CUESTIONARIO COMPLEXIVO

1. ¿Cuál de los siguientes principios constitucionales no forma parte del modelo de descentralización del Ecuador?. A. Solidaridad. B. Coordinación. C. Concentración. D. Subsidiariedad.

2. ¿Cuál es la función central del Consejo Nacional de Competencias y su papel en la redistribución de competencias?. A. Coordinar la planificación nacional con los GADS. B. Establecer criterios técnicos y normativos para la asignación, transferencia y supresión de competencias. C. Financiar la ejecución de políticas públicas en territorio. D. Controlar la ejecución de las competencias por parte del Ejecutivo.

3. De acuerdo con la Constitución del Ecuador, ¿cuál es la implicación jurídica de que los GADs sean personas jurídicas con autonomía en el marco del Estado unitario?. A. Pueden dictar leyes de carácter general. B. Se subordinan funcionalmente al Ministerio de Finanzas. C. Ejercen competencias propias sin tutela administrativa del Ejecutivo. D. Representan un nivel independiente de soberanía territorial.

4. El COOTAD establece que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADS deben estar alineados con: A. Los planes de inversión con la cooperación internacional. B. Las competencias exclusivas y concurrentes asignadas. C. El PND y los objetivos del régimen de desarrollo. D. Las directrices del Consejo de Participación Ciudadana.

5. Los ingresos provenientes de la asignación del Modelo de Equidad Territorial se consideran: A. Recursos propios. B. Recursos de autogestión. C. Transferencias permanentes. D. Fondos reembolsable.

6. La transferencia de competencias a un GAD debe cumplir con el principio de: GOOGLE. A. Oportunidad y consenso. B. Simetría y legalidad. C. Autonomía e inmediatez. D. Progresividad y recursos suficientes.

7. ¿Cuál de los siguientes mecanismos no es válido para la participación ciudadana en los GADs?. A. Asambleas ciudadanas. B. Consulta previa. C. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. D. Audiencias públicas. E. Defensoría del cliente.

8. ¿Cuál es el alcance jurídico del principio de coordinación en la actuación de los GADs con otras entidades del sector público, según el marco constitucional?. A. Facilita la subordinación jerárquica entre niveles de gobierno. B. Requiere supervisión del Ejecutivo para toda política pública local. C. Exige articulación funcional y normativa con respeto a la autonomía. D. Promover a los GADs a compartir competencias en todos los casos.

9. Según Luna Lara, uno de los principales retos del proceso de transferencia de la competencia de tránsito fue: A. La falta de normativa constitucional. B. La oposición ciudadana al modelo GAD. C. La insuficiencia de recursos y capacidades técnicas. D. La interferencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

10. De acuerdo con el Cap. 1 de Luna Lara, la descentralización en Ecuador busca principalmente: A. Concentrar decisiones estratégicas. B. Redistribuir el poder y fomentar la gestión local. C. Promover el control. D. Menguar la autonomía de los GAD.

11.- En el Capítulo. 4.2.1, Luna Lara analiza que la competencia de tránsito fue asumida exitosamente en Cuenca debido a: A. Su modelo público-privado. B. La existencia de la EMOV EP y planificación local. C. La intervención del Ejecutivo. D. El apoyo exclusivo del Concejo Provincial.

12.- Según Dávalos Aguilar, uno de los riesgos del modelo actual de descentralización es: A. El exceso de autonomía financiera. B. El desconocimiento del rol de la CNC. C. La recentralización de competencias. D. El exceso de ordenanzas locales.

13.- Según Dávalos Aguilar, ¿qué combinación de factores incide directamente en la sostenibilidad financiera de los GADs y su capacidad para ejercer competencias transferidas?. A. Recaudación del IVA y transferencias discrecionales. B. Participación en fideicomisos estatales y gestión parroquial. C. Modelo de equidad territorial y autonomía para generar ingresos propios. D. Asignaciones estatales y control de la Contraloría General.

14.- Según Andrés Batallas, ¿cuál es una de las principales limitaciones del régimen jurídico de los GAD tras la Constitución de 2008?. A. Autonomía financiera. B. Ambigüedad normativa en la asignación de competencias. C. Eliminación del control estatal. D. Demasía autonómica de los gobiernos parroquiales.

15.- En el análisis de Batallas, ¿qué obstáculo persiste en la coordinación entre niveles de gobierno?. A. La duplicidad funcional de los GAD cantonales. B. La falta de mecanismos efectivos de articulación institucional. C. La intervención del CNC. D. La inestabilidad de recursos transferidos.

