cretin T1C2S2

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Título del test:
cretin T1C2S2

Descripción:
last leoma T1C2S2

Autor:
ttole
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Fecha de Creación:
07/02/2019

Categoría:
Arte
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Temario:
¿Qué representa la defensa de España para nuestra Constitución Española?: Solamente un deber para los españoles. Un derecho y un deber para los españoles. Exclusivamente un derecho para los españoles. Un deber o un derecho dependiendo de la edad, sexo y comunidad de nacimiento de cada español.
¿Qué supone para los españoles la defensa de España según lo establecido en nuestro texto constitucional?: Un derecho fundamental y un deber. Un derecho fundamental. Un derecho y un deber. Una libertad pública amparada por el Tribunal Constitucional en tanto que la objeción de conciencia queda contemplada en el artículo 30.
Según la Constitución Española en su artículo 30, ¿cómo se regularán la causas de exención del servicio militar obligatorio?: A) Con las debidas garantías. B) Mediante Ley. Ciertas A) y B). Todas las anteriores son falsas.
¿Qué se señala, en nuestra Carta Magna, respecto de las obligaciones militares de los españoles?: Que si bien no se reconocen en la Constitución, sí en la normativa que la desarrolla, mediante la prestación social sustitutoria. Que la objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio militar obligatorio. Que las mismas se fijarán mediante Ley. Que si bien servicio militar será retribuido, no así la prestación social sustitutoria.
¿Qué señala el artículo 30 de la Constitución de 1978 respecto de las obligaciones militares de los españoles? Que la objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio militar obligatorio. Que serán fijadas por Ley. Que el servicio militar será potestativo. Que se regularán en la Constitución, debiendo desarrollarse los motivos de exclusión o exención parcial a través de la normativa reguladora de la prestación social sustitutoria.
¿Qué establece, literalmente, nuestro texto constitucional en relación con el sostenimiento de los gastos públicos?: Que todos contribuirán de acuerdo en relación proporcional a sus ingresos. Que se realizará mediante un sistema tributario justo. Que el sistema tributario deberá inspirarse en el principio recaudación efectiva. Que el sistema recaudatorio tendrá en determinados casos alcance confiscatorio.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público a que hace referencia el artículo 31 de nuestra Carta Magna?: Que no podrán establecerse, en ningún caso. Que podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso. Que sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley. Que sólo podrán establecerse para satisfacer el interés general previsto por la Ley.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el gasto público conforme a lo previsto en el artículo 31 de nuestra Carta Magna?: Que realizará una asignación progresiva de los recursos públicos. Que su programación responderá al criterio de austeridad y a los principios de equidad y anualidad. Que su ejecución responderá al criterio de la regla gasto. Todas las respuestas anteriores son falsas.
¿A qué criterios deberá responder la programación y ejecución del gasto público según nuestra Constitución Española?: Eficiencia, economía y proporcionalidad. Eficacia y eficiencia. Eficacia, economía y proporcionalidad. Eficiencia y economía.
¿Qué principios inspirarán nuestro sistema tributario según nuestra Constitución Española?: Progresividad y solidaridad. Igualdad y eficiencia. Igualdad y solidaridad. Igualdad y progresividad.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la institución del matrimonio según lo establecido en el artículo 32 de la Constitución de 1978?: Que la Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Que la Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad. Que la Ley regulará las causas de los efectos de la disolución del matrimonio. Que los derechos y deberes de los cónyuges se regularán mediante Ley.
Según el artículo 32 de la Constitución, ¿qué precisa la privación a una persona de sus bienes y derechos?: Causa justificada de utilidad pública. La correspondiente indemnización. Conformidad con lo dispuesto por las Leyes. Todas las anteriores son correctas.
¿Permite la Constitución Española en su artículo 33 la privación a una persona de sus bienes y derechos?: No, salvo por causa de utilidad pública o interés social. No, salvo en virtud de sentencia firme. Si, en cualquier caso y siempre que pudiera venir acompañado del abono justo de una indemnización por el perjuicio causado. No, salvo en virtud de resolución motivada.
¿Qué señala nuestro texto constitucional, en su artículo 33, respecto de la propiedad privada?: Que es un derecho fundamental de la persona amparado por el Título I de la Constitución. Que, al igual que la herencia está protegido por el recurso de amparo. Que la función social de este derecho delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes. Que tiene la consideración de Principio rector de la política social y económica.
¿Qué delimitará la función social del derecho a la propiedad privada y la herencia según lo señalado por nuestra Constitución Española?: Su contenido. Su contenido y ejercicio. Su contenido, ejercicio y acceso a la misma. Su función social.
Queda delimitado, en nuestra Carta Magna, el derecho a la propiedad privada y a la herencia. ¿Qué delimitará su contenido?: Su función social de acuerdo con las leyes. Una Ley orgánica. La satisfacción del interés general establecido en las leyes. Su consideración como principios rectores de la política social y económica.
Según nuestra Constitución Española, ¿por qué causa justificada podrá privarse a alguien de sus bienes y derechos?: De utilidad pública. De satisfacción del interés general. De solidaridad pública. De justicia distributiva.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el derecho de fundación referenciado en nuestra Constitución Española?: Que se encuentra densamente desarrollado en la propia Constitución, en tanto que principio rector de la política social y económica. Que sólo se admite su ejercicio para fines de interés general. Que las fundaciones tienen un régimen constitucional opuesto al de las asociaciones, dado que satisfacen intereses particulares. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
