Contencioso-Administrativo UNIR 2026

¿A cuál de las siguientes entidades no es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público?. A. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por la Administración General del Estado. B. A los bancos. C. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por un organismo público. D. A los ayuntamientos.

¿A partir de qué momento es ejecutiva una sanción administrativa?. A. Desde el momento en que la dicta el órgano administrativo competente, salvo que se resuelva expresamente en otro sentido. B. Desde el momento en que la dicta el órgano administrativo competente. C. Cuando la resolución sancionadora deviene firme en vía administrativa. D. Cuando la resolución sancionadora deviene firme en vía jurisdiccional.

¿A qué grupos les resultan de aplicación el régimen y procedimiento disciplinario?. A. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social, ciudadanos. B. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social. C. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, ciudadanos. D. Organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social, ciudadanos.

¿Cuál de los siguientes elementos no puede aparecer en un escrito de demanda de procedimiento ordinario?. A. Interposición del recurso. B. Petición de trámite de conclusiones. C. Proposición de prueba. D. Cuantía del pleito.

¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte de la planta judicial española?. A. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Constitucional. B. Sala Tercera del Tribunal Supremo. C. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. D. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

¿Cuál es el órgano encargado de decidir sobre las reclamaciones patrimoniales por daños derivados de la aplicación de una norma española contraria al Derecho de la UE?. A. Consejo de Ministros. B. Comisión Europea. C. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. D. Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

¿Cuál es el plazo de prescripción de la acción para exigir responsabilidad patrimonial?. A. Un año. B. Seis meses. C. Dos meses. D. Dos años.

¿Cuál es el plazo máximo en el que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. A. Tres meses. B. Seis meses. C. Un año. D. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

¿Cuál es la peculiaridad procesal del procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos?. A. Debe tramitarse por el procedimiento abreviado y con intervención del Ministerio Fiscal. B. Exige un previo requerimiento por el Registro de Partidos por un plazo de 2 meses. C. La competencia exclusiva de la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. D. La competencia exclusiva de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

¿Cuándo se puede declarar la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa, a través de la revisión de oficio?: A. En cualquier momento. B. Dentro de los seis meses siguientes a la firmeza del acto. C. Dentro del plazo de dos años desde que el acto fue dictado. D. Únicamente dentro de los plazos previstos para los recursos ordinarios en vía administrativa.

¿Desde cuándo (dies a quo) se computa el plazo para resolver un procedimiento administrativo sancionador?. A. Desde la notificación del acuerdo de incoación al interesado. B. Desde la apertura de actuaciones previas por la Administración. C. Desde la fecha del acuerdo de incoación del procedimiento sancionador. D. Desde la apertura del trámite de alegaciones en el procedimiento sancionador.

12. ¿Cuándo se puede solicitar la adopción de medidas cautelares en un procedimiento contencioso-administrativo?. A. Únicamente antes de presentarse la demanda. B. Únicamente en el escrito de demanda. C. En cualquier estado del proceso. D. Únicamente en el escrito de contestación a la demanda.

Los presupuestos para la adopción de una medida cautelar en el procedimiento contencioso-administrativo, son: A. Periculum in mora y prestación de caución. B. Fumus boni iuris y conformidad de la administración demandada. C. La conformidad del Ministerio Fiscal con la medida cautelar solicitada. D. Periculum in mora, fumus boni iuris, y ponderación circunstanciada de los intereses.

¿En qué momento se pueden efectuar alegaciones en un procedimiento administrativo?. A. Los interesados solamente podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en el trámite de audiencia. B. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. C. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. D. Los interesados no pueden aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en ningún momento del procedimiento.

¿En qué parte de la demanda se solicitará el recibimiento del pleito a prueba?. A. En los fundamentos jurídico-procesales. B. En el suplico. C. Mediante OTROSÍ. D. No se exige un lugar concreto, podrá incluirse donde se estime conveniente.

¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. A. 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, si fuera expreso. B. 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. C. 2 meses, en el supuesto de acto presunto. D. 3 meses, en el supuesto de acto presunto.

¿Puede el Ministerio Fiscal ser parte en un recurso contencioso-administrativo?. A. No, en ningún caso. B. Sí, cuando lo determine la Ley. C. Sí, solamente en defensa de los intereses de un menor. D. Sí, cuando así lo solicite la autoridad judicial.

¿Puede una Administración impugnar en sede jurisdiccional sus propios actos?. A. No, dado que para dejar sin efecto un acto propio siempre podrá tramitar un recurso especial de revisión. B. No, dado que para dejar sin efecto un acto propio siempre podrá revocarlo. C. Sí, cuando el acto incurra en inconstitucionalidad sobrevenida. D. Sí, previa declaración de lesividad.