16.- ¿Cuál de los siguientes principios constitucionales NO forma parte del modelo de descentralización del Ecuador?. A. Solidaridad. B. Coordinación. C. Concentración. D. Subsidiariedad.

17.- ¿Cuál es el órgano rector del Sistema Nacional de Competencias según el COOTAD?. A. Consejo Nacional de Competencias. B. Ministerio de Gobierno. C. Secretaría Técnica de Planificación. D. Asamblea Nacional.

18.-El artículo 238 de la Constitución del Ecuador reconoce a los GAD como: A. Dependencias desconcentradas del Ejecutivo. B. Órganos auxiliares de la administración pública. C. Personas jurídicas con autonomía. D. Unidades territoriales de control estatal.

19.-¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de competencia que puede ejercer un GAD?. A. Exclusiva. B. Concurrente. C. Emergente. D. Adicional.

20.- Según el COOTAD, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial deben estar alineados con: A. Los reglamentos municipales. B. Las políticas del alcalde. C. El Plan Nacional de Desarrollo. D. Las resoluciones del Consejo Provincial.

21.- Los ingresos provenientes de la asignación del Modelo de Equidad Territorial se consideran: A. Recursos propios. B. Recursos de autogestión. C. Transferencias permanentes. D. Fondos reembolsables.

22.- La transferencia de competencias a un GAD debe cumplir con el principio de: A. Oportunidad y consenso. B. Simetría y legalidad. C. Autonomía e inmediatez. D. Progresividad y recursos suficientes.

23.- ¿Cuál de los siguientes mecanismos NO es válido para la participación ciudadana en los GADs?. A. Asambleas ciudadanas. B. Consulta previa. C. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. D. Audiencias públicas.

24.- La coordinación entre niveles de gobierno en el Ecuador se basa constitucionalmente en: A. Reglamentos ejecutivos. B. Acuerdos bilaterales. C. Principios de unidad y subsidiariedad. D. Disposición de la Contraloría General.

25.- Una intervención técnica y temporal del Ejecutivo en una competencia GAD es legítima si: A. Lo decide el alcalde. B. Hay falta de recursos municipales. C. Está justificada por el principio de coordinación. D. Es solicitada por el Consejo de Participación.

26.- Según Luna Lara, uno de los principales retos del proceso de transferencia de la competencia de tránsito fue. A. La falta de normativa constitucional. B. La oposición ciudadana al modelo GAD. C. La insuficiencia de recursos y capacidades técnicas. D. La interferencia del Consejo Nacional Electoral.

27.- De acuerdo con el Cap. 1 de Luna Lara, la descentralización en Ecuador busca principalmente: A. Concentrar decisiones estratégicas. B. Redistribuir el poder y fomentar la gestión local. C. Promover el control estatal. D. Disminuir la autonomía de los GAD.

28.- En el Cap. 4.2.1, Luna Lara analiza que la competencia de tránsito fue asumida exitosamente en Cuenca debido a: A. Su modelo público-privado. B. La existencia de la EMOV EP y planificación local. C. La intervención del Ejecutivo. D. El apoyo exclusivo del Consejo Provincial.

29.- Según Dávalos Aguilar, uno de los riesgos del modelo actual de descentralización es: A. El exceso de autonomía financiera. B. El desconocimiento del rol de la Contraloría. C. La recentralización de competencias. D. El exceso de ordenanzas locales.

30.- Dávalos sostiene que la sostenibilidad financiera de los GAD depende de: A. La recaudación directa del IVA. B. El modelo de equidad territorial y los ingresos propios. C. La delegación del Consejo de Participación. D. La transferencia directa del Presidente.

31.- Según Andrés Batallas, ¿cuál es una de las principales limitaciones del régimen jurídico de los GAD tras la Constitución de 2008?. A. Exceso de autonomía financiera. B. Ambigüedad normativa en la asignación de competencias. C. Eliminación del control estatal. D. Supremacía de los gobiernos parroquiales.

32.- En el análisis de Batallas, ¿qué obstáculo persiste en la coordinación entre niveles de gobierno?. A. La duplicidad funcional de los GAD cantonales. B. La falta de mecanismos efectivos de articulación institucional. C. La intervención de organismos internacionales. D. El exceso de recursos transferidos.

