Complexivo Universidad De los Hemisferios

¿Cuál de los siguientes principios constitucionales no forma parte del modelo de descentralización del Ecuador?. Solidaridad. Coordinación. Concentración. Subsidiariedad.

¿Cuál es la función central del Consejo Nacional de Competencias y su papel en la redistribución de competencias?. Coordinar la planificación nacional con los GADs. Establecer criterios técnicos y normativos para la asignación, transferencia y supresión de competencias. Financiar la ejecución de políticas públicas en territorio. Controlar la ejecución de las competencias por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con la Constitución del Ecuador, ¿cuál es la implicación jurídica de que los GADs sean personas jurídicas con autonomía en el marco del Estado unitario?. Pueden dictar leyes de carácter general. Se subordinan funcionalmente al Ministerio de Finanzas. Ejercen competencias propias sin tutela administrativa del Ejecutivo. Representan un nivel independiente de soberanía territorial.

El COOTAD establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs deben estar alineados con: Los planes de inversión con la cooperación internacional. Las competencias exclusivas y concurrentes asignadas. El PND y los objetivos del régimen de desarrollo. Las directrices del Consejo de Participación Ciudadana.

Los ingresos provenientes de la asignación del Modelo de Equidad Territorial se consideran: Recursos propios. Recursos de autogestión. Transferencias permanentes. Fondos reembolsables.

La transferencia de competencias a un GAD debe cumplir con el principio de: Oportunidad y consenso. Simetría y legalidad. Autonomía e inmediatez. Progresividad y recursos suficientes.

¿Cuál de los siguientes mecanismos no es válido para la participación ciudadana en los GADs?. Asambleas ciudadanas. Consulta previa. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Audiencias públicas.

¿Cuál es el alcance jurídico del principio de coordinación en la actuación de los GADs con otras entidades del sector público, según el marco constitucional?. Facilita la subordinación jerárquica entre niveles de gobierno. Requiere supervisión del Ejecutivo para toda política pública local. Exige articulación funcional y normativa con respeto a la autonomía. Promover a los GADs a compartir competencias en todos los casos.

Según Luna Lara, uno de los principales retos del proceso de transferencia de la competencia de tránsito fue: La falta de normativa constitucional. La oposición ciudadana al modelo GAD. La insuficiencia de recursos y capacidades técnicas. La interferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De acuerdo con el Cap. 1 de Luna Lara, la descentralización en Ecuador busca principalmente: Concentrar decisiones estratégicas. Redistribuir el poder y fomentar la gestión local. Promover el control. Menguar la autonomía de los GAD.

En el Capítulo. 4.2.1, Luna Lara analiza que la competencia de tránsito fue asumida exitosamente en Cuenca debido a: Su modelo público-privado. La existencia de la EMOV EP y planificación local. La intervención del Ejecutivo. El apoyo exclusivo del Consejo Provincial.

Según Dávalos Aguilar, uno de los riesgos del modelo actual de descentralización es: El exceso de autonomía financiera. El desconocimiento del rol de la CNC. La recentralización de competencias. El exceso de ordenanzas locales.

Según Dávalos Aguilar, ¿qué combinación de factores incide directamente en la sostenibilidad financiera de los GADs y su capacidad para ejercer competencias transferidas?. Recaudación del IVA y transferencias discrecionales. Participación en fideicomisos estatales y gestión parroquial. Modelo de equidad territorial y autonomía para generar ingresos propios. Asignaciones estatales y control de la Contraloría General.

Según Andrés Batallas, ¿cuál es una de las principales limitaciones del régimen jurídico de los GAD tras la Constitución de 2008?. Autonomía financiera. Ambigüedad normativa en la asignación de competencias. Eliminación del control estatal. Demasía autonómica de los gobiernos parroquiales.

En el análisis de Batallas, ¿qué obstáculo persiste en la coordinación entre niveles de gobierno?. La duplicidad funcional de los GAD cantonales. La falta de mecanismos efectivos de articulación institucional. La intervención del CNC. La inestabilidad de recursos transferidos.

¿Cuál de los siguientes principios constitucionales NO forma parte del modelo de descentralización del Ecuador?. Solidaridad. Coordinación. Concentración. Subsidiariedad.

Cuál es el órgano rector del Sistema Nacional de Competencias según el COOTAD?. Consejo Nacional de Competencias. Ministerio de Gobierno. Secretaría Técnica de Planificación. Asamblea Nacional.

El artículo 238 de la Constitución del Ecuador reconoce a los GAD como: Dependencias desconcentradas del Ejecutivo. Órganos auxiliares de la administración pública. Personas jurídicas con autonomía. Unidades territoriales de control estatal.

¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de competencia que puede ejercer un GAD?. Exclusiva. Concurrente. Emergente. Adicional.

Según el COOTAD, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben estar alineados con: Los reglamentos municipales. Las políticas del alcalde. El Plan Nacional de Desarrollo. Las resoluciones del Consejo Provincial.

Los ingresos provenientes de la asignación del Modelo de Equidad Territorial se consideran: Recursos propios. Recursos de autogestión. Transferencias permanentes. Fondos reembolsables.

¿Cuál de los siguientes mecanismos NO es válido para la participación ciudadana en los GADs?. Asambleas ciudadanas. Consulta previa. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Audiencias públicas.

La coordinación entre niveles de gobierno en el Ecuador se basa constitucionalmente en: Reglamentos ejecutivos. Acuerdos bilaterales. Principios de unidad y subsidiariedad. Disposición de la Contraloría General.

Una intervención técnica y temporal del Ejecutivo en una competencia GAD es legítima si: Lo decide el alcalde. Hay falta de recursos municipales. Está justificada por el principio de coordinación. Es solicitada por el Consejo de Participación.

Según Luna Lara, uno de los principales retos del proceso de transferencia de la competencia de tránsito fue: La falta de normativa constitucional. La oposición ciudadana al modelo GAD. La insuficiencia de recursos y capacidades técnicas. La interferencia del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el Cap. 1 de Luna Lara, la descentralización en Ecuador busca principalmente: Concentrar decisiones estratégicas. Redistribuir el poder y fomentar la gestión local. Promover el control estatal. Disminuir la autonomía de los GAD.

En el Cap. 4.2.1, Luna Lara analiza que la competencia de tránsito fue asumida exitosamente en Cuenca debido a: A. B. C. D. RESPUESTA: B. Su modelo público-privado. La existencia de la EMOV EP y planificación local. La intervención del Ejecutivo. El apoyo exclusivo del Consejo Provincial.

Según Dávalos Aguilar, uno de los riesgos del modelo actual de descentralización es: El exceso de autonomía financiera. El desconocimiento del rol de la Contraloría. La recentralización de competencias. El exceso de ordenanzas locales.

Dávalos sostiene que la sostenibilidad financiera de los GAD depende de: La recaudación directa del IVA. El modelo de equidad territorial y los ingresos propios. La delegación del Consejo de Participación. La transferencia directa del Presidente.

Según Andrés Batallas, ¿cuál es una de las principales limitaciones del régimen jurídico de los GAD tras la Constitución de 2008?. Exceso de autonomía financiera. Ambigüedad normativa en la asignación de competencias. Eliminación del control estatal. Supremacía de los gobiernos parroquiales.

En el análisis de Batallas, ¿qué obstáculo persiste en la coordinación entre niveles de gobierno?. La duplicidad funcional de los GAD cantonales. La falta de mecanismos efectivos de articulación institucional. La intervención de organismos internacionales. El exceso de recursos transferidos.

¿La titularidad de competencias exclusivas pueden ser gestionadas de forma concurrente por distintos niveles de gobierno?. No, porque las competencias exclusivas son capacidades de acción de un solo nivel de gobierno en un sector. Sí, porque le faculta la ley. No, porque habría un conflicto de competencias. No, porque podría ser impugnada la nulidad.

¿Cuál de los siguientes actos normativos es de carácter obligatorio y general dentro de la jurisdicción de un GAD?. Resolución del alcalde. Acuerdo ministerial. Ordenanza aprobada por el Concejo. Circular administrativa.

¿Un GAD parroquial quiere emitir una ordenanza tributaria según el régimen jurídico puede hacerlo?. Sí con una autorización del SRI. Sí con una delegación del GAD provincial tienen esa competencia. No, porque el COOTAD no otorga potestad tributaria a GADs parroquiales. No, porque es una competencia exclusiva del GAD provincial.

Un GAD provincial impone normas sobre el uso del suelo en zonas urbanas. ¿Qué efecto tiene esta acción?. Es legal si cuenta con dictamen del Ministerio del ramo. Vulnera competencias exclusivas cantonales. Lo puede hacer con aprobación del Consejo Provincial. Es objeto de control de constitucionalidad.

¿Se puede intervenir en gestión del gobierno autónomo descentralizado que por omisión o deficiente ejecución?. No, porque se iría contra la autonomía del GAD. Por solicitud expresa del propio GAD, y con un mecanismo de recuperación de ingresos. De forma temporal y subsidiaria, con aprobación del CNC. No bajo ninguna circunstancia.