¿Qué órgano es el encargado de resolver un recurso de reposición frente a una resolución del letrado de la Administración de Justicia?. A. El letrado de la Administración de Justicia. B. El Tribunal Superior de Justicia. C. La Audiencia Provincial. D. El juez.

¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular carece de firma?. A. Diez días. B. Dos meses. C. Tres meses. D. Un mes contando de fecha a fecha.

¿Qué plazo hay para interponer un recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona en el orden contencioso-administrativo?. A. 15 días. B. 10 días. C. 2 meses. D. No hay un plazo específico.

¿Qué resolución judicial es adecuada para la ordenación del proceso judicial?. A. Auto. B. Sentencia. C. Providencia. D. Todas son correctas.

¿Qué tipo de procedimiento es una reclamación económico administrativa?. A. Un procedimiento penal. B. Un procedimiento civil. C. Un procedimiento tributario. D. Un procedimiento penal.

¿Quién es competente para conocer del recurso contencioso-administrativo frente a una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales?. A. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que por turno de reparto corresponda. B. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. C. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. D. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

¿Quién tiene la potestad para acordar y controlar el internamiento de un extranjero en un Centro de Internamiento?. A. La autoridad gubernativa, dando cuenta luego al órgano judicial competente por razón del territorio. B. El titular de comisaría local y puesto fronterizo. C. El Comisario provincial. D. El órgano judicial competente (instrucción), previa petición de la autoridad gubernativa.

A efectos de la aplicación subjetiva de la Ley de Contratos del Sector Público, no se consideran Administración Pública a: A. Las entidades públicas empresariales. B. Los organismos autónomos. C. La autoridades administrativas independientes. D. Las universidades públicas.

Ante un caso donde el cliente ha recibido una notificación de un acto administrativo que es reproducción de otro anterior, firme, la vía de acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa es: A. La ordinaria, por mor del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que se interponga en el plazo legal de dos meses. B. Únicamente a través del proceso especial para la protección de derechos fundamentales. C. Ninguna, conforme lo dispone el art.128 de la Ley 29/1998. D. Únicamente mediante la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Con carácter general, ¿cuál es el plazo de interposición de un recurso de alzada tras una resolución presunta?. A. 3 meses. B. Se puede recurrir en cualquier momento a partir de que se hayan producido los efectos del silencio administrativo. C. No cabe recurso frente a resoluciones presuntas. D. 10 días.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores la falta de resolución expresa dentro del plazo establecido da lugar a: A. La prescripción de la infracción. B. La caducidad y el archivo. C. El silencio administrativo positivo. D. El silencio administrativo negativo.

Cuando el obligado tributario presenta algún recurso administrativo contra un acto administrativo que le obliga al pago de un tributo, tiene derecho a: A. Solicitar la suspensión del ingreso correspondiente, en tanto se resuelve esa reclamación. B. La tramitación preferente de su recurso contencioso-administrativo. C. Actuar por sí mismo ante el órgano jurisdiccional, sin necesidad de conferir la representación a un procurador. D. Beneficiarse de la justicia gratuita.

Cuando la impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se dirige contra una sanción tributaria: A. Su pago se suspende automáticamente, siempre que se ofrezcan garantías. B. Su pago no se suspende automáticamente si la Administración aprecia fumus boni iuris. C. Su pago se suspende automáticamente, cuando la cuantía de la sanción impuesta sea inferior a 30.000 euros. D. Su pago se suspende automáticamente, sin necesidad de aportar garantías.

Cuando se va a recurrir una actuación administrativa en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será: A. Si el interesado no presentó requerimiento de cese ante la Administración, el plazo será de 10 días. B. Si el interesado no presentó requerimiento de cese ante la Administración, el plazo será de 20 días. C. Si el interesado presentó requerimiento de cese ante la Administración, y no fue atendido, el plazo será de 20 días. D. El plazo para interponer el RC-A será siempre de 10 días, haya o no interpuesto requerimiento previo.

De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el incidente de ejecución: A. Solo puede ser iniciado a instancia de la administración recurrida. B. Solo puede ser iniciado a instancia del Ministerio Fiscal. C. No puede ser apreciado de oficio por el órgano jurisdiccional. D. Puede tramitarse a instancia de parte.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 de la Constitución: A. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por cualquier perjuicio que les ocasione la actuación de los poderes públicos. B. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. C. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, excepto cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. D. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor, excepto cuando la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Deben tramitarse por el procedimiento abreviado los recursos contencioso-administrativos sobre los siguientes asuntos: A. Todos los asuntos que correspondan a los Juzgados Centrales de lo contencioso administrativo. B. Dominio público, servicio público y separación de funcionarios. C. Materias de extranjería y asilo político. D. Materias de extranjería, asilo político, disciplina deportiva y todos aquellos asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros.

