de los vínculos más estrechos. Método de reciprocidad o transfronterizo. Método directo. Método indirecto o clásico.

El principio "locus regit actum" significa que: el juez del lugar siempre es competente para conocer del acto. el lugar de celebración determina la nacionalidad de los contratantes. la forma extrínseca de los actos se rige por la ley del lugar donde se otorgan. el lugar donde se ejecuta la obligación rige el fondo del contrato.

El principio "lex rei sitae" establece que: los bienes, especialmente los inmuebles, se rigen por la ley del Estado donde están situados. los bienes muebles siguen siempre la ley personal del titular. los bienes raíces se rigen por la ley del domicilio del propietario. los bienes se rigen por la ley elegida por las partes en el contrato.

El instrumento internacional aplicable cuando un padre sustrae a su hijo y lo traslada a otro Estado parte es: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. la Convención Americana sobre Derechos Humanos. el Convenio de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. el Código Sánchez de Bustamante de 1928.

Frente a un caso con elemento extranjero en Ecuador, el juez debe aplicar prioritariamente: la ley extranjera más favorable a las partes. un tratado internacional vigente que regule la materia, antes que la ley interna. siempre la ley interna ecuatoriana, por el principio de soberanía. el derecho comparado más actualizado en la materia.

Los tres elementos que estructuran toda norma de conflicto son: lex fori, lex causae y lex loci. demandante, demandado y juez. supuesto de hecho, punto de conexión y consecuencia jurídica. hecho, derecho y sentencia.

Por principio los bienes muebles... los muebles se rigen siempre por la ley del lugar donde se encuentran. los muebles se rigen por la ley del comprador, no del vendedor. los bienes muebles se rigen por la ley personal del titular (domicilio o nacionalidad). los muebles siguen la ley del lugar donde fueron fabricados.

El método conflictual, también llamado método indirecto, se caracteriza porque: designa la ley aplicable mediante una norma de conflicto, sin resolver el fondo. siempre impone la ley del foro a las partes en conflicto. resuelve directamente el fondo del asunto con reglas sustantivas uniformes. prescinde de las normas internas y aplica solo el derecho consuetudinario.

El orden público internacional opera como: un principio que obliga al juez a consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores. una regla que impone la ley extranjera sobre la ley del foro. un límite que permite al juez del foro descartar la ley extranjera cuando su aplicación es manifiestamente incompatible con los valores fundamentales del foro. un mecanismo automático que excluye toda ley extranjera del proceso.

El fraude a la ley en el DIPr consiste en: falsificar documentos públicos extranjeros en sede judicial. aplicar erróneamente una ley extranjera por desconocimiento. elegir libremente la ley aplicable a un contrato internacional. alterar intencionalmente el punto de conexión para evadir una norma imperativa.

El reenvío en el DIPr se produce cuando: la norma de conflicto del foro remite a una ley extranjera y la norma de conflicto de esa ley remite a su vez al foro o a un tercer Estado. la sentencia extranjera es enviada al país de origen para su ejecución. las partes renuncian a la jurisdicción y acuden al arbitraje. el juez devuelve el expediente al actor por errores procesales.

La regla general más extendida para atribuir competencia internacional es el foro del demandado, expresada en el aforismo: lex fori regit processum. locus regit actum. actor sequitur forum rei. pacta sunt servanda.

La doctrina del "forum non conveniens" fue aplicada de forma emblemática para Ecuador en el caso: Sánchez de Bustamante. Grimaldi (sucesión internacional). Aguinda c. Texaco. Savigny v. Story.

El Derecho Internacional Privado resuelve directamente el fondo de las controversias con elemento extranjero, indicando la solución material aplicable al caso. Verdadero. Falso.

En Ecuador, los tratados internacionales vigentes y debidamente ratificados prevalecen sobre la ley interna en la materia que regulan. Verdadero. Falso.

En el caso Grimaldi, la hija adoptiva heredó tanto el inmueble como la cuenta corriente situados en Argentina, por aplicación uniforme de la ley personal del causante. Verdadero. Falso.

El forum non conveniens permite al juez normalmente competente inhibirse del conocimiento de un litigio cuando estima que existe otro foro más adecuado para resolverlo. Verdadero. Falso.

¿Cuál de los siguientes es un principio propuesto por Cesare Beccaria?. Centralización del poder judicial en el Estad. Aplicación ilimitada de la pena. Principio de legalidad del delito y de la pena. Uso de la tortura en casos extremos.

Según Cesare Beccaria, la pena debe ser. Privada y sin publicidad. Lenta pero severa. Exagerada para generar temor. Pronta, cierta y proporcionada.

¿Cuál de las siguientes opciones representa una crítica de Beccaria a las penas inhumanas?. La pena debe ser basada en la venganza. La pena debe ser aplicable sin juicio previo. La pena debe tener finalidad preventiva. La pena debe ser ejemplar pública.

¿Qué rechaza Beccaria en su propuesta de reforma penal?. La presunción de inocencia. Participación ciudadana en la legislación. Pruebas y acusaciones secretas. Igualdad ante la ley.

Según Beccaria, la pena debe cumplir con todas las siguientes condiciones, EXCEPTO: Tener una finalidad preventiva. Ser pronta y cierta. Ser arbitraria. Ser igualitaria.