Un nivel de gobierno puede asumir subsidiariamente las competencias de otro sin autorización previa del CNC?. No, porque el CNC es el órgano rector del Sistema Nacional de Competencias. No, porque se podría impugnar como una ilegalidad administrativa. No, porque se estaría atribuyendo competencias que no le corresponden. Si, en caso de que se notifique inmediatamente al CNC.

En el marco del COOTAD, ¿qué función cumple la Procuraduría Síndica Municipal?. Emitir informes de legalidad sobre actos normativos y contratos. Supervisar el cumplimiento de políticas públicas. Representar al GAD ante organismos multilaterales. Controlar la ejecución del POA.

¿Qué instrumento regula la participación de los ciudadanos en la formulación del presupuesto municipal?. Plan Nacional de Desarrollo. Ordenanza de participación ciudadana. Plan Operativo Anual. Reglamento de sesiones del Concejo.

¿Cuál de las siguientes competencias es exclusiva del nivel cantonal según el COOTAD?. Regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Ordenamiento de la producción agrícola. Gestión integral de cuencas hidrográficas. Control del uso y ocupación del suelo rural.

¿Qué principio se vulnera si un GAD asume una competencia sin los recursos correspondientes?. Legalidad. Progresividad. Autonomía. Corresponsabilidad financiera.

Cuando un GAD asume una competencia delegada del Ejecutivo central, ¿qué naturaleza tiene esta función?. Exclusiva y sin control posterior. Concurrente y sujeta a coordinación. Compartida con la Asamblea Nacional. Supletoria y transitoria.

Un GAD cantonal asume la competencia de gestión ambiental sin disponer del catastro actualizado ni ordenanzas técnicas. Se detectan conflictos de atribuciones con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué acción jurídica puede interponer el GAD para defender su facultad?. Solicitar control de legalidad ante el Tribunal Contencioso Electoral. Presentar acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Interponer un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. Solicitar consulta popular sobre su competencia exclusiva.

Durante el análisis técnico-jurídico para transferir la competencia de tránsito a un GAD, se omite la evaluación de capacidades humanas. Según la normativa, ¿cuál de los siguientes principios se vulnera?. Coordinación. Gradualidad. Equidad. Participación.

Una ordenanza municipal de uso de suelo es impugnada por una empresa que alega que el GAD no consideró los planes sectoriales nacionales. ¿Qué principio se estaría incumpliendo si se prueba dicha omisión?. Legalidad. Subsidiariedad. Compatibilidad normativa. Autonomía local.

Un GAD parroquial emite una ordenanza de regularización territorial sin coordinación con el GAD cantonal. ¿Qué efecto jurídico podría tener este acto?. Carece de validez por superposición de competencias. Es válido porque los GADs parroquiales son autónomos. Es válido mientras no contradiga normas nacionales. Es inválido solo si el GAD provincial lo impugna.

Un GAD provincial argumenta que la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas no considera sus competencias adicionales. ¿Qué mecanismo institucional debe utilizar prioritariamente para exigir ajustes?. Presentar reclamo ante la Corte Nacional de Justicia. Solicitar redistribución directa al Ministerio de Finanzas. Solicitar revisión técnica ante el Consejo Nacional de Competencias. Convocar consulta popular provincial sobre redistribución fiscal.

Un GAD cantonal incluye ingresos de autogestión como base para asumir nuevas competencias. Según el COOTAD y principios fiscales, ¿qué problema puede derivarse de este criterio?. Contraviene el principio de progresividad. Invalida la asignación por el principio de equidad. Genera desequilibrio entre ingresos permanentes y no permanentes. Afecta la legalidad de sus tributos locales.

Un cabildo abierto aprueba de forma vinculante una priorización de obras, pero el alcalde municipal decide modificarla por criterios técnicos. ¿Cuál sería el enfoque más adecuado para evaluar la legalidad de esta decisión?. La decisión del alcalde es válida si fue consultada al Ministerio del ramo. La participación ciudadana no puede interferir con el plan operativo. Se vulnera el derecho a la participación efectiva si no hay justificación técnica pública. El cabildo no tiene efecto legal sobre la inversión pública.

Las auditorías internas gubernamentales deben realizarse conforme a normas técnicas y principios éticos internacionales y nacionales; sus resultados se comunican a la máxima autoridad institucional para la toma de medidas correctivas, y la Contraloría puede supervisar el funcionamiento de estos sistemas de control interno. VERDADERO. FALSO.

Cada entidad pública en Ecuador está obligada por ley a establecer y mantener un sistema de control interno eficaz, pues recae en la propia institución la responsabilidad primaria de supervisar el uso de sus recursos y corregir desviaciones antes de la intervención de organismos de control externo. VERDADERO. FALSO.

Las Unidades de Auditoría Interna de los ministerios operan con autonomía técnica y tienen el deber de reportar sus hallazgos tanto a la máxima autoridad de su entidad como a la Contraloría General del Estado. (Verdadero). VERDADERO. FALSO.

La Contraloría General del Estado ejerce facultades de control previo sobre la gestión pública, incluyendo la revisión y aprobación obligatoria de determinados actos administrativos antes de su ejecución, como parte de su rol fiscalizador. VERDADERO. FALSO.

Una auditoría de cumplimiento legal en el sector público tiene como objetivo verificar que las operaciones de una entidad se ajusten estrictamente a la normativa aplicable, a diferencia de una auditoría de gestión, que evalúa la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos para el logro de objetivos institucionales. VERDADERO. FALSO.

Los informes de auditoría externa emitidos por la Contraloría General del Estado se limitan a detallar hallazgos de irregularidades y las responsabilidades determinadas, sin incluir recomendaciones de mejora ni sugerencias de acciones correctivas. VERDADERO. FALSO.

Conforme al artículo 42 de la LOSEP, conductas como salir unos minutos de la institución sin autorización, usar indebidamente el uniforme o desobedecer una instrucción legítima del superior constituyen faltas graves que conllevan directamente la destitución del servidor público, sin necesidad de seguir el sumario administrativo establecido para las sanciones leves. VERDADERO. FALSO.

Un examen especial es un tipo de auditoría específica que la Contraloría practica sobre un aspecto puntual o un período acotado de la gestión pública, por lo que no abarca una revisión integral de toda la institución, sino que se focaliza en posibles áreas de riesgo o de denuncia. VERDADERO. FALSO.

El ciclo de una auditoría gubernamental, que incluye fases de planificación, ejecución, informe, recomendaciones y seguimiento, garantiza que las observaciones detectadas sean subsanadas, ya que la Contraloría está facultada para obligar a las entidades auditadas a implementar sus recomendaciones, incluso imponiendo multas si estas no se cumplen. VERDADERO. FALSO.

La Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establecen que las compras estatales deben regirse por principios como transparencia, igualdad, calidad, responsabilidad, eficiencia y economía; por lo tanto, la violación de estos principios en un proceso de contratación puede acarrear la nulidad del acto y responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados. VERDADERO. FALSO.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) supervisa los procesos de compras públicas y administra el Registro Único de Proveedores del Estado; entre sus atribuciones está la potestad de suspender o inhabilitar a contratistas que incurran en irregularidades graves, complementando así la labor de control que ejerce la Contraloría. VERDADERO. FALSO.

En los estados de emergencia, las contrataciones públicas realizadas por las entidades estatales no están sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General, pues la situación excepcional autoriza prescindir tanto de los procedimientos ordinarios de licitación como del control posterior. VERDADERO. FALSO.

Si en un examen especial la Contraloría determina que un contratista privado recibió pagos indebidos en un contrato público, puede establecer una responsabilidad civil y emitir una glosa para que dicho contratista (aunque no sea funcionario público) devuelva los valores indebidamente percibidos. VERDADERO. FALSO.

Un alcalde adjudica directamente, sin concurso, un contrato municipal a la empresa de su hermano alegando falsamente una situación de emergencia. En este caso hipotético concurren varias infracciones: se vulneran los principios de transparencia e igualdad de la contratación (falta administrativa), existe un posible perjuicio al Estado (responsabilidad civil) y, de verificarse el dolo al favorecer a un familiar con fondos públicos, podría configurarse indicio de responsabilidad penal por peculado. VERDADERO. FALSO.

Durante una auditoría a un proyecto estatal, la Contraloría descubre que funcionarios aprobaron pagos por obras no ejecutadas, generando un desembolso injustificado de fondos públicos. En tal situación, la Contraloría está facultada para predeterminar responsabilidad civil culposa contra los funcionarios involucrados por el monto del perjuicio y, adicionalmente, tiene el deber de comunicar a la Fiscalía la existencia de un posible delito de peculado. VERDADERO. FALSO.

