Las instituciones del sector público, con excepción de la función judicial cuya responsabilidad está determinada en su propia ley, responden por el daño debidamente calificado proveniente de sus actuaciones u omisiones, incluso cuando estas sean lícitas, siempre que el particular perjudicado no tenga la obligación jurídica de soportarlo, en los términos de la reparación por daños prevista en el Código Orgánico Administrativo Verdadero Falso .
Establezca los 3 requisitos de concurrencia para la responsabilidad extracontractual del Estado Su respuesta: 1.La falta o deficiencia en la provisión de un servicio público o
cualquier otra prestación al que el particular tenga derecho.
2. El daño calificado.
3. La existencia de un nexo causal entre el daño calificado y la acción
u omisión de las administraciones públicas o el hecho dañoso que
violente el derecho. Su respuesta: NINGUNA.
Cuando la responsabilidad extracontractual se lo presenta en casos de delegación de gestión, la responsabilidad es del correspondiente Delegatario o concesionario y subsidiariamente del Estado. Delegatario o concesionario. Del estado directamente y por repetición al delegatario o concesionario. Del Estado directamente .
Qué es el daño calificado TODAS UNO Es aquel que la persona no tiene la obligación jurídica de soportar o
que resulte de la violación del principio de igualdad en el reparto de las
cargas públicas y se deriva específica e inmediatamente de la acción u
omisión de las administraciones públicas. CUATRO.
Como opera la reparación por daños en casos de responsabilidad extracontractual del Estado Como opera la reparación por daños en casos de responsabilidad extracontractual del Estado Acorde a lo que nos indica el Art. 336 del COA, el mismo que
dice que cuando el daño sea patrimonial, se procurará la restitución
de las cosas a su estado original o al más próximo al que se
encontraban antes de la afectación o de no ser posible, mediante
reparación pecuniaria en la que estará incluida la reparación por daños
meramente morales, cuando corresponda.
Es así que la reparación pecuniaria puede ser sustituida por una
compensación equivalente en especie o ser abonada mediante pagos
periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación
debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con
el interesado.
Es por ello que cuando el caso lo amerite, la administración pública
podrá, dentro del ámbito de su competencia y con sujeción a los
principios de legalidad e igualdad, establecer reparaciones no
patrimoniales siempre que no afecten derechos de terceros ni genere
erogaciones adicionales al Estado. TODAS NINGUNA.
La iniciativa propia es la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo la actuación derivada de la denuncia de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo la actuación derivada de las conductas o hechos objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que tiene la competencia de iniciarlo Del conocimiento de oficio .
Que es la denuncia en materia administrativa Su respuesta: Acorde al articulo 187 . La denuncia es el acto por el que cualquier persona pone en conocimiento, de un órgano administrativo la existencia de un hecho que puede constituir fundamentos para la actuación de las administraciones públicas. TODAS NINGUNA.
Establezca 4 medidas cautelares previstas en el Código Orgánico Administrativo Su respuesta: NINGUNO Art 189 COA
1) el secuestro
2) Retención
3) prohibición de enajenar TODOS.
Para el efecto, la administración pública convocará a una audiencia dentro del periodo de prueba. En el contrainterrogatorio se observará la siguiente regla: Se realizarán preguntas cerradas cuando se refieran a los hechos que hayan sido objeto de los informes y testimonios. Se pedirán nombres y apellidos del testigo No podrán presentarse sin cédula Deben siempre responder solo lo requerido .
Los hechos para la decisión en un procedimiento pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, incluso con la declaración de parte de los servidores públicos Verdadero Falso .
Terminación del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo termina por:
1. El acto administrativo.
2. El silencio administrativo.
3. El desistimiento.
4. El abandono.
5. La caducidad del procedimiento o de la potestad pública.
6. La imposibilidad material de continuarlo por causas imprevistas.
7. La terminación convencional.
Verdadero Falso .
El acto administrativo en cualquier procedimiento será expreso, se expedirá y notificará en el plazo máximo de dos meses, contado a partir de terminado el plazo de la prueba.
Verdadero Falso .
Los reclamos, solicitudes o pedidos dirigidos a las administraciones públicas deberán ser resueltos en el término de treinta días, vencido el cual, sin que se haya notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva. Verdadero Falso .
Cuando se requiera emitir títulos de crédito por obligaciones a favor de la administración pública, estos deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite.
2. Identificación de la o del deudor.
3. Lugar y fecha de la emisión.
4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente.
5. Valor de la obligación que represente.
6. La fecha desde la cual se devengan intereses.
7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión.
8. Firma autógrafa o en facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente.
La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito. Verdadero Falso .
En el acto administrativo que se declare o constituya una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento administrativo en el que se haya contado con el deudor, el órgano a cargo de la resolución requerirá que la o el deudor pague voluntariamente dicha obligación dentro de diez días contados desde la fecha de su notificación pague voluntariamente dicha obligación dentro de cinco días contados desde la fecha de su notificación pague voluntariamente dicha obligación dentro de tres días contados desde la fecha de su notificación pague voluntariamente dicha obligación dentro de treinta días contados desde la fecha de su notificación.
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