33.- ¿La titularidad de competencias exclusivas pueden ser gestionadas de forma concurrente por distintos niveles de gobierno?. A. No, porque las competencias exclusivas son capacidades de acción de un solo nivel de gobierno en un sector. B. Sí, porque le faculta la ley. C. No, porque habría un conflicto de competencias. D. No, porque podría ser impugnada la nulidad.

34.- ¿Cuál de los siguientes actos normativos es de carácter obligatorio y general dentro de la jurisdicción de un GAD?. A. Resolución del alcalde. B. Acuerdo ministerial. C. Ordenanza aprobada por el Concejo.. D. Circular administrativa.

35.- Un GAD parroquial quiere emitir una ordenanza tributaria. Según el régimen jurídico, ¿puede hacerlo?. A. Sí con una autorización del SRI. B. Sí con una delegación del GAD provincial tienen esa competencia. C. No, porque el COOTAD no otorga potestad tributaria a GADs parroquiales. D. No, porque es una competencia exclusiva del GAD provincial.

36.- Un GAD provincial impone normas sobre el uso del suelo en zonas urbanas. ¿Qué efecto tiene esta acción?. A. Es legal si cuenta con dictamen del Ministerio del ramo. B. Vulnera competencias exclusivas cantonales. C. Lo puede hacer con aprobación del Consejo Provincial. D. Es objeto de control de constitucionalidad.

37.- ¿Se puede intervenir en gestión del gobierno autónomo descentralizado que por omisión o deficiente ejecución?. A. No, porque se iría contra la autonomía del GAD. B. Por solicitud expresa del propio GAD, y con un mecanismo de recuperación de ingresos. C. De forma temporal y subsidiaria, con aprobación del CNC. D. No bajo ninguna circunstancia.

38.- Un nivel de gobierno puede asumir subsidiariamente las competencias de otro sin autorización previa del CNC?. A. No, porque el CNC es el órgano rector del Sistema Nacional de Competencias. B. No, porque se podría impugnar como una ilegalidad administrativa. C. No, porque se estaría atribuyendo competencias que no le corresponden. D. Si, en caso de que se notifique inmediatamente al CNC.

39.- En el marco del COOTAD, ¿qué función cumple la Procuraduría Síndica Municipal?. A. Emitir informes de legalidad sobre actos normativos y contratos. B. Supervisar el cumplimiento de políticas públicas. C. Representar al GAD ante organismos multilaterales. D. Controlar la ejecución del POA.

40.- ¿Qué instrumento regula la participación de los ciudadanos en la formulación del presupuesto municipal?. A. Plan Nacional de Desarrollo. B. Ordenanza de participación ciudadana. C. Plan Operativo Anual. D. Reglamento de sesiones del Concejo.

41.- ¿Cuál de las siguientes competencias es exclusiva del nivel cantonal según el COOTAD?. A. Regulación del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. B. Ordenamiento de la producción agrícola. C. Gestión integral de cuencas hidrográficas. D. Control del uso y ocupación del suelo rural.

42.- ¿Qué principio se vulnera si un GAD asume una competencia sin los recursos correspondientes?. A. Legalidad. B. Progresividad. C. Autonomía. D. Corresponsabilidad financiera.

43.- Cuando un GAD asume una competencia delegada del Ejecutivo central, ¿qué naturaleza tiene esta función?. A. Exclusiva y sin control posterior. B. Concurrente y sujeta a coordinación. C. Compartida con la Asamblea Nacional. D. Supletoria y transitoria.

44.- Un GAD cantonal asume la competencia de gestión ambiental sin disponer del catastro actualizado ni ordenanzas técnicas. Se detectan conflictos de atribuciones con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Qué acción jurídica puede interponer el GAD para defender su facultad?. A .Solicitar control de legalidad ante el Tribunal Contencioso Electoral. B. Presentar acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. C. Interponer un conflicto de competencias ante la Corte Constitucional. D. Solicitar consulta popular sobre su competencia exclusiva.

45.- Durante el análisis técnico-jurídico para transferir la competencia de tránsito a un GAD, se omite la evaluación de capacidades humanas. Según la normativa, ¿cuál de los siguientes principios se vulnera?. A. Coordinación. B. Gradualidad. C. Equidad. D. Participación.

46.- Una ordenanza municipal de uso de suelo es impugnada por una empresa que alega que el GAD no consideró los planes sectoriales nacionales. ¿Qué principio se estaría incumpliendo si se prueba dicha omisión?. A. Legalidad. B. Subsidiariedad. C. Compatibilidad normativa. D. Autonomía local.

