Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESECUESTIONARIO 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
CUESTIONARIO 2

Descripción:
DERECHO

Autor:
LUIS TOASA
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
19/02/2023

Categoría:
Fans

Número preguntas: 105
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En razón del principio de dirección judicial del proceso la o el juzgador: a) Según lo estime necesario ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. b) Deberá permitir la intervención activa de los sujetos procesales, permitiendo que el proceso se desarrolle a discreción de las partes, no podrá interrumpir por ninguna razón la intervención de las partes. c) De acuerdo a lo previsto en la ley ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. d) Ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias, sin embargo, no podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate ni realizar las demás acciones correctivas.
En nuestra legislación penal el principio de objetividad consiste en: a) La adecuación de las actuaciones jurisdiccionales a un criterio de objetividad, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Las y los jueces y juezas deberán resolver en función de los hechos puestos en su conocimiento. b) La adecuación de los actos de Fiscalía a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. c) La adecuación de los actos de los sujetos procesales a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de los intervinientes en el proceso. d) La adecuación de las actuaciones de los operadores de justicia y de Fiscalía a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. En el que se verificarán no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.
El principio procesal penal de igualdad es: a) La obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad b) Garantizar el derecho a una defensa técnica durante todo el proceso penal. c) La obligación de los sujetos procesales de permitir la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal, así como la protección de aquellas personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad d) La obligación de que Fiscalía como persecutor penal haga efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal, así como el ejercicio pleno del derecho a la defensa.
Según el principio de impugnación procesal toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo: a) No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla. b) En todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. c) El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este Código. d) En todo proceso, aunque estos no decidan sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código.
De acuerdo al principio de intimidad las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, en materia penal esto constituye que: a) Los registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo pueden ser realizados con autorización de Fiscalía con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código. b) No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código. c) No podrán hacerse bajo ningún concepto registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo. d) Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales.
La prohibición de doble juzgamiento impide que: a) El Juez pueda juzgar a una persona por un delito distinto al determinado por Fiscalía en la acusación. b) Una persona sea juzgada y penada por más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto c) Una persona sea juzgada por más de una vez por los mismos hechos, no se pueden tomar en consideración los casos resueltos por la jurisdicción indígena para considerar este efecto en razón de la gravedad de los hechos. d) Dictada sentencia absolutoria ante el Tribunal de Garantías Penales, se dicte sentencia de condena en razón de la interposición del recurso de apelación por parte de Fiscalía.
¿Qué implica el principio de Privacidad y confidencialidad? a) Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se permite la divulgación de fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. b) Los procesados tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. c) Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales. d) Las víctimas en general tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales.
El principio procesal de inocencia implica que: a) El estado de inocencia es relativo y se mantiene en razón a la conducta que se juzga. b) toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. c) toda persona mantiene su estatus jurídico de culpabilidad y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. d) toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, hasta que se dicte sentencia condenatoria en su contra.
El principio de Duda a favor del reo implica que: a) La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria debe arribar a un grado mínimo de certeza sobre la materialidad de la infracción penal y la responsabilidad penal de procesado. b) La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable. c) La o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria no requiere convencimiento. d) El o la fiscal, para sostener su acusación, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá de toda duda razonable.
La presunción de inocencia se relaciona con el ánimo y actitud del Juez que debe conocer de la acusación penal, esto significa que: a) El Juez debe estudiar la causa en atención a la modalidad y gravedad de la conducta, de ahí que en determinados delitos la responsabilidad del procesado viene prestablecida, correspondiéndole la carga de la prueba respecto a su inocencia. b) El Juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable. Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta c) En el análisis del caso el juez supone la culpabilidad del procesado, por lo que la responsabilidad viene construida desde la formulación de cargos. d) El juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso.
Cuando el ejercicio de la acción penal encabeza la fiscalía acata el principio de objetividad el cual consiste en que: a) La obligatoriedad de formular cargos respecto de los hechos puestos en su conocimiento, aún si no existen elementos probatorios suficientes. b) Solamente está facultado para imputar cargos ante el respectivo Juez de Garantías cuando del acopio de las evidencias e información legalmente obtenida puede deducirse razonablemente que existen suficientes elementos “probatorios” que permiten dar al traste con la presunción constitucional de inocencia. c) La adecuación de los actos de los sujetos procesales a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de los intervinientes en el proceso. d) La adecuación de las actuaciones de los operadores de justicia y de Fiscalía a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. En el que se verificarán no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.
Cuáles son las limitaciones de la víctima cuando en razón de una acción privada tiene que desarrollar la etapa de investigación? a) Sus actuaciones son altamente técnicas y se equiparan a las realizadas por Fiscalía en el ejercicio de la acción penal pública b) Salvaguarda a cabalidad las garantías probatorias y el principio de igualdad c) Carece de limitaciones, pues desempaña esta etapa con objetividad y técnica. d) Sus facultades legales para el desarrollo de una investigación pueden no ser lo suficientemente técnico, yendo en desmedro de las garantías probatorias de la defensa e incluso del principio de igualdad.