¿Qué rechaza expresamente Beccaria en su teoría penal?. La pena de muerte. La igualdad ante la ley. La intervención de los ciudadanos ante la ley. La separación de poderes.

¿Cuál fue una de las principales críticas de la escuela positivista hacia la escuela clásica?. Falta de castigo. Falta de enfoque sociológico. Uso excesivo de la ciencia. Exceso de empatía con el criminal.

¿Qué afirmaban los positivistas sobre el libre albedrío?. Era la base de la responsabilidad penal. No existía; solo había necesidad. Era necesario para el juicio moral. Solo era aplicable en delitos graves.

¿Cuál de los siguientes autores clasificó al delito como fenómeno humano condicionado por causas endógenas y exógenas?. Carrara. Romagnosi. Spencer. Ferri.

Según Garófalo, el “delito natural” se caracteriza por. El acto voluntario y planeado. La reincidencia del sujeto. El uso de la violencia. La violación de sentimientos altruistas.

¿Cuál es la fórmula propuesta por el positivismo para definir el delito?. Delito = Personalidad + Ambiente. Delito = Acción + Reacción. Delito = Intención + Daño. Delito = Responsabilidad + Culpa.

¿Qué elemento NO es parte del esquema ferriano del delito?. Objeto. Daño. Castigo. Sujeto.

¿Qué defendía Ferri sobre la sanción penal?. Debía aplicarse de forma automática. Debía tener un fin retributivo. Debía adaptarse a la personalidad del delincuente. Solo debía durar un tiempo determinado.

¿Qué buscaban los “subrogados penales”?. Castigar a todos por igual. Suprimir la responsabilidad. Adaptar la sanción al grado de peligrosidad. Establecer una pena única para cada delito.

¿Qué idea caracteriza la postura del positivismo sobre el delincuente?. El delito es más importante que la persona. El delincuente no debe ser estudiado. Todos los delitos deben tener penas iguales. El delincuente es el protagonista del derecho penal.

¿Qué tipo de dolo se configura cuando el agente considera seriamente posible la realización del resultado pero actúa igualmente?. Culpa Inconsciente. Dolo directo. Dolo consciente. Dolo eventual.

¿Cuál es la diferencia principal entre error de tipo y error de prohibición?. El error de tipo recae sobre la ilicitud del hecho. El error de tipo afecta la tipicidad; el de prohibición, la culpabilidad. Ambos errores son equivalentes en su tratamiento legal. El error de prohibición impide el dolo, el de tipo no.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un delito culposo?. Accidente de tránsito por exceso de velocidad. Robo a mano armada. Estafa con engaño. Homicidio intencional.

¿Qué teoría sostiene que el dolo incluye elementos intelectuales y volitivos?. Teoría casual. Teoría dualista. Teoría normativa. Teoría finalista.

¿Cuál es la diferencia entre coautoría y complicidad?. La coautoría implica dominio funcional del hecho. Ambas son lo mismo. La complicidad exige dominio del hecho. La coautoría es posterior al delito.

La letra de cambio es un título valor por el cual el girador ordena al girado el pago incondicional de una suma de dinero; el girado puede ser, al mismo tiempo, el beneficiario del título. Verdadero. Falso.

La literalidad de los títulos valores implica que únicamente puede exigirse el derecho que consta expresamente en el documento, sin admitir prueba extrínseca que amplíe o modifique su contenido. Verdadero. Falso.

Según el Código de Comercio, la empresa es la unidad económica que organiza elementos personales, materiales e inmateriales para desarrollar una actividad mercantil. El establecimiento de comercio: Es sinónimo de empresa y siempre coincide con ella en cuanto a bienes y organización. Es exclusivo de personas jurídicas y no puede ser explotado por personas naturales. Solo puede pertenecer a una empresa y debe destinarse exclusivamente a una única actividad comercial. Es parte integrante de la empresa y comprende el conjunto de bienes organizados en un lugar determinado para realizar sus fines; una empresa puede tener varios establecimientos.

Respecto al pagaré a la orden, señale la afirmación correcta: El pagaré es un título de contenido crediticio por el cual el otorgante promete incondicionalmente pagar una suma determinada al tomador o beneficiario. El pagaré puede giarse al portador en todos los casos, sin restricción legal alguna. En el pagaré intervienen tres partes: otorgante, girado y beneficiario. El pagaré es un título de contenido crediticio por el cual el otorgante ordena a un tercero el pago de una suma determinada.

Valentina, embarazada de treinta y ocho semanas, ingresa al hospital en trabajo de parto. Durante la expulsión, el feto presenta signos vitales (latidos cardíacos detectados por monitoreo), pero fallece antes de que el personal médico complete la separación del cuerpo materno mediante el corte del cordón umbilical. El padre, Sebastián, pretende invocar derechos sucesorios a nombre del recién fallecido sobre la herencia de su abuelo paterno, quien murió una semana antes del parto, argumentando que el feto tuvo signos vitales. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿cuál es la situación jurídica del no nacido respecto a los derechos sucesorios?. Corresponde al juez decidir mediante peritaje médico si el no nacido alcanzó personalidad jurídica suficiente para heredar. Se reputa no haber existido jamás, por lo que los derechos que le habrían correspondido pasan a otras personas como si nunca se hubiesen radicado en él. Adquirió personalidad jurídica porque presentó signos vitales durante el parto, y los derechos hereditarios se transmiten a sus sucesores. Adquirió derechos condicionales desde la concepción, los cuales se consolidan automáticamente por la sola detección de signos vitales.

