¿Cuántas Comunidades Autónomas tienen en la actualidad disposiciones de naturaleza civil propias o forales?: 4 5 6.
¿Qué Comunidades Autónomas tienen en la actualidad disposiciones de naturaleza civil propias o forales?: Galicia, Valencia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña. Valencia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña. Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares.
En cuanto al régimen foral vasco: Aplica uniformemente en la provincia de Álava. Aplica en Bilbao. Ninguna de las anteriores.
En cuanto al régimen foral balear: Aplica uniformemente en toda la Comunidad Autónoma. Aplica en las islas de Mallorca y Menorca, y en menor medida en las islas de Ibiza y Formentera. Aplica en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza, y en menor medida en la isla de Formentera.
El artículo 149.1.8 de la Constitución establece que: Las Comunidades Autónomas pueden conservar, modificar y desarrollar los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan o donde se constituyan tras la entrada en vigor de la Constitución. Son transferibles a las Comunidades Autónomas las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. La determinación de las fuentes del derecho es competencia exclusiva del Estado, con respeto a las normas de derecho foral o especial.
Según el artículo 81 de la Constitución: La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Según el artículo 82 de la Constitución: El Congreso podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias reservadas a ley orgánica. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica.
Según el artículo 82 de la Constitución: La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La iniciativa legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La iniciativa legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
Según el artículo 97 de la Constitución: El Gobierno ejerce la función reglamentaria y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la iniciativa reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Respecto a la costumbre: Es una fuente del Derecho de carácter subsidiario. En Navarra se aplica supletoriamente a la ley. Probar la costumbre es siempre necesario.
Respecto a los principios generales del derecho: Son fuente primaria. Son fuente subsidiaria de primer grado. Son fuente subsidiaria de segundo grado.
Respecto a la prueba de la costumbre, según se extrae del artículo 281 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: En todo caso, la prueba de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido. Si una de las partes no alega la costumbre, ni la prueba, el juez debe conocerla y aplicarla igualmente. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.
En lo referente al recurso de casación, y según el artículo 477 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución. Siempre que la cuantía del proceso excediere de 500.000 euros. Cuando la cuantía del proceso no excediere de 500.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.
En lo referente al recurso de casación, y según el artículo 477 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se considerará que un recurso presenta interés casacional: Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de tres años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cuatro años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
En lo referente al recurso de casación, y según el artículo 477 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, habrá de fundarse: Exclusivamente en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. En la infracción de normas procesales propiamente dichas. En las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de las Comunidades Autónomas.
El proceso decisorio de la Unión Europea, basado en el procedimiento de codecisión, requiere la presencia de: El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo.
Respecto al Parlamento Europeo: Sus miembros son elegidos cada 4 años. Hay 751 europarlamentarios. Debate y aprueba la legislación de la Unión Europea junto con el Consejo.
Respecto al Consejo de la Unión Europea: Su sistema de doble mayoría necesita una mayoría de países (que han de representar al menos el 65 %) y una mayoría de la población total de la Unión Europea (que deberá representar al menos el 55 % de la población). Su sistema de doble mayoría necesita una mayoría de países (que han de representar al menos el 55 %) y una mayoría de la población total de la Unión Europea (que deberá representar al menos el 65 % de la población). Su sistema de doble mayoría necesita una mayoría de países (que han de representar al menos el 75 %) y una mayoría de la población total de la Unión Europea (que deberá representar al menos el 65 % de la población).
Respecto al Consejo de la Unión Europea, una minoría de bloqueo la constituyen: 4 países. 5 países. 3 países.
¿Cuál de las siguientes no es una función de la Comisión Europea?: Procurar el debido cumplimiento de la legislación propia de la U.E. Proponer nueva legislación al Parlamento y al Consejo. Debatir y adoptar el presupuesto de la U.E. junto con el Consejo.
En cuanto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Cuenta con 9 abogados generales. Los gobiernos nacionales designan a cada juez y abogado general por un período renovable de seis años. Puede conocer de los litigios entre las Administraciones Púbicas nacionales.
En cuanto a los actos legislativos de la U.E.: El reglamento tendrá un alcance general. No es obligatorio en todos sus elementos. Debe ser transpuesto al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.
En cuanto a los actos legislativos de la U.E., señale la incorrecta: La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Las directivas son obligatorias en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro. Las directivas surten efecto a partir de su notificación a los Estados destinatarios de los mismos, momento en que empieza a correr el plazo de ejecución de la obligación.
Respecto a las decisiones: Son obligatorias y vinculantes para aquéllos a quienes se dirige. Se dirigen exclusivamente a los Estados miembros, no así a particulares. Son sustancialmente iguales que los reglamentos.
En cuanto a los dictámenes y a las recomendaciones, señale la respuesta incorrecta: No son vinculantes, a diferencia de directivas, reglamentos y decisiones. Los dictámenes son actos legislativos obligatorios en todos sus elementos para todos sus destinatarios. Las recomendaciones suelen ser invitaciones a adoptar una conducta determinada.
En cuanto al principio iura novit curia: Significa que los Jueces deben conocer el ordenamiento con el fin de fallar cuantos asuntos les sean planteados en el ejercicio de su función jurisdiccional y sin requerir que los litigantes deban facilitar al Juez la información acerca de las normas aplicables al caso. Aplica siempre, sin excepciones. La a) y la b) son correctas.
En lo referente a la posible inexistencia de normas jurídicas concretas: Se dice que estamos ante una “laguna del Derecho”. Se puede hacer uso de la técnica conocida como “interpretación”, al estar ante una situación de “laguna de ley”. Se puede hacer uso de la técnica conocida como “analogía”.
Dice el párrafo 16 del preámbulo del Decreto 1836/1974, de 31 de mayo (texto articulado del Título preliminar del Código Civil) que: La formulación de un sistema de fuentes implica la exclusión de las lagunas de ley. No ocurre otro tanto con las llamadas lagunas del Derecho, que pueden darse, siendo el medio idóneo y más inmediato de salvarlas la interpretación sistemática. La formulación de un sistema de fuentes implica la exclusión de las lagunas del Derecho. No ocurre otro tanto con las llamadas lagunas de ley, que pueden darse, siendo el medio idóneo y más inmediato de salvarlas la investigación analógica. La formulación de un sistema de fuentes implica la exclusión de las lagunas del Derecho. No ocurre otro tanto con las llamadas lagunas de ley, que pueden darse, siendo el medio idóneo y más inmediato de salvarlas la interpretación sistemática.
Indique la respuesta incorrecta: En la analogía legis, un vacío normativo concreto es rellenado acudiéndose a otra norma concreta y determinada, que da una solución extensible al supuesto carente de regulación. La analogía iuris es una analogía legis pero más sofisticada, danto entrada a la costumbre. La analogía no puede aplicarse a normas penales, excepcionales y temporales.
Cuando se falla un conflicto sobre la base o intuición de lo justo y bueno que pueda tener el aplicador del Derecho se dice que se está fallando en: Plenitud. Justicia. Equidad.
¿Cuál de los siguientes no es un criterio interpretativo según el artículo 3 del Código Civil?: Los antecedentes históricos y legislativos. El espíritu y finalidad de la norma. El orden jerárquico del órgano del cual emana la norma.
Se conoce como vacatio legis: El tiempo que transcurre entre la fecha de publicación de la disposición normativa y la fecha de entrada en vigor de la misma. El tiempo que transcurre entre la fecha de aprobación de la disposición normativa y la fecha de publicación y entrada en vigor de la misma. El tiempo que transcurre entre la fecha de aprobación de la disposición normativa y la fecha de publicación de la misma.
Según el artículo 2 del Código Civil: Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. Las leyes entrarán en vigor a los treinta días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa. Las leyes entrarán en vigor a los diez días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
Según el literal del artículo 2.3 del Código Civil: Las leyes podrán tener efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. Las leyes no podrán tener efecto retroactivo, salvo en los casos en que resulte favorable al afectado. Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario.
Respecto a la retroactividad de una ley, indique la respuesta correcta: Cuando la ley nueva es de aplicación a los efectos de un hecho o acto acaecido con anterioridad a su publicación, se habla de “retroactividad de segundo grado o fuerte”. Cuando la nueva ley se aplica a los efectos producidos, con posterioridad a su entrada en vigor, a causa de un hecho o acto anterior a la misma, se califica como “retroactividad en grado mínimo o débil”. La a) y la b) son correctas.
Indique la respuesta incorrecta según el artículo 1 del Código Civil: Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad, tendrán la consideración de costumbre. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y que resulte probada.
Indique la respuesta incorrecta según el artículo 1 del Código Civil: La costumbre debe ser probada. La costumbre podrá regir aun cuando exista ley aplicable, con carácter complementario. La costumbre no puede ser contraria a la moral o al orden público.
Indique la respuesta incorrecta según el artículo 2 del Código Civil: Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la derogación de una ley recobran vigencia las que ésta hubiere derogado.
Respecto a la retroactividad o irretroactividad de las leyes, indique la respuesta incorrecta: Según el artículo 2.3 del Código Civil, las leyes no tendrán efecto irretroactivo si no dispusiesen lo contrario. Según el artículo 9.3 de la Constitución, ésta garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. La irretroactividad de las leyes está ligada al principio de seguridad jurídica.