El ius ut procedatur es: (LIBRE ACCESO DE LAS PARTES AL PROCESO) a) Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal b) El derecho a una decisión judicial razonada sobre las pretensiones deducidas por los sujetos procesales. c) La adecuación de las actuaciones jurisdiccionales a un criterio de objetividad, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Las y los jueces y juezas deberán resolver en función de los hechos puestos en su conocimiento. d) El derecho a que una persona sea juzgada y penada por más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto.
La acción penal constituye: (quiere decir ejercicio de la acción penal) a) El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la respuesta de una pretensión. b) La obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad c) La garantía del derecho a una defensa técnica durante todo el proceso penal. d) El poder jurídico es atribución exclusiva de Fiscalía por lo que el juzgador solamente podrá pronunciarse sobre sus pretensiones.
El acceso a la administración de justicia constituye: a) La obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad b) El derecho de Fiscalía a que se resuelva en razón de su acusación y de los juzgadores de resolver las pretensiones de las partes. c) Un derecho humano de vital importancia para la convivencia pacífica entre los ciudadanos y el goce de los bienes jurídicos que garantizan una vida digna. Los operadores de justicia son responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y colectividades a la justicia. d) Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.
El onus probando consiste en: (quien reclama tiene el cargo de la prueba) a) Una persona sea juzgada y penada por más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto b) La carga de la prueba corresponde a quien sostiene la acusación, la inocencia no se somete comprobación, es la Fiscalía quien tiene la carga de demostrar c) El impacto que la participación de Fiscalía tenga tanto para los derechos de la víctima como para la estructura y formas propias del sistema penal acusatorio d) El juzgador fundamentará sus decisiones, pero no podrá pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales.
El ejercicio de la acción privada –procedimiento de parte- se caracteriza porque: a) El acusador privado no tiene a diferencia de Fiscalía ni el deber de persecución, ni de objetividad y está facultado a retirar luego de la etapa de juicio la acción privada; b) El acusador privado debe actuar en iguales condiciones que Fiscalía con objetividad. c) El acusador privado debe mantener la acción privada hasta la obtención de sentencia ejecutoriada. d) La víctima o acusador privado es el titular de la acción penal pública y la ejercerá en observancia a lo dispuesto en la Constitución y la Ley.
El principio dispositivo consiste en: (la tutela jurisdiccional se inicia a petición de parte) a) Prerrogativa que tiene la víctima de un delito para poner en conocimiento el órgano investigador un probable hecho delictuoso que se persigue exclusivamente a petición de una parte. b) Prerrogativa que tiene el procesado de un delito para poner en conocimiento el órgano investigador un probable hecho delictuoso que se persigue exclusivamente a petición de una parte. c) Prerrogativa que tiene la víctima de un delito para poner en conocimiento el órgano jurisdiccional un probable hecho delictuoso que se está investigando. d) Prerrogativa que tiene el procesado de un delito para poner en conocimiento el órgano jurisdiccional un probable hecho delictuoso que se está investigando.
El principio de oficiosidad es: a) La obligación de las partes procesales para el impulso de la investigación previa y sus respectivas actuaciones. b) El derecho de la víctima para que el órgano competente del Estado realice las determinadas investigaciones para la averiguación de un delito, conforme lo determina la ley sustantiva y adjetiva. c) La obligación por parte del Estado, en su órgano competente, de iniciar una averiguación previa en los delitos, conforme lo determina la ley sustantiva. d) La obligación de las partes procesales de no presentar obstáculo para que el órgano competente del Estado.
Señale el principio procesal penal que corresponde a que, tanto la autoridad investigadora como judicial debe escuchar a ambas partes: a) Impulso procesal por las partes. b) Oralidad y contradicción. c) Bilateralidad de la audiencia. d) Seguridad jurídica.
El principio de presentación por las partes consiste en: a) El órgano jurisdiccional debe permitir que las partes procesales presenten, en su totalidad, las pruebas y hechos que cimienten las bases de sus alegatos, caso contrario se viola tal principio procesal. b) El órgano estatal competente para iniciar la acción penal debe incautar pruebas de cargo y de descargo para ser presentadas en sus alegatos con la finalidad de precautelar los derechos del procesado. c) EL órgano jurisdiccional tiene amplias facultades para allegarse todo tipo de elementos probatorios y no tomar en cuenta, en su caso, los hechos presentados por las partes. d) El órgano jurisdiccional al resolver en sentencia un proceso penal, debe basar su decisión únicamente en la acusación realizada por el órgano estatal competente, por cuanto debe fundamentar la misma solo en las pruebas y hechos presentados por las partes.
El principio de impulso procesal y judicial corresponde a: a) Órgano jurisdiccional b) Partes procesales y órgano jurisdiccional c) Órgano competente para la investigación delictiva d) Partes procesales.
