D.ADMN II🟨

174. Según el art. 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A. En cualquier momento del procedimiento. B. Contra los actos definitivos exclusivamente. C. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo. D. En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano instructor.

175. ¿Cuál es un límite básico para cualquier subvención?. A. El principio de concurrencia. B. La justificación de la realización de la actividad subvencionada. C. La competencia del órgano que otorga la subvención. D. Su importe nunca puede superar el coste de la actividad subvencionada.

176. El presupuesto imprescindible de la expropiación forzosa es: A. La necesidad de ocupación. B. El justiprecio. C. La declaración de urgencia. D. La declaración de utilidad pública o interés social.

177. Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: A. Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. B. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. C. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante. D. Que se rige por la legislación vigente al momento de su nacimiento en lugar del régimen correspondiente al momento de la expropiación.

178. La ocupación de un terreno demanial en una zona portuaria para la instalación de una nave para el mantenimiento de embarcaciones privadas es un uso privativo del dominio público que requiere: A. Una autorización administrativa por la Autoridad Portuaria. B. Una declaración responsable ante la Autoridad Portuaria. C. Un contrato de concesión de servicios licitado por la Autoridad Portuaria. D. Una concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria.

179. En los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la demora en resolver en el plazo legalmente establecido supone: A. La desestimación de la reclamación por silencio administrativo negativo. B. La estimación de la reclamación por silencio administrativo positivo. C. La caducidad del procedimiento, sin perjuicio de reiniciarlo si no ha prescrito la acción. D. El inicio del plazo improrrogable de seis meses para interponer recurso contencioso-administrativo.

180. La usucapión o prescripción adquisitiva es aplicable y alcanza a las siguientes categorías de bienes públicos. A. Bienes demaniales. B. Bienes mostrencos. C. Bienes patrimoniales. D. Bienes demaniales y patrimoniales por igual.

181. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, como norma general, según el art. 30.2 de la Ley 40/2015?. A. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. B. Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. C. Desde el día en que se notifique la infracción que se hubiera cometido. D. Desde el día siguiente en que se notifique la infracción que se hubiera cometido.

182. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: A. Estimatorio. B. Desestimatorio. C. Caducidad. D. Allanamiento.

183. Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada cuando: A. Su valor estimado es igual o superior a 5.382.000 €. B. La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato. C. Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 5.382.000 €. D. Su valor estimado es igual o superior a 2.000.000 €.

184. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter: A. Allanamiento. B. Caducidad. C. Desestimatorio. D. Estimatorio.

185. En el ámbito expropiatorio, el pago del justiprecio: A. Deberá hacerse en el plazo de 8 meses tras la determinación. B. Deberá hacerse en el plazo de 3 meses tras la determinación. C. Deberá hacerse en el plazo de 6 meses tras la determinación. D. Deberá hacerse en el plazo de 1 año tras la determinación.

186. Entre las formas de gestión indirecta de los servicios públicos se incluyen: A. Gestión indiferenciada. B. Concesión. C. Organismo autónomo local. D. Entidad pública empresarial.

187. ¿Cuál es el procedimiento habitual o preferente para adjudicar un contrato como regla general?. A. El procedimiento abierto y/o el restringido. B. El procedimiento negociado. C. El contrato menor o adjudicación directa. D. El procedimiento de emergencia.

188. El cambio de titularidad pública o la variación del uso principal de un bien demanial es un supuesto típico de: A. Mutación demanial. B. Desafectación. C. Pérdida de la condición demanial. D. Afectación.

189. En los supuestos de inactividad material de la Administración, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: A. En el plazo de tres meses. B. En el plazo de los 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. C. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. D. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho.

190. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo, ¿puede la Administración resolver tardíamente?. A. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio. B. Sí, pero solo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. C. Sí, pero solo en los supuestos de silencio positivo. D. No, el silencio administrativo lo impide.

191. La autotutela declarativa de la Administración supone: A. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin auxilio judicial ni consentimiento del destinatario. B. La potestad de ejecutar los actos sin auxilio judicial. C. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. D. La potestad de revocar sus propios actos.

192. La usucapión o prescripción adquisitiva es aplicable y alcanza a las siguientes categorías de bienes públicos: A. Bienes patrimoniales. B. Bienes demaniales. C. Bienes demaniales y patrimoniales por igual. D. Bienes mostrencos.

