COMUNITARIO EUROPEO 2

26. El primer artículo dedicado a la Corona, el 56, actúa, como un "artículo marco" o definitorio de los rasgos caracterizadores de la Monarquía. a) No se atribuyen funciones específicas a la institución. b) Se califica al Rey como Jefe del Estado y se le atribuyen las tres grandes funciones de la institución. c) Se acuña un término para definir la peculiar estructura del Estado español, para romper con la Constitución de 1931. d) Se inclina por caracterizar la organización como Monarquía representativa.

27. Los constituyentes optaron por la unidad del Estado, diseñaron la Corona como uno de los órganos constitucionales del Estado, vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter "soberano". Señale la opción que considere correcta: a) Los artículos 2 y 56 del texto constitucional y los Títulos II y VIII que los desarrollan, salvaguardan el principio de la unidad del Estado permitiendo un sistema complejo y flexible de acceso a la autonomía. b) El Rey representa igualmente al Estado español ante las Comunidades Autónomas, aun cuando sus derechos no afectan al Rey. c) El sistema del artículo 2 y el Título VIII que lo desarrolla, permite matizar el principio de la unidad del Estado, de la Nación y de la soberanía. d) El sistema constitucional diseña un Estado pseudofederalista y regionalista.

28. El constituyente diseña la unidad abstracta del Estado en la función arbitral y moderadora del Monarca. Esta afirmación constitucional implica: a) La distribución igualitaria del poder entre Estado, Comunidades Autónomas y Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. b) Los Estatutos de Autonomía pueden matizar y han reformado el inicial diseño constitucional. c) Se configura al Rey como poder armónico o regulador y se le atribuyen potestades de impulso de los poderes del Estado y la resolución de conflictos entre los mismos como “función moderadora”. d) El federalismo es una opción prevista en el texto constitucional.

29. El Rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales, esto implica: a) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno y el dictamen preceptivo del Consejo de Estado. b) Competencias de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento del Gobierno. c) La acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. d) La supervisión de los trabajos preparatorios de tratados con las naciones de su comunidad histórica.

30. El refrendo es el mecanismo que posibilita la existencia de la falta de responsabilidad y de la inviolabilidad. Esta afirmación implica: a) Todos los actos del Rey, como condición de validez, están sujetos al requisito del refrendo. b) La irresponsabilidad protege la conducta del Rey como persona; la inviolabilidad protege sus actos como institución del Estado. c) Se admiten constitucionalmente muchas variedades de refrendo. d) Nuestra Constitución mantiene una concepción tradicional del refrendo exigiendo necesariamente que la persona que debe refrendar sea el autor efectivo de la propuesta o actuación.

31. En relación al refrendo la doctrina del Tribunal Constitucional ha señalado: a) La libertad de forma para el refrendo. b) La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del Rey. c) La autoridad administrativa que refrenda el acto del Rey certifica la adecuación del acto regio al ordenamiento jurídico. d) El refrendo refleja la división de poderes expresamente consagrada en la Constitución.

32. En el artículo 57 se regulan supuestos excepcionales en la sucesión a la Corona, en los que se otorga protagonismo a las Cortes Generales, órgano de la representación popular: a) El procedimiento es novedoso en nuestra tradición, y es uno de los distintivos de las modernas monarquías parlamentarias. b) El principio de igualdad constitucional impone que las Cortes, sede de la soberanía, asuman las competencias que se habían reconocido a la Corona si no hay sucesor. c) Nuestra Constitución actual exige, para el matrimonio de los posibles sucesores al trono, la autorización del Rey y de las Cortes. d) El procedimiento enlaza con la más rancia tradición monárquica española, que arranca en el Compromiso de Caspe.

33. El fundamento del refrendo se encuentra en: a) La necesaria limitación constitucional a los actos del Rey, que asegura la estabilidad democrática. b) En el principio de lealtad institucional de los poderes de Estado. c) El criterio rector que facilita la colaboración, la cooperación y el equilibrio entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. d) El carácter intangible de la Jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones, sino que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado.

34. Según el artículo 117 la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey. Con relación a esta afirmación seleccione la respuesta correcta: a) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es posterior a la función legislativa. b) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es simultánea a la función legislativa. c) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la función legislativa. c) Por poder judicial hay que entender el conjunto de órganos jurisdiccionales a los que se atribuye el ejercicio de la función jurisdiccional. Históricamente, es anterior a la función legislativa.

35. El antecedente de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial es: a) El Estatuto Real de 1834. b) El Fuero de los Españoles de 1945. c) La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. d) Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial.

36. Este principio cardinal de sometimiento a la ley está también íntimamente ligado a la proclamación de la independencia de jueces y magistrados, y se regula en: a) En el art. 117 del texto constitucional. b) En los artículos 12 a 14 de la LOPJ. c) En la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. d) El art.117 de la CE y en los arts. 12 a 14 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

37. Las implicaciones de la inamovilidad han de manifestarse en un régimen legal que garantice: a) La estabilidad de los jueces y magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, así la jubilación, la separación del servicio, el traslado, la suspensión sólo pueden obedecer a causas legales y procedimientos reglados. b) En nuestro Derecho se establece el carácter vitalicio de la condición de juzgador. c) La situación estatutaria de los jueces y magistrados, se reconoce el derecho a la sindicación profesional para la protección y amparo de sus intereses e independencia. d) La imposibilidad de la suspensión de empleo y sueldo de estos funcionarios.