El principio formal y de apreciación se aplica sobre: a) Teoría del caso b) Relato fáctico c) Motivación y decisión d) Valoración de la prueba.
Las partes procesales son aquellas personas entre las cuales se desenvuelve y existe una relación jurídica que enlaza la concepción del proceso como relación jurídica formal. En tal sentido, señala los sujetos procesales que, de acuerdo a sus funciones, son considerados, principales: a) Órgano de la acusación, órgano de la jurisdicción, sujeto activo del delito, sujeto pasivo del delito y el órgano de la defensa. b) Testigos, peritos y órganos de representación. c) Policía, secretarios, oficiales, judiciales, directores y personal de los establecimientos carcelarios. d) Todas las respuestas.
Los sujetos procesales necesarios son: a) Órgano de la acusación, órgano de la jurisdicción, sujeto activo del delito, sujeto pasivo del delito y el órgano de la defensa. b) Testigos, peritos y órganos de representación, autorización o asistencia de los menores e incapacitados. c) Policía, secretarios, oficiales, judiciales, directores y personal de los establecimientos carcelarios. d) Todas las respuestas.
Según Ferrajoli, define en términos generales a una garantía como: a. Cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo. b. Cualquier técnica normativa de tutela de un derecho objetivo. c. Cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo y objetivo. d. Cualquier técnica normativa de tutela de un derecho.
Según Ferrajoli respecto a las garantías existen: a. Garantías primarias o sustanciales y garantías secundarias o jurisdiccionales. b. Garantías primarias o jurisdiccionales y garantías secundarias o sustanciales. c. Garantías primarias o normativas y garantías secundarias u objetivas. d. Garantías primarias o subjetivas y garantías secundarias u objetivas.
Entre las garantías sustanciales se encuentras los principios de: a. De estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y libertad probatoria. b. De estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. c. De estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad e inocencia. d. De estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y exclusión.
Entre las garantías procesales están los principios de: a. Contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la judicatura y el principio del juez natural. b. De estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. c. Contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad del juicio, estricta legalidad y taxatividad. d. Contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre juez y acusación, la presunción de inocencia, culpabilidad y materialidad.
Las garantías penales sustantivas tienen por objetivo: a. La averiguación de la verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación. b. la averiguación de la verdad fáctica. c. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal d. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral.
Las garantías penales procesales tienen por objetivo: a. La averiguación de la verdad jurídica, a partir de la verificabilidad y refutabilidad en abstracto de las hipótesis de la acusación. b. La averiguación de la verdad fáctica. c. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal d. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la reparación integral.
Se habla así de garantismo patrimonial para: a. Para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de derechos patrimoniales. b. Para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de derechos patrimoniales y objetivos. c. Para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de derechos. d. Para designar el sistema de garantías que tutelan los derechos patrimoniales y objetivos.
Se habla de garantismo liberal, y específicamente penal, para: a. Designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de propiedad. b. Designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones jurisdiccionales. c. Designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones policiales y estatales. d. Designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones policiales o judiciales arbitrarias.
Se habla de garantismo social para: a. Para designar el sistema de garantías que tutelan el derecho de propiedad y el resto de derechos patrimoniales y objetivos. b. Designar las técnicas establecidas para la defensa de los derechos de libertad, sobre todo la libertad personal, frente a intervenciones policiales y estatales. c. Designar el conjunto de garantías, todavía bastante escasas e imperfectas, encaminadas a satisfacer los derechos sociales, como los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. d. Todas las respuestas.
Las garantías penales se orientan a: a. A minimizar los delitos, es decir a reducir al máximo lo que el poder legislativo puede castigar. b. A minimizar el poder judicial, es decir a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio. c. A minimizar los delitos y el poder judicial. d. Se orientan a minimizar los delitos y reducir al máximo sus márgenes de arbitrio.
El garantismo es una doctrina: a. Filosófico-política de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-subjetiva de las garantías penales y procesales. b. Filosófico-política de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-normativa de las garantías penales y procesales. Es una filosofía utilitarista sobre los fines y los fundamentos del derecho penal y, al mismo tiempo, una teoría del derecho penal mínimo —una y otra sobre el deber ser del derecho penal— que en gran parte reproduce los principios de justicia y garantía incorporados los ordenamientos evolucionados. c. Filosófico-política de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-normativa de las garantías penales y procesales. Es una filosofía utilitarista sobre los fines y los fundamentos del derecho penal y, al mismo tiempo, una teoría del derecho penal mínimo —una y otra sobre el deber ser del derecho penal— que en gran parte reproduce los principios de justicia, inocencia y legalidad incorporados los ordenamientos evolucionados. d. Filosófico-científica de justificación del derecho penal y a la vez una teoría jurídico-normativa de las garantías penales y procesales. Es una filosofía utilitarista sobre los fines y los fundamentos del derecho penal y, al mismo tiempo, una teoría del derecho penal mínimo —una y otra sobre el deber ser del derecho penal— que en gran parte reproduce los principios de justicia y garantía incorporados los ordenamientos evolucionados.
