Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial UNIR
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Título del Test:![]() Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial UNIR Descripción: Preguntas test asignatura "Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial" |




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Los derechos de propiedad industrial: A. Protegen las obras literarias y demás creaciones intelectuales. B. Protegen innovaciones relacionadas con la industria. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Protegen los objetos en los que se materializa la innovación. Los derechos de propiedad industrial protegen las creaciones técnicas y estéticas. Así: A. Las patentes y los modelos de utilidad protegen la creación técnica y las marcas y los nombres comerciales protegen la creación estética. B. Las patentes y los modelos de utilidad protegen la creación estética y las marcas y los nombres comerciales protegen la creación técnica. C. Las patentes y los nombres comerciales protegen la creación técnica y las marcas y los modelos de utilidad protegen la creación estética. D. Las patentes y los nombres comerciales protegen la creación estética y las marcas y los modelos de utilidad protegen la creación técnica. Los derechos de propiedad industrial se caracterizan por la necesidad de su acceso al Registro: A. Solo el acceso al Registro permite determinar la existencia de todos ellos. B. El acceso al registro no es necesario para determinar su existencia. C. El acceso al registro no es necesario para determinar la existencia en la mayoría de los casos. D. El acceso al Registro no es necesario para determinar la existencia de alguno de ellos, pero sí para otorgarles una protección plena. La exclusividad es una característica de los derechos de propiedad industrial. En ese sentido, en relación con todos estos derechos: A. El titular del derecho podrá utilizarlo y podrá impedir que terceros lo utilicen o exploten. B. El titular del derecho podrá utilizarlo y podrá impedir que terceros lo exploten. C. El titular del derecho podrá conseguir que una reclamación de violación del derecho no prospere mientras no se haya declarado la nulidad de su derecho. D. El titular del derecho no puede impedir que terceros hagan uso del mismo. La territorialidad es otra característica de los derechos de propiedad industrial. En este sentido, en relación con todos estos derechos: A. La protección otorgada por el ordenamiento de un Estado se reconoce en el resto de Estados. B. La protección otorgada por el ordenamiento de un Estado europeo se reconoce en el resto de los Estados. C. La protección otorgada por el ordenamiento de un Estado europeo se reconoce en el resto de Estados europeos. D. La protección otorgada por el ordenamiento de un Estado no se reconoce automáticamente en el resto de los Estados. Otra característica de los derechos de propiedad industrial es su vocación internacional. En este sentido: A. Esta característica es exclusiva de estos derechos y no es compartida, por tanto, con los derechos de propiedad intelectual. B. Esta característica se determina, exclusivamente, por la existencia de normas de origen supranacional que regulan estos derechos. C. Esta característica se determina por la facilidad con la que estos derechos pueden ser comercializados a nivel internacional. D. Esta característica no es considerada de forma unánime por la doctrina. Algunas diferencias entre los derechos de propiedad industrial y los derechos de propiedad intelectual son estas: A. Los primeros son exclusivos y excluyentes y los segundos solo exclusivos. B. Los primeros son de duración determinada y los segundos no. C. Los primeros otorgan una protección territorial y los segundos gozan de protección mundial. D. Los primeros no necesitan acceso al Registro y los segundos sí. Los principales derechos de propiedad industrial son: A. Patentes, marcas y derechos de autor. B. Patentes, marcas y obtenciones vegetales. C. Patentes y marcas. D. Patente europea y marca europea. Existen Reglamentos europeos en los siguientes derechos de propiedad industrial: A. Patentes y marcas. B. Marcas y diseño industrial. C. Patentes y nombres comerciales. D. En todos los derechos de propiedad industrial. La Ley de Patentes española regula: A. Patentes y modelos de utilidad. B. Patentes y nombres comerciales. C. Patentes y diseño industrial. D. Patentes y marcas. La globalización implica: A. El aumento de las relaciones internacionales. B. Únicamente el aumento de las relaciones personales. C. Únicamente el aumento de las relaciones económicas. D. El aumento de las relaciones internas. La territorialidad de los derechos de propiedad industrial supone que: A. Estos derechos de propiedad industrial se protegen en el mismo nivel espacial que el territorio al que afecta la globalización. B. Estos derechos de propiedad industrial se protegen en el territorio donde tiene efectos la relación comercial internacional en cuestión. C. Estos derechos de propiedad industrial se protegen en el territorio, normalmente nacional, donde han sido concedidos. D. Estos derechos de propiedad industrial se protegen en el territorio, normalmente mundial, donde han sido solicitados. La globalización se ve favorecida con políticas de libre circulación de productos. De acuerdo con esto: A. Los derechos de propiedad industrial reconocidos en un Estado fomentan la libre circulación de productos. B. Los derechos de propiedad industrial reconocidos en múltiples Estados fomentan la libre circulación de productos. C. Los derechos de propiedad industrial reconocidos en un Estado no fomentan la libre circulación de productos. D. Los derechos de propiedad industrial reconocidos en múltiples Estados no fomentan la libre circulación de productos. Las falsificaciones de productos originales: A. Se permiten en Estados donde está reconocido el derecho de