47.- Un GAD parroquial emite una ordenanza de regularización territorial sin coordinación con el GAD cantonal. ¿Qué efecto jurídico podría tener este acto?. A. Carece de validez por superposición de competencias. B. Es válido porque los GADs parroquiales son autónomos. C. Es válido mientras no contradiga normas nacionales. D. Es inválido solo si el GAD provincial lo impugna.

48.- Un GAD provincial argumenta que la asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas no considera sus competencias adicionales. ¿Qué mecanismo institucional debe utilizar prioritariamente para exigir ajustes?. A. Presentar reclamo ante la Corte Nacional de Justicia. B. Solicitar redistribución directa al Ministerio de Finanzas. C. Solicitar revisión técnica ante el Consejo Nacional de Competencias. D. Convocar consulta popular provincial sobre redistribución fiscal.

49.- Un GAD cantonal incluye ingresos de autogestión como base para asumir nuevas competencias. Según el COOTAD y principios fiscales, ¿qué problema puede derivarse de este criterio?. A. Contraviene el principio de progresividad. B. Invalida la asignación por el principio de equidad. C. Genera desequilibrio entre ingresos permanentes y no permanentes. D. Afecta la legalidad de sus tributos locales.

50.- Un cabildo abierto aprueba de forma vinculante una priorización de obras, pero el alcalde municipal decide modificarla por criterios técnicos. ¿Cuál sería el enfoque más adecuado para evaluar la legalidad de esta decisión?. A. La decisión del alcalde es válida si fue consultada al Ministerio del ramo. B. La participación ciudadana no puede interferir con el plan operativo. C. Se vulnera el derecho a la participación efectiva si no hay justificación técnica pública. D. El cabildo no tiene efecto legal sobre la inversión pública.

51.- Las auditorías internas gubernamentales deben realizarse conforme a normas técnicas y principios éticos internacionales y nacionales; sus resultados se comunican a la máxima autoridad institucional para la toma de medidas correctivas, y la Contraloría puede supervisar el funcionamiento de estos sistemas de control interno. A. VERDADERO. B. FALSO.

52.- Cada entidad pública en Ecuador está obligada por ley a establecer y mantener un sistema de control interno eficaz, pues recae en la propia institución la responsabilidad primaria de supervisar el uso de sus recursos y corregir desviaciones antes de la intervención de organismos de control externo. A. VERDADERO. B. FALSO.

53.- Las Unidades de Auditoría Interna de los ministerios operan con autonomía técnica y tienen el deber de reportar sus hallazgos tanto a la máxima autoridad de su entidad como a la Contraloría General del Estado. (Verdadero). A. VERDADERO. B. FALSO.

54.- La Contraloría General del Estado ejerce facultades de control previo sobre la gestión pública, incluyendo la revisión y aprobación obligatoria de determinados actos administrativos antes de su ejecución, como parte de su rol fiscalizador. A. VERDADERO. B. FALSO.

55.- Una auditoría de cumplimiento legal en el sector público tiene como objetivo verificar que las operaciones de una entidad se ajusten estrictamente a la normativa aplicable, a diferencia de una auditoría de gestión, que evalúa la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos para el logro de objetivos institucionales. VERDADERO. FALSO.

56.- Los informes de auditoría externa emitidos por la Contraloría General del Estado se limitan a detallar hallazgos de irregularidades y las responsabilidades determinadas, sin incluir recomendaciones de mejora ni sugerencias de acciones correctivas. . VERDADERO. FALSO.

57.- Conforme al artículo 42 de la LOSEP, conductas como salir unos minutos de la institución sin autorización, usar indebidamente el uniforme o desobedecer una instrucción legítima del superior constituyen faltas graves que conllevan directamente la destitución del servidor público, sin necesidad de seguir el sumario administrativo establecido para las sanciones leves. VERDADERO. FALSO.

58.- Un examen especial es un tipo de auditoría específica que la Contraloría practica sobre un aspecto puntual o un período acotado de la gestión pública, por lo que no abarca una revisión integral de toda la institución, sino que se focaliza en posibles áreas de riesgo o de denuncia. VERDADERO. . FALSO.

59.- El ciclo de una auditoría gubernamental, que incluye fases de planificación, ejecución, informe, recomendaciones y seguimiento, garantiza que las observaciones detectadas sean subsanadas, ya que la Contraloría está facultada para obligar a las entidades auditadas a implementar sus recomendaciones, incluso imponiendo multas si estas no se cumplen. VERDADERO. FALSO.