El garantismo como teoría jurídica es; a. Es una teoría empírica y al mismo tiempo normativa sobre el deber ser del derecho penal desde el punto de vista jurídico interno de los principios de justicia incorporados en nuestros ordenamientos. b. Es una teoría empírica y al mismo tiempo normativa sobre el ser del derecho penal desde el punto de vista jurídico interno de los principios de justicia incorporados en nuestros ordenamientos. c. Es una teoría empírica y al mismo tiempo normativa sobre el deber ser del derecho penal desde el punto de vista jurídico interno de los principios del debido proceso. d. Es una teoría empírica sobre los principios de justicia.
El garantismo es una filosofía utilitarista: a. Sobre los fines y los fundamentos del derecho penal. b. Sobre los fines de la pena. c. Sobre las medidas cautelares. d. Sobre los principios del derecho procesal penal.
Señale las garantías del derecho a la defensa conforme la Constitución de la República del Ecuador: a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento y contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. b. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria; y La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. c. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria; y Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. d. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.
Una garantía del derecho a la defensa conforme la Constitución de la República del Ecuador: a. Ser asistido por una traductora o traductor o intérprete si se comprueba que no entiende el idioma del país. b. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. c. Ser asistido por una traductora o traductor o intérprete si se comprueba que no entiende el idioma español o quichua. d. Ser asistido por una traductora o traductor o intérprete si no comprende el idioma del país.
Una garantía del derecho a la defensa conforme la Constitución de la República del Ecuador: a. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al contra interrogatorio. b. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad. c. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad salvo petición expresa. d. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.
Una garantía del derecho a la defensa conforme la Constitución de la República del Ecuador: a. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. b. Las resoluciones judiciales deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. c. Las resoluciones judiciales deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se cumplen con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional. d. Las resoluciones judiciales deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian los principios en que se funda.
La formulación de cargos conforme el COIP contendrá: a. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. b.- La individualización de los sujetos procesales. La relación circunstanciada de los hechos relevantes. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. c.- La individualización de la persona procesada. La relación circunstanciada de los hechos relevantes. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento fáctico para formular los cargos d. La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo. La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen. Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento fáctico para formular cargos.
Con la reformulación de cargos, el plazo de la instrucción se incrementará: a.- 60 días improrrogables. b.- 30 días improrrogables. c.- 15 días improrrogables. d.- 35 días improrrogables.
El autor se pronunció a favor de un sistema de Derecho Penal abierto, esto es, susceptible de recibir las valoraciones y principios por la vía político-criminal: a) Roxin. b) Franz Von Liszt. c) Welzel. d) Beccaria.
La teoría propuesta por Welzel tuvo dos grandes postulados: a. uno que hace referencia exclusiva al aspecto subjetivo como principio rector de su sistema penal (teoría de la acción final); mientras el otro se enfocó primordialmente a la consideración de las relaciones sociales (teoría de la adecuación social). b. uno que hace referencia exclusiva al aspecto subjetivo como principio rector de su sistema penal (teoría de la acción final); mientras el otro se enfocó primordialmente en la imputación al tipo objetivo. c. uno que hace referencia exclusiva al aspecto objetivo como principio rector de su sistema penal (teoría de la acción final); mientras el otro se enfocó primordialmente en la imputación al tipo objetivo. d. uno que hace referencia exclusiva al aspecto objetivo como principio rector de su sistema penal (teoría de la acción final); mientras el otro se enfocó primordialmente a la consideración de las relaciones sociales (teoría de la adecuación social).
Caso: No existe diferencia alguna entre la muerte de un hombre producida por el impacto de un rayo y la generada por los disparos que otra persona le ha efectuado, pues en ambos casos se trata objetivamente de una simple causación de un resultado debiendo reconocerse como única diferencia que en la segunda hipótesis la muerte ha sido finalmente ejecutada. Esto responde a: a. Finalismo. b. Causalidad. c. Adecuación social. d. Acción finalista.
Escoja el postulado correcto: a.- La imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo. b.- La imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del causalismo. c.- La imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y no cubierto por un riesgo permitido dentro del error de tipo. d.- La imputación al tipo objetivo presupone la realización de un peligro creado por el autor y cubierto por un riesgo permitido dentro del alcance del tipo.
De acuerdo con el principio de disminución de riesgo: a. una acción formalmente coincidente con el tipo, es objetivamente imputable cuando el resultado por ella causado neutraliza la producción de un resultado de menor gravedad. b. una acción materialmente coincidente con el tipo, es imputable cuando el resultado por ella causado neutraliza la producción de un resultado de menor gravedad. c. una acción formalmente coincidente con el tipo, es imputable cuando el resultado por ella causado neutraliza la producción de un resultado de menor gravedad. d. una acción formalmente coincidente con el tipo, no es sin embargo objetivamente imputable cuando el resultado por ella causado neutraliza la producción de un resultado de mayor gravedad.