Según lo dispuesto en los artículos 8 al 12 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. La posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. La misma ley será aplicable a los bienes muebles. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley personal correspondiente determinada por la nacionalidad de las personas intervinientes.
Según lo dispuesto en el artículo 16.1 del Código Civil, los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según: Las normas comunes. Las normas de Derecho internacional privado. Las normas forales.
Según lo establecido en el artículo 6 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son anulables, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.
Según lo establecido en el artículo 6 del Código Civil, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados: En fraude de ley. En abuso de derecho. En abuso de ley.
En el caso de un matrimonio civil celebrado ante un juez incompetente: Si los dos contrayentes actúan de buena fe y el Juez ejerce públicamente sus funciones, a pesar de su incompetencia, el matrimonio será válido. El matrimonio no podrá ser dado por válido, y el Juez podría enfrentarse a una sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. Si al menos uno de los contrayentes actúa de buena fe y el Juez ejerce públicamente sus funciones, a pesar de su incompetencia, el matrimonio será válido.
Según el artículo 6.2 del Código Civil: La renuncia a un derecho nunca es aplicable. La renuncia a un derecho puede aceptarse, siempre y cuando no contraríe el interés o el orden público ni perjudique a terceros. La renuncia a un derecho puede aceptarse, y sólo en determinados casos tasados por la ley puede perjudicar a terceros.
Se habla de colisión de derechos cuando: Determinados derechos, ostentados por diferente titular, tienen un mismo objeto o un mismo contenido y, consiguientemente, su ejercicio simultáneo resulta imposible o, al menos, parcialmente imposible. Determinados derechos, ostentados por el mismo titular, tienen un mismo objeto o un mismo contenido y, consiguientemente, su ejercicio simultáneo resulta imposible o, al menos, parcialmente imposible. Determinados derechos, ostentados por diferente titular, tienen distintos objetos o distintos contenidos y, consiguientemente, su ejercicio simultáneo resulta imposible o, al menos, parcialmente imposible.
La colisión de derechos y las situaciones de cotitularidad son límites de derechos: Extrínsecos. Intrínsecos. Temporales.
La buena fe y el abuso del derecho son límites de derechos: Extrínsecos. Intrínsecos. Temporales.
Según el artículo 6 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: La ignorancia de las leyes no excusa de su incumplimiento. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
Según el artículo 7 del Código Civil, los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias: De la buena fe. Del respeto a la ley. Del interés general.
Qué doctrina rechaza el ejercicio de un derecho cuando resulta incompatible con la conducta anteriormente observada por su titular respecto del mismo derecho o de las facultades que lo integran?: La doctrina de la buena fe La doctrina del interés general. La doctrina de los propios actos.
Según el artículo 7.2 del Código Civil: Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. La a) y la b) son correctas.
Los particulares pueden dirimir la mayor parte de las controversias que versan sobre Derecho privado a través: De la autotutela. Del arbitraje. De la mediación.
Respecto a la tutela judicial: Según el artículo 24 de la Constitución: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Las normas de orden procesal, si bien tienen que ser respetadas, deben ser consideradas instrumentales. En consecuencia, si el rigor formalista en la aplicación de las normas procesales supone debilitar o sacrificar innecesariamente el derecho subjetivo o el interés legítimo alegado, éstos deben primar sobre aquéllas. La a) y la b) son correctas.
El mecanismo de resolución de conflictos en virtud del cual los interesados en ellos, de común acuerdo y de forma voluntaria, los excluyen del conocimiento de los Jueces y Tribunales por razones de rapidez en la decisión se denomina: Autotutela. Mediación. Arbitraje.
Indique la respuesta incorrecta, teniendo en cuenta el artículo 23 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles: El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes. El mediador informará a las partes del carácter no vinculante del acuerdo alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar su acuerdo como un título ejecutivo. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.
Según el artículo 5 del Código Civil, sobre el cómputo del tiempo, indique la respuesta incorrecta: Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente. Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el primero del siguiente mes.
Según el artículo 5 del Código Civil, sobre el cómputo del tiempo, indique la respuesta correcta: En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste incluido del cómputo, el cual deberá empezar en el mismo día. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el primero del mes siguiente.
Según el artículo 1969 del Código Civil, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones: Cuando haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día siguiente a aquél en que pudieron ejercitarse. Cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día siguiente a aquél en que pudieron ejercitarse.
Según los artículos del 1970 al 1972 del Código Civil, sobre prescripción de obligaciones, indique la respuesta incorrecta: El tiempo para la prescripción de las acciones que tienen por objeto reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital, con interés o renta, corre desde el último pago de la renta o del interés. El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia comienza desde que ésta se dicte. El término de la prescripción de las acciones para exigir rendición de cuentas corre desde el día en que cesaron en sus cargos los que debían rendirlas.
Respecto a la interrupción y la suspensión del plazo de prescripción, indique la respuesta incorrecta: En la interrupción del plazo de prescripción, el plazo se reinicia en el momento exacto en que quedó detenido. La prescripción operará sólo si el beneficiado por ella la alega. Si el beneficiado por la prescripción no alega que ha transcurrido el plazo para el ejercicio eficaz del derecho, podrá ser condenado a cumplir, a pesar de la prescripción y a pesar de que el ejercicio del derecho por su titular sea realmente extemporáneo.
Según el artículo 1955 del Código Civil, sobre la prescripción de las acciones relativa a bienes muebles: El dominio de los bienes muebles se prescribe por la posesión no interrumpida de tres años con buena fe. También se prescribe el dominio de las cosas muebles por la posesión no interrumpida de seis años, sin necesidad de ninguna otra condición. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 1957 del Código Civil, sobre el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles: Se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y treinta entre ausentes, con buena fe y justo título. Se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título. Se prescriben por la posesión durante veinte años entre presentes y treinta entre ausentes, con buena fe y justo título.
Según el artículo 1959 del Código Civil, prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante: Diez años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539. Veinte años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539. Treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el artículo 539.
Según el artículo 1962 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones reales sobre bienes muebles, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio, conforme al artículo 1.955, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de hurto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el párrafo 3.º del mismo artículo citado?: A los seis años de perdida la posesión. A los tres años de perdida la posesión. A los diez años de perdida la posesión.
Según el artículo 1963 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones reales sobre bienes inmuebles?: A los 6 años. A los 10 años. A los 30 años.
Según el artículo 1964 del Código Civil, ¿cuándo prescribe la acción hipotecaria?: A los 15 años. A los 20 años. A los 30 años.
Según el artículo 1965 del Código Civil, ¿cuándo prescribe entre coherederos, condueños o propietarios de fincas colindantes la acción para pedir la partición de la herencia, la división de la cosa común o el deslinde de las propiedades contiguas?: A los 10 años entre presentes, y a los 20 entre ausentes. A los 30 años. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el artículo 1966 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes?:
1.ª La de pagar pensiones alimenticias.
2.ª La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
3.ª La de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves. Al año. A los 3 años. A los 5 años.
Según el artículo 1967 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones de pagar a los Jueces, Abogados, Registradores, Notarios, Escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempeño de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran?: Al año. A los 3 años. A los 5 años.
Según el artículo 1968 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones siguientes?:
1.º La acción para recobrar o retener la posesión.
2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado. Al año. A los 2 años. A los 3 años.
Respecto a la caducidad, indique la respuesta correcta: Los plazos de caducidad son susceptibles de interrupción o suspensión. Los plazos de caducidad no suelen ser breves. La caducidad puede ser declarada judicialmente de oficio.
Según la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que modifica el artículo 1964 del Código Civil, ¿cuándo prescriben las acciones personales que no tengan plazo especial desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación?: A los 3 años. A los 5 años. A los 10 años.
Respecto a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, indique la respuesta incorrecta: La capacidad jurídica no es susceptible de graduaciones o matizaciones. La capacidad de obrar sí permite graduaciones y subdivisiones en atención al tipo de acto que se pretenda realizar. La capacidad jurídica implica la posibilidad, aptitud o idoneidad de una persona natural o jurídica para ejercitar o poner en práctica los derechos u obligaciones que le sean imputables o referibles.
Se define como “estado civil”: La situación permanente (o relativamente estable) o cualidad de la persona que predetermina la capacidad de obrar de ésta. La situación permanente o cualidad de la persona que predetermina la capacidad jurídica de ésta. La situación permanente o cualidad de la persona que predetermina la capacidad de obrar de ésta.
¿Cuál de los siguientes no es un estado civil?: La edad. La nacionalidad y la vecindad civil. La ausencia declarada.
Según el artículo 29 del Código Civil, indique la respuesta correcta: El concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, en todo caso. El nacimiento determina la personalidad. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 30 del Código Civil, la personalidad se adquiere: En el momento del nacimiento, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. En el momento del nacimiento con vida, una vez producido el parcial o entero desprendimiento del seno materno, y transcurridas 24 horas desde el momento del parto. En el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno.