Durante el mes de agosto no corre el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo: A. Salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. B. Salvo que exista previa habilitación por decisión judicial. C. No corre nunca, sin excepciones. D. Salvo para la tramitación de la cuestión de ilegalidad.

El acto administrativo que resuelve un recurso de alzada es: A. Un acto definitivo que no pone fin a la vía administrativa. B. Un acto definitivo que, además, pone fin a la vía administrativa. C. Un acto firme. D. Un acto de mero trámite, contra el cual cabe recurso de reposición.

El competente para un asunto en materia de prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la LO 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, es: A. Tribunal Superior de Justicia. B. Juzgado Central de lo contencioso-administrativo. C. Audiencia Nacional. D. Juzgado de lo contencioso-administrativo.

El derecho a la reversión tras los procedimientos expropiatorios queda excluido: A. Cuando se altera el destino del bien expropiado, aunque se mantenga la utilidad pública o interés social. B. Cuando han transcurrido 5 años de efectiva afectación a un uso público. C. Cuando han transcurrido 10 años de efectiva ocupación del bien expropiado. D. No se puede excluir nunca, es un derecho constitucionalmente protegido que nace con ocasión de la expropiación de la que trae causa.

El obligado al pago del justiprecio en una expropiación será: A. El beneficiario de la expropiación, que en ocasiones coincidirá con la figura de la Administración expropiante. B. La Administración expropiante. C. El expropiado. D. El beneficiario de la expropiación por cuenta de la Administración expropiante, quien le reembolsará el coste.

El artículo 86 de la Ley 39/2015 establece la posible terminación convencional de los procedimientos: A. Nunca es posible. B. No se prevé en la norma, pero es posible. C. Se prevé en la LJCA, pero no en la Ley 39/2015. D. Es, en efecto, una forma de terminación prevista en la Ley 39/2015 con carácter general para los procedimientos administrativos.

En relación con el pliego de cargos, señala la respuesta correcta: A. El pliego de cargos debe comprender, en párrafos numerados: los hechos imputados, las faltas en las que se incardinan tales hechos y la sanción aplicable. B. El pliego de cargos debe comprender, en párrafos numerados: los hechos imputados, exclusivamente, y, potestativamente, las faltas en las que se incardinan tales hechos y la sanción aplicable. C. El pliego de cargos puede notificarse por la Administración, cuando considere que sirve para agilizar la tramitación del procedimiento sancionador. D. El pliego de cargos debe notificarse cuando el procedimiento sancionador se dirija contra una persona física, siendo potestativa dicha notificación cuando el procedimiento se dirija contra una persona jurídica.

Indique el plazo, desde que se produce el daño, para ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del Estado en vía administrativa: A. Depende de la legislación autonómica que corresponda. B. Un año. C. Dos meses, contados desde la notificación del acto. D. Ninguna de las otras opciones.

Marca la frase correcta y completa respecto al incidente de ejecución de sentencia: A. Permite identificar el órgano administrativo responsable de efectuar la ejecución. B. Concreta el plazo máximo para que quede realizada la ejecución. C. Determina con qué medios debe llevarse a efecto la ejecución y el procedimiento a seguir. D. Todas las otras opciones son correctas.

¿Cuál de los siguientes no es un requisito para que prospere la acción de impugnación contra la inactividad de la Administración?. A. Que la Administración tenga una obligación impuesta por una disposición normativa, contractual o convencional. B. Que la obligación de actuar de la Administración consista en la realización de una prestación concreta. C. Que dicha obligación está directamente relacionada con un derecho fundamental. D. Que quienes tengan derecho a la prestación concreta en su favor reclamen a la Administración su cumplimiento y que esta, en el plazo de tres meses desde dicha reclamación, no haya dado cumplimiento a lo solicitado o haya llegado a un acuerdo con los reclamantes.

¿Desde qué día se computa el plazo de caducidad de un procedimiento sancionador?. A. Desde el día de la resolución que pone fin al procedimiento. B. Desde la fecha de la resolución de incoación del expediente. C. Desde el día de la comisión de la infracción imputada. D. Desde el día en que la sanción deviene firme.

De acuerdo con la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público vigente, no se incluyen en el concepto de Sector Público: A. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. B. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de otras entidades del Sector Público sea inferior al 50 por 100. C. Las entidades públicas empresariales estatales y a los organismos asimilados dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. D. Las fundaciones públicas.