Según Roxin: a.- El principio del incremento del riesgo sólo proporciona el criterio de contenido del que depende la posibilidad objetiva de pretender. b. El principio del incremento del riesgo sólo proporciona el criterio de contenido del que depende la posibilidad subjetiva de pretender. c. El principio del incremento del riesgo no proporciona ningún riesgo. d. Ninguna de las respuestas.
El “principio de alteridad” o “ajenidad” de la lesión (alterum non laedere, no dañar o lesionar a otro) necesario para el nacimiento de la responsabilidad jurídica, se puede formular: a.- de modo negativo como “principio de no identidad” entre el autor y la víctima de la lesión, porque se parte de la base de que si un sujeto se daña a sí mismo, como regla no afecta la convivencia externa y por tanto al Derecho. b.- de modo positivo como “principio de no identidad” entre el autor y la víctima de la lesión, porque se parte de la base de que si un sujeto se daña a sí mismo, como regla no afecta la convivencia externa y por tanto al Derecho. c- de modo positivo como “principio de no identidad” entre el autor y la víctima de la lesión, porque se parte de la base de que si un sujeto se daña a sí mismo, como regla si afecta la convivencia externa y por tanto al Derecho. d.- de modo positivo como “principio de no identidad” entre el autor y la víctima de la lesión, porque se parte de la base de que si un sujeto se daña a sí mismo, como regla si afecta la convivencia externa.
En los supuestos de heterolesión o lesión ajena consentida –en los que la víctima no sólo consiente en el riesgo, sino también en la lesión, exactamente por las mismas razones el resultado: a. se le puede imputar objetivamente a la conducta pasiva de la víctima sino a la del tercero autor de la lesión. b. se le puede imputar objetivamente a la conducta pasiva de la víctima y a la del tercero autor de la lesión. c. se le puede imputar objetivamente a la conducta no pasiva de la víctima sino a la del tercero autor de la lesión. d. no se le puede imputar objetivamente a la conducta pasiva de la víctima sino a la del tercero autor de la lesión.
En caso de autopuesta en peligro (en que la víctima acepta el peligro, pero no la lesión) favorecida por un tercero, por mucho que el tercero colabore o facilite no controla en absoluto la situación, el único que tiene en sus manos el control o determinación objetiva del curso peligroso, en el sentido de si se modifica, aumenta, disminuye o cesa, es: a.- el propio sujeto pasivo, de cuya conducta el tercero es mero partícipe. b.- el tercero. c.- el tercero por ser mero partícipe. d.- el tercero por colaborar o facilitar.
Complete el postulado: “Debe existir un _ PRINCIPIO DE CONFIANZA_______ que habilite a suponer que los demás se comportarán de acuerdo a su rol. Una sociedad no puede prescindir de este principio, destinado a hacer posible la división del trabajo: a. principio de buena conducta. b. principio de confianza c. principio de reciprocidad d. principio de buena fe.
Según la teoría unificadora de la pena, la pena: a.- cumpliría funciones generales, que se presentan de manera distinta según las distintas etapas que van desde la conminación penal hasta la ejecución misma de la pena. b. cumpliría funciones específicas, que se presentan de manera distinta según las distintas etapas que van desde la conminación penal hasta la ejecución misma de la pena. c. cumpliría funciones específicas, que se presentan de manera distinta según las distintas etapas que van desde la ejecución de la pena. d. cumpliría funciones generales que se presentan de manera distinta según las distintas etapas que van desde la conminación penal hasta la ejecución misma de la pena.
Mezger propuso como paso inicial recurrir a la teoría de la “conditio sine qua non” para establecer la causalidad puramente física, y acto seguido, valorar la relevancia penal (importancia jurídica) de la conducta en cuestión mediante los principios de la adecuación y una interpretación conforme a sentido de los tipos legales”. Esta teoría se refiere a: "SIN LO CUAL NO" a. Teoría de la imputación del tipo b. teoría de la relevancia típica c. teoría de la proporcionalidad d. teoría de la causalidad.
Desde el planteamiento de política criminal y sistema de Derecho Penal de Roxin, respecto a las categorías básicas del delito, la tipicidad tendrá la función de: a. cumplir con el principio nullum crimen sine lege, (NO HAY CRIMEN SIN LEY PREVIA) b. cumplir con el principio de justicia c. cumplir con el principio de exclusión d. cumplir con los fines de la pena.