La sustitución fideicomisaria es: Disposición testamentaria por la que el testador encarga al heredero, fideicomisario, que conserve y transmita la herencia a un tercero, llamado fiduciario. El fideicomisario adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del testador, siempre y cuando éste último no muera antes que el fiduciario. Disposición testamentaria por la que el testador encarga al heredero, fiduciario, que conserve y transmita la herencia a un tercero, llamado fideicomisario. El fideicomisario adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque muera antes que el fiduciario. Disposición testamentaria por la que el testador encarga al heredero, fideicomisario, que conserve y transmita la herencia a un tercero, llamado fideicomisario. El fiduciario adquiere derecho a la sucesión desde la muerte del testador, aunque muera antes que el fideicomisario.
Respecto a la comoriencia, según el artículo 33 del Código Civil: Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, no será necesario que quien sostenga la muerte anterior de una o de otra, deba probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo, teniendo lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo, teniendo lugar la transmisión de derechos de uno a otro. Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.
Señale la más correcta: Según el artículo 183 del Código Civil, se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia: Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Pasados cinco años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 190 del Código Civil, para reclamar un derecho en nombre de la persona constituida en ausencia: Es preciso probar que esta persona no existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo. No es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo. Es preciso probar que esta persona existía en el tiempo en que era necesaria su existencia para adquirirlo.
Señale la más correcta: Según el artículo 193 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. Pasados cinco años desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 193 del Código Civil, ¿cuántos años deben transcurrir desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición, para poder declarar el fallecimiento?: 5 años. 10 años. 15 años.
Según el artículo 193 del Código Civil, ¿cuántos años deben transcurrir desde las últimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años?: 3 años. 5 años. 10 años.
Según el artículo 193 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento Cumplidos dos años, contados de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en los que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de seis meses. Cumplido un año, contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de tres meses Cumplidos dos años, contados de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en los que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de seis meses.
Según el artículo 193 del Código Civil, en el de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas: Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado (seis meses de forma general, o tres meses en el caso de siniestro), siempre que hayan pasado tres meses desde la cesación de la subversión. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado (un año de forma general, o seis meses en el caso de siniestro), siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado (un año de forma general, o tres meses en el caso de siniestro), siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que haya transcurrido un año, contado desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido seis meses, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, siempre y cuando hayan transcurrido seis meses desde dichos acontecimientos. De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, siempre y cuando hayan transcurrido tres meses desde dichos acontecimientos. De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que no se tuvieren noticias después de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser identificados, luego que hayan transcurrido: Cuatro días. Seis días. Ocho días.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersión en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido (a), b) o c)) desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje: Un mes. Dos meses. Tres meses.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos haya transcurrido (a), b) o c)) desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Si éste se hiciere por etapas, el plazo indicado se computará desde el punto de despegue del que se recibieron las últimas noticias: Un mes. Dos meses. Tres meses.
Según el artículo 196 del Código Civil, firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito: Hasta tres años después de la declaración del fallecimiento. Hasta cinco años después de la declaración del fallecimiento. Hasta diez años después de la declaración del fallecimiento.
Según el artículo 197 del Código Civil, si después de la declaración de fallecimiento se presentase el ausente o se probase su existencia: Recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan adquirido, pudiendo asimismo reclamar de sus sucesores rentas, frutos y productos obtenidos con los bienes de su sucesión, desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto. No recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y no tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan adquirido, pero sí podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos y productos obtenidos con los bienes de su sucesión, desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto. Recobrará sus bienes en el estado en que se encuentren y tendrá derecho al precio de los que se hubieran vendido, o a los bienes que con este precio se hayan adquirido, pero no podrá reclamar de sus sucesores rentas, frutos ni productos obtenidos con los bienes de su sucesión, sino desde el día de su presencia o de la declaración de no haber muerto.
Según el artículo 199 del Código Civil, quedan sujetos a tutela: Los menores no emancipados en situación de desamparo. Los menores emancipados sujetos a patria potestad. Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.
Según el artículo 212 del Código Civil, respecto a la tutela: Sólo podrán ser tutores las personas físicas. Podrán ser tutores las asociaciones y demás personas jurídicas, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de menores. Podrán ser tutores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la protección y asistencia de menores.
Según el artículo 216 del Código Civil, no podrán ser tutores: Los que por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 223 del Código Civil, la autoridad judicial podrá decretar la remoción a solicitud de la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez. En todo caso será tenida en cuenta su opinión y se le dará audiencia si fuere mayor de: 10 años. 12 años. 14 años.
Según el artículo 224 del Código Civil: Serán aplicables a la tutela, con carácter supletorio, las normas de la curatela. Serán aplicables a la curatela, con carácter supletorio, las normas de la tutela. Serán aplicables a la curatela, con carácter prioritario, las normas de la curatela.
Según el artículo 231 del Código Civil, la tutela no se extingue: Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del beneficio de la mayoría de edad al menor. Por enfermedad grave del tutelado. Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de esta la recupere, o cuando desaparezca la causa que impedía al titular de la patria potestad ejercitarla de hecho.
Según el artículo 234 del Código Civil, el tutor responderá de los daños que hubiese causado al menor por su culpa o negligencia. La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe: Al año contado desde la rendición final de cuentas. A los tres años contados desde la rendición final de cuentas. A los cinco años contados desde la rendición final de cuentas.
Según el artículo 238 del Código Civil, serán aplicables a la guarda de hecho del menor: Con carácter supletorio, las normas de la tutela. Con carácter supletorio, las normas de la curatela. Con carácter supletorio, las normas de la guarda de hecho de las personas con discapacidad.
La emancipación es: La forma que tiene un menor de adquirir capacidad jurídica parcial para actos civiles. La forma que tiene un menor de adquirir capacidad de obrar parcial para actos civiles. La forma que tiene un menor de adquirir capacidad jurídica plena para actos civiles.
Según el artículo 239 del Código Civil, la emancipación tiene lugar (señale la incorrecta): Por la mayor edad, fijada por el artículo 240 a los dieciocho años cumplidos. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. Según el artículo 241, se requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos. Por concesión judicial.
Según el artículo 242 del Código Civil, concedida la emancipación: No podrá ser revocada. Podrá ser revocada antes de que el emancipado cumpla dieciocho años. Podrá ser revocada antes de que el emancipado cumpla diecisiete años.
Según el artículo 243 del Código Civil: Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores no podrán revocar este consentimiento. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de catorce años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores no podrán revocar este consentimiento.
Respecto a los trasplantes de órganos, y según la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos: Es requisito indispensable ser mayor de edad. Puede haber una contraprestación económica en ciertos casos tasados por la ley. La extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos, únicamente en el caso de que éstos hubieran dejado constancia expresa de su no oposición.
Respecto a los derechos fundamentales del honor, la intimidad y la imagen, y según la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, indique la respuesta correcta: Las personas jurídicas de derecho público son titulares del derecho al honor (Sentencia del Tribunal Supremo 408/2016, de 15 de junio). Según el artículo octavo, apartado dos, letra a), el derecho a la propia imagen no impedirá “su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o privado”. Según el artículo octavo, apartado dos, letra b), puede caricaturizarse a una persona, de acuerdo con el uso social.
Respecto a la individualidad de la persona, indique la respuesta incorrecta: El derecho al nombre es un atributo de la personalidad, pero que carece del rango especialísimo de derecho fundamental. La utilización del seudónimo el lícita y admisible, salvo cuando pretenda suplantar o excluir la utilización del nombre en actos de naturaleza oficial o administrativa. Según la Sentencia del Tribunal Supremo 135/2016, de 8 de marzo, la exclusión de hijos extramatrimoniales en la carta de concesión de títulos nobiliarios afecta al principio constitucional de igualdad.
En cuanto a la caracterización general de los derechos de la personalidad: Todos los derechos de la personalidad son personalísimos, pero no todos éstos son derechos de la personalidad. Según el artículo 53.2 de la Constitución: “Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30”. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo noveno, apartado 5, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán: Transcurridos dos años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. Transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. Transcurridos cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.
Según el artículo 175 del Código Civil, la adopción requiere que el adoptante sea mayor de: 22 años. 25 años. 28 años.
Según el artículo 175 del Código Civil, si son dos los adoptantes: Al menos uno de ellos debe ser mayor de 22 años. Los dos deben ser mayores de 24 años. Ninguna de las anteriores.
Según el artículo 175 del Código Civil, en todo caso, la diferencia de edad entre adoptante y adoptando: Será de, al menos, dieciséis años y no podrá ser superior a cuarenta y cinco años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. Será de, al menos, dieciocho años y no podrá ser superior a cuarenta años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. Será de, al menos, catorce años y no podrá ser superior a cincuenta y cinco años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2.
Según el artículo 175 del Código Civil, respecto a la adopción, indique la respuesta incorrecta: No pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este código. Puede adoptarse a un mayor de edad, de forma excepcional. Puede adoptarse a un descendiente.
Según el artículo 162 del Código Civil, los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de: Sus hijos. Sus hijos menores. Sus hijos menores no emancipados.
Según el artículo 164 del Código Civil, los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador y las especiales establecidas en la Ley Hipotecaria. Indique la respuesta incorrecta respecto a la excepción de administración paterna: Los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente lo hubiere ordenado de manera expresa. Se cumplirá estrictamente la voluntad de éste sobre la administración de estos bienes y destino de sus frutos. Los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejerzan la patria potestad hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, que serán administrados por la persona designada por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro progenitor o por un administrador judicial especialmente nombrado. Los que el hijo mayor de catorce años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los actos de administración ordinaria serán realizados por el hijo, que necesitará el consentimiento de los padres para los que excedan de ella.