193. Señale cuál de estos supuestos excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración: A. La intervención concurrente de varias Administraciones públicas. B. El funcionamiento normal de los servicios públicos. C. La concurrencia de varias causas entre las que figure la culpa del interesado. D. La fuerza mayor.

194. Se consideran contratos SARA, conforme a los artículos 19 y ss. de la Ley de Contratos del Sector Público: A. Los contratos de obra, servicios y suministros que superen determinados umbrales económicos. B. Los contratos de concesión de obra o de servicios adjudicados o subvencionados por un poder adjudicador que superen determinados umbrales. C. Los contratos típicos adjudicados o subvencionados por un poder adjudicador siempre que superen umbrales. D. Los contratos típicos adjudicados por un poder adjudicador que sea Administración.

195. Un requisito esencial para el otorgamiento de cualquier subvención es: A. La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada. B. La conservación de la documentación acreditativa. C. La necesaria cobertura presupuestaria. D. El reintegro por incumplimiento.

196. ¿Cuál es un límite básico para cualquier subvención?. A. La justificación de la actividad subvencionada. B. La competencia del órgano que la concede. C. Que su importe no supere el coste de la actividad subvencionada. D. El principio de concurrencia.

197. Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿Qué debe presentar en el Ayuntamiento para comenzar la explotación?. A. Solicitar licencia y esperar resolución. B. Solicitar concesión y esperar resolución. C. Presentar declaración responsable o comunicación previa y comenzar la actividad. D. Presentar declaración responsable y esperar resolución.

198. Durante el mes de agosto no corre el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: A. Salvo habilitación judicial. B. No corre nunca. C. Salvo para el procedimiento de protección de derechos fundamentales. D. Salvo para tramitar una cuestión de ilegalidad.

199. Contra el acto definitivo que resuelve una reclamación de responsabilidad patrimonial, cabe: A. Recurso de alzada. B. Recurso extraordinario de revisión. C. Potestativamente reposición y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo. D. Recurso de súplica.

200. En qué supuesto cabe interponer recurso administrativo: A. Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. B. Contra los actos definitivos exclusivamente. C. Contra los actos definitivos y contra los de trámite si estos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. D. Contra los actos firmes.

201. ¿Cuál de los siguientes actos pone fin a la vía administrativa según la Ley 39/2015?. A. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. B. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el art. 112.2 LPAC. C. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. D. Todas las anteriores.

202. El plazo para la interposición del recurso de alzada contra un acto expreso es: A. 20 días. B. 1 mes. C. 2 meses. D. 3 meses.

203. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo: A. El órgano competente debe suspender necesariamente la ejecución del acto si puede causar perjuicios irreparables. B. El órgano competente podrá suspender la ejecución del acto si pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. C. El órgano competente debe suspender la ejecución del acto cuando así lo determine el Consejo de Estado. D. La suspensión es automática en todo caso.

204. Contra un acto firme en vía administrativa: A. No cabe ningún tipo de recurso. B. Cabe recurso potestativo de reposición. C. Cabe recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley. D. Solo cabe recurso contencioso-administrativo.

205. En cuál de estos supuestos es indispensable la motivación del acto administrativo: A. Cuando se acuerde la petición de informes. B. Cuando se reitere el criterio seguido en actos precedentes. C. Cuando se dicte en ejercicio de potestades discrecionales. D. Cuando se admita a trámite un recurso.

206. Según el art. 107.2 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad: A. No exige audiencia a los interesados. B. Exige audiencia solo a los representantes de los interesados. C. Exige audiencia a cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. D. No exige ningún trámite previo.

207. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: A. Nulos de pleno derecho en todo caso. B. Anulables, salvo los que incurran en desviación de poder. C. Anulables, incluso los que incurran en desviación de poder. D. Irregulares pero válidos.

208. En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio administrativo: A. Es siempre positivo. B. Es siempre negativo. C. Es negativo como regla general, produciendo el archivo del procedimiento. D. Es negativo como regla general, produciéndose la caducidad cuando se ejerza potestad sancionadora.

209. El cómputo de los plazos por meses en vía administrativa se realiza: A. Excluyendo sábados, domingos y festivos. B. Excluyendo los días inhábiles. C. De fecha a fecha. D. Contando únicamente días hábiles en el domicilio del interesado.