Desde el planteamiento de política criminal y sistema de Derecho Penal de Roxin, respecto a las categorías básicas del delito, la antijuridicidad es: a. asociada a la necesidad de pena en atención a las distintas aspiraciones preventivas. b. contemplada como el ámbito donde se proporcionan las soluciones sociales de los conflictos, donde prevalece la justicia. c. contemplada como el ámbito donde se proporcionan las soluciones sociales de los conflictos, donde prevalece la prevención del delito. d. contemplada como el ámbito donde se proporcionan las soluciones sociales de los conflictos, regulando la disputa entre intereses y contraintereses – ponderación de intereses.
Desde el planteamiento de política criminal y sistema de Derecho Penal de Roxin, respecto a las categorías básicas del delito, la culpabilidad es: a. asociada a la necesidad de la pena en atención a los principios de justicia b. asociada a la necesidad de la pena en atención a las teorías retribucionistas. c. asociada a la necesidad de pena en atención a las distintas aspiraciones preventivas. d. asociada a la necesidad de la pena en atención a los fines del derecho penal.
Conforme la Constitución de la República del Ecuador, La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de: a. oportunidad y mínima intervención penal. b. oportunidad y legalidad. c. mínima intervención penal y como titular de la acción penal. d. legalidad y mínima intervención pena.
La justicia restaurativa es: a) La que se centra más en la reparación y menos en el castigo, es una relectura en el tratamiento del delito, en el que éste se convierte en un conflicto, otorgándole a la víctima, la parte infractora y la comunidad de apoyo el protagonismo en la solución del conflicto. b) La relacionada con los adultos, ello con el propósito de tomar decisiones judiciales coherentes y consistentes que favorezcan un juicio justo, especializado y orientado a una efectiva resocialización y reeducación, respetando de esta manera los intereses de la comunidad y de las personas afectadas por sus actos. c) La justicia retributiva, especializada y orientada a una efectiva resocialización y reeducación. d) Ninguna de las respuestas.
La Convención sobre los derechos del niño fue suscrita y ratificada por Ecuador: a) 1955 y 1956, respectivamente. b) 2001 y 2002, respectivamente. c) 1989 y 1990, respectivamente. d) Ninguna de las respuestas.
La Convención sobre los derechos del niño constituye: a) El reconocimiento internacional de que los adultos merecen una especial protección; es parte del proceso de especificación de los derechos humanos. b) El reconocimiento internacional de que la niñez, sector de la humanidad hasta entonces tratado como objeto, merecía una especial protección. Es parte del proceso de especificación de los derechos humanos, la convención de igual forma es parte de la internacionalización de los derechos humanos. c) parte del debido proceso. d) Ninguna de las respuestas.
La evolución histórica de los derechos de la niñez abarca tres etapas: a) Su inexistencia, incapacidad y capacidad b) Incapacidad, existencia y capacidad c) Capacidad, inexistencia y existencia d) Ninguna de las respuestas.
La evolución histórica de los derechos de la niñez abarca tres etapas, entre ellas la de inexistencia, que consiste en que: a) los niños y niñas eran invisibles, cultural y políticamente, y no eran considerados sujetos de derecho. La niñez, como la entendemos ahora, no existía antes del Siglo XVI b) los niños y niñas eran visibles, cultural y políticamente, y no eran considerados sujetos de derecho. La niñez, como la entendemos ahora, no existía antes del Siglo XVI c) los niños y niñas eran invisibles, cultural y políticamente, y no eran considerados sujetos de derecho. La niñez, como la entendemos ahora, existían antes del Siglo XVI d) Ninguna de las respuestas.
La evolución histórica de los derechos de la niñez abarca tres etapas, entre ellas la de incapacidad, que consiste en que: a) Niños y niñas se ven como objetos de protección, incapaces de ejercer sus derechos. b) Niños y niñas se ven como objetos de protección, capaces de ejercer sus derechos. c) Niños y niñas no se ven como objetos de protección, capaces de ejercer sus derechos. d) Ninguna de las respuestas.
La evolución histórica de los derechos de la niñez abarca tres etapas, entre ellas la de capacidad, y es: a) La que reconoce a niños y niñas como seres humanos, se inicia justamente con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño b) La que no reconoce a niños y niñas como seres humanos, se inicia justamente con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño c) La que no reconoce a niños y niñas como personas, se inicia justamente con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño d) Ninguna de las respuestas.
La Convención sobre los derechos del niño es: a) El documento más importante que la humanidad organizada ha creado para proteger y procurar el desarrollo integral de uno de los segmentos de población más marginados y vulnerables, como lo es la niñez. b) El libro más importante que la humanidad organizada ha creado para proteger y procurar el desarrollo integral de uno de los segmentos de población más marginados y vulnerables. c) El Libro menos importante que la humanidad organizada ha creado para proteger y procurar el desarrollo integral de uno de los segmentos de población más marginados y vulnerables, como lo es la niñez. d) Ninguna de las respuestas.
Los artículos de la convención pueden agruparse en: a) Principios rectores, derechos a la supervivencia y el desarrollo, derechos a la protección y derechos a la participación b) La no discriminación, la adhesión al interés superior del niño; el derecho a la vida c) Estos principios son la base para que todos y cada uno de los derechos se conviertan en realidad d) Ninguna de las respuestas.