Las medidas provisionales, en el orden Contencioso-Administrativo: A. No pueden ser dejadas sin efecto con posterioridad a su adopción, hasta que la sentencia haya sido dictada. B. Pueden estar sujetas a su eventual extinción o modificación, según evolucionen las circunstancias que llevaron a determinar su adopción. C. Implican necesariamente la necesidad de constituir garantía por parte del recurrente. D. Constituyen una manifestación más de la posición de prevalencia de la Administración con respecto del ciudadano.

¿Qué es una declaración tributaria?. A. Todo documento que se presenta ante la Administración tributaria en el que se reconoce o manifiesta un hecho relevante para la aplicación de tributos. B. Todo documento que se presenta ante la Administración tributaria en el que se impugna un acto de aplicación del tributo. C. Todo documento que se presenta ante la Administración tributaria en el que se confirma la voluntad del interesado para cumplir con sus obligaciones tributarias. D. Todo documento que se remite por la Administración tributaria en el que se lleva a cabo la aplicación del tributo.

El procedimiento legal para la protección de los derechos fundamentales: A. Es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. B. Es el recurso contencioso-administrativo, tramitado como procedimiento abreviado, cuando dicha protección se refiera a una actuación administrativa. C. Tiene carácter preferente. D. No tiene plazo de ejercicio, dada la relevancia legal de su objeto.

Señala la opción que no forma parte del contenido necesario de una resolución administrativa sancionadora: A. Valoración de las pruebas practicadas. B. Fijación de los hechos y, en su caso, la persona responsable, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen. C. En su caso, la declaración de que no existe infracción o responsabilidad. D. Una relación ordenada y exhaustiva de casos similares resueltos por el mismo órgano y que tengan relación con el objeto del procedimiento.

En caso de que ninguna norma especial establezca otro plazo, ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves?. A. 1 año. B. 2 años. C. 3 años. D. 4 años.

Señala la respuesta correcta: A. La Administración está habilitada para no tener que compartir el expediente administrativo, cuando está debidamente justificado. B. La Administración puede decidir el contenido del expediente a compartir con el Ayuntamiento. C. En un procedimiento contencioso-administrativo, si el expediente estuviera incompleto, el recurrente podrá solicitar que se complete, suspendiéndose en tal caso el plazo para formular demanda. D. En un procedimiento contencioso-administrativo, si el expediente estuviera incompleto, el recurrente podrá solicitar que se complete, si bien dicha decisión nunca conllevará la suspensión del plazo para cumplir ningún plazo suspendiéndose en tal caso el plazo para formular demanda.

En relación con el procedimiento administrativo, señala la respuesta incorrecta: A. La obligación de someterse a un procedimiento limita la arbitrariedad administrativa. B. El procedimiento administrativo es un instrumento del poder ejecutivo para hacer prevalecer su autoridad sobre el legislativo. C. El procedimiento administrativo sirve de cauce de producción de los actos administrativos. D. El procedimiento administrativo puede configurarse como una fórmula de participación de varias Administraciones en una decisión.

De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el incidente de ejecución: A. Solo puede ser iniciado a instancia de la Administración recurrida. B. Solo puede ser iniciado a instancia del Ministerio Fiscal. C. No puede ser apreciado de oficio por el órgano jurisdiccional. D. Puede tramitarse a instancia de parte.

Señala cuál de las siguientes opciones no es una forma de terminación de un procedimiento de apremio: B. El acuerdo que, tras declararse fallidos todos los obligados al pago, declare que ese crédito es incobrable, en todo o en parte. Mientras no prescriba, el apremio se puede reanudar. C. El acuerdo de haber quedado extinguida esa deuda, por cualquier causa prevista en la Ley. D. La imposición de una sanción. A. El pago de la cantidad debida.

La declaración de lesividad: A. Es un remedio administrativo que permite a la Administración anular por sí misma, previa audiencia de los interesados, sus propios actos anulables, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que esos actos fueron dictados. B. Es un acto administrativo que debe notificarse a todos los interesados y mediante el cual queda anulado un acto administrativo previo por causa de anulabilidad. C. Ninguna de las otras respuestas es correcta. D. Es un presupuesto procesal que habilita a la Administración para recurrir sus propios actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que esos actos fueron dictados.

Señala cuál de los siguientes no es un recurso administrativo: A. Recurso de reposición. B. Recurso de alzada. C. Recurso de apelación. D. Recurso extraordinario de revisión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, sus previsiones son de aplicación: A. A todas las Administraciones territoriales, al sector público institucional y a las corporaciones de Derecho Público. B. Exclusivamente, a las Administraciones territoriales. C. Exclusivamente, a la Administración General del Estado. D. Exclusivamente, a la Administración General del Estado y a los organismos públicos dependientes de ella.