Ramiro Cañizares, comerciante de 45 años domiciliado en Latacunga, viajó a la Amazonía en abril de 2022 para un negocio forestal. Las últimas noticias de él datan del 20 de abril de 2022, cuando se comunicó con su esposa Lorena desde Tena. Desde entonces se desconoce su paradero, pese a búsquedas policiales, denuncias formales y diligencias de la familia. Es mayo de 2026. Lorena acude a su abogada porque desea liquidar la sociedad conyugal y disponer libremente del patrimonio familiar para sostener a sus tres hijos. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿qué puede solicitar la esposa en este momento procesal?. La declaración de muerte presunta con concesión de posesión provisional de los bienes, lo cual disuelve la sociedad conyugal, sin que proceda aún la posesión definitiva. Debe esperar al menos diez años desde las últimas noticias para solicitar cualquier declaración judicial sobre el patrimonio. Únicamente puede solicitar medidas cautelares para conservar el patrimonio, pues durante la mera ausencia los apoderados administran los bienes sin posibilidad de disolver la sociedad conyugal. La declaración de muerte presunta con concesión inmediata de posesión definitiva, porque transcurrieron más de dos años desde las últimas noticias.

Don Eduardo Vélez y su hijo Mateo fallecen en un accidente vehicular en la vía Aloag-Santo Domingo. Los peritos forenses no pueden establecer con certeza el orden en que ocurrieron las muertes. Don Eduardo dejó un testamento instituyendo heredero universal a Mateo, quien tenía a su vez dos hijos. Don Eduardo tiene además una hermana, Teresa, que invoca ser heredera ante la imposibilidad de determinar cuál falleció primero. Los nietos de don Eduardo (hijos de Mateo) reclaman heredar por representación. Según el Código Civil ecuatoriano, ¿cómo se resuelve jurídicamente la controversia sucesoria?. Se presume legalmente que el padre falleció primero por ser mayor, de modo que Mateo heredó y sus hijos suceden en su patrimonio. Se procederá como si ambos hubiesen fallecido en un mismo momento y ninguno hubiese sobrevivido al otro, de modo que ningún fallecido hereda del otro. El juez debe ordenar un peritaje adicional y, si persiste la duda, aplicar por analogía la presunción de que el hijo sobrevivió al padre por tener mejor condición vital. El testamento se vuelve ineficaz absolutamente y toda la sucesión se abre intestada en favor exclusivamente de la hermana del causante.

Camila, de 16 años de edad, presenta ante la Dirección General de Registro Civil una solicitud de rectificación del dato relativo al género en su cédula. Acude acompañada de su madre, Elena, quien consiente expresamente el trámite, y presenta dos informes psicosociales elaborados por profesionales acreditados que, tras evaluación individualizada, determinan que Camila cuenta con un grado suficiente de madurez para adoptar decisiones libres, informadas y voluntarias sobre su identidad de género. La funcionaria del Registro Civil niega la solicitud aplicando el requisito de mayoría de edad establecido en el artículo 94 de la LOGIDC y en el artículo 32 de su Reglamento. Conforme al estado actual de la jurisprudencia constitucional ecuatoriana, ¿es correcta la actuación de la funcionaria del Registro Civil?. Sí es correcta, porque el artículo 94 de la LOGIDC exige expresamente mayoría de edad y el principio de legalidad impide a la funcionaria apartarse del texto expreso de la ley. Sí es correcta, porque el cambio de género en adolescentes requiere necesariamente autorización judicial previa y no puede tramitarse en vía administrativa. No es correcta, porque basta el consentimiento libre de la adolescente para acceder a cualquier rectificación registral de género, sin otros requisitos. No es correcta, porque la Sentencia 4-24-CN/26 de la Corte Constitucional inaplicó el requisito de mayoría de edad cuando concurren el acompañamiento de representantes legales e informes psicosociales que acreditan madurez suficiente.

Nicolás, de 16 años, presidente elegido de la asociación estudiantil de su colegio, firma a nombre de la organización un contrato con una imprenta local para la elaboración de materiales del periódico estudiantil, por un monto total de USD 850. El padre de Nicolás, al enterarse, exige a la imprenta anular el contrato argumentando que su hijo es menor de edad y que todo contrato celebrado por él es nulo de nulidad absoluta. Paralelamente, Nicolás firma también un contrato de compraventa de un automóvil usado por USD 2.800, sin el conocimiento de sus padres. Conforme al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ¿cuál es el régimen de validez aplicable a cada contrato?. Ambos contratos son nulos de nulidad absoluta por tratarse de actos celebrados por un adolescente menor de 18 años sin representación legal. El contrato con la imprenta es válido por estar comprendido en el objeto de la asociación estudiantil y no exceder los USD 2.000; el contrato de compraventa del vehículo adolece de nulidad relativa por corresponder al régimen general del Código Civil. El contrato con la imprenta es nulo por exceder la capacidad representativa de un adolescente; el contrato de compraventa del vehículo es válido por constituir un acto patrimonial necesario. Ambos contratos son plenamente válidos porque Nicolás tiene más de 15 años y el Código de la Niñez reconoce plena capacidad contractual a los adolescentes mayores de esa edad.