Según el artículo 1 de la Convención se entiende por niño: a) Todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad b) Todo ser humano mayor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad c) Todo ser humano menor de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad d) Ninguna de las respuestas.
Las personas y grupos de atención prioritaria son: a) Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. b) Mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. c) Personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad d) Ninguna de las respuestas.
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria: a) El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. b) El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y no asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. . c) El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos no prevalecerán sobre los de las demás personas. d) Ninguna de las respuestas.
Dentro del enfoque restaurativo, que varios países lo aplican en sus prácticas de justicia, implica: a) La Responsabilidad del/la adolescente, la Reparación del daño, y la Reinserción (las tres R de la justicia restaurativa). b) impunidad para el/la adolescente en conflicto con la ley c) la Reparación del daño y la Reinserción d) Ninguna de las respuestas.
En nuestro ordenamiento jurídico penal (COIP), actualmente rige el: a) Sistema adversarial acusatorio; b) Sistema inquisitivo; c) Sistema anglosajón d) Ninguna de las respuestas.
El Código de la Niñez y Adolescencia regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes, conforme: a) Principio del interés superior de la niñez y adolescencia, b) Principio del interés superior de la niñez y adolescencia y debido proceso, c) Principio del interés superior de la niñez y adolescencia y la doctrina de protección integral d) Derecho a la Seguridad Jurídica y la doctrina de protección integral.
Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre: a) 10 y 18 años b) 12 y 18 años c) 13 y 18 años d) 16 y 18 años.
La responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos le corresponde a: a) Padres b) Abuelos maternos c) Padre y la madre d) Tíos paternos.
Los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos, responderán civilmente: a) sus progenitores o guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil, b) Sus vecinos c) Sus progenitores d) Ninguno de ellos.
Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en los términos del CONA. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que celebren se hará efectiva sobre: a) su peculio profesional o industrial o los bienes de la asociación que representen b) el peculio profesional o industrial de sus progenitores c) el peculio profesional o industrial o los bienes de la asociación que representen d) Ninguno de ellos.
Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto: a) serán juzgados por jueces penales ordinarios y se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. b) no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales. c) no serán juzgados por jueces civiles ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes civiles. d) serán juzgados por jueces civiles y se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes civiles.
La comprobación de la edad e identidad de los adolescentes se realizará antes de la primera audiencia, para lo cual se recurrirá a: a) Cualquier documento público de identificación; o, la prueba científica pertinente realizada por un perito; b) partida de nacimiento; o, la prueba científica pertinente realizada por un perito; c) partida de nacimiento; o, la prueba científica pertinente realizada por cualquier persona; d) la palabra del adolescente.
En caso de negativa del adolescente a la realización de la prueba científica para comprobar su edad e identidad, el fiscal: a) Solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando el debido proceso. b) Dispondrá directamente la práctica de la pericia garantizando el debido proceso; c) Solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando la seguridad ciudadana; d) Ordenará a la policía Judicial que se lo haga por la fuerza.
Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal estarán sujetos a: a) medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA); b) penas por su responsabilidad de acuerdo con las normas del COIP; c) medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del COIP; d) ningún tipo de medida socioeducativa o pena.
Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son responsables (exención de responsabilidad); por tanto: a) están sujetos al juzgamiento y a las medidas socio-educativas contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA); b) no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA); c) no están sujetos ni al juzgamiento ni a las penas contempladas en el COIP; d) no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas contempladas en el Código Civil.
Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia, será entregado a: a) Sus representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atención. b) A la Policía Judicial para su detención e internación preventiva. c) A la DINAPEN para su detención e internación preventiva. d) Ninguna persona y se lo debe dejar libre.
Por el principio de legalidad, los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por: a) actos considerados como delitos por el Código de la Niñez y Adolescencia con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal; b) actos considerados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con posterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia c) actos considerados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia; d) omisiones considerados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.
El proceso de juzgamiento, además de establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar: a) las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, aplicar la pena más adecuada; b) las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal aplicar la medida socio-educativa más adecuada; c) las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, aplicar la medida socio-educativa más adecuada; d) las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código Civil aplicar la medida socio-educativa más adecuada.
El juzgamiento y aplicación de medidas socio-educativas a los adolescentes infractores pertenecientes a comunidades indígenas, por hechos cometidos en sus comunidades, se ajustará a lo dispuesto al: a) Código de la Niñez y Adolescencia; b) Código Orgánico Integral Penal; c) Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; d) Justicia Indígena.
El derecho del adolescente a ser instruido sobre las actuaciones procesales significa que: a) tiene que ser instruido con claridad y precisión sólo por su defensor acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso; b) tiene que ser instruido con claridad y precisión por su defensor, el Fiscal, el equipo, de la Oficina Técnica y especialmente por el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso; c) tiene que ser instruido con claridad sólo por el Juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso. d) se debe respetar el derecho constitucional a la defensa.