Señala la figura que mejor se corresponde con la siguiente definición: acto administrativo a favor de un particular, con la finalidad de que este explote un bien de dominio público o gestione un servicio público durante un plazo concreto, sometido a condiciones, y usualmente mediante pago de precio o canon. A. Licencia. B. Subvención. C. Concesión. D. Concurso público.

¿A cuál de las siguientes entidades no es de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público?. A. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por la Administración General del Estado. B. Una sociedad mercantil participada mayoritariamente por un organismo público. C. A los ayuntamientos. D. A los bancos.

Señala la respuesta correcta, en relación con la potestad sancionadora de la Administración: A. La Ley 39/2015 exige que, en todo caso, existe una separación entre la fase instructora y resolutoria, y que las mismas no sean asumidas por el mismo órgano. B. La Ley 39/2015 exige que, en todo caso, existe una separación entre la fase instructora y resolutoria, sin perjuicio de que las mismas puedan ser asumidas por el mismo órgano. C. Cada concreta Administración a la que el legislador le reconoce potestad sancionadora dispone de margen para atribuir internamente el ejercicio de dicha potestad, pudiendo atribuir, en razones debidamente justificadas, que el mismo órgano instruya y decida sobre un procedimiento sancionador. D. Cada concreta Administración a la que el legislador le reconoce potestad sancionadora puede configurar libremente si existe una separación entre la fase instructora y la resolutoria.

Señala la respuesta correcta, en relación con el desistimiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: A. No conlleva automáticamente la condena en costas. B. Conlleva automáticamente la condena en costas. C. Libera automáticamente la condena en costas. D. Solamente se puede realizar por causas tasadas.

Para impugnar una actuación de la Administración en vía de hecho: A. Debe acudirse directamente a la vía jurisdiccional, dada la gravedad del vicio de nulidad que se invoca. B. Debe realizarse previamente el requerimiento de cesación. C. Puede realizarse, con carácter previo, el requerimiento de cesación. D. Debe agotarse previamente la vía administrativa.

Señala la respuesta correcta, en relación con el allanamiento como forma de terminación de un recurso contencioso-administrativo: A. Es un acto unilateral del demandado. B. Requiere del acuerdo con el demandante. C. Evita que el órgano jurisdiccional dicte sentencia. D. Libera automáticamente de la imposición de condena en costas.

Señala la resolución que es propia del letrado de la Administración de Justicia: A. Sentencia. B. Auto. C. Providencia. D. Diligencia de ordenación.

Señala la opción incorrecta, con respecto del recurso en garantía de la unidad de mercado: A. Tiene carácter preferente. B. Se tramita ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. C. Puede ser instado por cualquier ciudadano que se considere afectado por una actuación que infrinja la normativa sobre unidad de mercado. D. El plazo para interponerlo es de dos meses.

El trámite de conclusiones: A. No puede servir para incluir argumentos nuevos. B. Solamente se celebra si se ha admitido el pleito a prueba. C. Solamente se celebra en el procedimiento abreviado. D. Solamente se celebra si lo solicitan todas partes personadas en el procedimiento.

¿Cuál es el plazo para impugnar en vía jurisdiccional una actuación administrativa por parte de otra Administración?. A. Un mes. B. Dos meses. C. Tres meses. D. Un año.

La valoración de la prueba por el órgano jurisdiccional, en el ámbito contencioso-administrativo: A. Debe basarse en la sana crítica y la razón. B. Debe dar preferencia a los elementos aportados por la Administración, por tener presunción de veracidad. C. Resulta improcedente en aquellos casos en que la prueba admitida sea, exclusivamente, el expediente administrativo. D. Debe dar preferencia siempre a la documental sobre cualquier otro medio de prueba.

La asistencia de abogado en el orden contencioso-administrativo: A. Es potestativa en los procedimientos que se tramiten ante órganos unipersonales. B. Es potestativa en los procedimientos seguidos ante órganos colegiados. C. Es obligatoria, a menos que sea sustituido por un procurador. D. Ninguna de las otras opciones es correcta.

¿Puede el juez de lo contencioso estimar, o desestimar una demanda con base en argumentos o motivos no alegados por las partes?. A. Sí, tiene total libertad para ello. B. Jamás, pues opera el principio dispositivo. C. Solo cuando lo ha puesto de manifiesto previamente a las partes y se ha concedido a estas la posibilidad de formular alegaciones al respecto. D. Depende del grado: no puede hacerlo en primera instancia, pero sí en apelación.