210. En los supuestos de silencio administrativo, el recurso contencioso-administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde la notificación. B. En el plazo de seis meses desde que se produce el acto presunto. C. En el plazo de tres meses. D. No cabe recurso contencioso-administrativo.

211. El principio de tipicidad en el régimen sancionador exige: A. La prohibición de duplicidad de sanciones. B. La completa descripción de las conductas constitutivas de infracción. C. La previsión de infracciones y sanciones mediante norma con rango de ley. D. Que las sanciones sean proporcionadas a la gravedad de los hechos.

212. En los procedimientos sancionadores, las sanciones administrativas: A. Pueden ser privativas de libertad. B. No pueden consistir en la privación de derechos. C. No son ejecutivas hasta que sean firmes. D. Son ejecutivas, salvo que se interponga recurso contencioso-administrativo.

213. La autotutela ejecutiva de la Administración implica: A. Interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. Ejecutar los actos administrativos sin necesidad de auxilio judicial. C. Revocar libremente sus propios actos. D. Suspender automáticamente los actos recurridos.

214. La caducidad del procedimiento administrativo: A. Produce la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. B. Produce la anulabilidad del acto administrativo. C. No produce por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. D. Produce siempre la prescripción de las acciones.

215. El desistimiento del interesado en el procedimiento administrativo: A. Impide iniciar un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto. B. Produce la terminación del procedimiento, salvo que se trate de procedimientos sancionadores. C. Produce la terminación del procedimiento, salvo que la Administración acuerde su continuación por razones de interés general. D. Requiere siempre la aceptación expresa de la Administración.

216. La renuncia a derechos por los interesados: A. Está prohibida en todo caso. B. Solo es posible cuando no esté prohibida por el ordenamiento jurídico ni sea contraria al interés público. C. Solo es posible en procedimientos iniciados de oficio. D. Produce automáticamente la nulidad del procedimiento.

217. El trámite de audiencia: A. Es obligatorio en todos los procedimientos administrativos. B. Puede omitirse cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las del interesado. C. Solo se concede en los procedimientos sancionadores. D. Se realiza siempre antes de la propuesta de resolución.

218. La prueba en el procedimiento administrativo: A. Solo se admite la prueba documental. B. Se admiten únicamente los medios de prueba previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. C. Puede practicarse por cualquier medio admisible en Derecho. D. Solo procede cuando lo solicite el interesado.

219. El plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo: A. Es siempre de tres meses. B. Es siempre de seis meses. C. Será el fijado por la norma reguladora del procedimiento y, en su defecto, de tres meses. D. Será el fijado por la norma reguladora del procedimiento y, en su defecto, de seis meses.

220. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo: A. Solo puede acordarse a solicitud del interesado. B. Puede acordarse de oficio o a solicitud del interesado, antes del vencimiento del plazo. C. Puede acordarse una vez vencido el plazo inicial. D. Solo cabe en procedimientos iniciados de oficio.

221. La ejecución forzosa de los actos administrativos: A. Requiere siempre autorización judicial previa. B. Puede realizarse mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. C. Solo puede realizarse mediante multa coercitiva. D. No procede frente a actos firmes.

222. La compulsión sobre las personas: A. Es el medio normal de ejecución forzosa. B. Solo puede utilizarse cuando una ley lo autorice expresamente y respetando la dignidad de la persona. C. Puede aplicarse libremente por la Administración. D. Requiere siempre autorización judicial.

223. El recurso potestativo de reposición: A. Es obligatorio antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. B. Se interpone contra actos que no ponen fin a la vía administrativa. C. Se interpone contra actos que ponen fin a la vía administrativa. D. Tiene un plazo de interposición de dos meses.

224. El plazo para interponer el recurso potestativo de reposición contra un acto expreso es: A. 15 días. B. 1 mes. C. 2 meses. D. 6 meses.

225. El recurso extraordinario de revisión: A. Puede interponerse contra cualquier acto administrativo. B. Puede interponerse contra actos firmes en vía administrativa por causas tasadas. C. Sustituye al recurso de alzada. D. Tiene un plazo general de dos meses.

226. La revisión de oficio de los actos anulables: A. No es posible en ningún caso. B. Solo puede realizarse dentro del plazo de cuatro años. C. Solo puede realizarse previa declaración de lesividad. D. Requiere dictamen favorable del Consejo de Estado en todo caso.

227. La declaración de lesividad: A. Permite a la Administración anular directamente el acto. B. Permite impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. C. Produce automáticamente la nulidad del acto. D. Solo procede respecto de actos nulos de pleno derecho.