La garantía de reserva a favor del adolescente significa que: a) Se respetará la vida privada e intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente; b) Las leyes penales relacionadas con los adolescentes sólo podrán ser tipificadas por los legisladores; c) Las leyes penales relacionadas con los adolescentes sólo podrán ser interpretadas por los jueces de adolescente infractores; d) Ninguna de las respuestas.
Cualquier forma de terminación del proceso impide una nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias; en consecuencia, ningún adolescente podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa. Esto se conoce como: a) principio de razonabilidad; b) cosa juzgada; c) principio de proporcionalidad; d) doble conforme.
Dentro de las medidas cautelares de orden personal en contra del adolescente que el Juez podrá decretar están las siguientes: a) La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia que el Juez disponga; b) Prohibición de enajenar bienes c) Retención de cuentas bancarias d) Todas las respuestas.
Dentro de las medidas cautelares de orden personal en contra del adolescente que el Juez podrá decretar están las siguientes: a) La obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que éste ordene; b) La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el Juez; c) La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el Juez; d) Todas las respuestas.
Dentro de las medidas cautelares de orden personal en contra del adolescente que el Juez podrá decretar están las siguientes: a) La privación de libertad, en casos excepcionales; b) Prohibición de enajenar bienes c) Retención de cuentas bancarias d) Uso del dispositivo de geoposicionamiento (grillete).
Para asegurar la inmediación del adolescente con el proceso, podrá procederse a su detención o su internamiento preventivo, con apego a las siguientes reglas: a) La detención sólo procede por orden escrita y motivada de Juez competente; b) Los adolescentes privados de la libertad serán conducidos a centros de rehabilitación social c) No se requiere para su detención de orden escrita y motivada de Juez competente; d) Se permite cualquier forma de incomunicación de un adolescente privado de la libertad.
Los agentes de policía y cualquier persona pueden aprehender a un adolescente: a) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública; b) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción privada; c) Cuando es sorprendido después de fugarse de su casa; d) Ninguna de las respuestas.
El Juez sólo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la infracción investigada: a) De los adolescentes que no cumplen 14 años de edad, en el juzgamiento de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, sicariato, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y delincuencia organizada. b) De los adolescentes que no cumplen 14 años de edad, en el juzgamiento de delitos de secuestro extorsivo y delincuencia organizada. c) De los adolescentes que no cumplen 14 años de edad, en el juzgamiento de delitos de robo con resultado de muerte, genocidio, lesa humanidad y delincuencia organizada. d) De los adolescentes que no cumplen 14 años de edad, en el juzgamiento de delitos de genocidio y lesahumanidad.
El internamiento preventivo en contra de un adolescente puede ser revocado en cualquier tiempo: a) De oficio o a petición de parte. b) De oficio c) A petición de parte d) Ninguna de las respuestas.
El internamiento preventivo de un adolescente no podrá exceder de: a) 90 días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa; b) 120 días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa; c) 60 días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa; d) 30 días, transcurridos los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de orden judicial previa;.
Medidas cautelares de orden patrimonial: Para asegurar la responsabilidad civil, el Juez puede ordenar: a) el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes del peculio profesional del adolescente; b) el secuestro o la prohibición de enajenar bienes del peculio profesional del adolescente; c) la retención o la prohibición de enajenar bienes del peculio profesional del adolescente; d) Ninguna de las respuestas.
El ejercicio de la acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal. Las infracciones de acción privada se tratarán como de: a) Acción penal pública; b) No cabe hablar de acciones privadas en materia de adolescente infractores; c) contravenciones; d) Ninguna de las respuestas.
El ejercicio de la acción en materia de adolescentes infractores, en los casos de delitos prescribirá en: a) 1 año; b) 3 años; c) 5 años; d) Son imprescriptibles.
El ejercicio de la acción, en materia de adolescentes infractores, en los casos de contravenciones prescribirá en: a) 30 días desde su cometimiento. b) 60 días desde su cometimiento. c) 90 días desde su cometimiento. d) Son imprescriptibles.
Las medidas socioeducativas, en materia de adolescentes infractores, prescribirán en: a) El mismo tiempo de su imposición y en ningún caso será menor de 1 año desde el día en que se ejecutorió la sentencia; b) El mismo tiempo de su imposición y en ningún caso será menor de 2 años desde el día en que se ejecutorió la sentencia; c) El mismo tiempo de su imposición desde el día en que se ejecutorió la sentencia; d) El mismo tiempo de su imposición y en ningún caso será menor de seis meses desde el día en que se ejecutorió la sentencia;.
En materia de adolescentes infractores, en el caso de que existan delitos conexos, se impondrá la medida socioeducativa del delito: a) más grave; b) menos grave; c) No cabe hablar de delitos conexos; d) Ninguna de las respuestas.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso