La defensa de la Constitución confiada a órganos judiciales se apoya principalmente en las siguientes consideraciones: La identidad existente entre la contrastación de un hecho, bien fáctico, bien delictivo, con una norma, propia de la actuación judicial, y entre la contrastación de una norma con una Ley de rango constitucional; La imparcialidad judicial. Las ventajas que ofrece el procedimiento judicial con sus principios de publicidad, contradicción y garantía. Todas son correctas.
- No es característica del modelo americano de control de constitucionalidad La declaración de inconstitucionalidad no es privativa del Tribunal Supremo, sino que se hace a todos los jueces garantes de la primacía constitucional, aun cuando el Tribunal Supremo americano asegura un control uniforme al conocer en vía de apelación las decisiones de todos los tribunales inferiores. La inconstitucionalidad solo puede plantearse en vía de excepción y con
ocasión de un litigio principal. La declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes. Todas son características.
El sistema austriaco de control de constitucionalidad se define por cuatro elementos: Un tribunal especial único. La eficacia particular de la declaración de inconstitucionalidad La atribución del control de constitucionalidad a todos los jueces. Ninguna es correcta.
El Tribunal Constitucional español es: Un tribunal ordinario Un tribunal especial Un tribunal excepcional Ninguna es correcta.
- El Tribunal Constitucional español se compone de 12 miembros nombrados por: Cuatro por el Congreso por mayoría de 3/5. Cuatro por el Senado, por idéntica mayoría. Correctas a y b Ninguna es correcta porque son nombradas por el rey.
- No es competencia del Tribunal Constitucional español: El control de constitucionalidad de leyes y normas con rango de ley, a través del recurso de inconstitucionalidad, de la cuestión de inconstitucionalidad y del recurso previo sobre la constitucionalidad de Tratados internacionales. La protección de los derechos fundamentales y libertades públicas a través del recurso de amparo. El control del ejercicio de competencias atribuidas a otros poderes y entes territoriales mediante el conocimiento de los conflictos competenciales y entre órganos constitucionales. Todas son competencias.
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