Daniela, de 17 años y seis meses, y Alejandro, de 24 años, contraen matrimonio civil ante el Jefe de Registro Civil del cantón Cuenca. Dos meses después, los padres de Daniela descubren que, aprovechando una confusión en la verificación documental, la joven había alterado su fecha de nacimiento y se presentó como mayor de edad al momento de la celebración. Alejandro alega desconocer la edad real de Daniela. La familia de Daniela pretende obtener la nulidad del matrimonio. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿cómo debe calificarse jurídicamente el matrimonio y quién tiene legitimación activa para demandar su nulidad?. Es válido porque ambos contrayentes expresaron consentimiento libre y espontáneo, y la edad solo constituye impedimento impidiente subsanable con la llegada de la mayoría de edad. Es nulo por vicio del consentimiento por error respecto de la identidad del contrayente; únicamente Alejandro, como cónyuge perjudicado, puede demandar la nulidad. Es válido por tratarse de un impedimento subsanable mediante autorización judicial posterior; la buena fe de Alejandro impide cualquier impugnación. Es nulo por impedimento dirimente de edad; cualquiera de los cónyuges puede demandar la nulidad y la acción prescribe en el plazo de dos años conforme a la regla general del Art. 99 CC.

Paulina y Esteban están casados bajo sociedad conyugal desde 2015. En 2022, Esteban fue declarado interdicto mediante sentencia judicial ejecutoriada por padecer un trastorno cognitivo grave. Durante la administración ordinaria previa, constaba en el acta matrimonial que ambos cónyuges administrarían conjuntamente. Paulina necesita ahora vender un inmueble de la sociedad conyugal para cubrir los gastos médicos de Esteban y del hogar familiar. Su abogada le indica que debe iniciar un procedimiento judicial para obtener autorización del cónyuge impedido. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿cuál es la situación jurídica correcta?. La abogada tiene razón: Paulina debe obtener autorización judicial supletoria que reemplace la voluntad del cónyuge interdicto para cada acto de disposición. Por la interdicción de Esteban opera automáticamente la administración extraordinaria de la sociedad conyugal en favor de Paulina, quien puede realizar por sí sola los actos que normalmente requerirían consentimiento del otro cónyuge. La interdicción disuelve automáticamente la sociedad conyugal, por lo que Paulina debe previamente liquidar la sociedad antes de disponer del inmueble. Paulina debe asumir la curaduría de Esteban y, en esa calidad, representarlo para prestar consentimiento como cónyuge en los actos de disposición de bienes sociales.

Martina y Joaquín están por contraer matrimonio. Ambos son profesionales con patrimonios significativos previos al matrimonio. Desean otorgar capitulaciones matrimoniales en las que pactan: (i) excluir del patrimonio social los salarios devengados durante el matrimonio por cada cónyuge, manteniéndolos como bienes propios; (ii) que Joaquín administre por sí solo todos los bienes sociales sin necesidad de autorización de Martina para ningún acto, renunciando ella anticipadamente a cuestionar cualquier enajenación de inmuebles; y (iii) que Martina quede excluida del deber de socorro y ayuda mutua establecido en el Código Civil. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿cuáles de estas estipulaciones pueden válidamente incluirse en las capitulaciones matrimoniales?. Todas son válidas, porque las capitulaciones matrimoniales constituyen la máxima expresión de la autonomía de la voluntad en materia matrimonial y no están sujetas a límites sustantivos. Solo la primera: pueden determinar que ciertos bienes que conforme a las reglas generales ingresarían a la sociedad permanezcan en el patrimonio separado, pero no pueden renunciar a la autorización conyugal para actos de disposición de inmuebles ni excluir los deberes legales del matrimonio. Solo la segunda, porque la administración de bienes sociales es materia plenamente disponible por los cónyuges mediante capitulaciones, pero los bienes propios y los deberes matrimoniales son inmodificables. Ninguna es válida, porque las capitulaciones solo pueden referirse a la enumeración de bienes y deudas aportados al matrimonio, sin modificar el régimen legal supletorio.

Soledad descubre en enero de 2023, a través de mensajes en el teléfono celular de su esposo Andrés, que este mantiene una relación extramatrimonial desde 2020. Sin embargo, Soledad no demanda divorcio inmediatamente porque busca preservar el hogar para sus dos hijos pequeños y emprende una terapia de pareja que fracasa. En abril de 2024, tras confirmar que Andrés continúa la relación, decide consultar a una abogada sobre demandar divorcio por adulterio (causal 1ª del Art. 110 CC). La abogada le advierte sobre un posible problema procesal. Conforme al Código Civil ecuatoriano, ¿cuál es el problema procesal que debe considerar Soledad?. El plazo para demandar divorcio por adulterio prescribió en enero de 2024, porque se cuentan seis meses desde la primera noticia del hecho que configura la causal. La acción de divorcio por adulterio es imprescriptible, pero Soledad pierde el derecho a solicitar la entrega de la quinta parte de los bienes del Art. 112 CC por el transcurso del tiempo. La acción prescribió en enero de 2026, porque se cuentan tres años desde la primera noticia, conforme al plazo general de prescripción de acciones civiles. La acción de divorcio por la causal de adulterio prescribe en un año, contado desde que el cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa, por lo que prescribió aproximadamente en enero de 2024.

Valeria, madre de Emilia (8 años) y Tomás (5 años), demanda alimentos contra el padre de los niños, Francisco, quien ha perdido su empleo y acredita, mediante documentación del IESS y certificación de búsqueda laboral, ausencia total de ingresos y ausencia de bienes embargables durante los últimos ocho meses. Valeria propone que se demande a la familia extendida de Francisco, que incluye: a los abuelos paternos (propietarios de dos inmuebles y pensionistas del IESS); a Mariana, hermana de Francisco de 28 años con empleo estable; y a Héctor, tío paterno de los niños con capacidad económica. Adicionalmente, la abuela materna vive con Valeria y los niños bajo medida de protección dictada hace dos años. Conforme al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, ¿cómo procede la fijación de la obligación alimentaria subsidiaria?. Puede demandarse a los abuelos paternos, a la hermana mayor de 21 años y al tío paterno; la autoridad regulará la proporción simultánea según la capacidad económica de cada uno. La abuela materna queda excluida por encontrarse bajo medida de protección conviviendo con los niños. La abuela materna, por ser la pariente que convive con los niños y tiene ingresos propios, es la obligada subsidiaria prioritaria, y solo en su defecto procede demandar a la familia paterna. Debe demandarse únicamente a los abuelos paternos, porque el orden de llamamiento es estrictamente sucesivo y los demás obligados solo responden ante agotamiento total del primer grado. La obligación subsidiaria se distribuye en partes iguales entre todos los parientes mencionados sin consideración de su capacidad económica, porque la responsabilidad alimentaria por parentesco es objetiva.

Un agricultor vende a una fábrica toda su cosecha de maíz que todavía está creciendo en el campo. Legalmente, ¿qué tipo de bien es el maíz en el momento de la venta?. BIEN INMUEBLE POR NATURALEZA. BIEN MUEBLE POR NATURALEZA. INMUEBLE POR ADHERENCIA. BIEN MUEBLE POR ANTICIPACIÓN.

El dueño de un edificio de oficinas instala un sistema central de aire acondicionado con ductos empotrados en las paredes. ¿Cómo se clasifica este sistema de aire acondicionado?. BIEN MUEBLE POR ADHERENCIA. INMUEBLE POR NATURALEZA. INMUEBLE POR DESTINACIÓN. INMUEBLE POR ADHERENCIA.

María compra un departamento y firma la escritura pública, pero olvida inscribirla en el Registro de la Propiedad. ¿Ha operado la tradición del dominio?. SI, PORQUE LA ENTREGA DE LAS LLAVES CONSTITUYE UNA TRADICIÓN FICTA. NO, PORQUE LA TRADICIÓN DE INMUEBLES REQUIERE LA INSCRIPCIÓN DEL TÍTULO. SÍ, PORQUE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA ES UN TITULO TRASLATICIO DE DOMINIO Y ES SUFICIENTE PARA TRANSFERIR DOMINIO. NO, PORQUE FALTA LA ENTREGA FÍSICA DEL DEPARTAMENTO.

Juan encuentra un reloj de oro en el parque que parece haber sido perdido. ¿Qué debe hacer Juan según las reglas de la ocupación por invención o hallazgo?. PUEDE QUEDÁRSELO INMEDIATAMENTE POR SER UNA COSA SIN DUEÑO. DEBE DEJARLO DONDE LO ENCONTRÓ PARA NO COMETER UN DELITO. DEBE ENTREGARLO A LA AUTORIDAD PARA QUE SE ANUNCIE EL HALLAZGO. ADQUIERE EL DOMINIO A LAS 24 HORAS SI EL DUEÑO NO APARECE.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un derecho real y un derecho personal en cuanto al sujeto pasivo. EL DERECHO REAL SOLO SE EJERCE CONTRA EL ESTADO. EN EL DERECHO PERSONAL NO EXISTE SUJETO PASIVO. AMBOS SE EJERCER CONTRA CUALQUIER PERSONA SIN DISTINCIÓN. EL DERECHO REAL ES ERGA OMNES MIENTRAS QUE EL DERECHO PERSONAL CONTRA UN DEUDOR DETERMINADO.

Roberto posee una casa con justo título y buena fe inicial durante 5 años de forma tranquila. ¿Qué tipo de prescripción puede alegar?. PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE DOMINIO. PRESCRIPCIÓN ADQUISITVA EXTRAORDINARIA. PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ORDINARIA.

Andrea le presta su vehículo a Carlos por un mes. Al terminar el mes, Carlos se niega a devolverlo y dice que ahora él es el dueño. ¿Qué elemento de la posesión le falta a Carlos?. EL TITULO TRASLATICIO DE DOMINNIO. EL CORPUS O TENENCIA MATERIAL. EL ANIMUS DE SEÑOR Y DUEÑO. LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

De acuerdo con el Art. 603 del Código Civil, ¿cuál de los siguientes NO es un modo de adquirir el dominio?. TRADICIÓN. TENENCIA POR ARRENDAMIENTO. ACCESIÓN. OCUPACIÓN.

Un propietario desea recuperar su terreno que está siendo ocupado por un tercero sin ningún título. ¿Qué acción debe interponer si puede demostrar que es el dueño inscrito?. ACCIÓN DE PARTICIÓN. ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA. ACCIÓN REIVINDICATORIA. ACCIÓN POSESORIA DE AMPARO.