¿A qué grupos les resultan de aplicación el régimen y procedimiento disciplinario?. A. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social y Ciudadanos. B. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos, y personal funcionario de la Seguridad Social. C. Funcionarios de la administración civil, organismos autónomos y ciudadanos. D. Organismos autónomos, personal funcionario de la Seguridad Social, y ciudadanos.

Indica el elemento que no es impugnable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: A. Inactividad de la Administración. B. Disposiciones de carácter general dictadas por la Administración. C. Decreto legislativo. D. Actos administrativos presuntos.

Las medidas provisionales, en el orden contencioso-administrativo: A. No pueden ser dejadas sin efecto con posterioridad a su adopción, hasta que la sentencia haya sido dictada. B. Pueden estar sujetas a su eventual extinción o modificación según evolucionen las circunstancias que llevaron a determinar que hubieran de adoptarse en su día. C. Implican necesariamente la necesidad de constituir garantía por parte del recurrente. D. Constituyen una manifestación más de la posición de prevalencia de la Administración con respecto del ciudadano.

¿En qué parte de un escrito procesal debe solicitarse el recibimiento del pleito a prueba?. A. Mediante otrosí. B. En los fundamentos de derecho. C. Es indiferente. D. En el suplico.

¿Qué significa que los recursos de apelación y de casación contra sentencias son admisibles en ambos efectos?. A. Que en principio queda en suspenso la ejecución de la sentencia recurrida, si bien cabe instar la ejecución provisional. B. Que es un recurso devolutivo a resolver por un órgano judicial distinto del que dictó la sentencia recurrida. C. Que la interposición del recurso tiene efectos suspensivos y devolutivos, lo que impide la ejecución de la sentencia recurrida. D. Que la interposición del recurso tiene efectos suspensivos y devolutivos, sin perjuicio de que sea posible instar la ejecución provisional de la sentencia recurrida.

El plazo máximo para resolver una reclamación económico administrativa es: A. Un año. B. Seis meses. C. Tres meses. D. Un mes.

En el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo se entiende por capacidad procesal: A. La necesidad de comparecer representado por procurador y asistido por abogado. B. La facultad de realizar actos con eficacia jurídica dentro del proceso contencioso-administrativo. C. La relación o vínculo de la parte procesal con el objeto del proceso. D. La capacidad jurídica y de obrar en el seno del proceso.

En qué consiste la reversión en el ámbito de las concesiones: A. Es la garantía última del expropiado, permitiendo recuperar el bien expropiado en ciertos supuestos legalmente establecidos. B. Es la obligación del concesionario de restituir los bienes de la concesión a su término a la Administración. C. Es un derecho de configuración legal, que se rige por la legislación vigente al momento de ejercer el derecho de reversión. D. Es la facultad de la Administración para restituir al concesionario las obras y bienes de la concesión a su término.

En qué supuestos no es admisible la petición de extensión de efectos de una sentencia: A. En materia tributaria, de personal de la Administración o de unidad de mercado. B. Cuando se trate de una persona que no litigó ni fue parte en el proceso donde recayó la sentencia. C. Cuando el interesado cuente ya con una resolución firme en esa materia por no haberla recurrido. D. Cuando el tribunal que dictó la sentencia es competente territorialmente para atender la petición de extensión de efectos.

En relación con las técnicas de intervención administrativa, la declaración responsable previa al ejercicio de una actividad se caracteriza por: A. Constituir un acto administrativo generado por la declaración unilateral del interesado. B. Constituir un documento emitido por el interesado manifestando que cumple con los requisitos legales y que dispone de la documentación acreditativa exigible, con el compromiso de mantener tales condiciones y documentación. C. Constituir un documento emitido por el interesado informando de sus datos personales y otros exigibles para ejercer un derecho o iniciar una actividad. D. Constituir un supuesto especial de acto administrativo condicionado a la comprobación o verificación posterior por la Administración de la información y documentación presentada por el interesado.

¿Qué recurso cabe interponer contra la sentencia dictada en la instancia en un proceso con una cuantía establecida en 29.000 euros?. A. No cabe ningún recurso por razón de la cuantía. B. Recurso de apelación, previa interposición de recurso de reposición. C. Recurso de queja, únicamente, sin posibilidad de ulterior apelación en caso de desestimación. D. Recurso de apelación sólo en el supuesto de que la sentencia haya declarado la inadmisibilidad del recurso o se trate de un proceso especial para la protección de los derechos fundamentales.

Indique cuál es el plazo máximo de tramitación del procedimiento de inspección: A. Doce meses. B. Veintisiete meses. C. Dieciocho meses. D. Seis meses.