La Constitución ecuatoriana proclama que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus actos u omisiones en el manejo de fondos o bienes del Estado, debiendo responder administrativa, civil y penalmente según corresponda; por tanto, un mismo hecho puede dar lugar simultáneamente a sanciones administrativas, al pago de indemnizaciones (glosas) y a un proceso penal si configura delito. VERDADERO. FALSO.

Un servidor público que ejecutó una orden ilegal de su superior jerárquico no puede exonerarse de responsabilidad alegando obediencia debida, ya que la normativa vigente dispone que la responsabilidad es personal y no se extingue por seguir órdenes superiores. VERDADERO. FALSO.

Para que exista responsabilidad civil culposa determinada por la Contraloría, debe probarse que el servidor actuó u omitió con negligencia causando un perjuicio económico al Estado; la consecuencia típica es la emisión de una glosa u orden de reintegro por el monto del daño, que el responsable deberá pagar. VERDADERO. FALSO.

La responsabilidad administrativa determinada por la Contraloría se refiere a infracciones de normas o deberes funcionariales y puede conllevar sanciones como multas o destitución; esta responsabilidad es independiente de la esfera penal, por lo que una sanción administrativa no impide que por los mismos hechos se inicie un proceso penal si constituyen delito. VERDADERO. FALSO.

Las sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado (como destituciones, multas o glosas) se ejecutan de forma inmediata, aun cuando el servidor afectado conserve el derecho de impugnarlas ante el Contralor (en sede administrativa) y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. VERDADERO. FALSO.

La Contraloría General del Estado evalúa los sistemas de control interno de las entidades públicas como parte de su función rectora: emite Normas de Control Interno de obligatorio cumplimiento, supervisa su aplicación a través de las Unidades de Auditoría Interna de cada institución y puede disponer medidas correctivas o incluso determinar responsabilidades a la máxima autoridad de la entidad que incumpla con implementar un adecuado control interno. VERDADERO. FALSO.

Los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, al estar considerados delitos contra la administración pública, son imprescriptibles según la Constitución ecuatoriana, lo cual significa que la acción penal para perseguirlos no caduca con el tiempo. VERDADERO. FALSO.

Un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría vincula a la Fiscalía General del Estado, la cual está obligada a acusar formalmente al funcionario implicado en base a dicho informe. VERDADERO. FALSO.

Si la Contraloría determina responsabilidad administrativa con destitución en contra de un Ministro de Estado en funciones, corresponderá al Presidente de la República ejecutar dicha destitución, dado que es la autoridad nominadora del ministro; en este sentido, la orden de destitución de la Contraloría se canaliza a través de la máxima autoridad competente. VERDADERO. FALSO.

La responsabilidad administrativa disciplinaria, regulada por la LOSEP y el COA, se sustancia en procedimientos administrativos internos en cada institución pública y sus sanciones (amonestaciones, suspensiones, destitución, etc.) son impuestas por la propia entidad empleadora, sin intervención directa de la Contraloría General en ese proceso. VERDADERO. FALSO.

Las faltas leves o de carácter puramente disciplinario (por ejemplo, incumplimiento de horarios o negligencias menores) cometidas por un servidor público son materia del régimen disciplinario interno de su institución y no de la Contraloría, cuyo control se enfoca en irregularidades que comprometen el interés público o los recursos estatales. VERDADERO. FALSO.

La Función de Transparencia y Control Social, establecida como “quinto poder” por la Constitución de 2008, agrupa organismos autónomos (Contraloría General, CPCCS, Defensoría del Pueblo, Superintendencias) dedicados a la vigilancia de la gestión pública; sus titulares integran un Comité de Coordinación que formula políticas de transparencia y planes anticorrupción, sin que ello suponga subordinación jerárquica entre dichos órganos, pues cada cual mantiene independencia en el ejercicio de sus competencias. VERDADERO. FALSO.

La Constitución y la ley facultan al CPCCS para impulsar la participación ciudadana y el control social, incluso investigando denuncias de corrupción: el CPCCS puede coordinar veedurías ciudadanas, requerir información a cualquier entidad pública y emitir informes con indicios de responsabilidad; es más, está legitimado para actuar como parte procesal e impulsar acciones judiciales en casos de corrupción, aunque carece de potestad para sancionar directamente a los funcionarios involucrados. VERDADERO. FALSO.

Antes de dictar una resolución sancionatoria, la Contraloría General del Estado debe haber notificado al presunto responsable un oficio de predeterminación de responsabilidad, detallando los hechos observados y la norma presuntamente infringida, y otorgándole un plazo (por ejemplo, 30 días) para presentar sus pruebas de descargo y alegatos de defensa. VERDADERO. FALSO.

La fase de predeterminación en el procedimiento de la Contraloría actúa como un filtro jurídico: si el informe de auditoría carece de sustento técnico o legal suficiente, la Contraloría debe abstenerse de formular cargos y archivar el caso, garantizando que ningún servidor sea sancionado con base en evidencias débiles o obtenidas irregularmente. VERDADERO. FALSO.

Las resoluciones de la Contraloría que establecen responsabilidades tienen la calidad de actos administrativos ejecutivos: son obligatorias y ejecutables sin necesidad de intervención judicial previa, aunque puedan ser luego revisadas por jueces en sede contencioso-administrativa. VERDADERO. FALSO.

Si un servidor público notificado con una predeterminación de responsabilidad de la Contraloría no presenta descargos ni pruebas en el plazo previsto, la Contraloría puede presumir ciertos hechos como no controvertidos y continuar el proceso hacia la resolución final, sin que ello releve a la institución de motivar debidamente su decisión sancionatoria. VERDADERO. FALSO.

La Constitución ecuatoriana de 2008 consagra que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público” y crea la Función de Transparencia y Control Social, que integra a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias y el CPCCS con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. VERDADERO. FALSO.

Conforme a la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designa a la Procuradora o Procurador General del Estado y a las primeras autoridades de las superintendencias, a partir de ternas enviadas por la Presidencia de la República. VERDADERO. FALSO.

Las veedurías ciudadanas, reconocidas por la ley e impulsadas por el CPCCS, permiten que ciudadanos fiscalicen determinados procesos públicos (como una contratación importante o la ejecución de una obra); aunque los informes de las veedurías no son vinculantes, sus hallazgos pueden servir para que las autoridades competentes (Contraloría, Fiscalía) inicien investigaciones formales. VERDADERO. FALSO.

El derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta de control social: las instituciones estatales deben poner a disposición de la ciudadanía información veraz y completa sobre su gestión, y la negativa injustificada a entregar información puede derivar en la intervención de la Defensoría del Pueblo e incluso en sanciones para el funcionario renuente. VERDADERO. FALSO.

La Defensoría del Pueblo actúa como organismo de control en materia de derechos: puede investigar de oficio o a petición de parte las quejas de ciudadanos por violaciones de derechos constitucionales cometidas por entidades públicas, y emitir resoluciones o recomendaciones para que se repare el derecho vulnerado, aunque carece de potestad para imponer sanciones materiales a los funcionarios responsables. VERDADERO. FALSO.

Las decisiones o recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo no son obligatorias como una sentencia judicial; si una institución pública no las cumple voluntariamente, la Defensoría puede instar un proceso constitucional (por ejemplo, una acción por incumplimiento) para que un juez ordene su acatamiento, pero la Defensoría en sí no puede destituir ni multar a los funcionarios renuentes. VERDADERO. FALSO.

La Defensoría del Pueblo, al constatar la vulneración de un derecho por parte de una institución pública, puede sancionar directamente al funcionario responsable disponiendo su destitución o una multa indemnizatoria a favor del afectado, en virtud de su potestad de tutela de derechos. VERDADERO. FALSO.

Las Superintendencias, como organismos de control con autonomía, supervisan el cumplimiento de la normativa en sectores específicos (bancario, societario, telecomunicaciones, etc.) y pueden imponer sanciones administrativas (tales como multas, suspensión de licencias o intervención de entidades) a los sujetos bajo su control cuando infringen la ley. VERDADERO. FALSO.

Las Superintendencias, al pertenecer a la Función de Transparencia y Control Social, están sometidas jerárquicamente a las directrices de la Contraloría General del Estado en materia de fiscalización, de modo que la Contraloría puede revocar o modificar las decisiones sancionatorias de una superintendencia si las considera improcedentes. VERDADERO. FALSO.

La Asamblea Nacional ejerce control político sobre el Ejecutivo: puede llamar a ministros de Estado para interpelarlos e incluso destituirlos mediante juicio político si se comprueba incumplimiento de funciones, sin perjuicio de que las eventuales responsabilidades penales de esos ministros deban ser perseguidas por la Fiscalía de manera independiente. VERDADERO. FALSO.

La Asamblea Nacional también puede fiscalizar a las autoridades de control del Estado (como el Contralor General, el Fiscal General, los Superintendentes y el Defensor del Pueblo) a través de juicios políticos, puesto que dichas autoridades, aunque autónomas, deben responder por el cumplimiento de sus funciones ante el Parlamento y pueden ser censuradas y destituidas si incurren en faltas graves. VERDADERO. FALSO.