Ricardo constituye un derecho de usufructo sobre su casa a favor de su madre por 10 años. ¿Cómo se denomina legalmente la posición de Ricardo durante ese tiempo?. USUFRUCTUARIO SUBSIDIARIO. POSEEDOR DE BUENA FE. MERO TENEDOR. NUDO PROPIETARIO.

En el caso de Juan Sebastián Samaniego, el pago de USD 350,00 por ser dueño de una casa avaluada en USD 230.000 corresponde a un(a): Tasa. Contribución especial. Impuesto.

El pago de USD 30,00 por iniciar una actividad económica corresponde a un(a): Tasa. Impuesto. Contribución especial.

El pago de USD 50,00 por la regeneración urbana corresponde a un(a): Contribución especial. Impuesto. Tasa.

El pago de USD 15,00 por recolección de basura corresponde a un(a): Tasa. Impuesto. Contribución especial.

Respecto de los cuatro tributos pagados por Juan Sebastián Samaniego, el sujeto activo de la obligación tributaria (Art. 23 COT) es: El GAD Municipal de Loja. El Servicio de Rentas Internas (SRI). Juan Sebastián Samaniego Mena. El Servicio Nacional de Aduana (SENAE).

En el caso planteado, ¿quién tiene la calidad de sujeto pasivo (contribuyente) de la obligación tributaria (Arts. 24 y 25 COT)?. La Asamblea Nacional. El notario que registró la casa. El GAD Municipal de Loja. Juan Sebastián Samaniego Mena.

El hecho generador del impuesto predial que pagó Juan Sebastián por su casa (Art. 16 COT; COOTAD art. 501) es: El servicio de recolección de basura. La firma del contrato de compraventa de la casa. La propiedad de un predio ubicado en la zona urbana del cantón. El inicio de una actividad económica.

Para calcular el impuesto predial de la casa avaluada en USD 230.000, la base imponible es: El costo de la obra de regeneración urbana. Los USD 350 pagados por concepto del tributo. El ingreso anual del propietario. El avalúo catastral del inmueble (USD 230.000).

El hecho de que el impuesto predial se calcule sobre el avalúo del inmueble —de modo que quien posee bienes de mayor valor paga más— es una manifestación del principio tributario de: Capacidad económica (capacidad contributiva). Simplicidad administrativa. Irretroactividad. Transparencia.

Según el principio de legalidad y reserva de ley (Art. 301 CRE; Arts. 4 y 5 COT), los elementos esenciales de un impuesto —hecho generador, sujetos, base imponible y tarifa— solo pueden establecerse, modificarse o extinguirse mediante: Un decreto del Alcalde de Loja. Un contrato entre el contribuyente y el municipio. Ley sancionada por la Asamblea Nacional. Una resolución del SRI.

¿Cuál de los siguientes métodos de interpretación constitucional obliga a considerar que una medida adoptada tenga un fin constitucionalmente válido, sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto?. Ponderación. Teleológico. Literal. Sistemático.

Durante un estado de excepción pueden suspenderse todos los derechos constitucionales. Verdadero. Falso.

¿Qué elemento del precedente judicial posee fuerza obligatoria?. Ratio decidendi. Obiter dictum. Hechos. Voto salvado.

El caso Marbury vs. Madison es reconocido por establecer el control judicial de constitucionalidad. Verdadero. Falso.

¿Cuál es la principal diferencia entre el Estado legal y el Estado constitucional?. El Estado constitucional elimina la división de poderes. En el Estado constitucional las leyes no tienen valor. En el Estado legal los derechos fundamentales tienen aplicación directa. En el Estado constitucional la Constitución es la norma suprema y limita el ejercicio del poder.

¿Cuál de las siguientes características corresponde al constitucionalismo norteamericano?. Predominio absoluto de la ley escrita. Supremacía del Parlamento. Judicial review y fuerza del precedente. Ausencia de control de constitucionalidad.

Es posible reformar la Constitución mediante un procedimiento de reforma parcial que señale que las y los jueces de la Corte Constitucional pueden ser sometidos a juicio político. Verdadero. Falso.

¿Qué es el bloque de constitucionalidad?. Significa que las y los jueces nacionales no deben necesariamente aplicar las disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos, porque es necesario que apliquen de preferencia las normas legales, especialmente cuando hay contradicciones. significa que el Estado debe cumplir los tratados internacionales de buena fe. Significa que todos los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución y, por tanto, son obligatorios para resolver los casos. Significa que las y los jueces nacionales tienen la obligación de aplicar las disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos para resolver los casos.

La doctrina de la irradiación de acuerdo con el fallo Luth del Tribunal Constitucional alemán señala que el Derecho Constitucional y los derechos fundamentales atraviesan únicamente los asuntos públicos. Verdadero. Falso.

La jurisdicción y la competencia se diferencian en que: La jurisdicción se prorroga y la competencia no. La competencia la tienen todos los jueces y la jurisdicción solo el tribunal más alto. Son lo mismo. La jurisdicción es la potestad de juzgar y la competencia es la medida en que esa potestad se reparte entre los juzgadores.

