Un tercero, a quien la Administración tributaria solicita información de un contribuyente, puede oponer: a) el secreto bancario. b) el secreto profesional. c) los dos anteriores.
El secreto de correspondencia o de comunicaciones: a) es un límite al deber de colaboración con la Administración tributaria de los funcionarios públicos únicamente. b) es un límite de todo el instituto del deber de colaboración con la Administración tributaria en general. c) no es un límite al deber de colaboración con la Administración tributaria.
La información obtenida por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones puede cederse o comunicarse a ciertos órganos: a) en caso de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada. b) en cualquier clase de delitos. c) en ningún caso.
Señale cuál de estas proposiciones es FALSA: a) Los órganos inspectores tienen atribuidas competencias liquidadoras. b) Los órganos de gestión tienen atribuidas competencias de comprobación. c) Los órganos de recaudación en ningún caso pueden desarrollar una actividad comprobadora.
De acuerdo con la Ley General Tributaria, las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos: a) no tienen naturaleza de documentos públicos. b) tienen naturaleza de documentos públicos solo cuando hacen constar las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tributarias. c) tienen naturaleza de documentos públicos.
Una citación inspectora enviada por correo es: a) una comunicación. b) un acta previa. c) una diligencia.
Señale cuál de estas proposiciones es correcta: a) No es admisible la impugnación separada de las actas de la inspección. b) Es admisible en todo caso la impugnación separada de las actas de disconformidad; nunca resulta admisible la impugnación separada de las actas de conformidad. c) Es admisible la impugnación separada de las actas de conformidad, pero no la de las actas de disconformidad.
Las actas de la inspección: a) no son recurribles. b) son, como regla general, recurribles salvo que se firmen con acuerdo o en conformidad. c) son recurribles salvo que se firmen con acuerdo.
Las actas de la inspección: a) se extienden para hacer constar las manifestaciones de la persona con quien actúa la Inspección. b) proponen la regularización de la situación tributaria del obligado o la declaración de que esta situación es correcta. c) son documentos mediante los cuales la Inspección pone en conocimiento de los interesados requerimientos que se les dirigen.
Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación podrán tener carácter: a) provisional o definitivo. b) general o parcial. c) provisional o firme.
El incumplimiento del plazo máximo para el desarrollo del procedimiento inspector: a) provoca la caducidad del procedimiento. b) impide la imposición de sanciones tributarias. c) Las dos opciones anteriores son incorrectas.
Las actuaciones de comprobación tributaria: a) solo pueden ser desarrolladas por los órganos inspectores. b) solo pueden ser desarrolladas por los órganos gestores. c) Las dos opciones anteriores son falsas.
Las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación deben concluir en el plazo de: a) seis meses. b) 18 meses, salvo que concurran determinadas circunstancias. c) 3 años.
La firma de un acta en conformidad: a) exige la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador. b) determina una reducción automática del 30% de la cuantía de las sanciones pecuniarias que puedan proceder. c) exige la constitución de garantía suficiente para garantizar el cobro de las cantidades que pudieran derivarse del acta.
Las actuaciones de la Inspección se documentarán en actas, informes, comunicaciones y: a) diligencias. b) consultas. c) dictámenes.
El incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento inspector: a) provoca la caducidad del procedimiento. b) otorga a las autoliquidaciones presentadas tras su inicio el carácter de “espontáneas”. c) determina el archivo de las actuaciones, con la posibilidad de volver a iniciar otro procedimiento dentro del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria.
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