La Procuraduría General del Estado ejerce un control jurídico preventivo de la gestión pública: ciertos contratos estatales (por ejemplo, los de alta cuantía o sobre recursos estratégicos) requieren su dictamen favorable previo para ser válidos, lo que permite evitar compromisos contrarios a la ley o lesivos al interés nacional. VERDADERO. ALSO.

La Procuraduría General del Estado no tiene atribuciones para establecer responsabilidades administrativas ni imponer sanciones a servidores públicos; su función en el sistema de control se centra en la asesoría y defensa legal del Estado (sus dictámenes legales son vinculantes para las entidades consultantes) y en ejercer acciones judiciales, como los juicios de repetición, para resarcir al Estado de perjuicios causados por funcionarios. VERDADERO. FALSO.

La auditoría de gestión, al igual que la auditoría financiera, concluye con un dictamen u opinión formal sobre los estados financieros auditados, puesto que evalúa la eficiencia en el uso de los recursos reflejada en dichos estados; por ello, ambas SA3Scomparten el mismo objetivo de certificar la razonabilidad de la información contable. VERDADERO. FALSO.

La Procuraduría General del Estado, al detectar una actuación administrativa lesiva a la ley, puede dejarla sin efecto mediante un dictamen vinculante, e incluso sancionar económicamente al funcionario responsable dentro del mismo dictamen, ejerciendo así control correccional inmediato. VERDADERO. FALSO.

La Asamblea Nacional, en ejercicio de su atribución constitucional de fiscalizar, puede crear comisiones ocasionales para investigar presuntos actos de corrupción o mala administración; dichos comités especiales presentan informes que pueden recomendar la censura vía juicio político de altas autoridades o la remisión de antecedentes a la Fiscalía y la Contraloría; incluso sin iniciar un juicio político, el Pleno de la Asamblea puede aprobar resoluciones de censura o de exhorto respecto de la gestión de funcionarios, las cuales carecen de efectos jurídicos directos pero constituyen un pronunciamiento político que busca la rendición de cuentas. VERDADERO. FALSO.

En una entidad pública, un director encubre deliberadamente un desfalco cometido por un subordinado, omitiendo denunciarlo. Si la Contraloría descubre el hecho en una auditoría, ese director podría ser sancionado administrativamente por incumplir sus deberes de control (responsabilidad administrativa), sometido a proceso disciplinario interno por la falta cometida, e incluso investigado penalmente como encubridor si su omisión favoreció la impunidad del delito. VERDADERO. FALSO.

Un funcionario adjudica un contrato público saltándose los procedimientos legales exigidos, pero la obra se ejecuta correctamente, sin sobreprecio ni perjuicio económico para el Estado, y no existe evidencia de soborno ni de enriquecimiento ilícito. En este escenario, el servidor podría ser sujeto de responsabilidad administrativa (por la infracción a la normativa de contratación) e incluso de sanción disciplinaria interna, pero no habría lugar a responsabilidad civil (al no existir daño económico) ni penal (al no configurarse delito de corrupción). VERDADERO. FALSO.

¿Cuál es el principal cuerpo legal que rige la contratación pública en Ecuador?. La Ley de Compañías. El Código Orgánico Administrativo. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). La Ley de Modernización del Estado.

¿Quién es el responsable de la planificación de las contrataciones en una entidad pública?. El Ministro de Economía y Finanzas. La máxima autoridad de cada entidad contratante. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). La Contraloría General del Estado.

¿Qué documento de planificación anual debe elaborar cada entidad para sus contrataciones?. El Plan Anual de Contratación (PAC). El Plan Estratégico Institucional. El Presupuesto Anual de Inversiones. El Plan Operativo Anual (POA).

El Plan Anual de Contratación (PAC) debe ser publicado en el portal del SERCOP, ¿con qué fin principal?. Para recibir la aprobación de la Contraloría. Para garantizar la transparencia y la participación de la ciudadanía. Para que el Ministerio de Finanzas lo audite. Para uso interno de la entidad.

La fase de planificación de la contratación pública incluye: La adjudicación del contrato y la firma. La ejecución del contrato y el pago. La identificación de necesidades y la elaboración del presupuesto. La impugnación de ofertas.

¿Cuál es la entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública en Ecuador?. La Fiscalía General del Estado. El Ministerio de Finanzas. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). La Contraloría General del Estado.

El Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) es el medio por el cual: Se registran los proveedores del Estado. Se publican y ejecutan los procedimientos de contratación. Se resuelven las disputas contractuales. Se fiscaliza a las entidades contratantes.

La planificación de una contratación pública comienza con: La publicación del procedimiento en el portal del SERCOP. La declaración de la necesidad de un bien, obra o servicio. La firma del contrato. La adjudicación de la oferta ganadora.

¿Cuál es el propósito del presupuesto referencial en un proceso de contratación?. Es el valor final que se pagará por la contratación. Es el costo máximo que la entidad está dispuesta a pagar. Es el valor de la fianza que debe presentar el contratista. Es el valor de la oferta de la empresa ganadora.

La normativa de contratación pública en Ecuador busca, entre otros principios, la: La adjudicación directa sin competencia. La exclusión de proveedores extranjeros. La transparencia, la eficiencia y la participación nacional. El favoritismo a empresas del sector público.

La Subasta Inversa Electrónica se utiliza principalmente para la adquisición de: Obras de infraestructura complejas. Bienes y servicios normalizados. Servicios profesionales especializados. Consultorías de alto valor.

¿Qué procedimiento se utiliza para la contratación de obras, bienes o servicios cuyo presupuesto supera los montos establecidos para la Subasta Inversa?. Licitación. Menor Cuantía. Cotización. Contratación Directa.

¿Cuál es el procedimiento de contratación utilizado para la selección de consultores individuales o de equipos de trabajo?. Licitación. Menor Cuantía. Concurso de Méritos y Oposición. Concurso Público de Consultoría.

El procedimiento de Menor Cuantía se aplica para la adquisición de bienes o servicios de montos: Superiores a la Licitación. Muy bajos, de acuerdo con la tabla del SERCOP. Entre los montos de la Cotización y la Licitación. Solo para obras de infraestructura.

La Cotización es un procedimiento que se utiliza para la contratación de: Consultorías. Obras, bienes y servicios que superan el monto de Menor Cuantía. Adquisiciones de emergencia. Adquisiciones de catálogo electrónico.

¿En qué tipo de procedimiento los proveedores ofertan a la baja el precio de un producto o servicio normalizado?. Licitación. Subasta Inversa Electrónica. Concurso de Méritos. Menor Cuantía.

¿Para qué se utiliza el procedimiento de Ínfima Cuantía?. Para compras de bienes, servicios o consultorías por montos muy reducidos y específicos. Para la compra de vehículos. Para la contratación de bienes inmuebles. Para cualquier tipo de adquisición de bajo monto.

¿Qué procedimiento se usa para contratar servicios de comunicación social y artística?. Licitación. Menor Cuantía. Contratación por Giro Específico del Negocio. Contratación Directa.

La Contratación de Emergencia se puede aplicar cuando: Se requiere una contratación urgente por eventos catastróficos. Un procedimiento regular ha sido declarado desierto. La entidad no tiene un Plan Anual de Contratación. El presupuesto es muy alto.

En un Concurso de Méritos, la selección del proveedor se basa principalmente en: El precio más bajo. Las capacidades técnicas y la experiencia del oferente. La rapidez de la entrega. El lugar de residencia del oferente.

La fase preparatoria de un proceso de contratación inicia con: La publicación del procedimiento en el SOCE. La elaboración de los pliegos y la certificación de disponibilidad presupuestaria. La evaluación de las ofertas. La firma del contrato.

En la fase precontractual, uno de los documentos clave que se elabora es: El contrato definitivo. El informe de la ejecución. Los pliegos del proceso. El acta de recepción.

¿Qué documento acredita que la entidad contratante cuenta con los fondos necesarios para la contratación?. La certificación de disponibilidad presupuestaria. El Plan Anual de Contratación. El presupuesto del Estado. El informe de fiscalización.

La etapa de convalidación de errores de forma en las ofertas permite a los oferentes: Presentar una nueva oferta. Cambiar el precio de su oferta. Corregir errores subsanables que no afectan la validez de la oferta. Adicionar documentos que no se solicitaron inicialmente.

La evaluación de las ofertas se realiza en la fase: Preparatoria. Contractual. Precontractual. De ejecución.

¿Quién es el responsable de la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas?. El Ministro de Finanzas. La máxima autoridad de la entidad contratante. La comisión técnica designada para el proceso. El SERCOP.

¿Qué se hace si una oferta no cumple con los requisitos mínimos establecidos en los pliegos?. Se le solicita al proveedor que la corrija totalmente. Es descalificada y no puede ser evaluada. Se negocia un nuevo precio. Se le da un puntaje menor.