Según el artículo 166 del Código Civil: Los padres podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares y enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, incluido el derecho de suscripción preferente de acciones, siempre y cuando sea por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal. Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal. Los padres no podrán renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares, pero sí enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal.
Según el artículo 168 del Código Civil: Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los dos años. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, no responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos. Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los cuatro años. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos. Al término de la patria potestad podrán los hijos exigir a los padres la rendición de cuentas de la administración que ejercieron sobre sus bienes hasta entonces. La acción para exigir el cumplimiento de esta obligación prescribirá a los tres años. En caso de pérdida o deterioro de los bienes por dolo o culpa grave, responderán los padres de los daños y perjuicios sufridos.
Según el artículo 169 del Código Civil, la patria potestad se acaba: Por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los padres Por la emancipación. Por el tutelado del hijo.
Según el artículo 239 del Código Civil, la emancipación tiene lugar: Al cumplir los 16 años de edad. Por concesión de los que ejerzan la patria potestad. Por concesión administrativa.
Según el artículo 241 del Código Civil, para que la emancipación por concesión de quienes ejerzan la patria potestad tenga lugar: Se requiere únicamente que el menor tenga dieciséis años cumplidos. Se otorgará por escritura pública. Se podrá otorgar por comparecencia ante el encargado de la Notaría.
Según el artículo 243 del Código Civil: Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de éstos. Los progenitores no podrán revocar este consentimiento. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de catorce años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de éstos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento. Se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de los progenitores, viviere independientemente de éstos. Los progenitores podrán revocar este consentimiento.
Según el artículo 244 del Código Civil, la autoridad judicial podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si estos la pidieren y previa audiencia de los progenitores: Cuando quien ejerce la tutela contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor. Cuando los progenitores vivieren separados. Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la tutela.
Según el artículo 245 del Código Civil, también podrá la autoridad judicial, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad: Al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare. Al sujeto a curatela mayor de dieciséis años que lo solicitare. Al sujeto a guarda de hecho mayor de dieciséis años que lo solicitare.
Según el artículo 223 del Código Civil, la autoridad judicial podrá decretar la remoción de la tutela a solicitud de la persona menor de edad si tuviere suficiente madurez. En todo caso será tenida en cuenta su opinión y se le dará audiencia si fuere mayor de 10 años. 12 años. 14 años.
La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad regula por primera vez la figura de la: Curatela. Guarda de hecho. Autotutela.
La última forma de referirse a lo que antes era “incapaz” es, según la Ley 8/2021: Persona incapacitada. Persona con capacidad modificada judicialmente. Persona con discapacidad con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Respecto a la prodigalidad: No es una causa de incapacitación. El pródigo no está sometido a tutela, sino a curatela. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 250 del Código Civil, las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria: La guarda de hecho, la curatela, la tutela y el defensor judicial. La guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. La guarda de hecho, la autotutela, la curatela, la tutela y el defensor judicial.
Según el artículo 250 del Código Civil, la función de las medidas de apoyo consistirá en: Asistir a la persona con incapacidad en el ejercicio de su capacidad de obrar en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. Asistir a la persona con incapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias. Asistir a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, deseos y preferencias.
Según el artículo 250 del Código Civil, es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente: La guarda de hecho. La tutela. La curatela.
Según el artículo 250 del Código Civil, es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado, y su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo: La guarda de hecho. La tutela. La curatela.
Según el artículo 250 del Código Civil, esta medida, como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, aunque sea recurrente: La tutela. La curatela. El defensor judicial.
La Disposición Adicional única de la Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad llevó a cabo una verdadera asimilación entre: Tutela y guarda de hecho. Tutela y curatela. Curatela y guarda de hecho.
Según el artículo 181 del Código Civil, en todo caso, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido en ella más noticias, podrá el Secretario judicial, a instancia de parte interesada o del Ministerio Fiscal, nombrar: Un apoderado. Un defensor. Un curador.
Según el artículo 182 del Código Civil, tiene la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal: La mujer del ausente, aunque esté separada de él legalmente. El hermano del ausente. El Ministerio de Justicia.
Según el artículo 183 del Código Civil, se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia: Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Pasados dos años desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. Pasados tres años desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes.
Según el artículo 183 del Código Civil, se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su domicilio o de su última residencia: Pasados dos años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. Pasados tres años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes. Pasados cinco años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes.
Según el artículo 184 del Código Civil, salvo motivo grave apreciado por el Secretario judicial, corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones: Al cónyuge presente mayor de edad, en todo caso. Al ascendiente más próximo de más edad de una u otra línea. A los hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor.
¿A quién se consideraría usted como representante legítimo impropio?: A su mujer, mayor de edad, y no separada legalmente o de hecho. A su hijo. A su hermana.
Según el artículo 186 del Código Civil, los representantes legítimos comprendidos en el número 4.º del artículo 184 (hermanos mayores de edad que hayan convivido familiarmente con el ausente, con preferencia del mayor sobre el menor) disfrutarán, también, de la posesión temporal y harán suyos los frutos, rentas y aprovechamientos en la cuantía que el Secretario judicial señale, sin que en ningún caso puedan retener más de: Los dos tercios de los productos líquidos, reservándose el tercio restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes Un tercio de los productos líquidos, reservándose los dos tercios restantes para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes. Los tres cuartos de los productos líquidos, reservándose el cuarto restante para el ausente, o, en su caso, para sus herederos o causahabientes.
Según el artículo 193 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: Transcurridos cinco años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. Transcurridos diez años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición. Transcurridos veinte años desde las últimas noticias habidas del ausente, o, a falta de éstas, desde su desaparición.
Según el artículo 193 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: Pasados diez años desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente sesenta y cinco años. Pasados cinco años desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente sesenta y cinco años. Pasados cinco años desde las ultimas noticias o, en defecto de éstas, desde su desaparición, si al expirar dicho plazo hubiere cumplido el ausente setenta y cinco años.
Según el artículo 193 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: Cumplido un año, contado de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de tres meses. Cumplidos dos años, contados de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en los que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de seis meses. Cumplidos dos años, contados de fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en los que una persona se hubiese encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de siniestro este plazo será de un mes.
Según el artículo 193 del Código Civil, se presume la violencia si en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante: Un año, siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión. Un año, siempre que hayan pasado tres meses desde la cesación de la subversión. Dos años, siempre que hayan pasado tres meses desde la cesación de la subversión.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que haya transcurrido un año, contado desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido tres años, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración oficial de fin de la guerra.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento: De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes. De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, pasado un mes de los hechos. De los que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado, o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, pasados dos meses de los hechos.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que no se tuvieren noticias después de que resulte acreditado que se encontraban a bordo de una nave cuyo naufragio o desaparición por inmersión en el mar se haya comprobado o a bordo de una aeronave cuyo siniestro se haya verificado, o, en caso de haberse encontrado restos humanos en tales supuestos, y no hubieren podido ser identificados: Luego que hayan transcurrido ocho días. Luego que hayan transcurrido seis días. Luego que hayan transcurrido quince días.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que se encuentren a bordo de una nave que se presuma naufragada o desaparecida por inmersión en el mar, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos: Hayan transcurrido ocho días contados desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje. Hayan transcurrido tres meses contados desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje. Haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias recibidas o, por falta de éstas, desde la fecha de salida de la nave del puerto inicial del viaje.
Según el artículo 194 del Código Civil, procede la declaración de fallecimiento de los que se encuentren a bordo de una aeronave que se presuma siniestrada al realizar el viaje sobre mares, zonas desérticas o inhabitadas, por no llegar a su destino, o si careciendo de punto fijo de arribo, no retornase, y haya evidencias racionales de ausencia de supervivientes, luego que en cualquiera de los casos: Haya transcurrido un mes contado desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Hayan transcurrido dos meses contados desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje. Hayan transcurrido ocho días contados desde las últimas noticias de las personas o de la aeronave y, en su defecto, desde la fecha de inicio del viaje.
Según el artículo 196 del Código Civil, firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Los herederos no podrán disponer a título gratuito hasta: Cinco años después de la declaración del fallecimiento. Tres años después de la declaración del fallecimiento. Dos años después de la declaración del fallecimiento.
Según el artículo 17 del Código Civil, no es español de origen: El nacido en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. El hijo de un funcionario diplomático o consular acreditado en España. El nacido en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se presume nacido en territorio español el menor de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
Según el artículo 17 del Código Civil: La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciséis años de edad, es por sí sola causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, es por sí sola causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de un año a contar desde aquella determinación. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.
Según el artículo 18 del Código Civil: La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó. La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante cinco años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó. La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad, siempre y cuando no se anule el título que la originó.
Según el artículo 19 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 (respuesta a), si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta no será reconocida en España.
Según el artículo 20 del Código Civil, tienen derecho a optar por la nacionalidad española: Las personas que estén o hayan estado sujetas a la tutela de un español. Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español, aunque no hubiese nacido en España. Un adoptado mayor de dieciocho años por un español, en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción.
