Contencioso adminstrativo

El art. 5.2 LJCA establece que los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de: Quince días. Treinta días. Veinte días. Diez días.

El art. 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), establece que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con: La actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo. Los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Todas son correctas. Las disposiciones generales de rango inferior a la Ley.

Indica, de conformidad con lo establecido en el art. 2 LJCA, cuál de las siguientes cuestiones es conocida por el orden jurisidiccional contencioso-administrativo: Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás sujetos a la legislación de contratación de contratación de las Administraciones Públicas. El recurso contencioso-disciplinario militar. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

Indica, de conformidad con lo establecido en el art. 1.2 LJCA, cuál de las siguientes entidades no tiene la consideración de Administración Pública: Las Entidades de Derecho privado que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades locales. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Entidades que integran la Administración local. La Administración General del Estado.

El art. 6 LJCA establece que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrados por los determinados órganos. Indica cuál no se encuentra entre ellos. Sala de lo C-A del Tribunal Supremo. Juzgado de lo C-A. Juzgado de Paz de lo C-A. Salas de lo C-A de los Tribunales Superiores de Justicia.

Según el artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no corresponden al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo: La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no se halla integrado, según el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por: Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional. Salas de lo C-A de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo C-A del Tribunal Supremo. Salas de lo C-A de las Audiencias Provinciales.

Marque la opción que no es correcta. La jurisdicción contencioso-administrativa se encargará de los asuntos relacionados con: Los componentes normativos y la determinación de compensaciones relacionadas con los actos de los Consejos de Gobierno autonómicos, independientemente de la naturaleza de dichos actos. Los actos de preparación y concesión de otros contratos regidos por la legislación de contratación pública. La protección judicial de derechos fundamentales frente a acciones del Gobierno. La responsabilidad financiera de las Administraciones públicas, que pueden ser llevadas ante los tribunales civiles o laborales por este motivo.

¿Qué capacidad tienen los órganos del orden contencioso administrativo para detectar la falta de jurisdicción?. No tienen la facultad de identificar por sí mismos la falta de jurisdicción. Pueden identificar la falta de jurisdicción por su propia iniciativa. Pueden identificar la falta de jurisdicción a instancia de parte. Solo pueden identificar la falta de jurisdicción si el superior jerárquico lo solicita.

¿En cuál de las siguientes situaciones tendrán competencia los Juzgados de lo Contencioso-administrativo?. Cuando se soliciten permisos para ingresar a viviendas y otros lugares cuyo acceso necesite el consentimiento de su dueño, si esto es necesario para ejecutar actos de la administración pública. Al solicitar o ratificar judicialmente las acciones decididas conforme a la normativa sanitaria que las autoridades de salud consideren inmediatas y esenciales para el bienestar público y que conlleven limitaciones o restricciones a derechos esenciales, siempre que estas acciones se reflejen en actos administrativos específicos que involucren solo a individuos específicos y claramente identificables. Al pedir autorizaciones para ingresar y verificar viviendas, establecimientos, tierras y vehículos que hayan sido ordenadas por la Comisión Nacional de la Competencia, en los casos en que se requiera el permiso del propietario para dicho acceso y verificación y este se niegue o haya riesgo de negación. Todas las anteriores.

Según la LJCA, ¿cuál de las siguientes cuestiones no está bajo la jurisdicción del orden contencioso-administrativo?. Recursos, ya sean directos o indirectos, contra las regulaciones fiscales forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, independientemente de la naturaleza de la actividad o del tipo de relación que la derive. Contratos administrativos y actos relacionados con su preparación y adjudicación bajo la legislación de contratación de las Administraciones públicas. Decisiones y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público tomadas durante el desempeño de funciones públicas.

Elija la afirmación que no es correcta: Los conflictos jurisdiccionales entre los Juzgados, Tribunales y las Administraciones Públicas recaen en el Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. El Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo detectará de oficio la falta de jurisdicción, tras escuchar a las partes y al Ministerio Fiscal. El recurso contencioso-disciplinario militar no compete al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. La jurisdicción Contencioso-Administrativa es inalterable.

¿Dónde se ubica la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tiene jurisdicción en las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora?. En la ciudad de León. En la ciudad de Zamora. En la ciudad de Valladolid. En la ciudad de Salamanca.

De acuerdo con el artículo 1 de la LJCA, ¿Cuál de las siguientes pretensiones está bajo la competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo?. Acciones de las Administraciones públicas sujetas al Derecho Civil. Acciones de las Administraciones públicas sujetas al Derecho Laboral. Decretos legislativos que no sobrepasan los límites de la delegación. Decretos legislativos que sobrepasan los límites de la delegación.

De acuerdo con el art. 1 de la LJCA, ¿cuáles acciones son competencia de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo?. Las acciones y decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las acciones de la Administración electoral. Asuntos del Ministerio Fiscal. Las acciones y decisiones en asuntos de administración patrimonial por los órganos autorizados del Tribunal Constitucional.

Respecto a la declaración de incompetencia de los Juzgados y Salas contenciosoadministrativas, ¿en qué momento y forma se realiza?. Se realiza mediante providencia y debe efectuarse después de la sentencia. Se realiza mediante providencia y debe efectuarse antes de la sentencia. Se realiza mediante auto y debe efectuarse después de la sentencia. Se realiza mediante auto y debe efectuarse antes de la sentencia.

Según lo establecido en el art. 9 LJCA, los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo: Son órganos unipersonales con jurisdicción en todo el territorio nacional. Son órganos unipersonales con jurisdicción en el territorio de cada CCAA. Son órganos colegiados con jurisdicción en todo el ámbito provincial. Son órganos colegiados con sede en Madrid.