La adjudicación del contrato es el acto por el cual: La entidad contratante inicia el proceso. La entidad contratante selecciona la oferta ganadora. Se firma el contrato con el oferente. Se declara desierto el proceso.

Después de la adjudicación, ¿qué documento formaliza la relación entre la entidad contratante y el proveedor?. La invitación a ofertar. El contrato. El acta de recepción. El informe de evaluación.

La publicación de un procedimiento de contratación en el portal del SERCOP es un requisito para garantizar la: Eficacia. Celeridad. Publicidad y transparencia. Confidencialidad.

¿Qué es un pliego en la contratación pública?. El documento de pago al proveedor. El conjunto de bases y condiciones técnicas, económicas y legales que rigen el proceso. La oferta presentada por el proveedor. El contrato firmado entre las partes.

¿Cuál de los siguientes criterios no es un factor de evaluación común en los procedimientos de contratación?. La experiencia del oferente. La solvencia técnica. El precio de la oferta. El color corporativo de la empresa.

El criterio de calidad en un proceso de contratación puede ser evaluado a través de: La solvencia económica del oferente. El cumplimiento de especificaciones técnicas. El domicilio fiscal del oferente. El historial de pagos.

La adjudicación de un contrato a un oferente genera para la entidad contratante la obligación de: Iniciar un nuevo proceso de contratación. Firmar el contrato con el adjudicatario. Publicar la lista de oferentes descalificados. Pagar de forma inmediata.

Una vez firmado el contrato, la fase de ejecución se enfoca en: La planificación del proceso. El cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. La evaluación de nuevas ofertas. La impugnación del proceso.

¿Qué es una garantía de fiel cumplimiento?. Una fianza para asegurar la correcta ejecución del contrato. Un documento que certifica la calidad del producto. Una declaración juramentada del proveedor. Un seguro para los empleados del contratista.

Si un contratista no cumple con las obligaciones del contrato, la entidad contratante puede: Cancelar el contrato inmediatamente sin trámite alguno. Reclamar la garantía de fiel cumplimiento y, en ciertos casos, declarar la terminación unilateral. Pagar de todas formas. Negociar un nuevo contrato.

La recepción del bien o servicio es la etapa en la que la entidad contratante: Evalúa las ofertas. Publica los pliegos. Verifica que lo entregado cumple con las especificaciones del contrato. Paga el valor del contrato.

La recepción definitiva de una obra, bien o servicio se formaliza con: La firma del contrato. La declaración de adjudicación. La firma del acta de recepción definitiva. El informe de evaluación de ofertas.

¿Qué tipo de garantía es obligatoria para la firma del contrato en la mayoría de los casos?. Garantía de seriedad de la oferta. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía bancaria. Garantía de buena pro.

El Catálogo Electrónico del SERCOP se utiliza para: La adquisición de obras de infraestructura. La compra de bienes y servicios estandarizados y de uso común. La contratación de consultorías especializadas. La Licitación de obras.

Si un proceso de contratación es declarado desierto, ¿qué significa?. Que se adjudicó a un solo oferente. Que no se presentaron ofertas o ninguna cumplió con los requisitos. Que la entidad contratante ya no necesita el bien o servicio. Que el contrato ya se firmó.

El plazo de entrega de un bien o servicio se establece en: La oferta del proveedor. El contrato. La página web del SERCOP. La Constitución.

En la Subasta Inversa Electrónica, ¿quiénes pueden presentar su oferta inicial?. Solo las empresas que han sido invitadas directamente. Todos los proveedores registrados y habilitados en el RUP para el producto o servicio en cuestión. Solo las empresas de la provincia donde se realizará la obra. Únicamente los oferentes que han participado en licitaciones anteriores.

¿Qué documento debe presentar un proveedor para demostrar su capacidad financiera y legal?. La carta de intención. El pliego. Los documentos de habilitación. El acta de adjudicación.

La Resolución de Adjudicación es un documento oficial que: Declara el inicio de la fase de ejecución del contrato. Determina la validez de las ofertas presentadas. Declara al oferente ganador del proceso. Formaliza la recepción definitiva.

Si la entidad contratante necesita hacer un cambio menor en el contrato ya firmado, ¿qué puede aplicar?. Un nuevo contrato. Un contrato complementario o una orden de cambio. Una nueva licitación. Una terminación unilateral.

El Registro Único de Proveedores (RUP) es gestionado por: El Ministerio de Finanzas. La Contraloría General del Estado. El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). El proveedor mismo.

¿Qué es el Módulo de Planificación dentro del portal del SERCOP?. Una herramienta para la presentación de ofertas. Un espacio para la publicación de los Planes Anuales de Contratación. Un chat para proveedores y contratantes. Una base de datos de contratos ya ejecutados.

¿Quién es el responsable de fiscalizar los procesos de contratación pública para asegurar que se cumplan las leyes?. La máxima autoridad de la entidad contratante. La Contraloría General del Estado. El Presidente de la República. El proveedor adjudicado.

¿En materia administrativa el tiempo se contabiliza de la siguiente manera?. Los términos pueden fijarse en horas. Se incluyen del cómputo de términos los sábados, domingos y los declarados feriados, el plazo se lo computará de fecha a fecha. Los términos solo pueden fijarse en días y los plazos en meses o en años. Se prohíbe la fijación de términos o plazos en horas. Se excluyen del cómputo de términos los sábados, domingos y los declarados feriados, el plazo se lo computará de fecha a fecha. Los términos pueden fijarse en días en meses o en años. Se prohíbe la fijación de términos o plazos en horas. Se incluyen del cómputo de términos los sábados, domingos y los declarados feriados, el plazo se lo computará de fecha a fecha. Se contabiliza todos los días.

Una vez notificada la resolución administrativa el administrado puede: Presentar en 3 días el recurso de apelación con el fin que se suspendan de manera inmediata los efectos del acto administrativo. Presentar 3 días aclaración o ampliación de la resolución con el fin de que se suspenda el término de ejecutoria de la resolución. Solicitar en 3 días la suspensión de los efectos y/o la corrección o aclaración de errores de cálculo, sin perjuicio que sigue el curso el término de 10 días para interponer la apelación. Presentar 5 días antes del acto administrativo.

El ámbito de aplicación material del Código Orgánico Administrativo corresponde a: La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas; la actividad jurídica de las administraciones públicas; las bases comunes a todo procedimiento administrativo; el procedimiento administrativo; la impugnación de los actos administrativos en vía administrativa; la responsabilidad extracontractual del Estado; los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora; la impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código; la ejecución coactiva. Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para el procedimiento coactivo. La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas; la actividad jurídica de las administraciones públicas; el procedimiento coactivo, y la responsabilidad extracontractual del Estado. En el caso de las bases comunes a todo procedimiento administrativo; prevalecen las leyes especiales sean orgánicas y ordinarias; por lo que incluso la impugnación de los actos administrativos en vía administrativa aplica relativamente porque hay otras normas. Solo las bases comunes a todo procedimiento administrativo y la impugnación de los actos administrativos en vía administrativa. No los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora; ni el procedimiento coactivo. Se limita a los hechos de simple administración.

¿La acción contencioso administrativa subjetiva o de plena jurisdicción puede interponerse para la impugnación de?. Hechos o actos tributarios que produzcan efectos jurídicos indirectos, procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos constitucionales. Contratos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos, procede también esta acción contra actos privados que lesionen derechos subjetivos. Hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos, procede también esta acción contra actos normativos que lesionen derechos subjetivos. Hechos de simple administración únicamente.

Son todas las causales del recurso extraordinario de revisión: Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiestos errores de hecho o errores de derecho; que aparezcan nuevos documentos de valor esencial; hayan influido actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos; o que la resolución se haya dictado como consecuencia de una conducta punible. Que aparezcan nuevos documentos de valor esencial; o que hayan influido actos declarados nulos o documentos o testimonios declarados falsos; que existan manifiestos errores de escritura y aparecido nuevas personas. Que al dictarlos se ha incurrido en evidente y manifiestos errores de hecho o errores de derecho, que se hayan encontrado otros documentos que las partes hayan tenido en su poder anteriormente; y que aleguen que son falsos sin sentencia. Que se hubiera ocultado prueba.

La jurisdicción contencioso administrativa en el Ecuador se caracteriza por: Ser un juicio de única instancia en tribunales distritales (con excepción de la acción de repetición derivada de garantías jurisdiccionales) que se encuentra enmarcado dentro del Código Orgánico General de Procesos. Lastimosamente no se ha mantenido una adecuada complementación con la jurisdicción constitucional. Ser un juicio de doble instancia en tribunales distritales (con excepción de la acción de repetición derivada de garantías jurisdiccionales) que se encuentra enmarcado dentro del Código Orgánico General de Procesos. Lastimosamente si ha mantenido una adecuada complementación con la jurisdicción constitucional. Ser un juicio de única instancia en tribunales distritales (con excepción de la acción de repetición derivada de garantías jurisdiccionales) que no se encuentra enmarcado dentro del Código Orgánico General de Procesos. Lastimosamente no se ha mantenido una adecuada complementación con la jurisdicción constitucional. ser audiencia expedita.