La cuestión de ilegalidad: A. Se presenta cuando la sentencia ya es firme. B. Se debe presentar antes de dictarse sentencia. C. Se presenta después de dictarse la sentencia. D. Se plantea antes de preparar el recurso de casación.

La declaración de una causa que haga imposible, legal o materialmente, ejecutar una sentencia corresponde: A. Al Juzgado o Tribunal que dictó la sentencia en cuestión. B. Al órgano administrativo encargado de la ejecución de sentencia. C. A la Administración que dictó el acto o disposición que fue impugnado en el proceso contencioso administrativo en el que recayó la sentencia a ejecutar. D. A la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia competente por razón del territorio.

La nota diferenciadora entre el contrato de concesión de obras y el contrato de obras: A. Las distintas prestaciones que se obliga a realizar el contratista y el concesionario. B. La asunción del riesgo operacional en las concesiones. C. La exclusión del principio de riesgo y ventura en los contratos de obra y servicios. D. No existe un criterio definido, todo depende de la normativa sectorial o especial aplicable.

Las sanciones leves prescriben: A. A los seis meses. B. Al año. C. A los dos años. D. A los dos meses.

¿Qué órgano es el encargado de resolver un recurso de reposición frente a una resolución del Letrado de la Administración de Justicia?. A. El Magistrado. B. El Letrado de la Administración de Justicia. C. El órgano judicial superior. D. No cabe recurso de reposición.

Señale cuál de los siguientes supuestos satisface el requisito de interés casacional objetivo para admitir el recurso de casación: A. La infracción de normas de derecho autonómico que haya sido relevante y determinante de la decisión que se pretende recurrir en casación. B. Cuando la resolución recurrida resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. C. Cuando la resolución recurrida aplique el Derecho de la Unión europea conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia. D. Siempre que se trate de resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale cuál de estas resoluciones judiciales no son susceptibles de recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo: A. Autos de que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo dictados por la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia. B. Autos recaídos en ejecución de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aquélla o que contradigan los términos del fallo que se ejecuta. C. Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. D. Sentencias dictadas en única instancia o en apelación por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale en cuál de los siguientes procesos interviene necesariamente el Ministerio Fiscal: A. Procedimientos para la protección de los derechos fundamentales. B. Procedimiento abreviado. C. Procedimiento ordinario. D. Procedimiento para la defensa de la unidad de mercado.

Señale la respuesta correcta con relación a la falta de competencia de un órgano del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de un asunto: A. Únicamente podrá ser apreciada a instancia de la parte demandada. B. Se declarará necesariamente en sentencia. C. Supondrá que se declare la inadmisibilidad del recurso y el acto impugnado devendrá firme. D. Se declarará mediante auto y deberá efectuarse antes de la sentencia.

Señale cuál de los siguientes no es un recurso administrativo: A. Recurso de reposición. B. Recurso de alzada. C. Recurso extraordinario de revisión. D. Recurso de apelación.

La imposición de las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa: A. Se rige por el criterio subjetivo de la temeridad o la mala fe. B. Se rige por el criterio objetivo del vencimiento. C. No se imponen las costas en la jurisdicción contencioso-administrativa en ningún caso. D. Ninguna de las respuestas es correcta.

La impugnación de un acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde conocerla a: A. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. B. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. C. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del domicilio de la empresa cotizada a la que afecte la resolución impugnada. D. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

La Ley de Contratos del Sector Público no es aplicable a: A. Los ayuntamientos. B. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. C. Los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes. D. Las entidades bancarias.

La asistencia de abogado en el orden contencioso-administrativo: A. Es potestativa en los procedimientos que se tramiten ante órganos unipersonales. B. Es potestativa en los procedimientos seguidos ante órganos colegiados. C. Es obligatoria, a menos que sea sustituido por un procurador. D. Ninguna de las opciones es correcta.

En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. A. El día siguiente que sea hábil. B. El último día del mes. C. El anterior que sea hábil. D. El que determine la Administración en cada caso.

En los supuestos de inactividad material de la Administración pública, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. B. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. C. En el plazo de veinte días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. D. En el plazo de seis meses si el interesado no formuló el requerimiento previo.

En la revisión de oficio de actos administrativos, la emisión de dictamen por el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente es: A. Preceptiva. B. Obligatoria, salvo en los supuesto de inadmisión. C. Preceptiva pero no vinculante. D. Potestativa, salvo en los supuestos de inadmisión.