60.- La Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública establecen que las compras estatales deben regirse por principios como transparencia, igualdad, calidad, responsabilidad, eficiencia y economía; por lo tanto, la violación de estos principios en un proceso de contratación puede acarrear la nulidad del acto y responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados. VERDADERO. FALSO.

61.- El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) supervisa los procesos de compras públicas y administra el Registro Único de Proveedores del Estado; entre sus atribuciones está la potestad de suspender o inhabilitar a contratistas que incurran en irregularidades graves, complementando así la labor de control que ejerce la Contraloría. VERDADERO. FALSO.

62.- En los estados de emergencia, las contrataciones públicas realizadas por las entidades estatales no están sujetas a fiscalización por parte de la Contraloría General, pues la situación excepcional autoriza prescindir tanto de los procedimientos ordinarios de licitación como del control posterior. VERDADERO. FALSO.

63.- Si en un examen especial la Contraloría determina que un contratista privado recibió pagos indebidos en un contrato público, puede establecer una responsabilidad civil y emitir una glosa para que dicho contratista (aunque no sea funcionario público) devuelva los valores indebidamente percibidos. VERDADERO. FALSO.

64.- Un alcalde adjudica directamente, sin concurso, un contrato municipal a la empresa de su hermano alegando falsamente una situación de emergencia. En este caso hipotético concurren varias infracciones: se vulneran los principios de transparencia e igualdad de la contratación (falta administrativa), existe un posible perjuicio al Estado (responsabilidad civil) y, de verificarse el dolo al favorecer a un familiar con fondos públicos, podría configurarse indicio de responsabilidad penal por peculado. VERDADERO. FALSO.

65.- Durante una auditoría a un proyecto estatal, la Contraloría descubre que funcionarios aprobaron pagos por obras no ejecutadas, generando un desembolso injustificado de fondos públicos. En tal situación, la Contraloría está facultada para predeterminar responsabilidad civil culposa contra los funcionarios involucrados por el monto del perjuicio y, adicionalmente, tiene el deber de comunicar a la Fiscalía la existencia de un posible delito de peculado. VERDADERO. FALSO.

66.-La Constitución ecuatoriana proclama que ningún servidor público está exento de responsabilidades por sus actos u omisiones en el manejo de fondos o bienes del Estado, debiendo responder administrativa, civil y penalmente según corresponda; por tanto, un mismo hecho puede dar lugar simultáneamente a sanciones administrativas, al pago de indemnizaciones (glosas) y a un proceso penal si configura delito. VERDADERO. FALSO.

67.- Un servidor público que ejecutó una orden ilegal de su superior jerárquico no puede exonerarse de responsabilidad alegando obediencia debida, ya que la normativa vigente dispone que la responsabilidad es personal y no se extingue por seguir órdenes superiores. VERDADERO. FALSO.

68.- Para que exista responsabilidad civil culposa determinada por la Contraloría, debe probarse que el servidor actuó u omitió con negligencia causando un perjuicio económico al Estado; la consecuencia típica es la emisión de una glosa u orden de reintegro por el monto del daño, que el responsable deberá pagar. VERDADERO. FALSO.

69.- La responsabilidad administrativa determinada por la Contraloría se refiere a infracciones de normas o deberes funcionariales y puede conllevar sanciones como multas o destitución; esta responsabilidad es independiente de la esfera penal, por lo que una sanción administrativa no impide que por los mismos hechos se inicie un proceso penal si constituyen delito. VERDADERO. FALSO.

70.- Las sanciones impuestas por la Contraloría General del Estado (como destituciones, multas o glosas) se ejecutan de forma inmediata, aun cuando el servidor afectado conserve el derecho de impugnarlas ante el Contralor (en sede administrativa) y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. VERDADERO. FALSO.

71.- La Contraloría General del Estado evalúa los sistemas de control interno de las entidades públicas como parte de su función rectora: emite Normas de Control Interno de obligatorio cumplimiento, supervisa su aplicación a través de las Unidades de Auditoría Interna de cada institución y puede disponer medidas correctivas o incluso determinar responsabilidades a la máxima autoridad de la entidad que incumpla con implementar un adecuado control interno. VERDADERO. FALSO.

72.- Los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, al estar considerados delitos contra la administración pública, son imprescriptibles según la Constitución ecuatoriana, lo cual significa que la acción penal para perseguirlos no caduca con el tiempo. VERDADERO. FALSO.

