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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEDerecho Adm III

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Título del test:
Derecho Adm III

Descripción:
Preguntas variadas de la asignatura

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
28/09/2020

Categoría:
UNED

Número preguntas: 28
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Temario:
En el marco de la responsabilidad patrimonial de la administración, el deber de indemnizar se extiende a lesiones que los particulares sufran: En sus bienes y derechos Sólo en sus bienes Sólo en sus derechos En sus bienes, si son muebles, y en sus derechos, si sin patrimoniales.
La reclamación de indemnización por los daños producidos por un acto administrativo que ha sido anulado, debe presentarse: En el plazo de 1 año desde que el acto anulado fue dictado En el plazo de 1 año desde que se notificó la resolución administrativa o la sentencia definitiva que anuló el acto Dentro del plazo general de presentación de recursos, es decir, 1 mes La reclamación de responsabilidad por actos de la administración anulados, no prescribe nunca.
La reclamación de responsabilidad por actos de la Administración de justicia Se bebe presentar ante el Ministerio de Justicia Se debe presentar ante el Ministerio de Justicia, si es un órgano jurisdiccional adscrito al Estado, o ante la Consejería de Justicia autónoma correspondiente, si es un órgano jurisdiccional adscrito a la Comunidad Autónoma Se debe presentar directamente ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución judicial que produjo los daños Sólo cabe por actuaciones no judiciales de los jueces y tribunales, pues si se admitieran reclamaciones por daños producidos por resoluciones judiciales erróneas se estaría cuestionando la independencia del Poder Judicial.
La expropiación forzosa NO podrá ser acordada por: El Estado Una provincia Un municipio Un organismo autónomo.
Para proceder a la expropiación forzosa, será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado Verdadero Con excepción de las expropiaciones de bienes muebles Con excepción de las expropiaciones de bienes inmuebles Falso.
Si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el expediente de justiprecio: A la abogacía del Estado Al Jurado Provincial de Expropiación Al Juzgado de los Contencioso Administrativo A ninguno de los anteriores.
Son contratos excluidos de la aplicación de la LCSP: Contratos in-house Contratos de suministro Contratos de servicio Contratos de obra.
No son competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo las siguientes cuestiones: Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos administrativos Las relativas a los efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos Las que susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados con las Administraciones Públicas Las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del Sector Público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
No es un procedimiento de adjudicación de contratos del Sector público: El procedimiento abierto El procedimiento abierto sin publicidad El procedimiento restringido El procedimiento negociado sin publicidad.
Son funcionarios de carrera: Quienes, en virtud de contrato, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter temporal.
La condición de personal eventual: No podrá constituir un mérito para el acceso a la Función pública pero sí para la promoción interna dentro de ella Podrá constituir un mérito para el acceso a la Función pública si fue nombrado personal eventual con carácter permanente y resulta de un proceso selectivo Podrá constituir un mérito para la promoción interna dentro de la Función Pública si como personal eventual realizó funciones de confianza o de asesoramiento especial Nunca puede constituir mérito para el acceso a la Función Pública y tampoco para la promoción interna dentro de ella.
El texto refundido de la LEBEP configura como de libre implantación, en las correspondientes funciones públicas, por las leyes de desarrollo de aquel: La evaluación del desempeño y el directivo público profesional Sólo la evaluación del desempeño Sólo el directivo público profesional Tanto la evaluación del desempeño como el directivo público profesional deben ser obligatoriamente implantados en cada Función Pública por las leyes de desarrollo del TREBEP.
Las necesidades de RRHH, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, se preverán específicamente en: Las relaciones de puestos de trabajo Los planes de ordenación de RRHH La plantilla presupuestaria La Oferta de Empleo Público.
Para poder participar en procesos selectivos de Ingreso en la Función Pública, además de los requisitos generales previstos en el TREBEP (nacionalidad, edad, capacidad funcional y ausencia de prohibiciones legales), ¿Qué condiciones son necesarias para poder exigir requisitos específicos adicionales? Para participar en procesos selectivos de ingreso sólo es posible exigir los requisitos generales establecidos en el TREBEP Para participar en procesos selectivos de ingreso en la Función Pública, podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar, debiendo establecerse, en todo caso, de manera abstracta y general Para participar en procesos selectivos de ingreso en la Función Pública, sólo podrá exigirse requisitos específicos adicionales a los generales previstos en el TREBEP cuando tales requisitos específicos vengan establecidos por ley El establecimiento de requisitos específicos adicionales a los generales previstos en el TREBEP, no queda sujeto a ninguna condición, quedando a la libre apreciación de la Administración al elaborar las bases de cada proceso selectivo.
¿Cuál de los siguientes supuestos no es una causa de pérdida de la condición de funcionario? La renuncia del funcionario a tal condición La supresión del puesto de trabajo que ocupa un funcionario La jubilación del funcionario La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
En el sistema retributivo regulado por la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984, el complemento específico: Retribuye la progresión en la carrera administrativa en función del nivel del puesto desempeñado Retribuye las condiciones particulares del puesto de trabajo que se desempeña en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. Retribuye el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa en el desempeño de las funciones Retribuye una cantidad específica cifrada y atribuida discrecionalmente por la administración en función de la progresión en la evolución en la carrera administrativa del funcionario.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación NO ostenta la prerrogativa de: Interpretar los contratos administrativos Modificar los contratos administrativos por razones de interés público Modificar los contratos del Sector Público por razones de interés de la Administración Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato.
En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a modificación de los contratos administrativos: Deberá darse audiencia al contratista No es necesario audiencia al contratista Sólo deberá darse audiencia al contratista si el valor estimado del contrato es superior al 15.000 Euros Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Los contratos celebrados por entidades del Sector Público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administración pública, tienen la consideración de: Contratos privados Contratos administrativos Contratos administrativos si superan el umbral de 15.000 euros Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
En el caso de daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de una concesión de servicios: La obligación de indemnización corresponde siempre al concesionario La obligación de indemnización corresponde al concesionario, salvo cuando los daños y perjuicios hayan sido ocasionados por causas imputables a la Administración Los daños y prejuicios causados a terceros como consecuencia de la ejecución de una concesión de servicios nunca son indemnizables Los daños y prejuicios causados a terceros como consecuencia de una concesión de servicios sólo pueden reclamarse a la Administración, la cuál podrá posteriormente repercutir la indemnización al contratista.
El contrato típico por el que uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio es: Contrato de concesión de obras Contrato de concesión de servicios Contrato de servicios Contrato de suministro.
La separación del servicio de los funcionarios interinos: Comportará la revocación de su nombramiento y sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves Comportará la revocación de su nombramiento y sólo podrá sancionar la comisión de faltas graves No comportará la revocación de su nombramiento y sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves No comportará la revocación de su nombramiento y sólo podrá sancionar la comisión de faltas graves.
En el procedimiento restringido, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a: 3 4 5 6.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé algunos de los siguientes supuestos: Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre cumpliendo con los requisitos de la L 9/2017 de contratos del sector público Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la L 9/2017 de contratos del sector público Ambas respuestas anteriores son correctas Las dos primeras respuestas son incorrectas.
Las entidades del Sector Público podrán contratar verbalmente: Contratos menores Contratos sujetos a regulación armonizada Contratos con carácter de emergencia Nunca cabe la contratación verbal.
¿Cuál de las siguientes no es un procedimiento selectivo para acceder a la función Pública? Oposición Votación en elecciones democráticas Concurso-Oposición Concurso.
La duración máxima de un contrato de servicios será de: 3 años 4 años 5 años 6 años.
En el ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivadas de la actuación médica o sanitaria, el criterio de la lex artis significa: Que la administración responde por el mero hecho de haber producido un daño o lesión a una persona como consecuencia de la actuación médica o sanitaria Que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la administración derivadas de actuaciones médicas o sanitarias se rigen exclusivamente por la ley sanitaria específica y no por las L. 39/2015 y 40/2015 Que en caso de daños producidos por actuaciones médicas y sanitarias no es suficiente la existencia de tales daños sino que también es necesario analizar que la actuación médica y sanitaria en cuestión fue correcta y conforme con el estado del saber y de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existente en el momento de producción de aquellos Que se trata de una responsabilidad por actuaciones del Estado legislador (lex) al regular el ejercicio de las profeciones médicas y sanitarias (artis) y como consecuencia directa de la aplicación de dichas leyes.
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