¿Cuál es la peculiaridad procesal del procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos?. A. Debe tramitarse por el procedimiento abreviado y con intervención del Ministerio Fiscal. B. Exige un previo requerimiento por el Registro de Partidos por plazo de 2 meses. C. La competencia exclusiva de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. D. La competencia exclusiva de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Indique en cuál de estos supuestos se presume que concurre el interés casacional objetivo: A. La sentencia recurrida resuelve recursos contra actos o disposiciones de los Gobiernos o Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas. B. La sentencia recurrida resuelve un proceso en que se impugnó un convenio entre Administraciones. C. La sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. D. La sentencia recurrida ha sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

¿Quién tiene la carga de la prueba para desvirtuar el contenido del acuerdo sobre el justiprecio emitido por el Jurado de Expropiación?. A. No es posible impugnar el acuerdo sobre el justiprecio del Jurado de Expropiación, que goza de la presunción de validez, legalidad y acierto. B. Corresponde al expropiado para corregir el acuerdo que se presume válido, legal y acertado. C. Corresponde a la Administración expropiante para corregir el acuerdo que se presume válido, legal y acertado. D. Corresponde a la parte que recurra (expropiado y/o expropiante) contra dicho acto administrativo, que debe ser motivado y que goza de la presunción de validez, legalidad y acierto.

En qué supuestos debe interponerse el recurso de reposición contra un acto de la Administración Tributaria: A. Cuando así lo decida el obligado tributario, al ser un recurso potestativo. B. Necesariamente con carácter previo a la interposición de una reclamación económico-administrativa. C. Siempre que se tenga la intención de acudir a los Tribunales Económico Administrativos. D. En el plazo de un mes desde la resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta previamente.

La Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios resulta inaplicable al siguiente sector: A. Servicios de transporte. B. Servicios de abogacía y procura. C. Servicios de consultoría. D. Servicios de intermediación inmobiliaria.

¿Cuál es el plazo de que dispone la Administración para ejecutar voluntariamente una sentencia que le imponga una condena pecuniaria?. A. Dos meses. B. Tres meses. C. Dos meses, desde que se dicte auto acordando la ejecución provisional de la sentencia. D. Tres meses, desde que se dicte auto acordando la ejecución forzosa de la sentencia.

La condena por falso testimonio de los testigos permite a las partes de un proceso finalizado por sentencia firme: A. Interponer el recurso de casación para unificación de doctrina. B. Interponer el recurso de apelación. C. Interponer la revisión de oficio, previo dictamen del Consejo de Estado. D. Interponer la revisión del art. 102 Ley de la Jurisdicción.

Una de las notas características del proceso especial del art.122 de la Ley de la Jurisdicción sobre la prohibición o propuesta de modificación de reuniones es: A. Debe interponerse en los 10 día siguientes a la notificación del acuerdo de la autoridad gubernativa. B. Será resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia sin ulterior recurso. C. El mes de agosto es hábil para la interposición de esta modalidad de proceso contencioso-administrativo. D. Se produce la suspensión automática de la resolución gubernativa, ex art.127 quáter Ley de la Jurisdicción.

Una sentencia estimatoria de una pretensión de reconocimiento de una situación jurídica individualizada: A. Sólo produce efectos entre las partes del proceso. B. No afecta, por si sola, a la eficacia de otras sentencias o actos firmes. C. Pueden extenderse sus efectos a terceras partes, en materia tributaria, de personal o de unidad de mercado, bajo ciertas condiciones. D. Genera efectos para todas las personas afectadas por la normativa de aplicación, previa publicación en un diario oficial.

La no presentación del escrito de demanda en el plazo legalmente establecido (20 días) dará lugar: A. A la terminación del proceso por caducidad en la instancia. B. A la terminación del proceso por desistimiento. C. Al requerimiento de subsanación por el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no atenderlo, al archivo del proceso. D. A la terminación del proceso por caducidad, salvo que el mismo día de notificación del auto se presente la demanda.

Los procedimientos sancionadores y disciplinarios se caracterizan por: A. La exclusión de sanciones privativas de libertad (art.25 Constitución española). B. El carácter inmediatamente ejecutivo de las resoluciones sancionadoras. C. La exclusión de sanciones privativas de libertad, salvo para Fuerzas Armadas y Guardia Civil. D. La exclusión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

Una sentencia que anule parcialmente una disposición general: A. Produce efectos sobre los destinatarios de la norma que se hubieren personado en el proceso, previo emplazamiento efectuado por la Administración demandada. B. Determinará cómo deben quedar redactados los concretos preceptos que son anulados por la sentencia. C. Permite la revisión de otras sentencias firmes que hubieren aplicado los preceptos anulados. D. Será publicada en el mismo diario oficial en que se publicó la disposición general anulada.