La diferencia entre acción, pretensión y demanda es que: La acción es el poder de acudir al juez, la pretensión es lo que se reclama frente a la contraparte y la demanda es el acto que las introduce al proceso. La demanda es un derecho y la acción un documento. La acción es lo que se reclama a la contraparte y la pretensión es el acto que inicia el proceso. Los tres términos significan lo mismo.

El poder de la jurisdicción que permite hacer ejecutar lo juzgado es el de: Llamar y vincular a las partes. Ejecutar lo decidido. Conocer el asunto. Emplear la coacción durante el trámite.

Si se demanda ante un juez que no es competente por el territorio y el demandado contesta el fondo sin alegar esa incompetencia: El proceso es nulo. La competencia se prorroga y el juez queda habilitado para conocer la causa. El juez debe apartarse de oficio al dictar sentencia. Se suspende la jurisdicción del juzgador.

El principio de inmediación exige que: Todo se presente por escrito. La sentencia se dicte el mismo día de la citación. El juzgador esté presente en las audiencias y en la práctica de la prueba. Todo el proceso se resuelva en un solo acto.

La preclusión consiste en: El cierre de cada etapa procesal, de modo que lo que no se ejerció a tiempo se pierde. La facultad del juez de reabrir etapas ya cumplidas. La anulación de un acto por defecto de forma. La reunión de varias pretensiones en una sola demanda.

La falta de legitimación en la causa: Solo la puede declarar el máximo órgano de justicia. Se refiere a la aptitud para comparecer válidamente al proceso. Impide que el proceso llegue siquiera a existir. Es una condición para que el juez pueda resolver el fondo, y puede alegarse como excepción previa.

Para que exista cosa juzgada se requiere identidad de: Juez, secretario y sala. Partes, objeto y causa. Cuantía, materia y territorio. Demanda, contestación y prueba.

Una sentencia que concede algo distinto de lo que se pidió incurre en el vicio de: Infra Petita. Magna Petita. Extra Petita. Supra Petita.

En el sistema ecuatoriano, la prueba se valora conforme a: La convicción del juez, sin necesidad de explicarla. Las reglas de la sana crítica, apreciando la prueba en su conjunto. Una tarifa legal fija. El orden en que fue anunciada.

La jurisdicción es divisible y se reparte entre los jueces por materia, territorio, personas y cuantía. Verdadero. Falso.

El proceso es un medio para alcanzar la justicia, y esta no debe sacrificarse por la sola omisión de formalidades. Verdadero. Falso.

La acción garantiza al actor obtener una sentencia favorable. Verdadero. Falso.

La incompetencia por la materia no se prorroga, aunque ninguna de las partes la alegue. Verdadero. Falso.

Una resolución judicial que carece de motivación suficiente puede ser declarada nula. Verdadero. Falso.

La citación defectuosa es una simple irregularidad que no afecta la validez del proceso. Verdadero. Falso.

La cosa juzgada impide volver a discutir en un proceso posterior lo que ya fue resuelto. Verdadero. Falso.

La justicia indígena, los jueces de paz y el arbitraje son excepciones a la regla de que solo la Función Judicial administra justicia. Verdadero. Falso.

En los procesos sobre garantías de derechos, el juez puede pronunciarse sobre una vulneración que las partes no invocaron, sin que ello sea incongruencia. Verdadero. Falso.

En materia no penal, la prueba puede presentarse en cualquier momento antes de la sentencia. Verdadero. Falso.

En las garantías jurisdiccionales de la LOGJCC es indispensable el patrocinio de un abogado para proponer la acción o apelar la sentencia. Verdadero. Falso.

Conforme al Art. 142 del COGEP, si la demanda no reúne los requisitos, el juzgador ordena completarla o aclararla en el término de: 24 horas. 5 días. 3 días. 10 días.

En el Habeas Corpus, la audiencia debe realizarse dentro de: 8 días. 3 días. 48 horas. 24 horas de presentada la acción.

En el examen directo, la información debe salir del abogado mediante preguntas cerradas que dirijan y controlen la respuesta del testigo. Verdadero. Falso.

El plazo de 40 días es el elemento temporal que configura el incumplimiento y habilita la Acción por Incumplimiento. Verdadero. Falso.

La Acción Extraordinaria de Protección debe interponerse en el término de ___ y ante ___. 40 días — el juez de primera instanciaC. 20 días — la Corte Provincial. 8 días — la Corte Constitucional. 20 días — la Corte Constitucional.

Según la distinción de Manuel Atienza, el contexto que valora la solidez de las premisas (que los hechos y las normas sean verdaderos y aplicables) es el. Formal. Material. Pragmático. Dispositivo.

En el COGEP, el procedimiento ordinario se desarrolla mediante: Una audiencia única con dos fases (saneamiento y prueba). Únicamente la audiencia de juicio. Un máximo de tres audiencias debidamente justificadas. Dos audiencias: preliminar y de juicio.

De acuerdo con el Art. 174 del COGEP, la prueba testimonial es la declaración que rinde. Solamente la parte demandada. Únicamente un tercero ajeno al proceso. Una de las partes o un tercero. Exclusivamente los peritos acreditados.

Respecto del procedimiento práctico de la objeción, esta: Suspende automáticamente la audiencia. La resuelve la contraparte que interrogaba. Se reserva para el alegato final. Se resuelve en el momento por el juzgador.