Según el artículo 20 del Código Civil, la declaración de opción por la nacionalidad española se formulará por el interesado, por sí solo: Si está emancipado o es mayor de dieciséis años. La opción caducará a los dieciocho años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. Si está emancipado o es mayor de catorce años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran tres años desde la emancipación. Si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación.
Según el artículo 20 del Código Civil, aquella persona cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España tiene derecho a optar por la nacionalidad española: Sin estar sujeta a límite alguno de edad. Antes de cumplir los dieciocho años de edad Antes de cumplir los veinte años de edad.
Según el artículo 21 del Código Civil, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza: Otorgada discrecionalmente mediante Ley de las Cortes Generales, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto Ley, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales.
Según el artículo 22 del Código Civil, para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado: Diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Cinco años. Serán suficientes tres años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Diez años. Serán suficientes tres años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.
Según el artículo 22 del Código Civil, para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado: 3 años. 5 años. 10 años.
Según el artículo 22 del Código Civil, para la concesión de la nacionalidad por residencia a un refugiado se requiere que ésta haya durado: 10 años. 5 años. 3 años.
Según el artículo 22 del Código Civil, para la concesión de la nacionalidad por residencia, en el caso de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, se requiere que esta haya durado: Tres años. Dos años. Un año.
Según el artículo 22 del Código Civil, para la concesión de la nacionalidad por residencia bastará el tiempo de residencia de un año para: El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho. Un sefardí. El viudo o viuda de española o español.
Según el artículo 22 del Código Civil, es requisito común para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia: Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 (emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación) y los sefardíes originarios de España. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 25 del Código Civil, los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Cuando durante un período de cinco años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Cuando durante un período de dos años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
Según el artículo 24.2 del Código Civil, en todo caso, pierden la nacionalidad española: Los españoles mayores de edad que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. Los españoles de origen mayores de edad que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero. Los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero.
Según el artículo 24.3 del Código Civil, los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de: Dos años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. Tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. Cinco años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación.
Según el artículo 25 del Código Civil, los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: Cuando durante un período de dos años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa de las Cortes Generales. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años.
Según el artículo 26 del Código Civil, quien haya perdido la nacionalidad española: Podrá recuperarla si es residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. Además, deberá declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española e inscribir la recuperación en el Registro Civil. Cuando durante un período de tres años utilice exclusivamente la nacionalidad a la que hubiera declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española, no podrá recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 14 del Código Civil, la sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por: El nacimiento. El empadronamiento. La vecindad civil.
Según el artículo 14 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta respecto a la vecindad civil: El hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal. El matrimonio altera la vecindad civil. La vecindad civil se adquiere, entre otras, por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad.
Según el artículo 14 del Código Civil, la vecindad civil se adquiere: Por residencia continuada durante dos años, independientemente de la voluntad del interesado. Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 14 del Código Civil, en caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda: Al lugar de nacimiento. A la vecindad civil de los progenitores. Al lugar de residencia habitual.
Según el artículo 14 del Código Civil, si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá: La que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común. La del lugar del nacimiento; en su defecto, la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes y, en último término, la vecindad de derecho común. La vecindad de derecho común; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes.
Según el artículo 14 del Código Civil, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran: Los tres meses siguientes al nacimiento o a la adopción. Los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. Los doce meses siguientes al nacimiento o a la adopción.
Según el artículo 14 del Código Civil, indique la respuesta correcta: El matrimonio no altera la vecindad civil. Cualquiera de los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la vecindad civil del otro. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 15 del Código Civil, el extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de la nacionalidad, por alguna de las vecindades siguientes (indique la incorrecta): La del lugar de nacimiento. La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes. La que elija.
Según el literal del artículo 40 del Código Civil, para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es: El que aparezca en su documento nacional de identidad, convenientemente actualizado. El lugar de su residencia habitual. El que aparezca en su certificado de empadronamiento.
Según el literal del artículo 40 del Código Civil, el domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será: El último que hubieren tenido en territorio español. El primero que hubieren tenido en territorio español. El de la embajada o consulado correspondiente.
¿Cuántas secciones tiene el Registro Civil?: 4; la Primera, de Nacimientos y General; la Segunda, Defunciones; la Tercera, Matrimonios; y la Cuarta, Tutelas y Representaciones legales 4; la Primera, de Nacimientos y General; la Segunda, Tutelas y Representaciones legales; la Tercera, Matrimonios; y la Cuarta, Defunciones. 4; la Primera, de Nacimientos y General; la Segunda, Matrimonios; la Tercera, Defunciones; y la Cuarta, Tutelas y Representaciones legales.
El Registro Civil Central es: Un registro dependiente del Ministerio del Interior en el que se inscriben los hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro Registro y aquéllos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente. Un registro dependiente del Ministerio de Justicia en el que se inscriben los hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro Registro y aquéllos que no puedan inscribirse por concurrir circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del Registro correspondiente. Un registro dependiente del Ministerio de Justicia en el que se inscriben los hechos para cuya inscripción no resulte competente ningún otro Registro.
¿Dónde se inscribe el nacimiento de españoles ocurrido en el extranjero?: En el Registro Civil de la Comunidad Autónoma donde residan los progenitores. En el Registro Civil de la Comunidad Autónoma de nacimiento de uno de los dos progenitores. En el Registro Civil Central.
¿De qué registros se compone el Registro Civil?: De los Registros Municipales, de los Registros Consulares y del Registro Central. De los Registros Municipales, de los Registros Autonómicos, de los Registros Consulares y del Registro Central. De los Registros Municipales, de los Registros Forales, de los Registros Consulares y del Registro Central.
¿Cuál de los siguientes no es un asiento del Registro Civil?: Indicaciones. Cancelaciones. Apuntes.
Respecto a los distintos tipos de asientos del Registro Civil, indique la respuesta incorrecta: Las inscripciones abren folio registral. Las anotaciones tienen carácter provisional. A las indicaciones también se las denomina “notas de referencia”.
Los únicos asientos que gozan de un régimen jurídico destacable son las: Anotaciones. Indicaciones. Inscripciones.
La presunción de exactitud de los hechos inscritos en el Registro Civil se denomina: Asunción de veracidad registral. Fe pública registral. Testimonio veraz registral.
¿Cuál de los siguientes medios para el conocimiento de los asientos registrales tiene pleno valor probatorio?: La consulta directa. Las notas simples informativas. Las certificaciones.
Respecto a las certificaciones: No son gratuitas. Tienen valor probatorio como documento público. La a) y la b) son correctas.
¿Cuándo entró en vigor de forma completa la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil? En 2014. En 2021. A septiembre de 2022, aún no ha entrado en vigor de forma completa.
Según la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, existirá una Oficina General por cada Comunidad o Ciudad Autónoma y otra más por cada: 100.000 habitantes. 200.000 habitantes. 500.000 habitantes.
El Registro Civil es público para quienes tengan interés en conocer los asientos, salvo en una serie de casos, que impiden que se dé publicidad sin autorización especial. ¿Cuál de los siguientes no es uno de esos casos?: La rectificación del sexo. El legajo de abortos. Las modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o que éstas han sido declaradas en concurso, quiebra o suspensión de pagos.
¿Cuál de los siguientes no es un principio de funcionamiento del Registro Civil?: Inoponibilidad. Integridad. Coordinación en la inscripción.
Según el artículo 35 del Código Civil, son personas jurídicas: Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 37 del Código Civil: La capacidad civil de las asociaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las corporaciones por sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario. La capacidad civil de las corporaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las asociaciones por sus estatutos, y las de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario La capacidad civil de las fundaciones se regulará por las leyes que las hayan creado o reconocido; la de las corporaciones por sus estatutos, y las de las asociaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuere necesario.
Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general se denominan: Corporaciones. Fundaciones. Asociaciones.
Las personas jurídicas que se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y que se dotan de los estatutos que rigen su funcionamiento, se denominan: Corporaciones. Fundaciones. Asociaciones.
Las entidades autónomas con personalidad jurídica propia y plena capacidad para dar cumplimiento a los fines que tienen encomendadas, que además representan los intereses de determinados sectores sociales ante los Poderes Públicos y desempeñan funciones de ordenación de dicho sector se denominan: Corporaciones. Fundaciones. Asociaciones.
Según los artículos 35 y 36 del Código Civil, las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados, se regirán por: Las disposiciones relativas al contrato de asociación, según la naturaleza de éste. Las disposiciones relativas al contrato de corporación, según la naturaleza de éste. Las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.
Según el artículo 41 del Código Civil, cuando ni la ley que las haya creado o reconocido ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen: En el lugar en que se halle establecida su sede física, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto. En el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto. En el lugar en que se halle establecida su sede fiscal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto.
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que tengan fin de lucro y que estén sometidas a un régimen asociativo específico. El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.
Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley las comunidades de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley las comunidades de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las comunidades de bienes y propietarios y las entidades que se rijan por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, cooperativas y mutualidades, así como las uniones temporales de empresas y las agrupaciones de interés económico.
Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, indique la respuesta incorrecta: Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, con necesidad de autorización previa. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, podrán constituir asociaciones, y formar parte de las mismas, las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios: Las personas físicas no necesitan tener la capacidad de obrar y deberán estar sujetas a condición legal para el ejercicio del derecho. Los menores no emancipados de más de doce años con el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad, sin perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano competente, y las de naturaleza institucional, el acuerdo de su órgano rector.
Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación: Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de dos o más personas físicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de tres o más personas físicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los Estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación.
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, indique la respuesta incorrecta: Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su domicilio en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de la sede de su órgano de representación, o bien aquél donde desarrolle principalmente sus actividades. Deberán tener domicilio en España las asociaciones que desarrollen actividades principalmente dentro de su territorio. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las asociaciones extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma estable o duradera, no tendrán que establecer una delegación en territorio español.
Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año: La Asamblea General. El Consejo de Administración. El Consejo Rector.
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, si los Estatutos no lo disponen de otro modo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.3, la Asamblea General se convocará por el órgano de representación, con carácter extraordinario, cuando lo solicite un número de asociados: No inferior al 20 por 100. No inferior al 5 por 100. No inferior al 10 por 100.
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la Asamblea General se constituirá válidamente, previa convocatoria efectuada quince días antes de la reunión, cuando concurran a ella, presentes o representados: Un tercio de los asociados. Un cuarto de los asociados. Un quinto de los asociados.
Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen los dos tercios, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen los dos tercios, los acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de representación. .
Según el artículo 2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, son fundaciones: Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general o particular. Las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Las organizaciones constituidas con fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general o particular.
Según el artículo 8 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, podrán constituir fundaciones: Las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Las personas físicas y las personas jurídicas privadas. Las personas físicas y las personas jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
Según el artículo 9 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, si en la constitución de una fundación por acto "mortis causa" el testador se hubiera limitado a establecer su voluntad de crear una fundación y de disponer de los bienes y derechos de la dotación, la escritura pública en la que se contengan los demás requisitos exigidos por esta ley: Se otorgará por los herederos testamentarios y, en su defecto, por el albacea testamentario. En caso de que éste no existiera, o incumpliera esta obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial. Se otorgará por el albacea testamentario y, en su defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el Protectorado, previa autorización judicial. Se otorgará por el Protectorado y, en su defecto, por los herederos testamentarios. En caso de que éstos no existieran, o incumplieran esta obligación, la escritura se otorgará por el albacea testamentario, previa autorización judicial.
Según el artículo 14 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá existir en toda fundación un órgano de gobierno y representación de la misma, que adoptará sus acuerdos por mayoría en los términos establecidos en los Estatutos, denominado: Junta de Gobierno. Consejo Rector. Patronato.
Según el artículo 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones: El Patronato. El Protectorado. El Rectorado.
Según el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la dotación, que podrá consistir en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo valor económico alcance los: 30.000 euros. 50.000 euros. 100.000 euros.
Según el artículo 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, si la aportación es dineraria, podrá efectuarse en forma sucesiva. En tal caso, el desembolso inicial será: Al menos, del 25 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación. Al menos, del 50 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no superior a tres años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación. Al menos, del 33 por 100, y el resto se deberá hacer efectivo en un plazo no superior a dos años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación.
Según el artículo 4 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, las fundaciones tendrán personalidad jurídica: Desde la aprobación de sus Estatutos.. Desde el momento en que la fundación comienza sus actividades en busca de un fin de interés general. Desde la inscripción de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones.
Según el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, a la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos: El 70 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. El 60 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. El 80 por 100 de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, éste no será de aplicación: A las fundaciones a que se refiere la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. A las fundaciones del sector público estatal, con las especialidades previstas en el capítulo IX de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y en su normativa específica. A las fundaciones laborales de competencia estatal, según son definidas en la disposición adicional primera de este reglamento.
Según el artículo 333 bis del Código Civil, los animales son: Bienes. Seres vivos dotados de sensibilidad. Cosas.
Según el artículo 337 del Código Civil, los bienes muebles son: Fungibles o no fungibles. Materiales o inmateriales. Privativos o no privativos.
Según el artículo 343 del Código Civil, los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en: Bienes de uso público y bienes privativos. Bienes de uso público y bienes patrimoniales. Bienes de uso privativo y bienes patrimoniales.
Según el artículo 351 del Código Civil, el tesoro oculto pertenece: Al dueño del terreno en que se hallare. A quien lo encontrase y lo inscribiese en el Registro de la Propiedad A nadie, pues se trataría de un bien patrimonial del ayuntamiento correspondiente.
Según el artículo 351 del Código Civil, respecto al tesoro oculto, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena, o del Estado, y por casualidad: La mitad se aplicará al descubridor. La tercera parte se aplicará al descubridor. La cuarta parte se aplicará al descubridor.
Según el artículo 354 del Código Civil, pertenecen al propietario: Los frutos naturales o artificiales, los frutos industriales y los frutos civiles. Los frutos naturales, los frutos monetarios, los frutos industriales y los frutos civiles. Los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles.
Según el artículo 357 del Código Civil, pertenecen al propietario: No se reputan frutos naturales, o industriales, sino los que están manifiestos o nacidos. En el caso de animales, solo en la medida en que sea compatible con las normas destinadas a su protección, las crías quedan sometidas al régimen de los frutos, desde que estén en el vientre de su madre, siempre y cuando hayan nacido. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 359 del Código Civil, mientras no se pruebe lo contrario, todas las obras, siembras y plantaciones se presumen hechas y a su costa por: El propietario. El poseedor. El tenedor.
Según el artículo 362 del Código Civil, el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno: Mantiene lo edificado, plantado o sembrado, con derecho a indemnización si el propietario del terreno quisiese hacer uso de ello. Pierde lo edificado, plantado o sembrado, con derecho a indemnización. Pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a indemnización.
Según el artículo 367 del Código Civil: Los dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, y pierden el que éstas inundan en las crecidas ordinarias Los dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas inundan en las crecidas ordinarias. Los dueños de las heredades confinantes con estanques o lagunas no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas inundan en las crecidas extraordinarias.
Según el artículo 368 del Código Civil, cuando la corriente de un río, arroyo o torrente segrega de una heredad de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a otra heredad: El dueño de la finca a que pertenecía la parte segregada conserva la propiedad de ésta. El dueño de la finca a que pertenece desde ese momento la parte segregada adquiere la propiedad de ésta. El dueño de la finca a que pertenece desde ese momento la parte segregada adquiere la mitad de la propiedad de ésta.
Según el artículo 369 del Código Civil, indique la respuesta correcta: Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno a donde vayan a parar, si no los reclaman dentro de un mes los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 334 del Código Civil, todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto, se considera: Bien mueble. Bien inmueble. Bien inamovible.
Según el artículo 333 y siguientes del Código Civil, tiene consideración de bien mueble: Una estatua, en todo caso. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, en todo caso. Las rentas o pensiones, sean vitalicias o hereditarias, afectas a una persona o familia, siempre que no graven con carga real una cosa inmueble, los oficios enajenados, los contratos sobre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios.
Según el artículo 337 del Código Civil, tiene consideración de bien no fungible: El dinero. Un libro dedicado por su autor para alguien concreto. Un coche.
Según el artículo 339 y siguientes del Código Civil, una muralla tiene la consideración de: Bien de dominio público Bien de dominio privado. Bien patrimonial.
Según el artículo 343 del Código Civil, los bienes de las provincias y de los pueblos se dividen en: Bienes de uso privativo y bienes patrimoniales. Bienes de uso patrimonial y bienes privados. Bienes de uso público y bienes patrimoniales.
Es patrimonio de una persona: Un derecho suyo evaluable económicamente. Su capacidad jurídica. Su nacionalidad.
Según el artículo 644 del Código Civil, toda donación entre vivos, hecha por persona que no tenga hijos ni descendientes, será revocable si: El donante tiene, después de la donación, hijos, siempre que no sean póstumos. Si resulta vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando hizo la donación. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 646 del Código Civil, la acción de revocación por superveniencia o supervivencia de hijos prescribe por el transcurso de: Cinco años, contados desde que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o de la existencia del que se creía muerto. Diez años, contados desde que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o de la existencia del que se creía muerto. Quince años, contados desde que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o de la existencia del que se creía muerto.
Según el artículo 1344 y siguientes del Código Civil, respecto a la sociedad de gananciales, indique la respuesta incorrecta: Se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones. Los bienes y derechos patrimoniales inherentes a la persona y los no transmisibles ínter vivos son bienes gananciales.
Según el artículo 1346 y siguientes del Código Civil, respecto a la sociedad de gananciales, indique la respuesta incorrecta: Son bienes gananciales los frutos, rentas o intereses que produzcan los bienes gananciales, pero no así los privativos. Son bienes gananciales los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho. Son privativos de cada uno de los cónyuges los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los cónyuges.
Según el artículo 1349 del Código Civil, el derecho de usufructo o de pensión, perteneciente a uno de los cónyuges: Formará parte de los bienes gananciales; pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán bienes propios. Formará parte de sus bienes propios; pero los frutos, pensiones o intereses devengados durante el matrimonio serán gananciales. Ninguna de las anteriores.
El poder de iniciativa atribuido a los particulares, en cuya virtud pueden establecer las reglas aplicables para conseguir sus fines en un negocio jurídico, se denomina: Principio de autonomía privada. Principio autonormativo. Principio privativo de las leyes.