En el contencioso administrativo sólo se pueden aducir los motivos de impugnación que hayan sido alegados previamente en la vía administrativa. Verdadero, porque es de naturaleza revisora. Verdadero, porque tiene carácter impugnatorio. Falso, porque es de plena jurisdicción. Dependerá de lo que disponga al respecto la legislación sectorial.

Cuáles de los siguientes actos son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa: Los actos administrativos que dicta el Congreso de los Diputados. Los actos administrativos que dicta el Consejo General del Poder Judicial. Los actos administrativos que dictan los órganos de la AGE. Todas las anteriores.

La potestad jurisdiccional tiene un límite ya que no puede determinar el contenido discrecional de los actos anulables: Verdadero, el órgano judicial no puede inmiscuirse en el campo de la discrecionalidad del poder público. Falso, ya que el proceso contencioso en nuestro país es de plena jurisdicción.

¿Al interponer un recurso contra un acto administrativo dictado en aplicación de un reglamento, podemos impugnar también dicho reglamento por considerarlo no conforme a derecho?. Sí. No. Dependerá del tipo de reglamento.

Sólo pueden impugnarse ante la jurisdicción contenciosa-administrativa los actos definitivos, nunca los de trámite. Verdadero. Falso. Dependerá de la materia sobre la que verse el acto de trámite. Dependerá de si impide continuar el procedimiento, genera indefensión o un perjuicio irreparable.

No tienen capacidad procesal, en los procesos contencioso-administrativos: Los menores de edad, salvo para la defensa de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin necesidad de la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Las corporaciones. Las uniones sin personalidad, en todo caso. Las sociedades.

Tienen capacidad procesal en el procedimiento contencioso-administrativo: En todo caso, los menores de edad. Los menores de edad que estén emancipados. Por sí mismos, los mayores de edad, aunque estén incapacitados. Las mujeres casadas, si cuentan con licencia de su marido para interponer el recurso.

Están legitimados activamente para intervenir en el proceso contencioso-administrativo: Únicamente la Administración Pública de la que proviene el acto o disposición impugnada. Los que ostenten un derecho o interés legítimo en la anulación del acto o disposición administrativa. Las personas en cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición impugnada. Los que tengan interés directo en el mantenimiento del acto o disposición.

Tienen legitimación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo: El Abogado del Estado para intervenir en los procesos que determine la ley. El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la ley. Los Letrados de la Comunidad Autónoma, en los procesos que determine la ley. Todos los mencionados en las respuestas anteriores.

Los sujetos que son parte en un proceso contencioso-administrativo pueden actuar personalmente o a través de representante. Falso, no está permitida la participación de abogados ni procuradores en los contenciosos. Falso, al igual que ocurre en los procedimientos administrativos deben actuar representados por un procurador y asistidos por un abogado. Verdadero, ésta es una opción de todos los sujetos que sean parte en los mismos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En el procedimiento contencioso-administrativo, los funcionarios públicos, ¿pueden comparecer por sí mismos?. Siempre. En los casos que marque la Sala. No. Cuando se trate de cuestiones de personal que no impliquen la separación de empleados públicos inamovibles.

Contra los acuerdos del Consejo de Ministros, ¿quién tiene competencia para entender de los mismos?. La Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala Tercera del Tribunal Supremo. La Sección Primera de la Audiencia Provincial.

De los recursos de casación en materia contencioso-administrativa, contra las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, conocerá: La Sala 4ª del Tribunal Supremo. La Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala 2ª del Tribunal Supremo. Ninguna respuesta es correcta.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo conoce de la materia: Social. Militar. Penal. C-A.

En la jurisdicción contencioso-administrativa, y en materia de personal, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los funcionarios públicos: Han de comparecer, en todo caso, con asistencia de Abogado. Han de comparecer siempre con asistencia de Procurador. Han de comparecer siempre con asistencia de Letrado y Procurador. Pueden comparecer por sí mismos.

Contra un acto administrativo emanado de un Secretario de Estado conocerá en única instancia: El Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional. El TSJ de Madrid. La AP.

Conocerán de las impugnaciones de actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa: Los Juzgados de lo contencioso administrativo. Los Juzgados centrales de lo contencioso administrativo. Las Salas de lo contencioso administrativo de los Tribunales superiores de justicia. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia nacional.

Del recurso contencioso contra actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidad Autónoma sobre proclamación de electos, conocerá: La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

¿Cómo se adquiere la posición procesal de parte demandante en los procesos contencioso-administrativos?. Con la comparecencia del sujeto ante el órgano judicial. Con el emplazamiento del sujeto por el órgano judicial. Con la presentación de la demanda ante el órgano judicial. Con la notificación por parte del órgano judicial.

Conforme al artículo 24 de la LJCA, la representación y defensa de las Administraciones públicas y entidades constitucionales se basan principalmente en: Lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo estipulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la La ley rituaria correspondiente. Lo estipulado por la Ley rituaria correspondiente y la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.

En general, para que un administrado interponga el recurso contencioso-administrativo ante un órgano unipersonal: No necesita ni Abogado ni Procurador. Necesita ni Abogado ni Procurador. Necesita Abogado. Necesita Procurador.

En el procedimiento contencioso-administrativo, en nombre y representación de la Administración General del Estado, interviene: El funcionario que esté a cargo del órgano administrativo que dictó el acto, si fuera Licenciado en Derecho. El Decano del Colegio de Abogados. Un letrado integrado en los servicios jurídicos del Estado. El Ministerio Fiscal.