Como regla general, las preguntas sugestivas están: Permitidas en ambos exámenes sin restricción. Prohibidas en ambos exámenes sin excepción alguna. Prohibidas en el examen directo y permitidas en el contraexamen. Permitidas en el examen directo y prohibidas en el contraexamen.

En el modelo argumentativo de Toulmin, el elemento que autoriza el paso de los datos a la conclusión descrito como "el puente" es: La garantía (warrant). La refutación (rebuttal). El respaldo (backing). El cualificador modal (qualifier).

¿Qué pasa en el alegato inicial en la audiencia de juicio?. Se reserva para refutar los alegatos finales de la contraparte. Presenta la teoría del caso y concluye señalando el orden en que se practicará la prueba. Sustituye al anuncio de prueba hecho en la demanda. Es el momento de valorar la prueba ya practicada.

En el procedimiento ordinario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la instrucción fiscal es correcta?. En casos de flagrancia dura 90 días, igual que en el procedimiento ordinario general. La instrucción fiscal solo inicia después de dictado el auto de llamamiento a juicio. En todos los casos dura máximo 30 días, sin posibilidad de ampliación. La duración ordinaria es de 30 días y puede durar hasta 90 días. Pero existen variaciones como flagrancia, tránsito, vinculación y reformulación.

¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el principio de contradicción dentro del sistema procesal penal?. El derecho de las partes a replicar argumentos y pruebas presentadas por la contraparte. La realización del proceso mediante audiencias públicas y presenciales. La concentración de la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia. La obligación del juez de estar presente durante toda la audiencia.

¿Cuál de los siguientes elementos corresponde específicamente al contenido de la querella, conforme a la presentación?. Cualquier circunstancia que conduzca a comprobar la infracción. Identificación de víctimas y determinación general de daños causados. Declaración expresa de formalizar la querella. Firma o huella digital del denunciante y reconocimiento ante el fiscal sin juramento.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el procedimiento directo?. Concentra instrucción, etapa preparatoria y juicio en una sola audiencia, para ciertos delitos flagrantes. Requiere que el procesado admita voluntariamente el hecho imputado para obtener rebaja de pena. Se aplica exclusivamente a contravenciones penales, de tránsito y violencia contra la mujer. Se aplica a toda infracción penal, sin importar la pena ni la existencia de flagrancia.

Según la estructura del proceso penal ecuatoriano, ¿cuál es la diferencia central entre el inicio por investigación previa y el inicio por flagrancia?. En la investigación previa no hay aprehensión inicial; en flagrancia existe detención inmediata por la presunta comisión del delito. En la investigación previa siempre existe persona detenida, mientras que en flagrancia no existe aprehensión. En la flagrancia se inicia con denuncia escrita, mientras que la investigación previa inicia únicamente por querella. Ambas vías deben tramitarse simultáneamente para garantizar el debido proceso.

¿Cuál es la finalidad principal de la investigación previa?. Determinar si la conducta investigada es delictuosa e identificar posibles autores y víctimas. Dictar sentencia condenatoria o ratificar el estado de inocencia del procesado. Anunciar la totalidad de la prueba que será practicada en juicio oral. Resolver sobre vicios de procedimiento y dictar auto de llamamiento a juicio.

Analice el caso y seleccione la respuesta correcta Lenin y Diego celebran un contrato de arrendamiento de bien inmueble, en el cual acuerdan que Diego pagará un canon de arrendamiento mensual de 800 dólares mensuales los primeros 5 días de cada mes. Luego de 8 meses Lenin se acerca a su oficina y le comenta que Diego no ha cancelado el arriendo desde hace 5 meses y que no desea llegar a ninguna clase de acuerdo con el arrendatario. Usted le recomendaría terminar el contrato por: resolución. rescisión. ninguna de las anteriores. resciliación.

El error, la fuerza y la falta de buena fe son vicios del consentimiento. Verdadero. Falso.

El contrato accesorio no depende necesariamente de otro contrato para que pueda existir. Verdadero. Falso.

El Código Civil ecuatoriano, en su artículo 1454 diferencia entre contrato y convención. Verdadero. Falso.

Son elementos de existencia del negocio jurídico la capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Verdadero. Falso.

La buena fe objetiva, impone el deber de actuar con honestidad, verdad y rectitud. Verdadero. Falso.

Para que la declaración de la voluntad tenga efectos jurídicos, no deber ser exteriorizada. Verdadero. Falso.

La capacidad de goce implica que la persona pueda ser titular de derechos. Verdadero. Falso.

El error de hecho sí vicia el consentimiento. Verdadero. Falso.

En el siguiente caso, ¿qué contrato deberían celebrar las partes? Ramiro quien es una persona que sufre de sobrepeso, decide cambiar su estilo de vida, por lo que conoce a Karen (quien es "personal trainer" ) y le ofrece la cantidad de 5 000 dólares mensuales por dos sesiones diarias de "crossfit". Karen acepta, por lo que ese mismo día empiezan a entrenar. Seis meses después Ramiro se percata que ha bajado 15 kilos, por lo que muy feliz se acerca a Karen y le comenta lo siguiente: "He visto grandes resultados y cambios en mi salud, por lo que deseo aumentar el pago por tus servicios profesionales de 5, 000 a 7,000 dólares americanos. Según la tesis restrictiva del derecho, la segunda situación descrita es: contrato. convención. contrato o convención.