73.- Un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría vincula a la Fiscalía General del Estado, la cual está obligada a acusar formalmente al funcionario implicado en base a dicho informe. VERDADERO. FALSO.

74.- Si la Contraloría determina responsabilidad administrativa con destitución en contra de un Ministro de Estado en funciones, corresponderá al Presidente de la República ejecutar dicha destitución, dado que es la autoridad nominadora del ministro; en este sentido, la orden de destitución de la Contraloría se canaliza a través de la máxima autoridad competente. VERDADERO. FALSO.

75.- La responsabilidad administrativa disciplinaria, regulada por la LOSEP y el COA, se sustancia en procedimientos administrativos internos en cada institución pública y sus sanciones (amonestaciones, suspensiones, destitución, etc.) son impuestas por la propia entidad empleadora, sin intervención directa de la Contraloría General en ese proceso. VERDADERO. . FALSO.

76.- Las faltas leves o de carácter puramente disciplinario (por ejemplo, incumplimiento de horarios o negligencias menores) cometidas por un servidor público son materia del régimen disciplinario interno de su institución y no de la Contraloría, cuyo control se enfoca en irregularidades que comprometen el interés público o los recursos estatales. VERDADERO. FALSO.

77.- La Función de Transparencia y Control Social, establecida como “quinto poder” por la Constitución de 2008, agrupa organismos autónomos (Contraloría General, CPCCS, Defensoría del Pueblo, Superintendencias) dedicados a la vigilancia de la gestión pública; sus titulares integran un Comité de Coordinación que formula políticas de transparencia y planes anticorrupción, sin que ello suponga subordinación jerárquica entre dichos órganos, pues cada cual mantiene independencia en el ejercicio de sus competencias. VERDADERO. FALSO.

78.- La Constitución y la ley facultan al CPCCS para impulsar la participación ciudadana y el control social, incluso investigando denuncias de corrupción: el CPCCS puede coordinar veedurías ciudadanas, requerir información a cualquier entidad pública y emitir informes con indicios de responsabilidad; es más, está legitimado para actuar como parte procesal e impulsar acciones judiciales en casos de corrupción, aunque carece de potestad para sancionar directamente a los funcionarios involucrados. VERDADERO. FALSO.

79.- Antes de dictar una resolución sancionatoria, la Contraloría General del Estado debe haber notificado al presunto responsable un oficio de predeterminación de responsabilidad, detallando los hechos observados y la norma presuntamente infringida, y otorgándole un plazo (por ejemplo, 30 días) para presentar sus pruebas de descargo y alegatos de defensa. VERDADERO. FALSO.

80.- La fase de predeterminación en el procedimiento de la Contraloría actúa como un filtro jurídico: si el informe de auditoría carece de sustento técnico o legal suficiente, la Contraloría debe abstenerse de formular cargos y archivar el caso, garantizando que ningún servidor sea sancionado con base en evidencias débiles o obtenidas irregularmente. VERDADERO. FALSO.

81.-Las resoluciones de la Contraloría que establecen responsabilidades tienen la calidad de actos administrativos ejecutivos: son obligatorias y ejecutables sin necesidad de intervención judicial previa, aunque puedan ser luego revisadas por jueces en sede contencioso-administrativa. VERDADERO. FALSO.

82.- Si un servidor público notificado con una predeterminación de responsabilidad de la Contraloría no presenta descargos ni pruebas en el plazo previsto, la Contraloría puede presumir ciertos hechos como no controvertidos y continuar el proceso hacia la resolución final, sin que ello releve a la institución de motivar debidamente su decisión sancionatoria. VERDADERO. FALSO.

83.- La Constitución ecuatoriana de 2008 consagra que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público” y crea la Función de Transparencia y Control Social, que integra a la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias y el CPCCS con el fin de promover la transparencia y combatir la corrupción. VERDADERO. FALSO.

84.- Conforme a la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designa a la Procuradora o Procurador General del Estado y a las primeras autoridades de las superintendencias, a partir de ternas enviadas por la Presidencia de la República. VERDADERO. FALSO.

85.- Las veedurías ciudadanas, reconocidas por la ley e impulsadas por el CPCCS, permiten que ciudadanos fiscalicen determinados procesos públicos (como una contratación importante o la ejecución de una obra); aunque los informes de las veedurías no son vinculantes, sus hallazgos pueden servir para que las autoridades competentes (Contraloría, Fiscalía) inicien investigaciones formales. VERDADERO. FALSO.