Según el artículo 1284 del Código Civil, si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos sentidos: Deberá entenderse en el más adecuado para que no produzca efecto. Deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Ninguna de las anteriores.
Según el literal del artículo 1288 del Código Civil, la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato: No deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. No deberá perjudicar a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad. Deberá favorecer a la parte que no hubiese ocasionado la oscuridad.
Según el literal del artículo 1289 del Código Civil, si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los contratantes, el contrato será: Nulo. Anulable. Rescindible.
Según el literal del artículo 675 del Código Civil: Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido de la voluntad del testador, a no ser que se deduzca lo contrario del sentido literal de sus palabras. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará el sentido literal de sus palabras, según el tenor del mismo testamento. Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. En caso de duda se observará lo que aparezca más conforme a la intención del testador, según el tenor del mismo testamento.
Según el artículo 1265 del Código Civil: No será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Será anulable el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.
¿Cuál de los siguientes no es un vicio de la voluntad?: Intimidación. Dolo. Culpa.
Según el artículo 1266 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo. El error de cuenta dará lugar a la anulabilidad del contrato.
Según el literal del artículo 1267 del Código Civil, hay violencia cuando para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza: Incomparable. Imparable. Irresistible.
Según el artículo 1267 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: Hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes. Para calificar la intimidación debe atenderse a la edad y a la condición de la persona. El temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto anulará el contrato.
Según el artículo 1268 del Código Civil: La violencia o intimidación anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato. La violencia o intimidación no anularán la obligación, aunque se hayan empleado por un tercero que no intervenga en el contrato. La violencia o intimidación anularán la obligación, siempre y cuando se haya empleado por un tercero que intervenga en el contrato.
Según los artículos 1269 y 1270 del Código Civil, indique la respuesta correcta: Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho Para que el dolo produzca la anulabilidad de los contratos, deberá ser grave y haber sido empleado por las dos partes contratantes El dolo incidental obliga a las dos partes a indemnizar daños y perjuicios.
Según el artículo 1271 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta correcta: Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, excepto las futuras. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. La indeterminación en la cantidad será obstáculo para la existencia del contrato.
Según el artículo 1274 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta correcta: Los contratos sin causa, o con causa ilícita, producen efecto hasta la declaración de nulidad de los mismos La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la anulabilidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita. Aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que existe y que es lícita mientras el deudor no pruebe lo contrario.
Según los artículos 1281 y 1282 del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y anteriores al contrato.
Según el artículo 1291 del Código Civil, son rescindibles: Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los tutores o los curadores con facultades de representación, siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido lesión en más de la quinta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquéllos. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la lesión a que se refiere la respuesta anterior. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba.
Según el artículo 1299 del Código Civil, la acción para pedir la rescisión dura: 2 años. 4 años. 5 años.
Según el artículo 1263 del Código Civil, podrán celebrar aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes y los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales: Los menores de edad. Los menores de edad emancipados. Los menores de edad no emancipados.
Según el artículo 1265 del Código Civil, el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo será: Nulo. Anulable. Ilegal.
Según el literal del artículo 1301 del Código Civil, la acción de nulidad de los contratos prescribe: A los cuatro años. Nunca. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según el artículo 1302 del Código Civil, indique la respuesta correcta: Los contratos celebrados por menores de edad podrán ser anulados por sus representantes legales o por ellos cuando alcancen la mayoría de edad. Se incluyen aquellos que puedan celebrar válidamente por sí mismos. También podrán ser anulados por sus herederos durante el tiempo que faltara para completar el plazo, si la persona con discapacidad hubiere fallecido antes del transcurso del tiempo en que pudo ejercitar la acción Los contratantes podrán alegar la minoría de edad y la falta de apoyo de aquel con el que contrataron; y los que causaron la intimidación o violencia o emplearon el dolo o produjeron el error, podrán fundar su acción en estos vicios del contrato.
Según el artículo 1305 del Código Civil, indique la respuesta correcta en lo referente a la nulidad de los contratos: Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose, además, a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta. Esta disposición (la de la opción a) anterior) es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 1306 del Código Civil, indique la respuesta correcta en lo referente a la nulidad de los contratos: Cuando la culpa esté de parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido. Cuando esté de parte de un solo contratante, no podrá éste repetir lo que hubiese dado a virtud del contrato, ni pedir el cumplimiento de lo que se le hubiera ofrecido. El otro, que fuera extraño a la causa torpe, podrá reclamar lo que hubiera dado, estando obligado a cumplir lo que hubiera ofrecido. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 1307 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta correcta en lo referente a la nulidad de los contratos: Siempre que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la fecha de la declaración de nulidad del contrato. La acción de nulidad queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente. La confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de la causa de nulidad, y estando ésta vigente, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de aceptarlo.
¿Cómo se denomina el contrato por el cual una de las partes entrega gratuitamente a la otra una cosa para que la use por cierto tiempo y se la devuelva a su término?: Contrato gratuito. Comodato. Contrato altruista.
Respecto a la conversión o confirmación de negocios jurídicos, indique la respuesta correcta Un negocio jurídico nulo no puede ni confirmarse ni convertirse, pero sí un negocio jurídico anulable. Un negocio jurídico anulable se convierte, mientras que un negocio jurídico nulo se confirma. Un negocio jurídico nulo se convierte, mientras que un negocio jurídico anulable se confirma.
Respecto a la representación, indique la respuesta correcta: El artículo 71 del Código Civil establece que: “Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le hubiere sido conferida.”. El artículo 162 del Código Civil establece que: “Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores.”. El artículo 184 del Código Civil establece que, “salvo motivo grave apreciado por el Secretario judicial, corresponde la representación del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protección y administración de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones”, entre otros, al ascendiente más próximo de más edad de una u otra línea.
Respecto a la representación, indique la respuesta correcta: Según el artículo 1459 del Código Civil, no podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por persona alguna intermedia, los que desempeñen el cargo de tutor o funciones de apoyo, los bienes de la persona o personas a quienes representen. Según el artículo 163 del Código Civil, si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad. La a) y la b) son correctas.
Según los artículos 1259 y 1260 del Código Civil, indique la respuesta correcta: El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante Se podrá admitir juramento en los contratos. Si se hiciere, se tendrá por puesto. La a) y la b) son correctas.
Según el artículo 108 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta correcta: La filiación matrimonial y la no matrimonial surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código. No será así en el caso de la adopción, que se regirá por lo dispuesto en el Título IV de este Código. El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos no regirá de forma obligatoria en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo. El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el orden de los apellidos.
Según el artículo 110 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta correcta: El padre y la madre, siempre y cuando ostenten la patria potestad, están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos. Quedará excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas y no ostentará derechos por ministerio de la Ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el progenitor cuando la filiación haya sido judicialmente determinada contra su oposición. En este caso (respuesta b)), el hijo no podrá ostentar el apellido del progenitor en cuestión.
Según el artículo 116 y siguientes del Código Civil, indique la respuesta incorrecta: Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los doscientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto. Aun faltando la presunción de paternidad del marido por causa de la separación legal o de hecho de los cónyuges, podrá inscribirse la filiación como matrimonial si concurre el consentimiento de ambos.
Según el artículo 123 del Código Civil, indique la respuesta correcta: El reconocimiento de un hijo mayor de edad producirá efectos aun sin su consentimiento expreso o tácito El reconocimiento de un hijo menor de edad no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no producirá efectos sin su consentimiento expreso o tácito.
Según el artículo 142 y siguientes del Código Civil, respecto a la obligación de darse alimentos Los cónyuges y los ascendientes, pero no los descendientes. Los hermanos sólo se deben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten por cualquier causa que sea imputable al alimentista. Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal respectivo.
Según el artículo 154 y siguientes del Código Civil, respecto a las relaciones paterno-filiales, indique la respuesta incorrecta: Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores. La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir a la autoridad judicial, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de diez años, atribuirá la facultad de decidir a uno de los dos progenitores.
Según el artículo 162 y siguientes del Código Civil, respecto a la representación legal de los hijos, indique la respuesta correcta: Los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados, en todo caso. Siempre que en algún asunto el padre y la madre tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, se nombrará a éstos un tutor que los represente en juicio y fuera de él. Si el conflicto de intereses existiera sólo con uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento representar al menor o completar su capacidad.
Según el artículo 169 del Código Civil, ¿por cuál de las siguientes no se acaba la patria potestad?: Por la emancipación. Por la adopción del hijo. Por el nombramiento de un representante legal del hijo.
¿Cuál de los siguientes términos aparece en el Código Civil?: Autotutela. Autoguarda. Autocuratela.
¿Cómo se denominan los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él?: Acto en fraude a la Ley. Abuso del derecho. Actitud en detrimento de Ley.
¿Cuánto tiempo de residencia debería llevar en España un ciudadano extranjero que se case con una ciudadana española para conseguir esta nacionalidad?: Un año. Dos años. Tres años.
Se puede distinguir, de manera muy sintética, entre las siguientes categorías elementales de sanciones: De carácter punitivo o penas, compensatorias, directas, indirectas y neutralizantes. De carácter punitivo o penas, resarcitorias o reparadoras, compensatorias y neutralizantes. De carácter punitivo o penas, resarcitorias o reparadoras, y neutralizantes.