En relación al derecho al trabajo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se contienen en Título 1 de nuestro texto constitucional?: Que todos los trabajadores tendrán derecho a una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades debiendo los poderes públicos promover las condiciones para lograr su cumplimiento efectivo. Que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Que todos los españoles tienen derecho a la libre elección de profesión y oficio. Que todos los españoles tienen derecho a la promoción a través del trabajo.
Según lo indicado por nuestro texto constitucional, ¿qué representa para los españoles la promoción a través del trabajo?: Un deber. Un derecho siempre que se ejerza en libertad. Un derecho. Un derecho fundamental.
Según lo indicado en nuestro texto constitucional, ¿qué representa para los españoles la libre elección de profesión u oficio?: Un derecho. Un deber. Un derecho fundamental. Un derecho fundamental reconocido no sólo a los españoles, sino también a todos los ciudadanos.
Tal y como así determina nuestra Constitución de 1978, ¿qué representa para los españoles el trabajo?: Un derecho fundamental. Un libertad pública tutelada mediante la institución del recurso de amparo. Un principio rector sujeto a tutela judicial en los términos señalados en una Ley orgánica. Un deber y un derecho.
La Ley que regula, según la Constitución, el derecho al trabajo y el deber de trabajar del ciudadano español, es: El Fuero del Trabajo. El Estatuto de los Trabajadores. La Ley del Consejo Económico-Social. La Ley de Procedimientos Laboral.
Tal y como así determina nuestra Constitución, en relación con los Colegios Profesionales ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: Que su regulación tiene la consideración de principio rector de la política social y económica. Que los mismos se regulan mediante Ley Orgánica en los términos señalados en el artículo 81 del texto constitucional. Que su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
¿Cómo deberá ser, según nuestra Constitución Española, la remuneración del trabajo?: Justa, propiciando la promoción profesional del mismo en base a su carrera profesional y méritos demostrados. Justa. Justa y equitativa entre trabajadores y trabajadoras. Suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y las de su familia.
Nuestra Constitución Española aborda la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios en su artículo 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con dicha cuestión?: Que los poderes públicos impulsarán que los colectivos de empresarios y trabajadores negocien individual y colectivamente. Que se garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Que queda garantizado el deber de negociar colectivamente en materia laboral los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Que mediante Ley orgánica se regularán las bases para la culminación satisfactoria de los procesos de negociación colectiva en materia laboral.
Según lo indicado por nuestro texto constitucional, ¿cómo se garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral?: Mediante Ley. Mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante Jos Tribunales ordinarios. Mediante su tutela por el recurso de amparo. Mediante Ley orgánica.
¿A quién reconoce nuestra Constitución de 1978 el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo?: Tanto a los trabajadores como a los empresarios. Exclusivamente a los trabajadores mediante el ejercicio del derecho a huelga. Exclusivamente a los empresarios en tanto que propietarios de intereses económicos que les son propios. A los poderes públicos.
Nuestra Constitución Española aborda la relación entre trabajadores y empresarios en su artículo 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la cuestión?: Que se reconoce el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo únicamente a los empresarios. Que se reconoce el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo únicamente a los trabajadores para la defensa de sus derechos fundamentales. Que las medidas de conflicto colectivo se regulan mediante Ley y su ejercicio deberá incluir las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Que el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo no podrá estar sujeto a medida limitadora alguna.
Las medidas de conflicto colectivo: Es un derecho concedido únicamente a los trabajadores. No están reconocidas en la CE. Es un derecho reconocido a los trabajadores y a los empresarios. Es un derecho del que únicamente disfrutan los empresarios.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según lo previsto, literalmente, por el artículo 38 de la Constitución de 1978?: Que corresponderá a los poderes públicos promover la productividad en aras conforme a la planificación de la economía general. Que se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado mitigada por el fin social de la propiedad privada. Que los poderes públicos garantizan y protegen el ejercicio de la libertad de empresa. Que la defensa de la productividad se efectuará de acuerdo con las exigencias de la economía general.
Tal y como así señala nuestra Carta Magna en relación con la libertad de empresa, ¿cómo garantizan y protegen los poderes públicos la defensa de la productividad?: De acuerdo con las exigencias de la planificación de la economía y, en su caso, del interés general. De acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la distribución solidaria de la riqueza. De acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. De acuerdo con las exigencias del principio de solidaridad, así como de la productividad de la economía general.
¿A quién atribuye nuestra Constitución Española el deber de garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de empresa?: A los poderes públicos. Al Gobierno mediante un desarrollo normativo específico sobre la materia, que deberá revestir la forma de Ley orgánica, al tratarse de una libertad pública. Al Estado. Al Gobierno.
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