D. Administrativo I - Tema 10

Señale la afirmación incorrecta: La existencia de un distinto nivel de autonomía local o una autonomía local de diferente intensidad en los municipios, por un lado, y las provincias, por otro lado, se justifica en que el gobierno municipal tiene una mayor legitimación democrática que le reconoce el art. 140 CE, porque tanto el alcalde como los concejales tienen que ser elegidos por sufragio directo de los vecinos mientras que para las provincias solo se reconoce que su gobierno ha de tener carácter representativo. Es incompatible con la legitimación democrática exigida por el art. 140 CE que formen parte de la Junta de gobierno local individuos que no tengan la condición de concejales, aunque sean minoría en este órgano. La especial legitimación democrática del gobierno municipal ha justificado que la doctrina constitucional haya relativizado el principio de reserva de ley para que los municipios puedan aprobar ordenanzas fiscales y sancionadoras.

El conflicto en defensa de la autonomía local: Responde a la exigencia de la Carta europea de la autonomía local de dotar a las entidades locales de un recurso jurisdiccional que les permita impugnar las leyes que vulneran su autonomía. Legitima a cualquier entidad local para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Las dos anteriores son correctas.

El conflicto en defensa de la autonomía local: puede interponerse contra disposiciones reglamentarias o actos administrativos. solo puede basarse en la lesión de la autonomía local constitucionalmente garantizada. permite alegar cualquier motivo de inconstitucionalidad aunque no guarde relación con la autonomía local.

Pueden ser objeto del conflicto en defensa de la autonomía local regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: las leyes estatales y autonómicas. las leyes estatales y autonómicas, así como las disposiciones reglamentarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. las leyes estatales y autonómicas, así como las disposiciones reglamentarias y los actos administrativos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

En relación con la legitimación para plantear un conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, cuando la ley objeto del conflicto afecta a un conjunto de municipios, se requiere contar como mínimo con: La mitad de los municipios afectados que representen a la mitad de la población oficial afectada. Un tercio de los municipios afectados que representen a un cuarto de la población oficial afectada. Un séptimo de los municipios afectados que representen a un sexto de la población oficial afectada.

La tesis de la autonomía institucional provincial como mantenimiento de la institución en términos recognoscibles: No impidió que se considerara plenamente constitucional la Ley catalana que, en su deseo de impulsar la comarca como entidad local supramunicipal, ordenó la transferencia de todas las competencias de las diputaciones provinciales a la Generalidad de Cataluña. No impidió que se considerara plenamente constitucional la asunción por las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra de todas las competencias que en el régimen ordinario correspondían a las diputaciones provinciales. Permitió la declaración de inconstitucionalidad del precepto del Estatuto de Autonomía de Canarias que eliminó a las provincias de la organización territorial de la Comunidad Autónoma porque, según el Tribunal Constitucional, el hecho de tener las Islas como entidades locales no permitía eliminar a la provincia como entidad local.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, las determinaciones de los estatutos de autonomía en materia de régimen local: no pueden existir y son siempre inconstitucionales. solo vinculan al legislador autonómico y no pueden desplazar la competencia básica del Estado. prevalecen siempre sobre las bases estatales.

¿Debe el legislador autonómico respetar el modelo de control de la actividad local que ha establecido la Ley de Bases de Régimen Local?. Sí, debe hacerlo. No necesariamente, porque puede establecer controles adicionales más intensos. No, porque dicho modelo de control de la actividad local es un límite para la Administración de las Comunidades Autónomas, que debe respetarlo, pero no es un límite para el legislador autonómico.