Según el artículo 6.3 del Código Civil: Los actos contrarios a las normas imperativas y dispositivas son nulos de pleno derecho, y los actos contrarios a las normas prohibitivas son anulables, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos contrarios a las normas imperativas son anulables, y los actos contrarios a las normas prohibitivas y dispositivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
Un matrimonio civil celebrado ante un Juez incompetente: Si los dos contrayentes actúan de buena fe (esto es, ignorando esa circunstancia) y el Jue ejerce públicamente sus funciones, a pesar de su incompetencia, entonces el matrimonio es válido Si al menos uno de los contrayentes actúa de buena fe (esto es, ignorando esa circunstancia) y el Jue ejerce públicamente sus funciones, a pesar de su incompetencia, entonces el matrimonio es válido. Es anulable en el caso de que sólo uno de los contrayentes conociese la incompetencia del juez, y nulo si la conociesen los dos contrayentes.
Respecto a la sanción de nulidad, indique la respuesta correcta: Para que la sanción de nulidad opere, es necesario que la disposición violada no especifique otro tipo de sanción. Pueden aplicarse acumulativamente ambas sanciones; la general de nulidad y la específica prevista por la disposición violada. Para que opere la sanción específica prevista por la disposición violada, es necesario que no aplique la general de nulidad.
Respecto a la sanción de nulidad, no aplica entonces el principio de: Legalidad. Arbitrariedad. Tipicidad.
Para el Derecho civil existen básicamente los siguientes tipos de relaciones jurídicas: Obligatorias, jurídico-reales, familiares y hereditarias. Obligatorias, voluntarias, jurídico-reales, familiares y hereditarias. Obligatorias, voluntarias, jurídico-reales, familiares, interpersonales y hereditarias.
La estructura básica de la relación jurídica es la formada por: Los sujetos, el objeto, la causa y el contenido. Los sujetos, el objeto y el contenido. Los sujetos, el objeto, la causa, la forma y el contenido.
Indique la respuesta correcta: Las facultades son, en principio, de menor amplitud objetiva que el derecho subjetivo en el que se integran. Las potestades son, en principio, de menor amplitud subjetiva que el derecho objetivo en el que se integran. Las facultades son, en principio, de mayor amplitud subjetiva que el derecho subjetivo en el que se integran.
El poder concedido por el ordenamiento jurídico a una persona individual para que lo ejercite en beneficio de los intereses de otra u otras personas se denomina: Derecho subjetivo. Facultad. Potestad.
Respecto de la renuncia de derechos, indique la respuesta incorrecta: La renuncia de derechos sólo puede plantearse respecto de los derechos subjetivos propiamente dichos y una vez que tales derechos se encuentren realmente constituidos. Los derechos aún no nacidos no pueden ser objeto de renuncia, por no poderse considerar como integrantes del patrimonio de su titular. Las potestades nunca pueden ser objeto de renuncia.
Son límites intrínsecos del ejercicio de los derechos: La buena fe, el abuso del derecho, el fraude de ley y la colisión de derechos. La buena fe, el abuso del derecho y el fraude de ley. La buena fe y el abuso del derecho.
Respecto a la protección de los derechos, los autores más modernos, en vez de hablar de “defensa privada” prefieren utilizar la expresión: “Autodefensa de los derechos subjetivos” “Autocuratela de los derechos subjetivos”. “Autotutela de los derechos subjetivos”.
En los últimos años, el número de recursos de amparo que acceden al Tribunal Constitucional es de: Entre 250 y 300 al año. Entre 25.000 y 30.000 al año. Entre 2.500 y 3.000 al año.
Del total de recursos de amparo que cada año se interponen ante el Tribunal Constitucional, ¿en qué porcentaje se alega la vulneración de la tutela judicial efectiva?: En casi un 20 %. En casi un 40 %. En casi un 80 %.
El sistema de justicia gratuita se encuentra regulado por la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuya entrada en vigor tuvo lugar el día 12 de julio de 1996 (a los seis meses de su publicación en el B.O.E.), permitiendo como regla acceder gratuitamente a la justicia a quienes no superen: El doble del salario mínimo interprofesional. Una vez y media el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional.
El mecanismo de resolución de litigios o conflictos, en virtud del cual los interesados en ellos, de común acuerdo y de forma radicalmente voluntaria, los excluyen del conocimiento de los Jueces y Tribunales de Justicia por razones básicamente de operatividad y rapidez en la decisión, se denomina: Mediación. Arbitraje. Acuerdo extrajudicial.
Respecto al cómputo de plazos, el Código Civil establece que: Ninguna de las posteriores es correcta. Se exceptúan los días inhábiles del cómputo de los plazos. No se exceptúan los días inhábiles del cómputo de los plazos.
Según el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Siempre que por Reglamento, Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Cuando el transcurso del tiempo, junto con una situación de apariencia jurídica, provoca el nacimiento o la consolidación de un derecho en favor de una persona, se habla de prescripción adquisitiva o, preferiblemente, de: Apropiación Adquisición. Usucapión.
Uno de los supuestos más frecuentes de suspensión de la prescripción viene representado por los casos de: Moratoria legal. Vacatio legis. Ausencia legal.
Respecto a los plazos generales de prescripción que estipula el Código Civil, indique la respuesta correcta: Los derechos reales sobre bienes inmuebles prescriben a los 20 años, salvo la acción hipotecaria que lo hace a los 15. Los derechos reales sobre bienes mueble prescriben a los 3 años. El derecho a cobrar prestaciones periódicas pagaderas en plazos inferiores a 1 año prescribe a los 5 años, en los casos mencionados por el artículo 1966 del Código Civil.
Respecto a los plazos generales de prescripción que estipula el Código Civil, indique la respuesta incorrecta: En el plazo de 5 años prescribe el derecho a cobrar los servicios profesionales y algunos otros derechos concretos, entre los que destaca la deuda por la adquisición de bienes a un comerciante. En el plazo de 1 año prescriben los interdictos posesorios y el derecho a reclamar la indemnización que nace de la responsabilidad civil extracontractual. Los derechos reales sobre bienes muebles prescriben a los 6 años.
Un marido puede impugnar su paternidad sobre el hijo tenido por su esposa en el plazo de: 6 meses desde que se inscribe el nacimiento o tiene conocimiento del mismo. 2 años desde que se inscribe el nacimiento o tiene conocimiento del mismo. 1 año desde que se inscribe el nacimiento o tiene conocimiento del mismo.
La personalidad jurídica se adquiere: En el momento de la concepción. En el momento del nacimiento (regular). En el momento de la inscripción en el Registro Civil.
¿Cómo se denomina a la persona que aún no ha sido concebida, pero que puede llegar a nacer?: Nasciturus. Nondum concepti. Non concepti.
Un cadáver tiene la consideración de: Persona. Cosa. Bien mueble.
Según la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que se cumplan una serie de requisitos, entre los cuales no está: El ser mayor de edad Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas, salvo que el médico responsable considere que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, en cuyo caso podrá aceptarse cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes Sufrir una enfermedad grave, curable o no, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.
El orden jerárquico de las disposiciones normativas es el siguiente: Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes, Reales Decretos del Presidente del Gobierno, Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, Acuerdos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales, Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno. Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes, Reales Decretos del Presidente del Gobierno, Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, Acuerdos del Consejo de Ministros, Órdenes Ministeriales. Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-Leyes, Reales Decretos del Presidente del Gobierno, Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, Acuerdos del Consejo de Ministros, Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, Órdenes Ministeriales.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, se convierte en excepcional la declaración en juicio de menores de: 14 años. 12 años. 10 años.
Según la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica: La curatela queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un tutor. La curatela queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial. La tutela queda reservada para los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad, mientras que el complemento de capacidad requerido por los emancipados para el ejercicio de ciertos actos jurídicos será atendido por un defensor judicial.
Según la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, los principales pilares de la reforma han sido: Pasar de la curatela a la tutela y de los apoyos a la representación. Pasar de la tutela a la curatela y de la representación a los apoyos. Pasar de la tutela a la curatela y de los apoyos a la tutela.
¿Cuál de las siguientes no es una línea maestra de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica?: La tutela queda limitada, exclusivamente, a los menores de edad no sujetos a patria potestad. El protagonismo estelar lo asume la curatela. Fomento de la guarda de hecho.
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica pretende: Reducir a un papel supletorio a la tutela cuando existe un guardador de hecho de la persona con discapacidad que pueda ejercitar sus funciones, de modo que si la persona con discapacidad, pese a sus dolencias psíquicas, puede ejercitar su capacidad jurídica con el apoyo de ese progenitor o familiar con el que convive, el sistema opta por no acudir a una tutela. Reducir a un papel supletorio a la tutela cuando existe un defensor judicial de la persona con discapacidad que pueda ejercitar sus funciones, de modo que si la persona con discapacidad, pese a sus dolencias psíquicas, puede ejercitar su capacidad jurídica con el apoyo de ese defensor judicial, el sistema opta por no acudir a una tutela. Reducir a un papel supletorio a la curatela cuando existe un guardador de hecho de la persona con discapacidad que pueda ejercitar sus funciones, de modo que si la persona con discapacidad, pese a sus dolencias psíquicas, puede ejercitar su capacidad jurídica con el apoyo de ese progenitor o familiar con el que convive, el sistema opta por no acudir a una curatela.
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