De conformidad con el COA la práctica de la prueba testimonial se practica: En audiencia dentro del periodo de prueba. Los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo oralmente con interrogatorio y contrainterrogatorio en ese momento lo que se registra mediante medios tecnológicos adecuados. En audiencia dentro del periodo de prueba si las partes lo solicitan así, sino los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo por escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo público. En audiencia dentro del periodo de prueba. Los testimonios e informes periciales se aportarán al procedimiento administrativo por escrito mediante declaración jurada agregada a un protocolo público. El contrainterrogatorio deberá registrarse mediante medios tecnológicos adecuados. Sin el interrogatorio y de forma libre y voluntaria.

Todo procedimiento administrativo puede iniciar: Por petición de parte o de oficio. Sin embargo, pueden estar precedidos por denuncia, orden superior o petición razonada de órganos administrativos. Solo de oficio. Sin embargo, pueden estar precedidos por petición de parte, denuncia, orden superior o petición razonada de órganos administrativos. Por petición de parte. Sin embargo, pueden estar precedidos por denuncia, orden superior o petición razonada de órganos administrativos. También pueden estar precedidos por orden oficial. Sólo a petición de parte.

¿El anuncio y aporte de medio probatorio en procedimiento administrativo se debe hacer?. En la primera comparecencia del administrado. Con la contestación del auto de inicio de procedimiento administrativo. Con la solicitud de parte con el cual inicia el procedimiento. Al finalizar el procedimiento para ratificar gestiones.

En el recurso extraordinario de revisión de conformidad al COA, una vez admitido, y cumplido el plazo de un mes para resolver desde la admisión expresa del recurso, y si la Administración Pública no ha resuelto el mismo ni ha notificado resolución alguna, se entenderá que sobre el mismo que: La ley prevé efecto negativo del silencio y de la inactividad de la Administración Pública, por lo cual se entiende como desestimado el recurso. La ley prevé efecto positivo del silencio y de la inactividad de la Administración Pública, por lo cual se entiende como aceptado el recurso. La ley no prevé efecto a la inactividad de la Administración Pública, por lo cual no se determina el efecto positivo ni negativo del silencio; sin perjuicio de la obligación que tiene de resolver. No se prevé esta circunstancia.

En el recurso de apelación de conformidad al COA, una vez que se cumple el plazo de un mes para resolver desde la interposición del recurso, y la Administración no ha resuelto ni notificado resolución alguna al respecto, se entenderá que el mismo: La ley no prevé efecto a la inactividad de la Administración Pública, por lo cual no se determina el efecto positivo ni negativo del silencio; sin perjuicio de la obligación que tiene de resolver. La ley prevé efecto positivo del silencio y de la inactividad de la Administración Pública, por lo cual se entiende como aceptado el recurso. La ley prevé efecto negativo del silencio y de la inactividad de la Administración Pública, por lo cual se entiende como negado el recurso. Tiene efecto suspensivo y no devolutivo.

En el caso que en el anuncio de medios probatorios el administrado haya propuesto pruebas testimoniales y/o periciales: Dependerá de la Administración Pública si se lleva a cabo audiencia en la etapa de prueba para la práctica de dichas pruebas y siempre y cuando también lo solicite la parte. Indispensablemente debe convocarse a audiencia en la etapa de prueba para la práctica de dichas pruebas. Dependerá del administrado si en la etapa de prueba solicita la realización de una audiencia para la convocatoria o no de audiencia. Se resolverá sin necesidad de audiencia.

De conformidad con el precedente jurisprudencial ecuatoriano (2023), la impugnación por vía jurisdiccional de los actos administrativos derivados de la ejecución contractual es una acción especial en materia de contratación pública, sujeta al plazo de: Cinco años para su ejercicio, conforme lo dispone el artículo 306 COGEP. Tres años para su ejercicio, conforme lo dispone el artículo 306 COGEP. Noventa días para su ejercicio, conforme lo dispone el artículo 306 COGEP. Sesenta días.

En la acción contencioso-administrativa de la lesividad, el legitimado activo en proceso judicial es el administrado cuyo legítimo interés se ve vulnerado. VERDADERO. FALSO.

Si no se encuentra personalmente a la persona interesada, se le notificará con el contenido del acto administrativo por medio de dos boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia. La notificación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en su domicilio principal, dentro de la jornada laboral, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo. VERDADERO. FALSO.

La interposición de cualquier recurso administrativo no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que la persona interesada lo solicite en vía administrativa dentro del término de tres días, petición que será resuelta en un término igual. VERDADERO. FALSO.

La persona que presenta la denuncia en el procedimiento sancionador COA, es sujeto procesal en el mismo con todos los plenos derechos. VERDADERO. FALSO.

Las medidas provisionales de protección son dictadas de oficio o a petición de la persona interesada, y no se podrán ordenar antes de la iniciación del procedimiento administrativo. VERDADERO. FALSO.

Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces: La responsabilidad administrativa no se aplicará sino solo si primero se determina responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. La responsabilidad administrativa se aplicará solo conjuntamente con la responsabilidad civil y penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. La responsabilidad administrativa se aplicará independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la acción u omisión de la que se trate. La responsabilidad administrativa es accesoria o subsisdiaria.

Habrá motivación: Si en la resolución se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, pero si se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Si en la resolución se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda, pero no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Será válido todo lo actuado no se sacrificará la justicia.

Es una garantía aplicable que la ley establezca la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones administrativas: VERDADERO. FALSO.

En materia administrativa nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley: Es una garantía constitucional totalmente aplicable, sin embargo, hay que considerar que jurisprudencialmente (Corte Constitucional) ha acogido la colaboración reglamentaria delegada por la ley para la tipificación de infracciones administrativas, lo cual no es libre para el ejecutivo. No es una garantía constitucional aplicable a lo administrativo ya que corresponde únicamente al ámbito del Derecho Penal, lo cual se ha ratificado jurisprudencialmente (Corte Constitucional) que ha acogido la tipificación de las infracciones. Es una garantía constitucional no aplicable, porque jurisprudencialmente (Corte Constitucional) ha acogido que reglamentaria se haga la tipificación de infracciones administrativas de manera libre por la función ejecutiva. Es un principio general del Derecho.

La garantía constitucional de ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento, es aplicable en materia administrativa: VERDADERO. FALSO.

De conformidad con el Art. 304 COGEP núm. 1 el legitimado pasivo de las acciones contenciosas puede ser: La máxima autoridad, el representante legal de la institución con personería jurídica o el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. El Estado por medio del Procurador General del Estado. El representante legal de la institución y el servidor público de quien provenga el acto o disposición a la que se refiere la demanda. El defensor del pueblo.

En los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de tres años, a partir del día siguiente a la fecha de entrada en vigencia y conocimiento del actor del acto impugnado: VERDADERO. FALSO.

En el caso de las demandas presentadas ante las o los juzgadores de lo contencioso administrativo, la o el juzgador deberá verificar que la demanda haya sido presentada dentro del término que la ley prevé de manera especial. En caso de que no sea presentada dentro de término, inadmitirá la demanda. VERDADERO. FALSO.

En el sistema ecuatoriano, son válidos y eficaces los actos del sector público expedidos por autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario; por esto la carga de la prueba en los juicios contencioso administrativo sobre la impugnación corresponde al administrado. VERDADERO. FALSO.

A petición de parte, el juzgador podrá ordenar en el auto inicial del juicio en materia contencioso-administrativa: La suspensión del acto administrativo, cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa pueda afectar medianamente el derecho opuesto y se evidencie una garantía propuesta u ofrezca caución. La suspensión del acto administrativo, cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa pueda afectar irremediablemente el derecho opuesto y se evidencie la razonabilidad de la medida. La suspensión del acto administrativo, cuando de los hechos alegados en la demanda y las pruebas acompañadas, aparezca como justificado un juicio provisional e indiciario favorable a la pretensión exhibida, sin que esto implique una decisión anticipada sobre el fondo, siempre que el retardo en la decisión de la causa no pueda afectar al Estado. No se puede suspender el acto administrativo.

En vía administrativa la suspensión del acto administrativo: Cuando se confirme una de las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación; o, que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Cuando concurran las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios y que la impugnación se fundamente en la mera disconformidad del contenido del acto. Cuando concurran las siguientes circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación y que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.

En todo procedimiento administrativo en que la situación jurídica de la persona interesada pueda ser agravada con la resolución de la administración pública y en particular, cuando se trata del ejercicio de potestades sancionadoras o de determinación de responsabilidades de la persona interesada, la carga de la prueba le corresponde a la administración pública. En todos los demás casos la carga de la prueba le corresponde a la persona interesada. VERDADERO. FALSO.

El acto administrativo causa estado en vía administrativa cuando: Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso extraordinario de revisión; ha fenecido el plazo para interposición del recurso de apelación o revisión y no se ha ejercido el derecho; se ha interpuesto acción contenciosa administrativa respecto del acto del que se trate. Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación; ha fenecido el plazo para interposición del recurso de apelación y no se ha ejercido el derecho; se ha interpuesto acción contenciosa administrativa respecto del acto del que se trate. Se ha expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación; ha fenecido el plazo para interposición del recurso de revisión y no se ha ejercido el derecho; no se ha interpuesto acción contenciosa administrativa respecto del acto del que se trate y venció el término. Sin expedición previa del titular de la administración pública.

El acto administrativo es firme cuando aún admite impugnación en alguna vía judicial. VERDADERO. FALSO.

¿La notificación por medios de comunicación por prensa?. Se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. Las publicaciones contendrán el texto del acto administrativo y se agregarán al expediente. Se realizarán en dos fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. Las publicaciones contendrán el texto del acto administrativo y se agregarán al expediente. Se realizarán en una sola fecha y en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá el texto del acto administrativo y se agregará al expediente. Se prohíbe la citación por prensa.

Una vez iniciadas las actuaciones previas sobre algún asunto determinado, la decisión de inicio del procedimiento administrativo se notificará a la persona interesada en el plazo de seis meses contados desde el acto administrativo con el que se ordenan las actuaciones previas, a cuyo término caduca el ejercicio de la potestad pública sancionadora, determinadora o cualquier otra, de carácter gravoso. VERDADERO. FALSO.

Las administraciones públicas declararán la terminación del procedimiento por abandono: En los procedimientos iniciados por solicitud de la persona interesada, cuando ésta deje de impulsarlo por dos meses, a excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario el impulso de la persona interesada. En todos los procedimientos sin importar como se hayan iniciado cuando se deje de impulsarlo por dos meses, a excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario el impulso de la persona interesada. En los procedimientos iniciados por solicitud de la persona interesada, cuando ésta deje de impulsarlo por un año, a excepción de los casos en que las administraciones públicas tengan pronunciamientos pendientes o por el estado del procedimiento no sea necesario el impulso de la persona interesada. En los procedimientos iniciados de oficio.

En los procedimientos sancionadores no necesariamente se dispondrá la debida separación entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá a servidores públicos distintos. VERDADERO. FALSO.

En el procedimiento administrativo sancionador: La carga de la prueba corresponde al denunciante que se presenta ante la administración pública. La carga de la prueba corresponde al administrado, tanto sobre el hecho como de los eximentes de su responsabilidad. La carga de la prueba corresponde a la administración pública, salvo en lo que respecta a los eximentes de responsabilidad. La carga de la prueba es del administrado.

Si se trata de la ejecución de un acto administrativo presunto: La o el juzgador convocará a una audiencia en la que oirá a las partes. Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante una declaración bajo juramento en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal, además acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción. La o el juzgador convocará a una audiencia preliminar y una de juicio en la que sustanciará el juicio. Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante la solicitud presentada y la certificación de secretaría de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal, además acompañará el original de todo el expediente. La o el juzgador notificará a la Administración para su cumplimiento en audiencia. Corresponde a la o al accionante demostrar que se ha producido el vencimiento del término legal para que la administración resuelva su petición, mediante una declaración simple en la solicitud de ejecución de no haber sido notificado con resolución expresa dentro del término legal, además acompañará el original de la petición en la que aparezca la fe de recepción. El acto presunto será inejecutable.

No es necesario agotar la vía administrativa para acudir a la vía judicial. VERDADERO. FALSO.

La vía judicial bloquea la vía administrativa, es decir, interpuesta la acción judicial ya no es posible interponer recursos administrativos. VERDADERO. FALSO.

En caso de acciones de nulidad iniciadas por el Estado, corresponde: La misma entidad contratante podrá demandar la nulidad del contrato. El Procurador General del Estado tan pronto tenga conocimiento de cualquiera de estas irregularidades, demandará la nulidad del contrato. Cualquier persona que conozca de la nulidad, podrá demandar la nulidad del contrato ante el Tribunal Contencioso Administrativo de su domicilio. La defensoría del pueblo.

La o el Presidente de la República, la o el Vicepresidente de la República, las o los asambleístas, las o los ministros de Estado, la o el Secretario General de la Administración Pública y los demás Secretarios con rango de ministro (entre otras autoridades máximas de la administración pública): Que deban rendir declaración de parte, lo harán en cualquier día y hora ante el juez competente y no en la audiencia, sobre los hechos con respecto a los cuales se les haya solicitado. Que deban rendir declaración de parte, lo harán desde su despacho con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se les haya solicitado, para lo cual acudirá el secretario. Que deban rendir declaración de parte, emitirán informe con juramento sobre los hechos con respecto a los cuales se les haya solicitado. Sólo se receptan versiones sin juramento.

En sentencia se declara, de encontrar fundamentos, la responsabilidad de la persona o personas demandadas por la violación de derechos que generaron la obligación del Estado de reparar materialmente -garantías jurisdiccionales en materia constitucional- y, además ordenará a la persona o personas responsables, pagar al Estado lo erogado por concepto de reparación material: De la sentencia se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. El juicio es de única instancia, por lo que solo cabe Recurso de Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Como es un caso de reparación de violación de derechos constitucionales no existen recursos previstos en la ley. Se podrá interponer apelación.

Si el resultado del procedimiento tiene efectos jurídicos constitutivos para un tercero: Puede prescindir de ser llamado a participar salvo sea mencionado en la solicitud inicial; ya que se notificaría una vez emitido el acto administrativo para determinar su interés de impugnarlo o no luego de sustanciado el procedimiento, de conformidad con este Código. Este será llamado a participar en calidad de persona interesada y se suspende el procedimiento hasta que comparezca el mismo. Una vez notificado, aún si no comparece pierde su derecho a impugnar el acto, de conformidad con este Código. Este será llamado a participar en calidad de persona interesada, para que ejerza sus derechos en el término de cinco días. El acto administrativo en un procedimiento administrativo no tiene efectos con respecto a la persona interesada que no haya sido llamada de conformidad con este Código, sin perjuicio de su derecho a impugnarlo. No se admite presencia de terceros.

En la notificación de comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y campesinas no organizadas como persona jurídica, se notificará con el acto administrativo a tres miembros de la comunidad que sean reconocidos como sus dirigentes y por carteles que se fijarán en los lugares más frecuentados. Además de las copias en idioma castellano, se entregará copias en el idioma de la comunidad en la que se realiza la diligencia. VERDADERO. FALSO.

El término para la interposición del recurso de apelación es de quince días contados a partir de la notificación del acto administrativo objeto de la apelación. VERDADERO. FALSO.

Con la finalidad de proponer la acción de lesividad ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente, las máximas autoridades de las respectivas administraciones públicas: Previamente deberán, de oficio o a petición de parte, declarar lesivos para el interés público los actos administrativos que generen derechos para la persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa. Deberán notificar a la persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa que se suspende el mismo y que se procederá con la acción judicial para que se abstenga de beneficiarse del acto. Previamente deberán, de oficio o a petición de parte, caucionar ante la judicatura por posibles daños que se generen a la persona a la que el acto administrativo provoque efectos individuales de manera directa. No se requerirá actuaciones previas.

La declaratoria de lesividad y la consecuente revocación del acto pueden efectuarse incluso si ya han transcurrido tres años desde que se notificó el acto administrativo. VERDADERO. FALSO.

La administración pública: Debe convocar a las audiencias que requiera para garantizar la inmediación en el procedimiento administrativo, de oficio o a petición de la persona interesada. Esta competencia es obligatoria en todas las etapas y dentro de los términos o plazos previstos para cada procedimiento administrativo. Puede convocar a las audiencias que requiera para garantizar la inmediación en el procedimiento administrativo, de oficio o a petición de la persona interesada. Esta competencia es facultativa y se ejercerá sin que se afecten las etapas o los términos o plazos previstos para cada procedimiento administrativo. No puede convocar a audiencias aún para garantizar la inmediación en el procedimiento administrativo, solo que exista petición de la persona interesada y no afecten las etapas o los términos o plazos previstos para cada procedimiento administrativo. No se requerirá de convocatoria.