Las competencias municipales: Se atribuyen por el legislador estatal y autonómico, cada uno dentro de sus competencias, conforme al principio, entre otros, de subsidiariedad que implica que deben ejercer las competencias los niveles inferiores y las administraciones superiores solo pueden intervenir cuando se acredite que las entidades locales no pueden dar satisfacción a la tarea requerida. El art. 25 de la ley de bases de régimen local enumera las materias para las que el legislador básico estatal ha identificado que existe un interés prioritariamente municipal. Pero la intensidad y el alcance de la competencia municipal habrá de definirse de acuerdo con los principios de eficiencia, sostenibilidad y estabilidad presupuestaria. Los municipios solo pueden ejercer las competencias atribuidas por el legislador estatal o autonómico ya que se ha eliminado la habilitación que contenía la ley de bases de régimen local para ejercer otras competencias complementarias.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en relación con las competencias propias de los municipios puede afirmarse con carácter general que: están previstas en el artículo 148 de la Constitución. sólo pueden atribuirse a los municipios por el legislador autonómico. se les atribuyen a los municipios por el legislador estatal o autonómico según la materia o actividad de que se trate.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local en relación con las competencias delegadas en los municipios puede afirmarse con carácter general que. se ejercen con la misma autonomía que las competencias propias. se ejercen con menor autonomía que las competencias propias porque las Administraciones delegantes pueden dirigir y controlar su ejercicio. se ejercen con menor autonomía que las competencias propias porque la delegación es obligatoria y en ningún caso requiere su aceptación por el municipio.

En relación con el Padrón municipal: constituye prueba del domicilio habitual y el lugar donde el Ayuntamiento debe realizar todas las notificaciones sin que el vecino pueda designar otra distinta a estos efectos. sólo los españoles y extranjeros comunitarios pueden inscribirse en el padrón por cuanto son los únicos que pueden votar en las elecciones municipales. las dos anteriores son incorrectas.

Para que un municipio que supere los 75.000 habitantes y presente circunstancias especiales pueda acceder al régimen de municipios de gran población: basta con que lo decida el propio ayuntamiento. se requiere que así lo decida la asamblea legislativa correspondiente, a iniciativa del respectivo ayuntamiento. es suficiente con cumplir el requisito poblacional, sin necesidad de más trámites.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, en un municipio de régimen general, ¿a qué órgano municipal corresponde aprobar los acuerdos de creación de órganos desconcentrados?. Al Alcalde. Al Pleno. A la Junta de Gobierno Local.

En relación con los municipios de gran población, y, en concreto, en relación con la composición de la junta de gobierno local puede afirmarse que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: No es posible que formen parte de la junta de gobierno local quienes no sean concejales. Es posible que formen parte de la junta de gobierno local quienes no sean concejales, aunque como mínimo un tercio de sus integrantes deben ser concejales. Es posible que formen parte de la junta de gobierno local quienes no sean concejales, aunque como mínimo dos tercios de sus integrantes deben ser concejales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, en un municipio de régimen general, las competencias del Pleno. pueden ser todas delegadas en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local. pueden ser todas delegadas en la Junta de Gobierno Local. ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con los municipios de régimen general puede afirmarse que, en los municipios de más de 20.000 habitantes, el Pleno ha de reunirse. al menos una vez cada quince días. al menos una vez al mes. al menos una vez cada dos meses.

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, en los municipios de régimen general, la jefatura de la policía municipal corresponde. al Alcalde. a la Junta de Gobierno Local. a los distritos.

Diga cuál de las tres afirmaciones es correcta: El criterio para definir a los municipios de gran población es exclusivamente poblacional de manera que cuando alcanzan la población exigida se les aplica obligatoriamente este régimen y cuando la pierden vuelven al régimen común. La aplicación del régimen de municipio de gran población es siempre voluntaria: pueden solicitarlo los municipios que reúnen las condiciones legalmente establecidas. Ninguna de las anteriores es correcta.

Sobre las entidades locales de ámbito inferior al municipal: El legislador ha prohibido la creación de nuevas entidades locales supramunicipales con personalidad jurídica, pero permite que se mantengan las ya creadas. El vigente art. 3 de la Ley de bases de régimen local dice que son entidades locales las entidades de ámbito inferior al municipal que reconozcan las Comunidades autónomas. El legislador estatal ha prohibido la existencia de entidades locales menores con personalidad jurídica por lo que todas las que existían han tenido que extinguirse.

En relación con los municipios de gran población puede afirmarse que: El criterio a tener en cuenta para su creación es exclusivamente el de la población. Cuando un municipio, que se ha convertido en municipio de gran población porque tiene más de 250.000 habitantes, disminuye su población por debajo de esta cifra, deja de tener la consideración de municipio de gran población. La aplicación del régimen de municipio de gran población en algunos casos es automática, pero en otros hace falta un acuerdo de los parlamentos autonómicos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, el plan provincial de cooperación a las obras y servicios municipales se aprueba. por el Pleno de la Diputación. por el Presidente de la Diputación. por la Junta de Gobierno de la Diputación.