228. Los actos administrativos favorables: A. Pueden revocarse libremente en cualquier momento. B. Solo pueden revocarse cuando sean nulos de pleno derecho. C. No pueden ser revocados cuando constituyan derechos subjetivos. D. Pueden revocarse aunque vulneren el principio de confianza legítima.

229. La resolución administrativa: A. Puede ser verbal en todo caso. B. Debe decidir todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas derivadas del procedimiento. C. No puede pronunciarse sobre cuestiones no alegadas por los interesados. D. Solo puede dictarse cuando el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado.

230. La motivación de los actos administrativos: A. Es obligatoria en todos los actos administrativos. B. Solo es obligatoria cuando así lo solicite el interesado. C. Es obligatoria, entre otros casos, cuando se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. D. Nunca es obligatoria en actos discrecionales.

231. El principio de inderogabilidad singular: A. Permite excepcionar reglamentos mediante actos administrativos singulares. B. Impide que los reglamentos sean modificados por actos administrativos. C. Se aplica exclusivamente a las leyes. D. Afecta únicamente a las disposiciones sancionadoras.

232. Los reglamentos administrativos: A. Pueden derogar leyes. B. Tienen rango inferior a la ley y superior al acto administrativo. C. No pueden ser objeto de control judicial. D. Solo pueden dictarse por el Consejo de Ministros.

233. La nulidad de pleno derecho de los reglamentos: A. No existe en el ordenamiento jurídico español. B. Solo se produce cuando vulneran normas de rango inferior. C. Se produce cuando vulneran la Constitución, las leyes u otras normas de rango superior. D. Produce efectos únicamente hacia el futuro.

234. En la contratación del sector público, el principio de publicidad implica: A. La negociación directa con los licitadores. B. La transparencia y difusión de las licitaciones. C. La adjudicación automática al licitador más antiguo. D. La exclusión de la contratación electrónica.

235. Son contratos administrativos típicos: A. El contrato de compraventa entre particulares. B. El contrato de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. C. El contrato de arrendamiento urbano. D. El contrato laboral del personal funcionario.

236. El contrato menor: A. No requiere ningún tipo de tramitación. B. Puede utilizarse para eludir los principios de concurrencia. C. Tiene límites cuantitativos y exige justificación de la necesidad. D. Solo puede celebrarse por las Entidades Locales.

237. La prerrogativa de interpretación unilateral del contrato corresponde: A. Al contratista. B. A los tribunales de justicia. C. A la Administración contratante. D. Al Consejo de Estado.

238. La resolución del contrato administrativo: A. Solo puede producirse por incumplimiento del contratista. B. Puede producirse por causas imputables a la Administración o al contratista. C. No genera nunca derecho a indemnización. D. Requiere siempre sentencia judicial.

239. Los bienes de dominio público: A. Son enajenables libremente. B. Son imprescriptibles, inalienables e inembargables. C. Pueden adquirirse por usucapión. D. Carecen de afectación a un uso o servicio público.

240. La afectación de un bien al dominio público: A. Supone su pérdida de titularidad pública. B. Implica su vinculación a un uso general o servicio público. C. Solo puede realizarse mediante ley formal. D. Produce automáticamente su desafectación.

241. La mutación demanial: A. Supone la pérdida de la condición de bien demanial. B. Implica el cambio de destino del bien dentro del dominio público. C. Solo puede producirse por enajenación. D. Transforma el bien en patrimonial.

242. La jurisdicción contencioso-administrativa: A. Controla exclusivamente la actividad reglamentaria. B. Controla la actuación administrativa sujeta al Derecho administrativo. C. No controla la inactividad de la Administración. D. Solo conoce de recursos contra actos expresos.

243. Están legitimados para interponer recurso contencioso-administrativo: A. Solo las Administraciones Públicas. B. Cualquier ciudadano sin interés legítimo. C. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. D. Únicamente los interesados en el procedimiento administrativo previo.

244. El plazo general para interponer recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso es: A. 15 días. B. 1 mes. C. 2 meses. D. 6 meses.

245. La sentencia en el proceso contencioso-administrativo: A. Solo puede ser estimatoria. B. Solo puede ser desestimatoria. C. Puede ser estimatoria, desestimatoria o de inadmisión. D. No produce efectos frente a terceros.