En las controversias en las que el Estado o las instituciones que comprenden el sector público determinadas por la Constitución, sea el demandado, la competencia se radicará en el órgano jurisdiccional del lugar del domicilio de la o del demandado. Si es actor, la competencia se fijará en el lugar del domicilio del actor. VERDADERO. FALSO.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 1 del Código Orgánico Administrativo?. Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. Este Código regula el ejercicio de la función legislativa de los organismos que conforman el sector público. Este Código regula el ejercicio de la función electoral de los organismos que conforman el sector público. Este Código regula el ejercicio de la función de participación electoral de los organismos que conforman el sector público.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 3 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Eficiencia. Principio de Eficacia. Principio de Calidad. Principio de Jerarquía.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 18 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de responsabilidad. Principio de proporcionalidad. Principio de Interdicción a la arbitrariedad. Principio de buena fe.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 7 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Desconcentración. Principio de Descentralización. Principio de Coordinación. Principio de Participación.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 16 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de responsabilidad. Principio de proporcionalidad. Principio de Interdicción a la arbitrariedad. Principio de buena fe.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 11 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Planificación. Principio de Transparencia. Principio de Evaluación. Principio de Juridicidad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 14 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Planificación. Principio de Transparencia. Principio de Evaluación. Principio de Juridicidad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 15 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de responsabilidad. Principio de proporcionalidad. Principio de Interdicción a la arbitrariedad. Principio de buena fe.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo del 12 Código Orgánico Administrativo?. Principio de Planificación. Principio de Transparencia. Principio de Evaluación. Principio de Juridicidad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 17 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de responsabilidad. Principio de proporcionalidad. Principio de Interdicción a la arbitrariedad. Principio de buena fe.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo del 10 Código Orgánico Administrativo?. Principio de Desconcentración. Principio de Descentralización. Principio de Coordinación. Principio de Participación.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 19 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de imparcialidad e independencia. Principio de control. Principio de ética y probidad. Principio de seguridad jurídica y confianza legítima.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 8 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Desconcentración. Principio de Descentralización. Principio de Coordinación. Principio de Participación.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 21 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de imparcialidad e independencia. Principio de control. Principio de ética y probidad. Principio de seguridad jurídica y confianza legítima.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 6 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Eficiencia. Principio de Eficacia. Principio de Calidad. Principio de Jerarquía.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 23 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de racionalidad. Principio de protección de la intimidad. Principio de lealtad institucional. Principio de corresponsabilidad y complementariedad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 4 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de Eficiencia. Principio de Eficacia. Principio de Calidad. Principio de Jerarquía.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 29 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de subsidiariedad. Principio de colaboración. Principio de tipicidad. Principio de irretroactividad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 24 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de racionalidad. Principio de protección de la intimidad. Principio de lealtad institucional. Principio de corresponsabilidad y complementariedad.

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde al artículo 25 del Código Orgánico Administrativo?. Principio de racionalidad. Principio de protección de la intimidad. Principio de lealtad institucional. Principio de corresponsabilidad y complementariedad.

¿En cuál de las siguientes aplicaciones se usa el espectro radio eléctrico?. Limpieza de motores. Radiación nuclear. Redes de Datos. Ropa de bebe.

En el artículo 408 de la Constitución, ¿cuál de las siguientes es una característica del espectro radioeléctrico?. Propiedad privada no embargable. Propiedad del Estado de carácter embargable. Propiedad del Estado de carácter inembargable. Propiedad de nadie.

En el artículo 16 de la Constitución, se indica que. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tiene derecho a educación. Todas las personas únicamente en forma individual tienen derecho al acceso del espectro radioeléctrico. Todas las personas únicamente en forma colectiva tienen derecho al acceso del espectro radioeléctrico. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.

Según el artículo 347 de la Constitución, se señala que: Es responsabilidad del Estado erradicar el analfabetismo digital. Es responsabilidad del Estado dar educación. Es responsabilidad del Estado facilitar créditos. Es responsabilidad del Estado facilitar televisión por cable.

Según el artículo 313 de la Constitución, se señala que: No se considera sector estratégico el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. Si se considera sector estratégico el espectro radioeléctrico y las telecomunicaciones. La televisión es un sector de explotación pública. La radio es un sector de explotación pública.

¿En qué año fue promulgada la Ley Orgánica del Sistema de Registro de Datos Públicos?. 1999. 2002. 2010. 2025.

¿En qué año fue promulgada la Ley Orgánica de Comunicación?. 2025. 2024. 2023. 2013.

¿En qué año fue promulgada la Ley Orgánica de Telecomunicaciones?. 2015. 2010. 2009. 2008.

¿En que año fue promulgada la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos?. 2024. 2002. 1988. 1970.

En las motivaciones dadas por el Presidente de la República en el Proyecto de Ley Orgánica de Transformación Digital se señala que: La seguridad pública es fundamental. La energía es fundamental para la transformación digital. Las atribuciones del Gobierno Central son fundamentales. Las atribuciones de los jueces son fundamentales.

Del Material “Manual.gob”, para el gobierno ¿Qué es gobierno electrónico?. Para el gobierno, el gobierno electrónico es el medio para modernizar la gestión pública a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, en busca de mejores prácticas, mayor control y transparencia y más agilidad. Para el gobierno, es estar en la red facebook. Para el gobierno, es estar en la red “X”. Para el gobierno intentar usar inteligencia artificial.

Del Material “Manual.gob.” ¿Qué significa G2C?. Goverment to bussness. Goverment to citizens. Gobierno a impuestos. Gobierno a empleados.

El portal o página web, https://www.gobiernoabierto.ec/ ¿Qué tipo de plataforma es?. Gobierno a impuestos. Gobierno a empleados. Goverment to bussness. Goverment to citizens.

Del material “2021. Unctad. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo”, los datos son: multidimensionales. unidimensional. sin dimensión. con dimensión.

Del material “2021. Unctad. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo” , se hace cabildeo en Estados Unidos y la Unión Europea para: Leyes que permitan la recopilación de datos. Leyes que pongan trabas a la recopilación de datos. Leyes que fragmenten el mundo digital. Leyes que busquen objetivos mundiales en desarrollo.

Del material “2021. Unctad. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo” , el esquema normativo en Estados Unidos busca: Libre transaccionalidad de datos y comercio e innovación. Exclusivamente rentabilidad y ganancias. Evitar ciberdelitos. Exclusivamente seguridad pública.

En los esquemas de ISO Inen sobre seguridad de la información, se dice que la información debe ser cumplir lo siguiente: Disponibilidad, confidencialidad e integridad. Divertida. Ser observada. Ser voluntaria.

¿En los esquemas de ISO/ Inen de seguridad de la información que significa AI?. Activos de información. Actividad Inteligente. Acceso e investigación. Altamente importante.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ¿Que es veeduría ciudadana?. Son modalidades de espionaje. Son modalidades de búsqueda de información. Son especies de foros académicos. Son modalidades de control social de la gestión de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas.

De conformidad con el artículo 79 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ¿Qué objetivo tienen los observatorios?. Tienen como objetivo ubicar nuevas galaxias. Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas públicas. Tienen como objetivo exclusivamente denunciar todo lo que ven. Tienen como objetivo ser espacios de critica sin evidencia.

¿A cuál de las siguientes funciones pertenece la Superintendencia de Protección de Datos Personales?. A la Función Ejecutiva. A la Función Legislativa. A la Función Judicial. A la Función de Control y Transparencia.

¿Cuál es el nombre del primer Superintendente de Protección de Datos Personales?. Niels Olsen. José Suing. Ali Lozada. Fabrizio Roberto Peralta.

El portal o página web www.compraspublicas.gob.ec ¿Qué tipo de plataforma es?. Goverment to employee. Goverment to electronic trade. Goverment to business. Goverment to business.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el 2021, se hace cabildeo en Estados Unidos para: Dar subsidios a grandes plataformas. Que se legisle para leyes que permitas recopilar datos. Que se legisle para tener inmunidades civiles y penales. Que se legisle para tener beneficios tributarios.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en el 2021, se hace cabildeo en la Unión Europea para: Dar subsidios a grandes plataformas. Que se legisle para tener beneficios tributarios. Que se legisle para tener inmunidades civiles y penales. Que se legisle para leyes que permitas recopilar datos.

¿Qué significa OCDS?. Estándar de datos abiertos gratuitos y de acceso público para las contrataciones públicas. Estándar de datos cerrados pagados y de acceso privado para las contrataciones públicas. Estándar de datos abiertos gratuitos y de acceso privado. Estándar de datos cerrados pagados de acceso público.

Del Material “Manual.gob.” ¿Qué significa G2E?. Goverment to bussness. Goverment to citizens. Gobierno a impuestos. Gobierno to employee.

De los siguientes enlaces ¿Cuál es una plataforma de gobierno electrónico?. www.temu.com. www. amazon.com. www.presidencia.gob.ec. www.cocacola.com.

De los siguientes enlaces ¿Cuál es una plataforma de gobierno electrónico? A. www.puce.edu.ec B. www.asamblea.gob.ec C. www.toyota.com D. www.ford.com RESPUESTA: B. www.puce.edu.ec. www.asamblea.gob.ec. www.toyota.com. www.ford.com.

De los siguientes enlaces ¿Cuál es una plataforma de gobierno electrónico?. www.lenovo.com. www.sri.gob.ec. www.apple.com. www.temu.com.