propiedad industrial sobre el producto original. B. Se realizan solo en Estados donde está reconocido el derecho de propiedad industrial sobre el producto original. C. Se permiten en Estados donde no está reconocido el derecho de propiedad industrial sobre el producto original. D. Se realizan solo en Estados donde no está reconocido el derecho de propiedad industrial sobre el producto original. Las falsificaciones creadas en un determinado Estado son exportadas a los países donde el producto original está protegido por el derecho de propiedad industrial: A. Sin embargo, los consumidores no las compran porque tienen conciencia sobre la protección de los derechos de propiedad industrial. B. Sin embargo, los consumidores no las compran porque normalmente tienen un precio más elevado que el producto original. C. Los consumidores sí que las compran porque tienen conciencia sobre la protección de los derechos de propiedad industrial. D. Los consumidores sí que las compran porque normalmente tienen un precio más bajo que el producto original. Una forma de luchar contra la proliferación de las falsificaciones es: A. Limitar la libre circulación de mercancías. B. Hacer que el Estado asuma él mismo la producción de estos bienes. C. Limitar las relaciones comerciales bilaterales con los países donde se encuentran protegidos los productos originales. D. Reconocer la protección de los derechos de propiedad industrial en los Estados donde se realizan las falsificaciones. La protección de los derechos de propiedad industrial: A. Tiende a ser cada vez más nacional. B. Tiende a ser cada vez más bilateral. C. Tiende a ser cada vez más multilateral. D. Ninguna de las respuestas anteriores. El convenio más importante, específicamente, en materia de propiedad industrial es: A. El Acuerdo TRIP’s. B. El Acuerdo Constitutivo de la OMC. C. El Convenio de Berna. D. Ninguno de los anteriores. El Convenio de la Unión de París (CUP) principalmente regula: A. El trato nacional de los ciudadanos de la Unión. B. El trato nacional de los ciudadanos de cualquier Estado. C. El trato no discriminatorio de los ciudadanos de la Unión. D. El trato no discriminatorio de los ciudadanos de cualquier Estado. El CUP estipula la prioridad unionista. Por tanto, el primer sujeto que solicite la titularidad de un derecho de propiedad industrial en un Estado parte gozará de la protección concedida: A. En el resto de países de la Unión. B. En el resto de países de la Unión, pero pasados doce meses desde la solicitud. C. En el resto de países de la Unión, siempre que solicite la titularidad del derecho en esos otros Estados dentro de un plazo de 12 meses desde la primera solicitud. D. En el resto de países de la Unión, siempre que solicite la titularidad del derecho en esos otros Estados dentro de un plazo establecido desde la primera solicitud. El Acuerdo ADPIC: A. Es un convenio bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos. B. Es un convenio bilateral en el marco de la OMC. C. Es un convenio multilateral en el marco de la OMC. D. Es un convenio multilateral de la OMC. El Acuerdo ADPIC: A. Regula los derechos de propiedad industrial e intelectual. B. Regula los derechos de propiedad industrial. C. Regula la libre prestación de servicios. D. Regula la libre circulación de mercancías. El Acuerdo ADPIC, fundamentalmente: A. Tiene un contenido material o sustantivo sobre los derechos de propiedad industrial. B. Tiene un contenido de remisión a la regulación recogida en otros convenios internacionales. C. Tiene un contenido de normas de conflicto en la materia. D. Tiene un contenido de normas de procedimiento. El Acuerdo ADPIC: A. Homologa la regulación sobre derechos de propiedad industrial en los Estados que son parte del Convenio de la Unión de París. B. Homologa la regulación sobre derechos de propiedad intelectual en los Estados que son parte del Convenio de Berna. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Homologa la regulación sobre derechos de propiedad industrial en los Estados de la OMC. Con la homologación en la regulación que supone el Acuerdo ADPIC: A. El mismo estándar de protección impide la aparición de falsificaciones de productos. B. El mismo estándar de protección impide la aparición legal de falsificaciones de productos. C. El mismo estándar de protección impide la aparición legal de falsificaciones de productos, salvo excepciones. D. El mismo estándar de protección impide la aparición de falsificaciones de productos, salvo excepciones. Los Estados participantes se comprometen a introducir en sus ordenamientos ese estándar de protección: A. Salvo excepciones previstas en el derecho nacional. B. Salvo excepciones previstas en el Acuerdo ADPIC. C. Salvo excepciones previstas en los convenios internacionales de los que son parte. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Las excepciones a los compromisos asumidos por los Estados en el marco de Acuerdo ADPIC deben ser interpretadas: A. Conforme a lo dispuesto en el derecho nacional. B. Conforme a lo dispuesto en el propio acuerdo ADPIC. C. Conforme a lo dispuesto en los convenios internacionales de los que son parte. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La excepción de la que disponen los Estados participantes para no conceder una patente de invención está constituida por: A. Razones de inmigración. B. Razones de seguridad pública. C. Razones de ética. D. Razones de orden público o moralidad. Según dispone la excepción del artículo 31 del Acuerdo ADPIC, los Estados participantes pueden: A. Exigir licencias obligatorias solo para el Gobierno. B. Exigir licencias compartidas para el Gobierno y la persona designada por el titular del derecho. C. Exigir licencias obligatorias para terceras personas. D. Exigir licencias obligatorias para el Gobierno y la persona designada por el titular del derecho. En este caso de la posibilidad de conceder licencias en base al artículo 31 del Acuerdo ADPIC, las razones que justifican esta actuación de los Estados participantes son: A. Razones de emergencia nacional. B. Razones de extrema urgencia. C. Razones de orden público. D. Ninguna de las respuestas anteriores. La Unión Europea ha elaborado directivas en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual: A. Buscando la uniformización de las legislaciones de los Estados miembros. B. Buscando la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. C. Buscando la igualdad en las legislaciones de los Estados miembros. D. Buscando la consecución de un derecho europeo de propiedad industrial e intelectual. ¿Tiene la Unión Europea competencias para dictar normas en esta materia?. A. El Tribunal de Justicia europeo lo ha negado. B. El Tribunal de Justicia europeo lo ha negado después de que los Estados miembros hayan manifestado esa opinión en este sentido. C. El Tribunal de Justicia europeo lo ha afirmado. D. El Tribunal de Justicia europeo lo ha afirmado después de que los Estados miembros hayan manifestado esa opinión en este sentido. La legislación europea en relación con los derechos de propiedad industrial e intelectual: A. Tiene como objetivo eliminar las diferencias entre los ordenamientos de los Estados miembros. B. Tiene como objetivo eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías y de servicios. C. Tiene como objetivo eliminar los obstáculos para la consecución de un mercado interior en el que la competencia no se vea falseada. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La Unión Europea también ha elaborado Reglamentos en materia de Derechos de propiedad industrial e intelectual. En este sentido: A. Tenemos el Reglamento de Marca europea. B. Tenemos el Reglamento de Patente europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Tenemos solamente el Reglamento de Dibujos y Modelos comunitarios. En el entorno de la Unión Europea, las marcas: A. Pueden tener protección en toda la Unión Europea con el registro de la marca en todos ellos. B. Pueden tener protección en los países del Convenio de la Unión de París con el registro de la marca en uno de ellos. C. Pueden tener protección en toda la Unión Europea con un único registro. D. Pueden tener protección en los países del Convenio de la Unión De París con el registro de la marca en todos ellos. Los derechos de propiedad industrial e intelectual son perfectamente compatibles con la libre circulación de mercancías: A. No, porque con la protección nacional de los mismos se impide que terceros puedan exportar el producto hacia el Estado de la protección. B. No, porque con la protección nacional de los mismos se permite que terceros puedan exportar el producto hacia el Estado de la protección. C. Sí, porque con la protección nacional de los mismos se impide que terceros puedan exportar el producto hacia el Estado de la protección. D. Sí, porque con la protección nacional de los mismos se permite que terceros puedan exportar el producto hacia el Estado de la protección. La doctrina del agotamiento europeo de los derechos de propiedad industrial e intelectual: A. Es de creación doctrinar. B. Es de creación legislativa. C. Es de creación jurisprudencial nacional. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La doctrina del agotamiento europeo de los derechos de propiedad industrial e intelectual significa que: A. La fabricación del producto objeto del derecho de propiedad industrial o intelectual supone que terceros puedan producirlo sin infringir el derecho del titular. B. La comercialización del producto objeto del derecho de propiedad industrial o intelectual supone que terceros puedan producirlo sin infringir el derecho del titular. C. La comercialización del producto objeto del derecho de propiedad industrial o intelectual supone que terceros puedan comercializarlo sin infringir el derecho del titular. D. La fabricación del producto objeto del derecho de propiedad industrial o intelectual en la Unión Europea supone que terceros puedan comercializarlo sin infringir el derecho del titular. El agotamiento europeo requiere que: A. La primera comercialización del producto se realice en el Estado de la protección. B. La primera comercialización del producto se realice en cualquier Estado. C. La primera comercialización del producto se realice en la Unión Europea. D. Cualquiera de las respuestas anteriores. Si la primera comercialización del producto se realiza fuera de la Unión Europea: A. El tercero, en algún caso, podrá comercializar el producto en la Unión Europea, por la doctrina del agotamiento europeo. B. El tercero, en ningún caso, podrá comercializar el producto en la Unión Europea, por la doctrina del agotamiento europeo. C. El tercero, en ningún caso, podrá comercializar el producto fuera de la Unión Europea, por la doctrina del agotamiento europeo. D. Ninguna de las respuestas anteriores. Los contratos sobre derechos de propiedad industrial pueden ser: A. Contratos de licencia de marca. B. Contratos de licencia de patente. C. Contratos de transferencia de tecnología. D. Todas las respuestas anteriores. En los contratos de licencia de un derecho de propiedad industrial: A. El licenciante cede el uso del derecho al licenciatario. B. El licenciatario cede el uso del derecho al licenciante. C. El vendedor cede el uso del derecho al comprador. D. El comprador cede el uso del derecho al vendedor. En los contratos de licencia, normalmente: A. El tercero puede explotar el derecho en el Estado de origen del mismo. B. El tercero puede explotar el derecho en otro Estado distinto al del origen del mismo. C. El titular puede explotar el derecho en el Estado de origen del mismo. D. El titular puede explotar el derecho en otro Estado distinto al de origen del mismo. Las formas de arreglo de diferencias en relación con litigios surgidos en torno a contratos sobre derechos de propiedad industrial son de: A. Vía judicial y amistosa. B. Vía judicial y arbitraje. C. Vía judicial y extrajudicial. D. Vía amistosa y, después, judicial. Al margen de la vía judicial: A. Se puede dirimir la controversia ante el arbitraje o, de forma no contenciosa, a través de la mediación o la conciliación. B. Se puede dirimir la controversia ante el arbitraje o, de forma contenciosa, a través de la mediación o la conciliación. C. Se puede dirimir la controversia ante el arbitraje o, de forma no contenciosa, solo a través de la mediación. D. Se puede dirimir la controversia ante el arbitraje o, de forma no contenciosa, solo a través de la conciliación. En el arbitraje: A. Las partes solo pueden decidir la mayoría de las cuestiones relativas al procedimiento. B. Las partes no deciden la mayoría de las cuestiones relativas al procedimiento. C. Las partes solo deciden la sumisión al arbitraje. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los contratos relativos a derechos de propiedad intelectual: A. No son materia arbitrable. B. Sí son materia arbitrable, pero no en todos los casos. C. Sí son materia arbitrable, siempre. D. No son materia arbitrable, salvo excepciones. La sumisión al arbitraje pactada por las partes representa la autonomía de la voluntad de ellas y, por ello: A. Debe prevalecer siempre. B. Debe prevalecer a menos que la voluntad de las partes manifestada después indique lo contrario. C. Debe prevalecer a menos que la voluntad de las partes manifestada con anterioridad indique lo contrario. D. Debe prevalecer si así lo indica la ley que rige el contrato. Los laudos arbitrales pueden ser ejecutados: A. Por el árbitro que ha emitido el laudo. B. Por otra instancia arbitral distinta. C. Por una instancia judicial. D. Por la otra parte contratante. La norma aplicable al reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales en España es: A. El Reglamento Roma I. B. El Convenio de Roma. C. El Convenio de Ginebra. D. El Convenio de Nueva York. Frente a una demanda por incumplimiento de un contrato relativo a derechos de propiedad industrial: A. Los tribunales europeos deben tener en cuenta, en primer lugar, el Reglamento 1215/2012. B. Los tribunales europeos deben tener en cuenta, en primer lugar, el Convenio de Lugano II. C. Los tribunales europeos deben tener en cuenta, en primer lugar, la LOPJ. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. En un litigio relativo a un contrato sobre derechos de propiedad industrial, en el caso de que no haya sumisión de las partes, el tribunal europeo competente aplicará el Convenio de Lugano II: A. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado parte de la Unión Europea. B. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado no parte de la Unión Europea. C. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado parte exclusivamente del Convenio de Lugano II. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. En un litigio relativo a un contrato sobre derechos de propiedad industrial, en el caso de que no haya sumisión de las partes, el tribunal español competente aplicará la LOPJ: A. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado parte de la Unión Europea. B. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado no parte de la Unión Europea. C. Cuando el domicilio del demandado se encuentre en un Estado parte exclusivamente del Convenio de Lugano II. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Reglamento 1215/2012 ofrece al demandante los siguientes foros: A. Foro de sumisión, foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de materia. B. Foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de la materia. C. Foro de sumisión y, después, foro general del domicilio del demandado y, después, foro especial por razón de la materia. D. Foro de sumisión y, después, foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de la materia. El foro de sumisión del Reglamento 1215/2012 puede ser: A. Expreso. B. Tácito. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro de sumisión del Reglamento 1215/2012 requiere que: A. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro general del domicilio del demandado del Reglamento 1215/2012 requiere que: A. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el Reglamento 1215/2012, el domicilio de una persona jurídica se encuentra en el Estado miembro en el que tenga: A. La sede social o la administración central. B. La sede social o el centro de actividad principal. C. La sede social según las normas del derecho internacional privado del foro. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro especial por razón de la materia del Reglamento 1215/2012 se aplica cuando: A. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el foro especial en materia contractual del Reglamento 1215/2012, los tribunales competentes son: A. Los del Estado miembro donde deba cumplirse la prestación del servicio. B. Los del Estado donde tenga su residencia habitual el prestador característico. C. Los del lugar del Estado donde deba cumplirse la obligación litigiosa. D. Los del lugar del Estado miembro donde deba cumplirse la obligación litigiosa. El Convenio de Lugano II ofrece al demandante los siguientes foros: A. Foro de sumisión, foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de la materia. B. Foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de la materia. C. Foro de sumisión y, después, foro general del domicilio del demandado y, después, foro especial por razón de la materia. D. Foro de sumisión y, después, foro general del domicilio del demandado o foro especial por razón de la materia. El foro de sumisión del Convenio de Lugano II puede ser: A. Expreso. B. Tácito. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro de sumisión expresa del Convenio de Lugano II requiere que: A. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. C. El domicilio de alguna de las partes se encuentre en la Unión Europea. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro general del domicilio del demandado del Convenio de Lugano II requiere que: A. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el Convenio de Lugano II, el domicilio de una persona jurídica se encuentra en el Estado miembro en el que tenga: A. La sede social o la administración central. B. La sede social o el centro de la actividad principal. C. La sede social según las normas de derecho internacional privado del foro. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El foro especial por razón de la materia del Convenio de Lugano II se aplica cuando: A. El domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. B. El domicilio del demandante se encuentre en la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Según el foro especial en materia contractual del Convenio de Lugano II, los tribunales competentes son: A. Los del Estado miembro donde deba cumplirse la prestación del servicio. B. Los del Estado donde tenga su residencia habitual el prestador característico. C. Los del lugar del Estado donde deba cumplirse la obligación litigiosa. D. Los del lugar del Estado miembro donde deba cumplirse la obligación litigiosa. Los tribunales de Noruega, Suiza o Islandia aplicarán: A. Siempre el Reglamento 1215/2012. B. Siempre el Convenio de Lugano II. C. Nunca el Reglamento 1215/2012. D. Nunca el Convenio de Lugano II. Los tribunales españoles aplicarán: A. Siempre el Reglamento 1215/2012. B. Siempre el Convenio de Lugano II. C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. D. Siempre la LOPJ. Los tribunales españoles serán competentes por los foros de la LOPJ cuando: A. La obligación incumplida deba cumplirse en España. B. La obligación incumplida deba cumplirse en España y el domicilio del demandado se encuentre en la Unión Europea. C. La obligación incumplida deba cumplirse en España y el domicilio del demandado se encuentre en Noruega, Suiza o Islandia. D. La obligación incumplida deba cumplirse en España y el domicilio del demandado se encuentre fuera de la Unión Europea y de Noruega, Suiza o Islandia. La ley aplicable al fondo de un litigio sobre contratos de propiedad industrial viene determinada: A. Siempre por el Reglamento Roma I. B. Según el tribunal que conozca del caso, la norma aplicable será una u otra. C. Según el tribunal que conozca del caso, por el Convenio de Roma de 1980. D. Según el tribunal que conozca del caso, por el artículo 10.5 del CC. El Reglamento Roma I: A. Es una norma material especial de contratos. B. Es una norma que extiende la aplicación del derecho nacional. C. Es una norma que contiene normas de conflicto. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Reglamento Roma I: A. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, con independencia de que la ley a la que remite sea la de un Estado parte. B. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, siempre que la ley a la que remite sea la de un Estado parte. C. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, siempre que la ley a la que remite sea la de un Estado vinculado con el contrato. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Reglamento Roma I tiene un ámbito de aplicación personal determinado por: A. El domicilio del demandado en un Estado miembro. B. El domicilio del demandante en un Estado miembro. C. El domicilio de cualquiera de las partes en un Estado miembro. D. El hecho de que tiene ámbito de aplicación personal erga omnes. Desde el punto de vista temporal, el Reglamento Roma I se aplica: A. A los contratos celebrados antes del 17 de diciembre de 2009. B. A los contratos celebrados antes del 1 de septiembre de 1993. C. A los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009. D. A los contratos celebrados después del 1 de septiembre de 1993. El Convenio de Roma: A. Es una norma material especial de contratos. B. Es una norma que extiende la aplicación del derecho nacional. C. Es una norma que contiene normas de conflicto. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Roma: A. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales con independencia de que la ley que remite sea la de un Estado parte. B. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, siempre que la ley a la que remite sea la de un Estado parte. C. Determina el derecho aplicable a los contratos internacionales, siempre que la ley a la que remite sea la de un Estado vinculado con el contrato. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Roma tiene un ámbito de aplicación personal determinado por: A. El domicilio del demandado en un Estado miembro. B. El domicilio del demandante en un Estado miembro. C. El domicilio de cualquiera de las partes en un Estado miembro. D. El hecho de que tiene ámbito de aplicación personal erga omnes. Desde el punto de vista temporal, el Convenio de Roma se aplica en España: A. A los contratos celebrados antes del 17 de diciembre de 2009. B. A los contratos celebrados antes del 1 de septiembre de 1993. C. A los contratos celebrados después del 17 de diciembre de 2009. D. A los contratos celebrados después del 1 de septiembre de 1993 y antes del 17 de diciembre de 2009. El Convenio de Roma se aplica: A. En el territorio de todos los países de la Unión Europea. B. En el territorio de todos los países de la Unión Europea, excepto Reino Unido y Dinamarca. C. En el territorio de todos los países de la Unión Europea y en Suiza. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El derecho antitrust europeo se debe tener en cuenta en relación con los contratos sobre propiedad industrial: A. Siempre. B. Siempre si la ley aplicable es la de un Estado de la Unión Europea. C. No siempre, depende del derecho aplicable. D. No siempre, depende del tribunal que conozca el caso. El derecho antitrust europeo: A. Forma parte del ordenamiento de España. B. Forma parte del ordenamiento de los Estados de la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Forma parte del ordenamiento de los Estados de la Unión Europea, excepto de Dinamarca. El derecho antitrust europeo es aplicado por los órganos jurisdiccionales europeos, excepto por Dinamarca, a los contratos relativos a la propiedad industrial: A. Como ley aplicable, cuando el derecho rector es el de un Estado no parte de la Unión Europea. B. Como ley de policía, cuando el derecho rector es el de un Estado parte de la Unión Europea. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El derecho antitrust europeo está formado por: A. Ententes y concentraciones empresariales. B. Ententes y abuso de posición de dominio. C. Ententes, abuso de posición de dominio y ayudas de Estado. D. Ayudas de Estado. Según el artículo 101 del TFUE, las ententes son: A. Acuerdos de empresas. B. Decisiones de asociaciones de empresas. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los acuerdos de empresas son ilícitos cuando restringen la competencia en el comercio entre los Estados miembros: A. Por el objeto. B. Por el efecto. C. De forma sensible. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Los comportamientos que se consideran ententes son: A. Solo los enunciados en el artículo 101.1 segundo párrafo del TFUE. B. Los enunciados en el artículo 101.1 segundo párrafo del TFUE. C. Los que respondan a la definición de entente recogida en el artículo 101.1 primer párrafo del TFUE. D. Las dos respuestas anteriores son correctas. Según el artículo 102 del TFUE: A. La empresa titular de un derecho de propiedad industrial tiene posición de dominio. B. La empresa que posee más de un 50% tiene posición de dominio. C. La empresa que puede obstaculizar la competencia efectiva en el mercado tiene posición de dominio. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los acuerdos de mínimos son aquellos que no afectan al comercio entre los Estados miembros de forma sensible y son: A. En acuerdos horizontales aquellos que afecten, como máximo, al 10% de cuota de mercado y en acuerdos verticales aquellos que no superen el 15% de cuota de mercado. B. Aquellos que afecten, como máximo, a un 15% de cuota de mercado. C. En acuerdos verticales aquellos que afecten, como máximo, al 10% de cuota de mercado y en acuerdos horizontales aquellos que no superen el 15% de cuota de mercado. D. Aquellos que afecten, como máximo, a un 10% de cuota de mercado. Los reglamentos de exención por categorías: A. Regulan los acuerdos de empresas que no restringen la competencia. B. Regulan los acuerdos de empresas que no son ententes. C. Regulan los comportamientos que, aun siendo ententes, por los efectos procompetitivos que proporcionan se consideran exentos. D. Regulan los comportamientos que, aun no siendo ententes, por los efectos anticompetitivos que proporcionan se consideran exentos. Los reglamentos de exención por categorías tienen su origen: A. En el artículo 101.1 del TFUE. B. En el artículo 101. 2 del TFUE. C. En el artículo 101. 3 del TFUE. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los reglamentos de exención por categorías regulan: A. Ententes que quedan exentas si reúnen los requisitos del artículo 101.1 del TFUE. B. Ententes que quedan exentas si reúnen los requisitos del artículo 101.2 del TFUE. C. Ententes que quedan exentas si reúnen los requisitos del artículo 101.3 del TFUE. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los reglamentos de exención por categorías recogen una presunción: A. `Iuris tantum´. B. `Iuris et de iure´. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los acuerdos cubiertos por el Reglamento de exención por categorías: A. Cumplen los requisitos del artículo 101.3 del TFUE. B. Cumplen los requisitos del artículo 101.3 del TFUE., salvo prueba de los contrario. C. No cumplen los requisitos del artículo 101.3 del TFUE. D. No cumplen los requisitos del artículo 101.3 del TFUE, salvo prueba de lo contrario. Un acuerdo cubierto por el Reglamento 316/2014: A. No debe ser sancionado. B. No debe ser sancionado, salvo prueba de lo contrario. C. Debe ser sancionado. D. Debe ser sancionado, salvo prueba de lo contrario. En la aplicación del Reglamento 316/2014: A. Las empresas investigadas tienen la carga de probar que su acuerdo cumple con los requisitos del artículo 101.3 del TFUE. B. Las empresas investigadas tienen la carga de probar que su acuerdo cumple con los requisitos del artículo 101.1 del TFUE. C. La autoridad competente tiene la carga de probar que el acuerdo no cumple con los requisitos del artículo 101.3 del TFUE. D. La autoridad competente tiene la carga de probar que el acuerdo no cumple con los requisitos del artículo 101.2 del TFUE. El reglamento 316/2014 engloba, dentro de los acuerdos de derechos de tecnología: A. Acuerdos de licencia de marca. B. Acuerdos de licencia de patentes. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Acuerdos de distribución entre el licenciatario y los compradores de los productos licenciados. El reglamento 316/2014 contiene: A. Una lista blanca de restricciones permitidas. B. Una lista negra de restricciones prohibidas. C. Una lista de restricciones excluidas. D. Las dos respuestas anteriores son correctas. Los acuerdos de transferencia de tecnología cubiertos por el Reglamento 316/2014 deben afectar a una cuota de mercado máxima del: A. 20% en acuerdos entre empresas no competidoras y del 30% en acuerdos entre empresas competidoras. B. 20% en acuerdos entre empresas competidoras y del 30% en acuerdos entre empresas no competidoras. C. 20%. D. 30%. Las restricciones especialmente graves suponen: A. La nulidad de las mismas. B. El beneficio de la exención. C. La nulidad del acuerdo. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El reconocimiento de una resolución judicial se solicita con el objetivo de: A. Ejecutarla en el Estado requerido. B. Que tenga efectos en el Estado requerido. C. Ejecutarla en el Estado de origen. D. Que tenga efectos en el Estado de origen. La ejecución de una resolución judicial se solicita con el objetivo de: A. Ejecutarla en el Estado requerido. B. Que tenga efectos en el Estado requerido. C. Ejecutarla en el Estado de origen. D. Que tenga efectos en el Estado de origen. El reconocimiento de una resolución judicial extranjera: A. Es obligatorio siempre. B. Es obligatorio a veces. C. Es obligatorio si se quiere evitar la repetición del proceso en el Estado requerido. D. Es potestativo si se quiere evitar la repetición del proceso en el Estado requerido. En el contexto europeo, la solicitud de ejecución de una resolución judicial se planteará: A. En cualquier Estado parte de la Unión Europea. B. En cualquier Estado parte de la Unión Europea o en Noruega, Suiza o Islandia. C. En cualquier Estado parte de la Unión Europea donde se pueda ejecutar. D. En cualquier Estado parte de la Unión Europea o en Noruega, Suiza o Islandia donde su pueda ejecutar. El Reglamento 1215/2012 se aplica cuando se solicita el reconocimiento o la ejecución de una resolución judicial dictada en: A. Un Estado de la Unión Europea. B. Noruega, Suiza o Islandia. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El reglamento 1215/2012 regula un reconocimiento: A. Incidental. B. Por homologación. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Reglamento 1215/2012 regula una ejecución: A. Sin exequátur o declaración previa de ejecutividad. B. Con necesaria declaración previa de ejecutividad. C. Que comprende solo la declaración previa de ejecutividad. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los motivos de denegación del artículo 45 solo se aplican: A. A las solicitudes de reconocimiento incidental. B. A las solicitudes de reconocimiento por homologación. C. A las solicitudes de ejecución. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según el Reglamento 1215/2012: A. No cabe recurso frente a la decisión que resuelve la solicitud de reconocimiento o ejecución. B. Cabe un recurso frente a la decisión que resuelve la solicitud de reconocimiento o ejecución. C. Caben dos recursos frente a la decisión que resuelve la solicitud de reconocimiento o ejecución. D. Caben tres recursos frente a la decisión que resuelve la solicitud de reconocimiento o ejecución. Entre los motivos de denegación del artículo 45 se encuentra: A. La vulneración del orden público internacional del Estado de origen. B. La vulneración de cualquier derecho de defensa del demandado. C. La inconciliabilidad con una resolución dictada en el Estado requerido con el mismo objeto y causa. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Lugano II se aplica: A. Cuando el Estado de origen es Noruega, Suiza o Islandia. B. Cuando el Estado de Origen es Noruega, Suiza o Islandia y el Estado requerido es un país parte de la Unión Europea. C. Cuando el Estado de origen es un país de la Unión Europea. D. Cuando el Estado requerido es Noruega, Suiza o Islandia y el Estado de origen es un país no parte de la Unión Europea. La Ley de cooperación jurídica internacional se aplica: A. Cuando el Estado de origen es Noruega, Suiza o Islandia. B. Cuando el Estado de origen es Noruega, Suiza o Islandia y el Estado requerido es un país parte de la Unión Europea. C. Cuando el Estado de origen es un país de la Unión Europea. D. Cuando el Estado de origen es un país no parte de la Unión Europea ni es Noruega, Suiza o Islandia. El Convenio de Lugano II regula: A. Una declaración previa de ejecutividad en todas las instancias. B. Una declaración previa de ejecutividad a partir de la segunda instancia, porque el exequátur es de plano en primera instancia. C. Una declaración previa de ejecutividad a partir de la tercera instancia, porque solo en esa instancia el procedimiento es contradictorio. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La Ley de cooperación jurídica internacional regula: A. Una declaración previa de ejecutividad en todas las instancias. B. Una declaración previa de ejecutividad a partir de la segunda instancia, porque el exequátur es de plano en primera instancia. C. Una declaración previa de ejecutividad a partir de la tercera instancia, porque solo en esa instancia el procedimiento es contradictorio. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Lugano II contempla: A. Reconocimiento incidental. B. Reconocimiento por homologación. C. Exequátur. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. La Ley de cooperación jurídica internacional contempla: A. Reconocimiento incidental. B. Exequátur. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Reconocimiento por homologación. El Convenio de Lugano II regula el reconocimiento o el exequátur de resoluciones judiciales: A. No firmes, sin posibilidad de suspender el procedimiento en el Estado requerido en caso de que se interponga un recurso en el Estado de origen. B. No firmes, con posibilidad de suspender el procedimiento en el Estado requerido en caso de que se interponga un recurso en el Estado de origen. C. Firmes. D. Firmes, con posibilidad de modificación de la sentencia en el Estado requerido. La Ley de cooperación jurídica internacional regula reconocimiento o el exequátur de resoluciones judiciales: A. No firmes, sin posibilidad de suspender el procedimiento en el Estado requerido en caso de que se interponga un recurso en el Estado de origen. B. No firmes, con posibilidad de suspender el procedimiento en el Estado requerido en caso de que se interponga un recurso en el Estado de origen. C. Firmes. D. Firmes, con posibilidad de modificación de la sentencia en el Estado requerido. Según el Convenio de Lugano II, algunos de los motivos de denegación del reconocimiento o del exequátur son: A. Vulneración del orden público internacional del Estado requerido. B. Vulneración de los derechos de defensa de las partes. C. Existencia de un proceso pendiente en el Estado requerido, entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. Según la Ley de cooperación jurídica internacional, algunos de los motivos de denegación del reconocimiento o del exequátur son: A. Vulneración del orden público internacional del Estado requerido. B. Vulneración de los derechos de defensa de las partes. C. Existencia de un proceso pendiente en el Estado requerido, entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con anterioridad. D. Todas las respuestas anteriores son correctas. El Convenio de Ginebra de 1961 se aplica a los recursos de anulación planteados ante tribunales españoles: A. Siempre. B. Cuando las partes contratantes sean nacionales de Estados parte de la norma. C. Cuando las partes contratantes tengan domicilio, sede social o establecimiento en Estados parte de la norma. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Ginebra de 1961 se aplica a los acuerdos arbitrales: A. Verbales y con confirmación escrita posterior. B. Verbales. C. Hechos por escrito. D. Las dos respuestas anteriores son correctas. La anulación de un laudo arbitral tiene como objetivo: A. El no reconocimiento o ejecución del laudo. B. El cumplimiento efectivo del laudo. C. El reconocimiento o la ejecución del laudo. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El recurso de anulación del laudo debe interponerse: A. Ante los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. B. Ante los tribunales del Estado miembro donde deba ser ejecutado el laudo. C. Ante los tribunales del Estado donde ha sido dictado el laudo. D. Ante los tribunales del Estado del domicilio del demandante. El Convenio de Nueva York de 1958 se aplica: A. Al reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. B. A la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. C. Las dos respuestas anteriores son correctas. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. El Convenio de Nueva York de 1958 se puede aplicar en España: A. Solo respecto de laudos arbitrales dictados en otro Estado parte de la norma. B. Solo respecto de laudos arbitrales dictados en materia comercial. C. Siempre. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Algunos de los motivos de denegación del reconocimiento o la ejecución de laudos arbitrales son: A. Vulneración del orden público internacional del Estado donde ha sido dictado. B. Irregularidad en el procedimiento arbitral conforme a la ley del país del domicilio del demandado. C. Incongruencia del laudo arbitral, sin posibilidad de reconocimiento o ejecución parcial. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. La anulación del laudo arbitral supone que no sea reconocido o ejecutado: A. Si el motivo de anulación es uno de los recogidos en el Convenio de Ginebra de 1961. B. Siempre. C. Si el motivo de anulación es uno de los recogidos en el Convenio de Ginebra de 1961 y el Estado de anulación y el de reconocimiento o ejecución del mismo son Estados parte del Convenio de Ginebra y del Convenio de Nueva York de 1958. D. Nunca. La Ley 60/2003: A. Recoge una regulación específica en relación con el reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales extranjeros. B. Remite al Convenio de Nueva York de 1958. C. Remite al Convenio de Ginebra de 1961. D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Los motivos de denegación del reconocimiento o ejecución de laudos arbitrales alegados de oficio por el juez competente son: A. Nulidad del convenio arbitral y anulación del laudo arbitral. B. Incapacidad de las partes e incongruencia del laudo arbitral. C. No arbitrabilidad de la controversia y orden público internacional. D. Orden público internacional y arbitrabilidad de la controversia. ¿Cuál es una de las principales funciones de la OMPI?. A. Regular el comercio internacional. B. Promover la biodiversidad. C. Fomentar y proteger la propiedad intelectual a nivel internacional. D. Organizar eventos culturales. ¿Qué tipo de servicios ofrece el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI?. A. Servicios de registro de marcas. B. Mediación, arbitraje y determinación de expertos. C. Asistencia turística global. D. Organizar eventos culturales. ¿En qué año se fundó el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI?. A. 1980. B. 1990. C. 1994. D. 2000. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja del arbitraje acelerado en la OMPI?. A. Procesos extensos. B. Altos costos. C. Rapidez y eficiencia. D. Falta de confidencialidad. ¿Qué es una decisión de experto en el contexto de la OMPI?. A. Un juicio judicial obligatorio. B. Una evaluación técnica no vinculante por un experto. C. Una ceremonia de premios. D. Un documento de registro de patente. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI?. A. Organizar audiencias judiciales públicas. B. Administrar la política uniforme de resolución de disputas de nombres de dominio. C. Proveer mediación para resolver disputas. D. Ofrecer procedimientos de arbitraje. ¿Qué ventaja ofrece la mediación ante el Centro OMPI?. A. Resultados impuestos por el mediador. B. Audiencias prolongadas y públicas. C. Preservación de relaciones comerciales. D. Procedimientos de litigio. En la presentación de casos, ¿por qué podrían elegir las partes la Decisión de Experto?. A. Para obtener una resolución obligatoria. B. Para dirimir conflictos técnicos complejos con rapidez y objetividad. C. Para participar en un proceso regulado estrictamente por el gobierno. D. Para obtener un descuento fiscal. ¿Qué se valora en el proceso de mediación proporcionado por la OMPI?. A. Manejo rígido de los casos. B. La confidencialidad y el control sobre el resultado. C. La divulgación completa de los procedimientos. D. Intervención directa del Estado. ¿Qué factor es crítico en el uso de la Decisión de Experto en un conflicto de PI?. A. Influencia política. B. Conocimiento técnico especializado del experto. C. Intermediación de bancos centrales. D. Juicios públicos. |