38. El Tribunal Constitucional (STC 265/1988, de 22 de diciembre) ha señalado que el principio de exclusividad está reñido con el automatismo en la concesión de efectos civiles a decisiones acordadas: a) En el ámbito de la jurisdicción militar. b) En el ámbito de la jurisdicción eclesiástica anglicana. c) En el ámbito sometido a la jurisdicción de la Sharía dictada por un juez eclesiástico o cadi. d) En el ámbito de la jurisdicción canónica.

39. La unidad jurisdiccional implica la supresión de todas y cada una de las jurisdicciones propias que establecían diferentes órdenes para distintos grupos de sujetos y los correspondientes privilegios que suponían. Seleccione la opción correcta: a) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales de excepción como los tribunales de honor. b) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares. c) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales canónicos como los tribunales militares de honor. d) La Constitución excluye las jurisdicciones especiales, tanto los tribunales militares como los tribunales de excepción.

40. En el artículo 118 se establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto: a) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 24.1 de la CE. b) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo incorporado al contenido del art. 9 de la CE. c) La ejecución de las sentencias y demás resoluciones que han adquirido firmeza también se configura como un derecho subjetivo incorporado al contenido del art. 103 de la CE. d) El Tribunal Constitucional queda al margen de esta norma en lo relativo a la ejecución de sus resoluciones.

41. El art. 119 del texto constitucional proclama un derecho a la gratuidad de la justicia en los casos y en la forma en los que el legislador determine: a) La gratuidad de la justicia se configura como un derecho fundamental y subjetivo cuya finalidad es una garantía para los intereses de la justicia. b) La regulación del sistema de justicia gratuita se lleva a efecto por ley orgánica puesto que afecta a la igualdad de defensa, corresponde al legislador dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. c) La evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita es una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal. d) Es un derecho prestacional y de configuración legal cuyo contenido y concretas condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y privados implicados y a las concretas disponibilidades presupuestarias.

42. Según el artículo 120 las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública: a) Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el principio de publicidad protege a las partes de una justicia sustraída al control público, y mantiene la confianza de la comunidad en los tribunales, exigencia del Estado de Derecho. b) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la línea iniciada por las Constituciones europeas. c) La consagración constitucional de un principio procedimental como la oralidad sigue la tradición constitucional española. d) La ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en referencia al principio de oralidad, introduce en el procedimiento laboral, penal y contencioso-administrativo la obligación de grabar las vistas.

43. Respecto al nombramiento del Fiscal General del Estado seleccione la opción correcta: a) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre funcionarios españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. c) El candidato a Fiscal General propuesto por el Gobierno, tras la preceptiva audiencia del Consejo General del Poder Judicial, deberá someterse a una comparecencia ante una Comisión del Congreso de los Diputados que habrá de valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto antes de ser nombrado por el Rey. d) La elección parte de la propuesta de las Cortes Generales, oído el consejo General del Poder Judicial. Su mandato tendrá una duración de seis años.

44. La institución del jurado popular ha sido una de las más controvertidas desde la promulgación de la Constitución de 1978: a) Aparece en la Constitución de 1812, el texto de 1869, y en la Constitución de 1931. b) Aparece en la Constitución de 1931. c) Ha sido una institución polémica intermitentemente recogida en nuestro constitucionalismo histórico. d) Aparece en la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931.

45. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por: a) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. b) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. c) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de nueve años sin posibilidad de renovar mandatos. d) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirán alternativamente y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de seis años.

46. El artículo 122 se refiere a la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera: a) El estatus de los jueces y magistrados, el conjunto de derechos y deberes de los que son titulares, ha de venir determinado por Ley Orgánica, aunque algunos aspectos secundarios puedan ser regulados reglamentariamente. b) La mayor parte de nuestras Constituciones históricas han regulado esta materia. c) La Constitución establece de manera precisa las funciones del Consejo General del Poder Judicial. La enumeración debe entenderse como un numerus clausus. d) El CGPJ, órgano de gobierno de los jueces, sólo se rige por la Constitución y por la LOPJ.

47. El Consejo General del Poder Judicial fue establecido por la Constitución de 1978 en su artículo 122, siguiendo los modelos de otros países próximos: a) El diseño español sigue el modelo alemán. b) El texto de 1978 sigue el diseño constitucional de Francia, Portugal y, en especial, Italia. c) El texto de nuestra Constitución adapta el modelo danés. d) La Constitución de 1978 sigue los modelos de otros países próximos como Bélgica o Luxemburgo.

48. En el Consejo General del Poder Judicial: a) Doce de sus miembros se elegirán entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado. b) El artículo 122.3 CE exige que los doce vocales de que habla fuesen elegidos por jueces y magistrados. c) La Ley Orgánica 6/1985 establece que la iniciativa de propuesta correspondía a los grupos parlamentarios. d) Según la Ley 6/1985 el Presidente del Consejo es elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta del CGPJ entre miembros de la carrera judicial.

49. Según la LO 2/2001, en relación a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial: a) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, como las Cámaras. b) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como los colegios profesionales. c) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como las autoridades académicas y las asociaciones de fiscales. d) En el trámite de propuesta se instaura un sistema mixto en el que participan tanto las asociaciones profesionales de jueces y magistrados como el resto de los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.

50. Según la LO 2/2001 en el trámite de propuesta de candidatos a vocales del CGPJ se instaura un sistema mixto: a) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Congreso de los Diputados. b) Las Cámaras elegirán cada una de ellas 6 vocales entre los candidatos propuestos, empezando por el Senado. c) Las Cámaras designarán en primer lugar los ocho vocales de elección parlamentaria. d) La elección entre los candidatos propuestos por asociaciones de jueces y colegios profesionales se realizará de forma simultánea en ambas Cámaras, designando el siguiente más votado si hubiese coincidencia en la designación.